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La Corte y el glifosato, la presión de este gobierno.

¿Cuál es realmente el objetivo final del fallo emitido por la Corte Constitucional frente a la sentencia T-236 emitida en 2017 y la prohibición de uso acaecida en el 2015, sobre la utilización de glifosato en la fumigación a partir de la aspersión aérea en el País?

De las pocas luces que arroja la declaración de la presidenta de este alto tribunal, es que deja la puerta abierta para que desde el Concejo Nacional de Estupefacientes se consideren los requisitos para reanudar la utilización del herbicida. La secretaría técnica en este Concejo la ejerce el Ministerio de Justicia de donde se desprende que el gobierno sería arte y parte en esta decisión.

El glifosato es un herbicida de amplio espectro, altamente tóxico que se ha prohibido en la mayoría de los países por su comprobado efecto nocivo en la salud humana y la deforestación que causa sin distingos en donde es utilizado en la aspersión aérea. Su mayor utilización en Colombia se llevó a cabo durante el plan Colombia, plan patrocinado con recursos norteamericanos, y especialmente a partir del año 2003, durante los dos gobiernos del Ex presidente Uribe para combatir los cultivos ilícitos especialmente en el sur del país. Está comprobado su alto poder de toxicidad en plantas, animales y seres humanos, además se documentó en Estados Unidos que el glifosato, contamina las aguas subterráneas por la absorción que del químico realizan los suelos.

Este herbicida comenzó a usarse en Colombia en la década de los setenta en la fumigación terrestre en la sierra nevada de Santa Marta por el auge de los cultivos de marihuana en lo que se conoció como la bonanza marimbera, muy poco tiempo después de ser introducido al mercado por MONSANTO con su marca Roundup. Tiempo después y con la intervención norteamericana bajo la bandera del plan Colombia se multiplicó exponencialmente su utilización, un negocio redondo soportado por los millones de dólares “donados” que finalmente iban de regreso al norte, al pagar el glifosato y también las armas. Claro ejemplo de quienes y de donde aprendieron los políticos colombianos sus marrullerías.

No se puede olvidar que MONSANTO creó una serie de transgénicos resistentes al glifosato, de allí el afán de acabar con la selección de semillas que hacen los campesinos para sus cultivos y buscar así controlar el mal y su cura. MONSANTO fue comprado por BAYER hace unos años.

Hace unos meses se llevó a cabo un debate serio y de muy alto nivel en el que participaron defensores y contradictores de la aspersión aérea con este agente químico en el país, aún retumban las imprecisiones y balbuceos del ministro de defensa y de los miembros del gobierno que fueron interrogados por los magistrados. También hay detalles de la posición de representantes de la sociedad civil, la academia y la política nacional, que esgrimieron poderosos argumentos sobre la inconveniencia de volver al pasado con la aspersión de este herbicida. Las comunidades que habitan en estas áreas han sido las más perjudicadas, como también, las reservas naturales de la nación, la deforestación y contaminación química han sido comprobadas. No es claro entonces porque esta institución cede a la presión que ejerce el ejecutivo sobre esta decisión y no tenga todos los argumentos para ser clara al respecto. Aquí se evidencia simplemente una actuación cantinflesca, que deja la puerta abierta para que un organismo del gobierno sea el que tenga la última palabra; “El Consejo Nacional de Estupefacientes debe considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere a la minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente”. Debemos tener en cuenta que en el fallo del 2017 se entendía que se debía demostrar que el uso no implica ningún riesgo, con el de ahora la evidencia que se debe tener en cuenta es la que indica cómo se deben minimizar riesgos, algo completamente distinto.

La construcción de una Paz estable y duradera tambalea, se cangrejea sobre un tema de vital importancia para la salud y el medio ambiente del país, la aspersión aérea con un agente altamente contaminante y destructivo. La Corte Constitucional pasa de agache, los colombianos tienen la palabra.
 

Protección a indígenas, un asunto de todos

Por: Rubén Darío Varela

A lo largo de nuestra historia para nadie es un secreto que en Colombia las etnias indígenas no viven en las mejores condiciones y por supuesto Risaralda no ha sido la excepción, ya son varios los años que líderes comunitarios del asentamiento de Suratena en Marsella y de otras etnias ubicadas en otros municipios del departamento han denunciado esta problemática sin que tenga solución alguna.

Lo único cierto es que condiciones vitales para la supervivencia del ser humano como el acceso al agua potable, es en la actualidad un privilegio que muchos indígenas en el departamento de Risaralda no se pueden dar el lujo de tener, situación que sumadas a otras carencias dificultan una óptima calidad de vida para nuestras poblaciones ancestrales.

Ahora bien, ante la última noticia que se originó esta semana acerca de la pandemia que causó la infección de leishmaniasis a 53 indígenas de la comunidad Emberá del corregimiento de San Antonio del Chamí, además de otros 12 que resultaron infectados con malaria, se prendieron las alarmas en los medios de comunicación y en las instituciones como alcaldías y gobernaciones.

Y la verdad es demasiado triste que haya que acontecer una situación como una pandemia de enfermedades en los indígenas para que ahora si los medios de comunicación y las instituciones públicas que les corresponde velar por esta población, ahora si salgan a decir que los indígenas nos necesitan.

La realidad es demasiado cruel, pero hay que afirmarla, desde hace mucho tiempo los indígenas necesitan mucho atención, y no solo ahora con esta pandemia, precisamente porque esta actual situación no es más que la consecuencia de la falta de prevención y atención en salud que se le debe de prestar de una manera mucho más recurrente a nuestros indígenas.

Hago claridad…

No obstante, sería también muy irresponsable mencionar que los indígenas se encuentran en total abandono, pues en realidad desde la Gobernación de Risaralda se ejecutan interesantes programas de bienestar dirigidos a indígenas, pero la triste realidad es que hace mucha más falta la inversión de recursos desde el Gobierno Nacional para garantizar más calidad de vida a los indígenas.

Sin embargo, otra de las tristes realidades es que sigue siendo una constante, no solo en Risaralda, sino en otros departamentos del país, especialmente en la costa en donde aflora la corrupción de líderes indígenas que prefieren echarse al bolsillo el dinero de los recursos para su pueblo antes de evitar que niños indígenas como los Wayú en La Guajira sigan muriendo por desnutrición.

En conclusión, mientras no se solucione ninguno de estos dos inconvenientes mencionados, seguirá siendo una constante en Colombia y en Risaralda los problemas de salud y carente calidad de vida de nuestros indígenas. Muy triste.
 

Las 3 del tintero de Gardeazábal

Gustavo Álvarez Gardeazábal
Julio 21 2019

ENMUDECIERON LOS PAISAS ANTE EL DIAGNOSTICO DE INVIABILIDAD DE HIDROITUANGO

El informe que presentó en previas esta semana la Contraloría General de la República sobre los costos irrecuperables de Hidroituango, (4 billones de pesos hasta ahora sin tener en cuenta lo que costará la reconstrucción), dejó mudos a los antioqueños y en especial a los furibundos paisas de las redes sociales que condenaban con oprobios a quienes nos atrevíamos a cuestionar la magnitud de la equivocación cometida con esa hidroeléctrica. El asunto ahora no es buscar culpables sino tener entereza para saber tomar la determinación de seguir o no seguir con un proyecto que según la Contraloría es inviable financieramente.

NANCY PATRICIA Y LA VICEJUANITA DIRECTAS RESPONSABLES DEL FRACASO DE LA LEY OBJETADA

El país no sale de su asombro, pero los medios prefieren callar por no tener que repetir una vez más que estamos en manos de un gobierno inepto. Haber encubado durante meses en el despacho de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y de la vice Juanita López el proyecto de ley mediante el cual se anulaban unas diez mil normas de distinto tipo y no haberse puesto en la tarea de comprobar, con una simple doble columna, las consecuencias mínimas de la anulación de las leyes o decretos, es una contundente demostración de la duquedesidia que se apoderó de todas las instancias del gobierno. Tener que objetar el mismo presidente la ley que presentó y aupó (y que los congresistas menos que valoraron en su magnitud), es peor aún porque nos recuerda a los colombianos que este gobierno no le pega a nada.

¿Y EL DECRETO DEL DECOMISO DE LA DOSIS MÍNIMA CUANDO LO TUMBAN?

En medio del furor anti-marihuanero de los uribistas y sobre todo para, de manera populista, aparecer como salvadores de la juventud y conseguir el apoyo de los cada vez más desautorizados padres de familia que no controlan ni educan a sus hijos, el gobierno dictó un decreto reinterpretando un artículo de la ley que estableció el Código de Policía. La Corte Constitucional acaba de anular ese artículo, o que deja sin validez el decreto que autorizó decomisar la dosis mínima y sancionar a quien la porte en parques o calles del país. Pero como este es un país de santanderistas, y el fallo no dice expresamente que se cayó también (por extracción de materia) el decreto de marras que adicionaba el artículo, él sigue vigente y los policías continúan gastando tiempo en perseguir fumadores de marihuana.