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POLÍTICA

 

Pereira, Colombia - Edición: 12.935-515

Martes 14 de Junio de 2022

 

 

Mario Castaño y los involucrados en la red

 

 

 

Eventual negociación está condicionada a la información relevante que puedan suministrar para contribuir en el proceso contra los demás integrantes

 

 






La Corte Suprema de Justicia analiza las explicaciones rendidas por el senador Mario Castaño y las pruebas recolectadas en este proceso para definir en los próximos días si le dicta medida de aseguramiento y ordenó mantenerlo bajo detención.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía ocuparon los 31 bienes en diligencias realizadas en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia). Las propiedades tendrían un valor cercano a los 5.000 millones de pesos.

En las verificaciones realizadas, se constató que algunas de estas estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista. Esta acción se da producto de una compulsa de copias realizada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura del senador Castaño Pérez por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos y entidades del orden nacional.

El proceso investigativo inició en marzo del año en curso cuando la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, puso en evidencia un supuesto entramado ilegal y logró la judicialización de 10 personas señaladas de interceder indebidamente en cerca de 50 procesos de contratación que superaron los 43.000 millones de pesos.
 

 


 

 

 

 

 


Después de verse en evidencia el senador quiere negociar con la justicia, diez involucrados con la red de corrupción de la que se señala era su cerebro el congresista liberal Mario Castaño continúan adelantando acercamientos con la Fiscalía General de la Nación, con el fin de buscar concretar algún tipo de negociación con la justicia.


Sin embargo, de acuerdo con los investigadores de policía judicial, cualquier eventual negociación está condicionada a la información relevante que puedan suministrar para contribuir en el proceso contra los demás integrantes de esta organización ilícita señalada de interceder indebidamente en cerca de 50 trámites de contratación que superaron los 43.000 millones de pesos.



Estos diálogos se intensificaron luego de la captura del cacique político liberal Mario Castaño, quien fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Picota en Bogotá, luego de responder en diligencia de indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, "por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera
           

 

 

irregular contratos en varios departamentos y entidades del orden nacional".

En este caso, las salidas jurídicas giran en torno a la posibilidad de firmar eventuales preacuerdos o principios de oportunidad.



Referente al congresista Castaño, se le sindica de exigir en el marco de la asignación de los cupos indicativos, el pago de un porcentaje de acuerdo con el proyecto o contrato, y la adjudicación de contratistas.

Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la custodia y administración de las 31 propiedades que fueron afectadas con medidas cautelares de embargo y secuestro al congresista Castaño.

Los activos que fueron embargados y valorados en más de 5.000 millones de pesos son, 21 inmuebles urbanos, suite vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio y se encuentran ubicados en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia).

      

 

  

 

 

  

 

 

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