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Aída Merlano, capturada en Venezuela |
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jurisdiccionales.
En marzo, cuando se reanuden las sesiones legislativas, el Gobierno
planea presentar un nuevo intento de reforma a la Justicia, del que
ya se conoció un primer borrador del proyecto de acto legislativo.
El documento tiene como base el proyecto que en 2018 presentó Cambio
Radical, y que se hundió en el Legislativo, pero los detalles siguen
siendo ajustados tras recibir comentarios de las altas cortes sobre
la propuesta actual.
Según el borrador preparado, se establece una edad mínima para
llegar a ser magistrados de la Corte Suprema, la Constitucional o el
Consejo de Estado será 50 años de edad, y tendrán que haber ejercido
en la Rama Judicial o el Ministerio Público por al menos 25 años. En
la actualidad solo se exigen 15 años de experiencia en la Rama.
También se plantea aumentar el periodo de los magistrados, pasando
de 8 a 12 años, sin reelección.
La elección de los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de
Estado también cambiaría, pues ya no se haría de listas enviadas por
el Consejo Superior de la Judicatura, sino que los candidatos
saldrían de un concurso público de méritos llevado por las mismas
cortes, y entre esos nombres los magistrados escogerán a sus pares.
Corte no logró llegar a ningún acuerdo
Foto El Tiempo
Después de una larga jornada sin lograr absolutamente nada, se dará
una nueva cita para el próximo 30 de enero. Sigue sin elegirse
fiscal
ni magistrados que completaran el hemiciclo judicial.
En el orden del día de la Sala Plena de este jueves, el primer punto
fue elegir al nuevo presidente de la corporación. En este proceso,
los aspirante son los magistrados
Gerardo Botero y Jorge Luis Quiroz, pero como ninguno obtuvo la
mayoría de votos necesaria, que es de 16, exactamente el número de
magistrados que hay en el momento, se nombró como presidente
encargado de este alto tribunal al magistrado José Francisco Acuña
Vizcaya.
En esta nueva reunión los magistrados tampoco se pusieron de acuerdo
para elegir magistrados para llenar, alguna de las siete vacantes
que hoy tiene por togados que ya cumplieron su periodo o se fueron.
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Ex congresista Aída Merlano quien en octubre de 2019 se escapó de
una cárcel en Colombia donde cumplía una pena de 15 años de prisión
por corrupción electoral, fue detenida en Maracaibo, estado Zulia,
Venezuela.
¨Tras arduas investigaciones realizadas por nuestros funcionarios de
las Fuerzas Especiales de la Policía, FAES, fue detenida la ex
senadora Aída Merlano en el sector El Milagro de la ciudad de
Maracaibo, estado Zulia¨, publicó el Ministerio de Interior y
Justicia.
La información también fue compartida por el director de las FAES,
Miguel Domínguez, quien explicó que Merlano ingresó al territorio
venezolano ¨de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano
indocumentado¨.
J.E.P. y Fiscalía en disputa por juzgar a corruptos
Foto Cortesía
Fiscal se niega a enviar caso de Á. Ashton por cartel de la toga.
Tesis aplicaría para los 'Ñoños'.
Álvaro Ashton ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a
punto de convertirse en un precedente judicial para otros
excongresistas, investigados por corrupción, que buscan los
beneficios de esa justicia transicional.
El
político tiene cuatro meses en libertad, tras lograr que su proceso
por nexos con grupos paramilitares fuera admitido por la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas, aún tiene pendiente el caso que
se le sigue por el llamado ‘cartel de la toga’ |
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¨Ambos fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio
Público¨, agregó sin más detalles la cartera de Interior al pie de
una fotografía en la que muestran a la ex congresista y a su
acompañante de espaldas.
Recordemos un poco el caso de Merlano, dama de 43 años de edad, la
Fiscalía General de la nación le emitió una orden de captura ya que
se encontraron pruebas de que facilitó su campaña del 2018 con la
compra de votos.
Su fuga tomó tintes de película de acción en la mañana del 1 de
octubre. Después de pedir permiso tres meses antes, obtuvo una
autorización para ir a una cita médica fuera de la cárcel El Buen
Pastor, de Bogotá.
Su
argumento es que una investigación por presunta corrupción no es de
la competencia de la JEP. Por eso, hace 8 días, Vanegas le pidió a
la Corte Constitucional que dirima ese conflicto de competencias ya
que, en su criterio, la JEP se está extralimitando en sus funciones.
“Si los políticos que enfrentan procesos de corrupción se van a
deslizar a la JEP, van a acabar con la jurisdicción ordinaria, que
es la que debe procesar esas conductas. Esos casos quedarían en la
impunidad”, le aseguró a los medios un experto en la materia.
Reformar de la justicia con nuevo intento
Foto Martín García
Se aumentaría periodo a magistrados. Excepcionalmente notarios
tendrían facultades |
