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Proyecto de ley
que objetó Duque, genera polémica |
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Agropecuarios, con la cual se van a destinar recursos para el apoyo a pequeños y
medianos productores. Uno de los debates más sonados fue contra la entonces
ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de Centros Poblados, en
medio del cual renunció.
De igual forma, las peticiones de documentos se deberán contestar en un lapso de
20 días y las autoridades dispondrán de hasta 35 días para dar respuesta a las
inquietudes relacionadas con sus cargos.
“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud, las autoridades administrativas a que se refiere el
artículo 1 del presente decreto, por razón del servicio y como consecuencia de
la Emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”,
señala la orden del Ejecutivo.
Y agrega que “la suspensión afectará todos los términos legales, incluidos
aquellos establecidos en términos de meses y años”.
En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional informó que la modificación de los
tiempos se reanudará el día hábil siguiente a la fecha en la que la cartera de
Salud informe que Colombia ha superado la emergencia sanitaria por el
coronavirus y que por ahora no avanzarán los periodos de caducidad y
prescripción que se regulan en la ley.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también expresó su
inconformidad por la decisión, puesto que considera que la misma “afecta el
derecho a acceder a información pública”.
“El Congreso está llamado a rechazar las objeciones al proyecto de ley. No
debería haber lugar para maniobras políticas que perjudiquen el libre flujo de
información”, escribió el ente en Twitter, agregando que solo 20 países,
incluido Colombia, la mantienen. |
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Aunque el Congreso de la República ya clausuró sus sesiones ordinarias y
extraordinarias, hay un proyecto de ley que sigue generando polémica.
Se trata de la iniciativa que pretendía restablecer los tiempos de respuesta de
los derechos de petición a entre diez y quince días hábiles, como ocurría antes
de la pandemia del Covid-19, pero que en las últimas horas fue objetado por el
presidente Iván Duque.
“El Gobierno objetó nuestro proyecto que devuelve a la normalidad los tiempos de
respuesta de derechos de petición, que llevan duplicados 21 meses”, aseguró ayer
la representante a la Cámara por la Alianza Verde Juanita Goebertus en su cuenta
de Twitter.
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Según se explicó, el proyecto contemplaba la derogación de los artículos 5 y 6
del Decreto Legislativo 491 de 2020, que se refieren a los términos para atender
las peticiones que estén en curso o sean radicadas durante la emergencia
sanitaria ordenada por el Ministerio de Salud con motivo de la pandemia por
Covid-19, y suspendían los términos de las actuaciones administrativas y
jurisdiccionales.
La disposición emitida por la Jefatura del Estado objetó esas derogaciones,
explicando que se contará con un tiempo de respuesta a los derechos de petición
consistente en los 30 días siguientes a la solicitud.
En las extras también se aprobó la Ley de Insumos
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