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Congreso y corrupción: Sinónimos
Los corruptos siguen
haciendo de las suyas, lo que se vivió el pasado jueves en la
plenaria de la Cámara de Representantes resulta por lo menos
inaudito. Esta línea de comportamiento de los senadores,
representantes y gobierno marca un hito, donde Colombia está inmerso
en un berenjenal de corrupción del cual es muy difícil salir y menos
cuando no existe la voluntad de quienes pueden legislar para cambiar
el panorama. Bochornoso, doblemente increíble o insólito como diría
un comediante, el desparpajo y la falta de vergüenza de estos padres
de la patria.
Unos acusan a los otros y los otros a los unos, señalamientos que
van y vienen, la desvergüenza es a tal punto, que terminaron los
representantes enfiestados una vez levantaron la sesión en la cual
se hundió la ley que prohibía la casa por cárcel para los corruptos.
Una imagen vale más que mil palabras.
Esta ley llevaba casi un año de trámite y se habían surtido ocho
debates reglamentarios, solo faltaba la conciliación para pasar a
sanción presidencial. En este punto, la confusión, el manoseo y la
trapisonda se hicieron evidentes con el manejo que le dieron, el
presidente del senado, el presidente de la cámara y los dos
conciliadores, Varón Cotrino y el representante por Risaralda
Vallejo Chujfi, a este trámite.
Para Ripley, el conciliador Vallejo, dice él, por orden de la cámara
y el visto bueno de la ministra tramitó la conciliación, pero quien
había sido elegido para llevarlo adelante era Jairo Cristo. La
anterior triquiñuela acabó de agotar los tiempos y la ley se hundió
cuando fueron a radicarla, porque uno de los que era no era, el tal
Vallejo.
Se eligió de manera maquiavélica este día para sacar adelante una de
las leyes más necesarias para la Nación, día de partido de la
selección Colombia de mayores en un importante torneo como la Copa
América. Con la euforia de la clasificación colombiana a segunda
ronda de este certamen deportivo, los colombianos a celebrar en las
calles, los políticos a celebrar en su fiesta y el país anestesiado
e inmerso en el manejo de los políticos a su destino.
En consulta popular el 26 de agosto de 2018, más de once millones de
colombianos se pronunciaron sobre el endurecimiento de las normas en
contra de la corrupción, esta le cuesta al país la nada despreciable
cifra de cincuenta billones de pesos cada año. Fueron siete
iniciativas anti-corrupción planteadas, pero solo una aprobada;
raquítico balance en la labor y el compromiso legislativo.
La corrupción sigue teniendo en jaque al país, en este proceso se
involucra en mayor proporción a las estructuras institucionales de
la rama ejecutiva: gobernaciones y alcaldías. El 80% de los casos
hace referencia a la corrupción administrativa, el 11% a la
política, 4% a la del Estado y el sector privado.
Según Andrés Hernández director de Transparencia por Colombia ¨son
tres puntos importantes a tener en Colombia para avanzar en la lucha
contra la corrupción: transformar el sistema político y el ejercicio
del poder, recuperar la legitimidad de la justicia y lograr
sanciones efectivas. La tercera propuesta de Transparencia por
Colombia es romper con el clientelismo en el empleo público y la
contratación. “La debilidad en la justicia es una de las piezas
claves para que la corrupción funcione eficientemente en el país¨
¡Colombia tiene la palabra! los congresistas no tienen remedio.
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Código de Policía, un
fracaso a los ojos de los colombianos
Por: Rubén Darío Varela
De
acuerdo con las últimas estadísticas realizadas por diferentes
compañías y medios de comunicación de orden nacional, como lo es el
caso de Caracol Noticias, el 75% de los colombianos tienen la
percepción que el Código de la Policía Nacional no se ha venido
aplicando de manera correcta.
Es más, de acuerdo con estas estadísticas, la mayoría de los
colombianos consideran que pese a que este nuevo código es mucho más
estricto que el anterior no ha contribuido a mejorar la convivencia
entre los ciudadanos de nuestro país.
Y es que frente a esta percepción, son muchas las personas que
cuentan con diversos argumentos por los cuales aseguran que el nuevo
Código de Policía cuenta con una serie de falencias en su aplicación
que contribuye a que no tenga una adecuada acogida.
Por ejemplo, una de las principales quejas de la ciudadanía hace
énfasis en el hecho que muchos son los casos de agentes de policía
que en estaciones, calles y parques del país se dedican la mayoría
del tiempo a capar la posibilidad de imponer un comparendo a su
mayoría, ciudadanos de bien que dan “papaya” como se dice el cuento,
orinándose en árboles de parques o invadiendo de algún modo el
espacio público o alguna otra mínima falta.
Lo cierto del caso, es que la pregunta del millón es ¿Por qué parece
una prioridad la imposición de comparendos a ciudadanos, cuando en
muchas calles los delincuentes hacen de las suyas? ¿Acaso no es
prioridad para la Policía Nacional proteger los derechos de las
personas? ¿Dónde están en ese momento? ¿Poniendo comparendos?
Además de esta molestia, muchos por no decir todos los colombianos
estamos en desacuerdo con los valores exageradamente exorbitantes
que presentan algunas sanciones de tipo 4 del Código de la Policía
Nacional, por ejemplo, como por ejemplo la multa de casi un millón
de pesos por orinar en espacio público.
Obviamente es un acto de poca cultura que requiere de una sanción,
pero a lo que voy es que son precios que son demasiado alto de pagar
para el colombiano de a pie y principalmente para aquellas personas
que en su mayoría cometen este delito y que son vendedores
ambulantes o personas de bajos recursos.
Por otro lado, más allá de las sanciones que trae consigo el nuevo
Código de la Policía Nacional, lo constituye el hecho que con la
imposición de las multas, las riñas y rencillas entre las familias
tienden cada vez más a incrementarse sin que se garantice un
verdadero escenario de reconciliación, dado al hecho que al meterse
con sanciones económicas es mucho más difícil conciliar.
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Pura Carreta
Gustavo
Álvarez Gardeazábal
Junio 20 2019
Doña
Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, le dijo a
El Tiempo que el argumento que siempre habíamos acogido de que en la
Costa Atlántica existe la cultura del no-pago y que, por eso,
empresas como Electricaribe se quiebran es “pura carreta”. Usando
cifras de hábil vendedora de cosméticos demuestra que los antiguos
dueños de Electricaribe hicieron un gran trabajo mediático al volver
su caballito de batalla esa mentira porque “Unión Fenosa tenía hace
10 años un recaudo del 96%”.Y corrobora afirmando que es tan falsa
tal premisa que los proveedores de gas y agua tienen recaudos del
98%.
Eso sí, advierte que el problema es de pérdidas negras porque la red
eléctrica es mala y que como no la blindaron ni la protegieron (es
decir, los de Gas Natural no metieron billete) resultó muy fácil
hacer las conexiones piratas en las barriadas y robarse la energía.
Pero subraya que hay apartamentos de estrato 6 que tienen el bypass
para piratear la electricidad que consumen los aires acondicionados.
Y repite “el problema no es cultura del no-pago, sino de
ilegalidad”.
Semejantes declaraciones son el soporte para defenderse de la
demanda internacional contra Colombia que ha presentado Gas Natural
pero sobre todo cambian radicalmente el panorama para quienes
quieren comprar Electricaribe. Doña Natahsa dice que a los
interesados, tanto extranjeros como colombianos, ella les puso en
aviso de esta verdad de puño que enfrenta al mito creado de que en
la Costa no les gusta pagar. Es probable entonces que quienes se
midan a la puja por quedarse con la empresa acepten que deben hacer
una gran inversión en actualización y vigilancia de redes para
evitar tales fraudes .El ejemplo ya lo dio hace varios años la EPSA
en Buenaventura, donde había más conexiones piratas que las que hay
hoy en el barrio Mandela de Cartagena. Es cuestión de método y
voluntad.
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