Siguen protestas de

camioneros en Chile

Así lo indica una comunicación del fiscal Khan a los jueces de la Sala de Asuntos Preliminares I del Tribunal de La Haya, donde destaca que se ha tratado de “mantener un diálogo significativo con Venezuela, en línea con el principio de complementariedad, durante el examen preliminar y más allá”.

El texto señala que el gobierno no adjuntó ningún material de respaldo en su solicitud de aplazamiento y, en cambio, “se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020”.

Pedro Sánchez y la ministra de Defensa espiados con Pegasus

Cortesía

Los teléfonos móviles del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de escuchas "ilegales" y "externas" a través del programa informático israelí Pegasus, afirmó el lunes el gobierno español.

"No son suposiciones", declaró, durante una conferencia de prensa convocada con carácter urgente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que habló de "hechos de enorme gravedad" ocurridos en 2021.

"Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo (...) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial", indicó Bolaños.

"En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias", agregó. "Por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa", subrayó el ministro.

Bolaños no precisó, sin embargo, si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención ni de si piensan en algún país extranjero.

"Cuando hablamos de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial", explicó el ministro.

Bolaños indicó que habían sido detectadas "dos intrusiones" en el celular de Sánchez en mayo de 2021 y una en el de Robles, en junio de 2021.
En ambos casos, las intervenciones permitieron extraer "determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles", añadió sin determinar la cantidad.

"No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas", añadió sin embargo después, preguntado sobre la duración de las infecciones.

Concebido por la empresa israelí NSO, Pegasus permite acceder en cuanto se instala en un celular a los servicios de mensajería y a los datos, además de activar el aparato a distancia para poder captar imágenes o sonido. NSO siempre ha afirmado que solo vende Pegasus a Estados y que estas operaciones deben tener antes el visto bueno de las autoridades israelíes. Según la ONG Amnistía Internacional, este sofware podría haberse usado para piratear hasta 50.000 teléfonos móviles en el mundo.

Estas últimas revelaciones llegan en plena agitación política en España, donde el gobierno central del socialista Sánchez lleva días en tensión con los independentistas catalanes, que acusan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de haberles espiado.  El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista catalana que habrían tenido sus teléfonos móviles infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
 

AFP

Las razones del bloqueo se debe a la inseguridad de los trabajadores y vecinos de aquel lugar, que ha sido el epicentro de numerosos ataques

Un bloqueo parcial de la Ruta 160, en la provincia de Arauco, en el sur de Chile, ha realizado un grupo de camioneros, pertenecientes a la Asociación de Contratistas Forestales AG (ACOFORAG) tras una serie de ataques a conductores en la zona ocurridos durante estos últimos días. Las manifestaciones, las cuales han impedido el libre transitar de otros vehículos, se han registrado en las cercanías de las comunas de Los Álamos y Curanilahue, ubicadas en las regiones del Biobío y la Araucanía, respectivamente.

Las razones del bloqueo se debe a la inseguridad de los trabajadores y vecinos de aquel lugar, que ha sido el epicentro de numerosos ataques incendiarios en contra de maquinaria forestal e incluso centros turísticos. A esto se suma la destrucción total de más de 30 camiones el pasado jueves, atentado adjudicado por el grupo armado Resistencia Mapuche Lafkenche.

Esta nueva paralización coincide con las declaraciones emitidas por el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, la noche de este domingo en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde se refirió a las últimas manifestaciones de un grupo disidente de camioneros en diversas carreteras de aquel país, asegurando que ningún colega del gremio había bloqueado las rutas, a vehículos de emergencia o de traslado de mercadería.

Pérez, en tanto, tuvo palabras para la gestión de la Ministra del Interior de Chile Izkia Siches, declarando que su ‘‘labor e intervenciones han sido más bien erráticas’’. Por otro lado, el presidente de la organización camionera argumentó que la creación de líneas ferroviarias a lo largo del país, medida que fue mencionada por el Presidente Gabriel Boric en su campaña electoral, es una alternativa que como gremio apoyan, pero que están en contra de que dichas líneas tengan una posible subvención.

Adicionalmente, la organización de contratistas ha anunciado otros puntos de encuentro en diversas zonas del sur de Chile para seguir con las manifestaciones y bloqueos de ruta. La citación ha indicado que en lugares como Los Ángeles, Coihue, Negrete, Arauco, Valdivia, Angol y Collipulli se buscará reunir socios, colaboradores y simpatizantes para ejercer mayor presión a las autoridades y advertir sobre esta falta de seguridad en el sur de Chile.

‘’Necesitamos autoridades que empaticen con los que hoy día están sufriendo y a un Estado capaz de plantear soluciones a los graves problemas de delincuencia y terrorismo que vivimos día a día’', señaló la Asociación de Contratistas Forestales en un comunicado. Asimismo, la organización puntualizó en que espera que esta movilización derive en medidas concretas y prácticas que el Gobierno debe adoptar desde ya.

Suju envió carta al fiscal de la CPI

DP

La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, envió una carta abierta al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en apoyo al trabajo que la Fiscalía realiza en el caso Venezuela I.

«Celebramos la decisión tomada el 3 de noviembre de 2021 de avanzar en el proceso y dar inicio a la fase investigativa, así como el anuncio de la instalación de una oficina de su fiscalía en el país, más allá de cualquier ‘cooperación que pudiera obtener de las autoridades’, dice parte del texto.

Consideró de suma relevancia que los representantes de la CPI puedan conocer de cerca la realidad y el contexto histórico venezolano, el contacto directo con las víctimas, sus familiares, sus representantes legales y organizaciones denunciantes, «siempre que pueda establecer un mecanismo real que asegure la protección y no persecución de dichas personas».

La misiva también hizo referencia a la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de desestimar la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de aplazar su investigación.

«Venezuela no proporcionó materiales adicionales aducidos a su solicitud de aplazamiento sino que se refirió a materiales previamente presentados ante la fiscalía que usted presenta», aseguró Suju en la carta.

Agregó que esta acción del régimen demuestra, una vez más, que los representantes del Estado venezolano «no tienen intención seria de realizar investigaciones independientes, imparciales y creíbles que determinen la culpabilidad de los responsables» de dichos crímenes, incluyendo a las altas autoridades implicadas.

Finalmente, pidió que, una vez reanudado el proceso de investigación, se acelere la determinación de la Responsabilidad Penal Individual de aquello que han sido señalados ante la CPI como presuntos altos responsables de estos crímenes; y asegurar, en virtud del art 58 .a y b (ii; iii) la posible obstrucción, investigación y actuaciones de la Corte y que los crímenes investigados sigan sucediendo.

El pasado 20 de abril, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de aplazar su investigación y solicitará que víctimas de crímenes de lesa humanidad o sus representantes legales formulen sus observaciones.