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Educación Cívica
Edgar Cabezas
La educación cívica es la transmisión del saber acumulado sobre el
territorio, el Estado y las culturas de los países que reclaman para
sus conciudadanos, territorio, cultura y gobiernos propios para la
formación de la conciencia ciudadana que permite a los individuos
establecer relaciones sociales que fortalezcan los espacios de
convivencia social. Siendo Colombia un Estado Social de Derecho que
reconoce la diversidad étnica y cultural, la educación cívica
implica el compromiso civil de conocer el régimen jurídico al que se
tienen que someter gobernantes y gobernados para que con sus actos
intelectuales y prácticos impulsen procesos democráticos y
decisiones públicas con el fin de fortalecer la unidad de la Nación
y garantizar la vida a sus integrantes.
Definida la nación como el conjunto de personas que comparten
elementos comunes, tales como la historia, la lengua, el territorio,
la cultura o la etnia, generalmente se agrupan formando un Estado o
región biogeográfica para ejercer su autonomía soberana y en tal
sentido, la Constitución Política determinó que el territorio con
los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.
Es decir, el territorio pertenece a las personas que lo habitan, en
tanto que el Estado es la forma de organización política para el
ejercicio del poder administrativo con capacidad de dictar leyes y
reglas que son de obligatorio cumplimiento para la ciudadanía.
A toda persona por nacimiento o adopción le pertenece la
nacionalidad que le vincula al ordenamiento jurídico de Colombia.
También son nacionales los miembros de los pueblos indígenas que
comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de
reciprocidad según tratados públicos. En cuanto a la ciudadanía,
inicia su ejercicio a los dieciocho años. Previo a esta edad, la
ciudadanía debe de estar educada entre otros deberes y obligaciones,
para respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar
conforme al principio de solidaridad social, defender los derechos
humanos, mantener la paz, participar en la vida comunitaria,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Esa condición del ciudadano en ejercicio le conmina a ejercer el
derecho del sufragio en las elecciones del 13 de marzo y el 29 de
mayo, para elegir a las mujeres y a los hombres que van a
desempeñar cargos públicos que detenten legítima autoridad o
jurisdicción durante los siguientes cuatro años. Participar en la
vida política, cívica y comunitaria del país implica ir a votar para
que de manera pacífica se pueda continuar con la resistencia en
contra de la dominación del régimen corrupto y criminal.
Además de resistir. también es preciso organizarse y dirigirse a
los fines del Estado social de derecho que fueron aplazados,
estableciendo un poder de transición constitutivo en el que el nuevo
gobierno retorne a las entrañas de la producción, a ese ámbito en
donde se encuentran las soluciones efectivas a los problemas
económicos, sociales, culturales y ambientales que impiden la
equidad, justicia, seguridad social y la eco-organización reguladora
climática.
La buena ciudadanía es aquella que sabe hacer bien tanto lo
pertinente al bien privado como al bien comunal. Para que así sea,
se la debe formar en la educación cívica teniendo en cuenta que el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado, entidad responsable
de asegurar la salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, para tales efectos en los planes y presupuestos el gasto
público social tendrá prioridad sobre otra asignación.
Las nuevas materias de la educación cívica para la solución pacífica
de los conflictos están expuestas en la acción de tutela y en los
mecanismos de participación ciudadana: Referendo, plebiscito,
revocatoria del mandato, consulta popular, consulta previa, cabildo
abierto, audiencia pública, veedurías ciudadanas, acción popular,
acción de grupo y acción de cumplimiento. |
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Los mercadillos campesinos pautas
para marketing y arraigo agrario
Iván R. Pulido
Las limitaciones del mercado de productos agrícolas entre agentes de
la producción y comercialización, dan a entender las desiguales
oportunidades de vulneradas comunidades campesinas que perpetúan su
pobreza a través de generaciones.
Los intermediarios que participan en este mercado visualizan
desafortunadamente una relación leonina ganancial favorable
inequitativa a favor del comprador, propiciando la exclusión de los
grupos sociales con menor poder como el caso de nuestros campesinos,
afectando la soberanía alimentaría nacional.
Se evidencia casi la totalidad de los campesinos recurren a la
intermediación para vender sus productos; y así sucesivamente varios
eslabones hasta llegar al consumidor final para tangenciales
incrementos que afectan directamente a quienes producen y al costo
de vida de los colombianos.
La causa de bajos ingresos para los campesinos radica en la relación
de los altos costos de producción y bajos precios de venta, que por
la falta de asociatividad se ven obligados a asumir los precios que
les impongan, razones que en consecuencia los han comprometido a
vender sus tierras, precarizando su comunidad a la participación en
cultivos ilícitos, bandas delincuenciales, desplazamientos forzados
y voluntarios a cascos urbanos, aumento de trabajos informales mal
remunerados y bajos niveles de educación.
Posiciones que como profesionales del sector agrario colombiano nos
comprometen en la lucha por su reivindicación, al fomento estatal de
una ley que regule las condiciones e instrumentos de abastecimiento
alimentario para implementar los mercadillos campesinos en la
totalidad de los municipios colombianos, que les permitan participar
en los sistemas productivos a los que pertenezcan.
Los mercadillos campesinos literalmente son apartes del razonamiento
político y cultural para establecimiento del sano equilibrio entre
lo rural y urbano, que al hecho de acercar su comercialización al
consumidor final, facultaría al productor a demanda de precios
justos, mejoría de la economía campesina, arraigo y retorno de la
juventud a su lugar de origen, protección del germoplasma de las
semillas nativas y manejo de la biodiversidad agraria, todos
soportes de peso en pro de la soberanía alimentaría colombiana.
Que, a su establecimiento como política de estado, en simultanea
minimizará la red para el transporte de los productos, mitigará la
emisión de gases a la capa de ozono, reemplazará el secuencial uso
de empaques de plástico e icopor y en su honor revivirá la ancestral
época del canasto y saco de fique 100% reciclables.
Y paralelo beneficio para la ruralidad femenina, muchas de ellas
cabezas de familia actoras de los mercadillos campesinos, al
emprendimiento comercial de sus productos en ciudades, logros que en
comparación las conciba como dignas merecedoras de los derechos que
sus parejas le niegan respecto a la tierra, a la educación y a la
dual participación en el desarrollo de sus hijos.
¿Quiénes más destacados para la custodia de la diversidad de
alimentos nativos y ancestrales que los campesinos agro ecólogos por
naturaleza, quienes persisten en sembrar de todo un poco y darles la
oportunidad a través de los mercadillos campesinos de vender sus
diversos productos nativos a precios justos que les signifiquen
mayor amor y apego hacia su conservación?
COMITÉ CENTRAL INGENIEROS AGRÓNOMOS UT 73 B
I.A. RIGOBERTO ABELLÓ SOTO / I.A. EDGAR BOLAÑOS ARANDA / I.A. HUGO
GARCÍA BERNAL / I.A. IVÁN PULIDO GONZÁLEZ.
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Víctima es víctima y no alguna otra
cosa que a alguien se le ocurra
Guillermo Navarrete Hernández
Podría afirmarse que el conflicto es connatural al ser humano y
esencialmente se aborda de dos maneras: por medios pacíficos o con
el uso de la violencia. Esta última es un recurso orientado a
someter o eliminar al contradictor con el objeto de imponer un
criterio o ideología. En muchas ocasiones los conflictos se generan
por razones personales o subjetivas que terminan por afectar –o más
bien arrastrar- a todo un entorno. Es importante señalar, así mismo,
que la cadena violencia, miedo, odio y deseos de venganza desata
ciclos de violencia, de los cuales se sabe su comienzo pero no dónde
y cómo pueden terminar.
La violencia también es un mecanismo para defenderse, conquistar y
pervivir. La guerra es su mayor expresión. Unos pocos amparados en
el poder que les otorga el régimen al que pertenecen o desean
deponer, deciden en representación de muchos o de la generalidad que
es tiempo de lanzar una ofensiva a nombre de la paz, la salvación
que otorga determinada religión, la nacionalidad, la democracia o la
libertad. Matizados motivos para invadir territorios y perpetrar
vejámenes en contra de quienes consideren sus opositores. La libre
determinación de los pueblos, contemplado en la Carta de las
Naciones Unidas suscrita en 1945, podo después de culminada la
Segunda Guerra Mundial, pasa a ser parte de la retórica engañosa de
quienes la invocan.
Justa o no, en medio de la confrontación habitualmente quedan
atrapadas las personas que no hacen parte de ella o que ni siquiera
pidieron su desarrollo: las víctimas. La intimidación, la opresión
y, en general, la violación de los derechos fundamentales, se
convierten en el pan de cada día, dentro de los cuales la
sistematicidad determina procesos de destrucción, no sólo del
entorno físico sino de la moral e identidad colectivas. Esto es lo
que precisamente sucede desde hace una semana en Ucrania, pero
también ocurrió en el pasado en Vietnam, Japón con Nagasaki y
Hiroshima, Irak, Kuwait, Yugoeslavia y Afganistán, entre otras. Al
respecto, Gonzalo Sánchez Gómez (2019, p. 47) manifiesta que “este
pesimismo sobre la idea de progreso y el proceso civilizatorio es el
mismo sentimiento de desplome de creencias, actitudes, valores y
sistemas de protección que expresa Bruno Bettelheim”.
Hace unos pocos días en Colombia no teníamos referencia de las
provincias de Donetsk y Luhansk, separatistas de Ucrania, a las que
Putin usó como excusa para invadir este país, estratégico para los
intereses del mandatario ruso, sin embargo, en muchas latitudes del
planeta tampoco saben dónde queda ubicado el Chocó, Arauca, el
Cauca, el sur de Bolívar ni Nariño, tampoco se enteran de los
múltiples desplazamientos de población civil y de asesinatos de
líderes sociales, víctimas del desprecio por la vida de los
diferentes actores armados y de la impunidad provocada por la falta
de una acción decisiva, transparente y efectiva del Estado. Allá
como acá las victimizaciones generadoras de sufrimiento y menoscabo
de la dignidad humana, las sufren seres indefensos que su único
pecado es tratar de vivir en paz, de aportar para el progreso de su
familia y la sociedad. Allá como acá, estas personas son víctimas,
independiente de quien sea el victimario o de quien las juzgue o las
estereotipe.
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