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EDITORIAL
Cese al uso de niños para la mendicidad
Con extrema preocupación estamos observando los
colombianos en el transcurso de estos últimos años el aumento
considerable de un fenómeno social que se ha venido presentando en
el país, especialmente en la frontera con Venezuela y que tiene que
ver con la cantidad de niños que son utilizados por mujeres para
pedir limosna en las calles del país.
Según los últimos informes esta problemática se ha venido
presentando especialmente en ciudades como Bucaramanga y Cúcuta
donde se han detectado diversas organizaciones al margen de la ley
reclutando mujeres de origen venezolano para que trabajen durante
extensas jornadas usando niños que no son suyos para cargarlos entre
sus brazos y pedir limosna.
El hecho de ver a una mujer con uno, dos y hasta tres niños
desamparados es una situación conmovedora que propicia que muchos
ciudadanos se conmuevan ante esta escena y opten por darle dinero a
esta joven sin saber que los casi $300.000 que se alcanzan a recoger
estas mujeres van a parar a los bolsillos de estos criminales que
les pagan unos $30.000 a las mujeres por el trabajo y la misma
cantidad de dinero a los verdaderos padres de los niños.
Lo más triste de este asunto es que algunas entidades como por
ejemplo la Defensoría del Pueblo y algunos medios de comunicación
han reportado en los últimos meses maltratos psicológicos a lo que
son sometidos estos menores de edad ya que a muchos de ellos se la
pasan el día entero soportando altas o bajas temperaturas y lo peor
de todo no son ni siquiera alimentados.
Además, otras denuncias indican que muchos menores de edad, incluso
bebés recién nacidos son dopados con alucinógenos como bazuco para
evitar que lloren mientras son cargados por las mujeres para ejercer
la mendicidad causando lástima de los peatones.
Este fenómeno social se está extendiendo a todos los rincones de
Colombia y el llamado que hacemos desde El Imparcial es para que las
autoridades competentes estén más alerta y se incrementen con más
constancia y severidad los controles en las calles, realizando
redadas para exigirle a estas mujeres el nombre de los menores y su
respectiva identificación con fin de detectar si son o no las
verdaderas madres.
Ahora bien, el llamado también para el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF para que adelanten acciones mucho más
concretas para castigar con severidad a estos indolentes padres de
familia que tienen la osadia de alquilar a sus propios hijos para
estos fines tan reprochables.
También esta alerta va dirigida a la ciudadanía en general para que
no caigan en la trampa, no den limosna y no sigan patrocinando estas
bandas criminales y mucho menos cuando desconfían de aquellas
mujeres que tienen un color de piel y rasgos totalmente diferentes a
los del bebé, siendo esta, una importante señal para desconfiar.
En estos casos la mejor forma de actuar es poner la denuncia, buscar
un policía cercano para que solicite a la mujer la identificación de
su “supuesto bebé” y emprender los procedimientos judiciales
pertinentes.
Entre todos los colombianos en conjunto con las
autoridades debemos detener esta barbarie que está ocurriendo en el
país y en contra de nuestros niños.
La desintegración de estas bandas criminales debe ser toda una
prioridad para el Gobierno Nacional y las autoridades competentes y
es por esta razón que se requiere de manera urgente un trabajo
mancomunado con las autoridades venezolanas porque se ha detectado
que en la mayoría de veces los extranjeros son los que más están
cometiendo este delito en Colombia.
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Zahur Klemath Zapata
Gerente
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El derecho al
trabajo
o la agonía de
vivir
en la sombra
Por: Zahur Klemath Zapata
zkz@zahurk.com
Trabajar no es
una obligación de nadie, pero es el quehacer de los seres humanos
para sobrevivir en sociedad. Este deber se vuelve imperativo porque
no somos una sociedad primitiva que cada uno labora en su entorno y
se mantiene a flote con lo que hay a su alcance.
Con el nacimiento
de los imperios quienes están a la cabeza de ellos crean una red de
súbditos para que le sirvan y vivan en su entorno. Así nace la
primera casa y su jefe hace más de 30 mil años.
El ser humano es
igual como individuo en su conjunto pero no todos tienen las mismas
capacidades e intelecto y esto hace esa variedad de personalidades y
quehaceres en una sociedad actual.
En el pasado no se
podían mezclar todos en un mismo sitio por esa diferencia de
condiciones de intelecto y conocimiento. Hoy por el avance genético
y tecnológico estamos casi todos mezclados en la misma aldea de
ciudadanos.
El emprendimiento
de cada uno nos obliga a saber elegir nuestro rol y ubicación en la
sociedad de hoy y esto hace que el trabajo no sea igual que hace
cien o más años en la historia. Pero quienes manejan la cosa pública
en ciertas sociedades desconocen el manejo de esos códigos que
regulan la labor de los trabajadores.
En la actualidad
no hay un orden equitativo que permita mantener el balance y permita
a cada uno poder tener la seguridad social que debería existir en
una sociedad evolucionada. Las leyes o estatutos laborales están
lejos de balancear las tres partes a que corresponde el equilibrio
del acuerdo entre las partes.
Las leyes
laborales están politizadas y los intereses de los trabajadores no
concuerdan con lo que deberían ser
las leyes que amparen por iguales partes a los que firman el
contrato. Y cada uno jala hasta donde más estire el caucho. Y esto
hace que siempre exista un conflicto entre las partes.
El sistema laboral
colombiano hay que rehacerlo de principio a fin y ubicarlo en tiempo
presente para que el establecimiento asuma la responsabilidad que le
corresponde y le dé a ambas partes las obligaciones que le
corresponden independiente el uno del otro y se logre alcanzar el
beneficio que se espera a la hora del retiro.
La situación que
se vive en Colombia por el Código del Trabajo es penosa para los
trabajadores y el sistema laboral. Es casi imposible celebrar
contratos a término definido o indefinido por todas esas arandelas
que lleva de obligaciones para el empresario y que no le permite
crecer sanamente, porque el establecimiento evade responsabilidades
que le corresponde y se las deja al contratista.
¿Qué sociedad
puede prosperar bajo esas condiciones?
Esto genera todo
tipo de evasión de obligaciones y contrato de prestación de
servicios dejando al trabajador a la intemperie y obligándolo a
convertirse en microempresario para poder subsistir.
En la actualidad
hay millones de personas trabajando bajo su propia responsabilidad y
sin ningún beneficio a futuro. La corrupción navega por estas aguas
eludiendo compromisos que ha creado al estado y que al final hacen
más daños en términos generales.
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Crónica de Gardeazábal # 442
OTRA VEZ EL INPEC
OTRA VEZ TULUÁ
Gustavo Alvarez Gardeazábal
Audio:
https://www.spreaker.com/episode/50403454
Salvo que sea una maldición eterna, no parecería encontrarse una
explicación razonable de las causas para que ni Tuluá ni el INPEC
desaparezcan de los titulares sangrientos de la prensa nacional y
mundial. Cuando el durísimo Paro Nacional del 2021, Tuluá vio arder
su Palacio de Justicia. Ni ha sido reconstruido ni las
investigaciones llegaron más allá.
En la madrugada del martes una quema provocada por la quema de
colchones de los reclusos del patio 8 de la Cárcel de Tuluá,
administrada por el siempre equivocado INPEC, precipita otro
incendio y más de 50 reclusos pierden la vida y otro número igual
quedan heridos.
No sabemos si las investigaciones lleven a algo o si
sorpresivamente, como ocurrió con el asesinato del fiscal paraguayo
en Cartagena, en menos de un mes tengamos todo resuelto y los
culpables de precipitar este más de medio centenar de muertos hayan
sido condenados.
No se sabe. En este país, y en Tuluá sí que más, las cosas pasan y
apenas las ven pasar. Por supuesto, los colombianos no se conmueven
quizás porque como los muertos eran presos, se aminora el trato que
la sociedad debe dar a todo asesinato de un ser humano. Pero allí
están los muertos y los heridos y el dolor de sus seres queridos
mientras en cada hogar colombiano crece el pánico que genera el
siempre desordenado y corrupto Inpec, dirigido desde hace décadas
por generales activos de la Policía.
Probablemente cuando la Fiscalía revise el caso tendrán en cuenta
que esa madrugada del incendio se celebraba la última noche de la
Feria de Tuluá y a solo 300 metros en línea recta de la Cárcel
estaba el Coliseo de las fiestas, repleto de reguetoneros que
siguieron con su alaraca hasta las 5 de la mañana. Como tal, no es
entonces desestimable que el deseo de libertad de los presos se haya
acrecentado por el eco y la algarabía de la fiesta.
Pero también deberán tener en cuenta los procedimientos del INPEC
donde pareció primar el cumplimiento del deber de no dejar volar los
presos que el derecho de mantenerles con vida y prefirieron cerrar
las puertas para evitar lo que ahora dizque llaman un intento de
fuga.
Crueldad o razón, venganza o estupidez, todas deberán ser analizadas
y puestas en balanza ante la opinión pública. Lo que si nos tocará a
los novelistas como yo es escribir para la historia sobre los
efectos de la maldición que parece haber caído sobre el costillar de
mi pueblo, la que alguna vez traté de horadar publicando el libro
“Las guerras de Tuluá” …que por lo que estamos viendo, todavía
siguen librándose.
El Porce, junio 29 del 2022
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