Fundado el 18 julio de 1948

Por Rafael Cano Giraldo -1948-1981

Publisher: Zahur K. Zapata - 1981 –

 

 

 

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen el pensamiento de El Imparcial

 
 

Pereira, Colombia - Edición: 12.954-534

Fecha: Jueves 28 de Julio de 2022

 

EDITORIAL

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EDITORIAL


Más control a los indígenas Wayuu
 

Niños de la población étnica Wayuu de la Sierra Nevada de Santa Marta que se mueren de desnutrición, es una triste realidad que los colombianos hemos evidenciado, no desde ahora si no desde hace décadas.


Frente a esta situación muchos consideran que en definitiva hace falta más presencia del Estado, una critica que bien puede ser válida teniendo en cuenta todas las problemáticas sociales que presenta Colombia en la actualidad. Sin embargo, esta problemática que se presenta en la Sierra Nevada de Santa Martha con los indígenas Wayuu es un tema que merece más atención, investigación y sobre todo control, teniendo en cuenta los planteamientos y argumentos que desde El Imparcial realizamos a todos nuestros seguidores a continuación.


El primer tema a debatir tiene que ver con la eterna discusión de la libertad e independencia cultural y jurídica que gozan nuestras etnias indígenas.

 

Está claro que estas poblaciones ancestrales cuentan con sus propias leyes de organización interna. Está más que demostrado que los recursos desembolsados por el Gobierno Nacional para esta población no han sido, no son y lo más seguro es que no serán bien distribuidos por los gobernadores indígenas.


En los últimos años se ha presentado una serie de denuncias en contra de estos gobernadores indígenas que indican que lamentablemente muchos de ellos, literalmente se beben los recursos incluso los de la alimentación de los niños indígenas y propiciando de esta manera que muchos menores mueran de hambre.


A pesar de que estas denuncias son reales y reiterativas, la triste realidad es que el Estado ha sido poco o nada lo que ha hecho para evitar que esta situación sea una constante ya que lamentablemente de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el control de la justicia ordinaria no puede intervenir en las leyes indígenas.


Sin embargo, desde El Imparcial, consideramos que este tema requiere de una supervisión mucho más amplia porque a pesar de que los indígenas cuentan con esta independencia, consideramos que si debería de existir un control más exhaustivo por parte de la justicia ordinaria.


Esta revisión se hace necesaria porque estamos hablando que niños indígenas se están muriendo de física hambre en algunos casos por la avaricia de algunos adultos irresponsables. Se deben de agotar todas las vías jurídicas para que sea revisado con lupa la distribución de estos recursos para los indígenas.


El argumento desde la perspectiva jurídica que debe primar en este caso debe de consolidarse desde el debido cumplimiento de los derechos humanos, es decir, pese a que los indígenas cuentan con independencia jurídica y política, esta intervención de revisión se debe fundamentar en que se hace necesaria porque se están violando los derechos humanos, en este caso de niños indígenas.


Para que exista una intervención eficiente y con argumentos en el control de recursos de los asentamientos indígenas hace falta más voluntad del Estado, teniendo en cuenta que la realidad es que el Gobierno Nacional pone la autonomía de los indígenas por encima de los derechos humanos.


Y es precisamente esta reflexión a la que debe llegar nuestra sociedad acerca de preguntarnos: ¿Qué es más importante, velar por los derechos humanos o respetar la autonomía de las etnias indígenas sin importar las catastróficas consecuencias como la desnutrición de niños por negligencia?


La respuesta a este interrogante nos debe poner a pensar para que no seamos cómplices de una injusticia y con el pretexto de que no podemos actuar por legislaciones étnicas, los niños indígenas también merecen ser protegidos por el Estado de Derecho Colombiano.

 

 

 

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La Secretaría de Salud de Pereira, una oficina fantasma

 

 

Por: Zahur Klemath Zapata

zkz@zahurk.com  

 

Yo recuerdo por allá en los años sesentas cuando en la carrera 7 con calle 40 quedaba el dispensario de salud, hoy oficina Secretaria de Salud de Pereira. Los lunes desde por la mañana había una fila de mujeres esperando para ser atendidas y darles el certificado de buena salud por el examen profiláctico que le realizaron.

Si estaba positiva de una enfermedad venérea le ponían una inyección de tres millones de unidas de penicilina y la mandaban a seguir trabajando. Los controles de salud siempre han sido hechos por fantasmas.

Una ciudad y un país no progresan bajo esta forma de manejar sus recursos. La pobreza nace ahí porque el establecimiento se queda con el dinero que aportan los ciudadanos con impuestos. Y quienes están en los concejos, asambleas, cámara y senado no alertan de lo que ellos deberían estar enterados y que deben vigilar porque para eso fueron nombrados por los electores.

Los medios de comunicación locales están desentendidos porque ellos viven de las pautas publicitarias gubernamentales y esto les impide mostrar las cosas malas que se hacen en una administración.

La complicidad es aberrante y cada uno es consciente de sus aberraciones. Este hecho hace que la sociedad no los respete y no crea en la información que ellos suministran, porque la gente está viviendo en carme propia los desatinos de la administración y todo parece que nada ha pasado.

La misma página web muestra lo desacreditada que ésta oficina está. Tiene un 3.5% de aceptación y una negatividad del 96.5% y nadie hace nada. Son oficinas fantasmas que existen en el rastreo electrónico pero no en la realidad.

Por eso vengo abogando por una sociedad autónoma que defienda sus derechos y no ningún grupo político porque ellos solo defienden los intereses de su agrupación y no de la sociedad. Eso está demostrado históricamente.

Una ciudad autónoma tiene mayor posibilidad de crecer y administrar sus bienes bajo una organización creada por la sociedad bajo leyes que permitan independencia y autonomía en su manejo. De lo contrario continuará siendo administrada por una burocracia que es nombrada por los acuerdos políticos a que han llegan los elegidos democráticamente.

La Secretaria de salud es otra oficina que hace parte de los acuerdos políticos y allí es nombrado el personal que hace parte de la cuota política del que haya firmado acuerdos con el ganador.

Por eso jamás el pueblo va a tener quien los represente aunque digan que van a trabajar por ellos, porque prima el interés del político y del partido que quienes votaron por ellos.

 

 

Crónica de Gardeazábal # 461

 

CONFUNDIENDO VENGANZA Y JUSTICIA

 

 

Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal


Audio: https://www.spreaker.com/episode/50724749

Por estos días vienen matando diariamente uno o más policías. Dicen los medios, y chismean las redes, que los están matando las gentes del Clan del Golfo como venganza por la encerrona que le hicieron a su jefe máximo, el señor Usuga, para no darle el carácter de eterno combatiente y entregarlo a la justicia norteamericana.

Los del Golfo son unos de los Grupos Armados Organizados GAO que existen en el país y ellos se cansaron de llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

 

Andan en esa matazón de policías porque ante la incapacidad de haberse hecho entender como actores de la criminalidad nacional que alienta el mercado mundial del narcotráfico, están tan convencidos como Pablo Escobar en su momento que la mejor manera de hacerse oír para sentarse en una mesa de sometimiento a la justicia es vengándose del estado, el que representan singularmente los policías con sus defectos o sus virtudes, sus vicios o su voluntad de servicio.

Para el vengador un policía es la representación más evidente del estado que apresó a Úsuga y así sea un monstruo de mil cabezas hay que intentar cortarlas una a una para obligarlos al reconocimiento.

El problema es que los colombianos fuimos educados en la venganza como elemento fundamental de la abstracta justicia que a lo largo de la historia siempre ha estado dando tropezones y una agrupación como la del Golfo, que ha demostrado su dominio en 11 departamentos, también apela a la venganza para que le cambien de categoría.

Es probable que sea una forma de despedir el último mes del gobierno Duque y de hacerle sentir en la carne y el dolor de centenares de familias de policías lo equivocado que estuvo.

 

Pero resulta que, y paralelo por un lado a ese acto de venganza, el nuevo gobierno de Petro nombra como ministro de Defensa a una de las más reconocidas víctimas de la venganza pero, al mismo tiempo también, quien curiosamente más ha ayudado con sus actuaciones en la Corte y en Guatemala a la confusión que tiene gran parte del pueblo colombiano entre ser justiciero o ser vengador. Y, por otro lado, elevan a la categoría de negociador de paz al fruto mayor de la semilla de la tolerancia y el reconocimiento.

Al director de la casi desconocida pero muy valiente y productiva Comisión Intereclesial del Diálogo. Es la eterna confrontación entre el bien y el mal, entre la justicia y la venganza, entre la esperanza y el pesimismo, así se construya sobre el recuerdo de los sobrevivientes o la representación simbólica de una cruz en las tumbas de las víctimas y el llanto intermitente de una madre por su hijo.
 

El Porce, julio 27 del 2022

 

 

  

 

 

  

 

 

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