EL RETO CAMPESINO DE PRODUCIR ALIMENTOS EN COLOMBIA
Por: I.A. Iván R. Pulido G.
El 44,7% de la población rural está en pobreza, mientras que 20% de
los jóvenes de ese segmento no ha recibido educación formal y solo
el 9% de los campesinos cuentan con asistencia técnica.
La productividad agraria lleva más de 30 años estancada en Colombia,
depende de cuatro productos de exportación, flores, banano, caña de
azúcar y café; el arroz se mantiene en producción no en
productividad, la palma crece en área, pero adolece por pudrición de
la corona, el trigo y la cebada desaparecieron, el maíz se encuentra
rezagado productivamente, no damos a basto con las exigencias de la
industria local y el resto de cultivos aferrados a las tradiciones
tecnológicas ancestrales, la innovación y transferencia de
tecnología a paso lento, importamos más que lo que exportamos por
causa de los TLC, las cosechas sometidas a la intermediación
especuladora, no hay inversión de fomento gubernamental, la guerra
se ha incrementado y faltan estímulos estatales que motiven a las
comunidades campesinas e indígenas, todas principales causas del
anquilosamiento.
No obstante, el sector agrícola colombiano detenta un enorme
potencial de crecimiento en innovación tecnológica y cultivos, dado
el grave rezago que lo enfrenta en materia de competitividad.
Infortunadamente nuestros campesinos a partir de la apertura
económica de 1.990, fueron enfrentados sin las herramientas
adecuadas de asistencia técnica ni innovación, a competentes
empresarios agrarios tecnificados de países desarrollados,
subsidiados, quienes tras su competitividad, arrasaron en
productividad a nuestros vulnerados campesinos, que contrario al
progreso proyectado, los propicio a la quiebra, a la venta de sus
tierras, al desplazamiento hacia la ilegalidad, al abandono del
campo, a cohabitar en las ciudades para alimentación del caos
generalizado de cinturones de miseria e inseguridad, a lo largo del
territorio nacional.
Escena de fácil descripción, tras el incoherente discurso inferido
por los responsables ordenadores estatales, a delegar tan esenciales
funciones de la transferencia de tecnología agraria a terceros
privados, que no pasaron la prueba en eficiencia comparada con la ya
acreditada por la institucionalidad del ICA de los 90, encargo que a
nuestro criterio nunca debió ejecutarse, al no haberse tenido en
cuenta, la infraestructura requerida tanto en ciencia, recurso
humano calificado, como en presencia física en todos los rincones
del país, para funcionalidad de la asesoría técnica sin distinciones
hacia el pequeño y mediano campesino.
Descuido nada menos que ocasionado al pequeño y mediano campesino,
responsable de la soberanía alimentaria, lanzado al vacío sin apoyo
institucional técnico responsabilidad del estado, que les propicio a
su desorientación, incompetencia, azarosa comercialización y quiebre
progresivo de la producción agraria.
Fundamental destacar la asistencia técnica no objeto de
descabezamiento de plan productivo agrario que se emprenda, por
considerarse columna vertebral durante todo su proceso, desde
planeación incluida comercialización previa a la siembra, toma de
muestras de suelos que determinen las precisas cantidades de
nutrientes que se requieran para el cultivo, para correcto manejo de
la inversión en un rubro de magna importancia, que en algunos casos
específicos como el del cultivo de papa, supera el 30% del costo de
producción, que el campesino no valora y obvia por desconocimiento y
causa, en orden a su tradición ancestral de aplicar siempre más
que menos, o dejarse influenciar de
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vendedores de empresas multinacionales o de mostrador
de almacenes agropecuarios, que sin criterio profesional los
motivan a la compra en exceso, para beneficio de sus comisiones por
ventas.
Y otros desatinos
paralelos, causados por los mismos actores, que le definen al
agricultor papero grandes mezclas de pesticidas tóxicos, para mínimo
14 aplicaciones por cosecha, que acapara aproximado 20% de los
costos totales, que por demás ni las plantas requieren ni logran
asimilar en su totalidad, generando sobredosificaciones de
nutrientes y pesticidas, tóxicos al suelo y al ecosistema, que
sobredimensionan severamente los costos de producción, ambas
situaciones derivadas por la física ausencia de asistencia técnica
integral a cargo de un profesional agrícola capacitado.
Situación fielmente repetitiva para todos los cultivos, que motivan
a alertar al gobierno al raciocinio por un reordenamiento
productivo, estratégico, lógico, que además de asesoría técnica
integre planeación estratégica de siembras por producto y de
necesidades de abastecimiento local, financiación adecuada de
fomento, control técnico a cargo de la institucionalidad, a fin de
concluir en un mercadeo estacional y contra estacional, que evite
esa frecuente especulación, siempre bien aprovechada por los
intermediarios comerciales, ante sobre ofertas o déficits de
producción.
Ejemplos a seguir para la mejora de calidad de vida campesina,
cultivar y emprender la agroindustria con frutales exóticos tipo
aguacate, uchuva, tomate de árbol, gulupa, pitahaya, melones, piñas,
fresas, arándanos, papayuela, brevas y otros tantos frutales y
hortalizas, que en forma asociativa, les impliquen prosperidad.
Adoptando un esquema asociativo productivo que los apoye en los
retos de la comercialización, de la mano de un estado que oriente
hacia cadenas de valor, con reglas claras de precios, plazos de
pago, cantidades de compra y sitios de recibo del producto.
La labor no será de fácil extensión para el campesino por la
experiencia vivida, motivadora al retorno a su hábitat de origen y a
la potencialidad de ejecutar nuevos negocios en el campo apoyados en
cadenas de valor, viables y rentables; asociados en cooperativas
estratégicamente estructuradas, apoyadas en planes concretos,
incentivos y controles de la institucionalidad, que le garanticen
prosperidad, rentabilidad y mejor calidad de vida a la comunidad
campesina.
Cadenas de valor que igualmente el estado promueva para la
generación de buenos contratos con empresas que generen confianza en
Colombia tipo, Bavaria, Hennicken, McCain, Ingenios azucareros,
Federación de cafeteros, Molinos de arroz y de harinas, Industrias
avícolas, porcícolas, Cadenas de empresas hortofrutícolas
exportadoras y de otros productos agropecuarios, industrias
oleaginosas, alianzas que aseguren convenios a largo plazo, riesgo
compartido, que garanticen la inversión.
La alianza gobierno - campesino se hace fundamental, para cualquier
proyecto, muy en especial el complemento financiero, que establezca
un crédito asociativo, que se amolde al modelo de las cadenas de
valor, a la negociación, financie la producción a tiempos y plazos
de pagos de cosecha, mecanismo que en muchos países ha sido
definitivo para el éxito de las cooperativas aliadas a empresas
agroindustriales compradoras. El todo será comenzar, con ejemplos
que registran nuestros vecinos, Ecuador mayor exportador mundial de
banano, Perú mayor exportador mundial de aguacate Hass y panela,
Chile exportador mundial # 1 de uvas frescas, ciruelas secas,
manzanas deshidratadas; y nosotros dormidos, desaprovechando todo un
emporio de suelos fértiles y clima tropical ideal para convertirnos
en despensa agrícola del mundo 24 / 7.
Donde el proyecto de catastro multipropósito, será el inicio a un
inventario de bienes y productores, que logren acercarse a la
asociatividad con potenciales compradores locales o extranjeros, que
hagan realidad cadenas de valor productivas y competitivas
sostenibles, donde los campesinos recuperen la credibilidad en la
productividad y rentabilidad colombianas como fuentes de equilibrio
a sus déficits y finanzas.
INGENIEROS AGRONOMOS EGRESADOS UT AMANTES DEL CAMPO
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EL
HAMBRE EN LAS REFORMAS
Por: Edgar
Cabezas
Los
primeros 100 días de cualquier gobierno marcan la relación armónica o inarmónica
que tendrá de pesos y frenos la colaboración de las tres ramas del poder público
para el cumplimento de sus funciones. La rama del poder ejecutivo redacta las
leyes en coordinación con la rama del poder legislativo a la cual le corresponde
hacer las leyes y, la rama judicial en cabeza de la Corte Constitucional,
declara la exequibilidad con la que se manifiesta que cada una de las leyes
expedidas son acordes a la constitución política.
A los colombianos se les ha hecho creer que Colombia es un país de leyes y que
si las armas les dieron la libertad, las leyes les darán la paz. De manera que
el aplazamiento de las reformas políticas: tributaria, agraria, política,
justicia, salud, educación, de las fuerzas militares y de policía, industria,
comercio, turismo, energía y transición del modelo de desarrollo extractivista
es lo que perpetúa la inequidad, la falta de oportunidades laborales, la
inflación y la violencia y, que por lo tanto, con leyes, decretos, resoluciones,
acuerdos, ordenanzas las multitudes saciaran su hambre nutricional determinada
por el índice de precios al consumidor.
Si bien es cierto que los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines, no es
menos cierto que el Estado ha de tener una relación armónica con el pueblo, del
cual emana el poder público. Pero el pueblo tiene hambre y quiere una sociedad
en la que todos puedan comer con dignidad todos los días, con buena comida,
saludable, nutritiva, sin depender de nadie, y ganándose el pan con el sudor de
su propio trabajo.
Además
desea que los precios de los productos básicos de la canasta familiar en el
expendio estén regulados a tiempo por la oferta y la demanda de las cosechas que
en los periodos secos y de lluvias, desde las diferentes regiones del país
abastecen la mesa de las multitudes, por un índice de precios al consumidor en
el que el expendedor no imponga un “IPM: índice de precios según el marrano”.
En los
primeros cien días del gobierno que el presidente Gustavo Petro ha llamado “el
gobierno de con la gente” tiene que implantar la política de seguridad
alimentaria y nutricional y un gran abastecimiento en los mercados campesinos y
populares para erradicar el hambre.
Para
lograr que el hambre deje de matar, el presidente puede y debe convocar a la
ciudadanía a que constituya los Consejos Municipales de Protección al
Consumidor, para que en asocio con las alcaldías, el Ministerio de Agricultura,
el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, actúen
con prontitud en la garantía de no especular respecto al precio del producto de
la canasta familiar que un productor, proveedor o expendedor ofrezca,
suministre, distribuya o comercialice de manera habitual, directa o
indirectamente.
Los
precios de los insumos agrícolas, las tarifas y distancias de los peajes, los
costos de los fletes del transporte de las mercancías, el precio del galón
combustibles, los subsidios por cosecha y el mantenimiento del buen estado de
todas las vías de comunicación, se deben regular y, sobre todo, controlar los
precios de los productos de la canasta familiar asegurando que el salario mínimo
satisfaga el costo nutritivo de la demanda alimentaria de la familia colombiana.
Pero además, es necesario hacer un llamado a la solidaridad de productores,
industriales, comerciantes, iglesias, vecinos y ONGs para que donen y no dejen
perder los alimentos que otros necesitan.
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