El Imparcial-Pagina 7

 

Pereira, Colombia -  Edición: 12.566-146 - Fecha: 18-12-2019                                                                                                                               

POLÍTICA                                                                      Pg. 1-14

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Casa por cárcel para corruptos, eliminada

 

Archivo

Lo aprobado prohíbe que se dé casa por cárcel por: “acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenazas a testigo, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio” en “los delitos que afecten el patrimonio del Estado”.



Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior, señaló que: “tiene elementos importantes como eliminar el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios que incurren en actos de corrupción y extender las inhabilidades a las personas jurídicas, cuando se trata de grupos económicos. Actualmente, lo permite para las empresas individualmente, ahora se extiende a los grupos”.

Y agregó que: “Vale la pena decir que después de un año y medio de trabajar estos proyectos anticorrupción, es un logro haber sacado adelante la publicidad de la declaración de renta, la modificación del régimen de conflicto de intereses y todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, que se extendió a los funcionarios de nivel territorial”.



El proyecto de ley conjunto de la Fiscalía y el Gobierno Nacional, con medidas para combatir la corrupción, superó su primera prueba en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara, tras debate en el congreso.

 

Por su parte el representante César Lorduy, señaló que: “Hace más eficaz la labor de la Fiscalía como la permanencia de jueces de garantías, facultades para los jueces penales municipales en diferentes jurisdicciones, agilidad en el procedimiento para la imputación de cargos, la utilización de peritos, yo creo que es un estatuto que genera grandes avances”.
 

   

Piden protección de posibles fosas
«Falsos positivos»

 


EFE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) proteger 16 sitios de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas víctimas de paramilitares de los llamados «falsos positivos» cometidos por militares.

«Los 16 lugares son cementerios, fincas y algunos sitios de caminos», dijo a Efe la secretaria técnica del Movice, Diana Salamanca al comentar el reciente hallazgo por la JEP de fosas en Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste).

La JEP ya exhumó la semana pasada del cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, siete cadáveres completos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como «falsos positivos», y considera que en ese lugar pueden estar enterradas al menos unas 50 personas con esa característica.

Los «falsos positivos» son una escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en «reclutar» civiles engañados con promesas de trabajo para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.


3 alcaldes en Guaviare investigados por deforestación

Cortesía Fiscalía

EL CTI detuvo al mandatario de El Retorno. También investiga a los Miraflores y Calamar.
El alcalde de Miraflores, Jhonivar Cumbe, y el mandatario de Calamar, Pedro Pablo Novoa, fueron los dos primeros investigados.


Agentes del CTI capturaron al alcalde de El Retorno (Guaviare), Óscar Ospina, por solicitud de un fiscal especializado y deberá responder por los cargos de grave daño ambiental y pérdida de selva en una zona de especial protección ecológica del Amazonas.
 

   

La investigación contra Ospina se suma a la de los alcaldes de Miraflores, Jhonivar Cumbe, y de Calamar, Pedro Pablo Novoa, por haber permitido la construcción de una vía entre Calmar y Miraflores sin los permisos ni licencias ambientales.


Los dos mandatarios, según la Fiscalía, habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial de 138 kilómetros y, al parecer, fueron permisivos frente a las irregularidades que se presentaron.

 

El departamento de Guaviare tiene cuatro municipios y tres de sus mandatarios locales están involucrados en investigaciones por deforestación, que según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno que termina este 31 de diciembre: pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018.

La Fiscalía les imputó cargos a los mandatarios de Calamar y Miraflores como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por la condición de funcionarios de los dos investigados.
 

Alcalde capturado en Antioquia por corrupción

 


Cortesía Gobernación de Antioquia

Se trata del actual mandatario local de Murindó, municipio del Urabá antioqueño.

En el Palacio de Justicia de Medellín comenzarán este jueves 12 de diciembre las respectivas audiencias del caso del alcalde de Murindó, municipio del Urabá antioqueño, quien fue capturado este miércoles por presuntos actos de corrupción.


El actual mandatario local, Jorge Eliécer Maturana, fue detenido por funcionarios del CTI, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Junto a él fueron capturados dos funcionarios de la administración municipal, así como una persona particular, quienes estarían también involucrados en los delitos de corrupción en un contrato para construir un almacén en el municipio.

Al parecer, de acuerdo con la información preliminar entregada por el ente acusador, para dicha construcción, el contratista habría sido escogido a dedo y se le habrían pagado 180 millones de pesos de dineros públicos.
 

 

 

 

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