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Dos soldados heridos en
ataque con explosivos en Catatumbo
Nuevamente se presenta un atentado en Norte de Santander esta
semana, donde dos soldados resultaron heridos por un artefacto explosivo en el
Catatumbo.
El hecho ocurrió en zona rural entre los municipios de Zulia y Astilleros, donde
transitaba una patrulla del Batallón de Ingenieros No. 30. “Las tropas
desarrollaban operaciones ofensivas mediante movimiento motorizado, cuando
fueron sorprendidos por la activación de un área minada, instalada por grupos
armados ilegales que delinquen en la zona”, informó el Ejército, citados por
Semana.
Los dos soldados heridos y cinco que tuvieron contusiones por el ataque, fueron
trasladados a un centro asistencial en Cúcuta, donde se desconocen su estado de
salud actual. Se trata del segundo hecho
violento previo al consejo de seguridad en El Tarra, que presidirá el presidente
Gustavo Petro, ya que en zona rural del municipio atacaron a la caravana del
mandatario, con armas de largo alcance, que no dejó heridos.
Ocho capturados por
explotación ilícita de yacimientos mineros en Caldas
Tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la
Policía de Carabineros, Sijin, Fiscalía General de la Nación y la Corporación
Ambiental de Caldas (Corpocaldas), lograron capturar en flagrancia a ocho
personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, quienes
usaban un sistema tipo cúbico para la extracción de oro aluvial.
En la vereda El Bosque, del municipio de Neira, departamento de
Caldas, en desarrollo de una acción decisiva, coordinada e interinstitucional
contra la minería ilegal, soldados del Batallón de Infantería N.° 22 Batalla de
Ayacucho y demás autoridades intervinieron el lugar donde se extraía el oro.
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Adicional a esto, se incautaron 2 plumas eléctricas, 2
motores, una motobomba sumergible, 2 motobombas de lavado, una canaleta de
lavado con malla eslabonada de fabricación artesanal y 100 metros de manguera,
material avaluado en más de 27 millones de pesos.
El aprovechamiento ilícito de minerales en este municipio del norte de Caldas se
ha realizado sin contar con la licencia ambiental estipulada en la Ley 685 de
2001 del Código de Minas, lo que ha afectado no solo los recursos naturales,
sino el bienestar y la seguridad de quienes habitan la zona.
Con este resultado se logra una reducción del impacto ambiental en una hectárea
cuadrada sin afectación de capa vegetal y la no contaminación de fuentes
hídricas que desembocan en el río Cauca. Es de resaltar que el valor aproximado
que se invierte para la recuperación del daño ambiental es de 150 millones de
pesos aproximadamente y podría tardar entre 20 a 30 años.
9 empleados de
Hidroeléctrica el Guavio retenidos por comunidad
Según denuncia de la empresa, desde el pasado 15 de agosto, un grupo de personas
de la comunidad de Ubalá está impidiendo el tránsito de los colaboradores de
Enel Colombia y sus empresas contratistas entre el campamento, las oficinas, la
caverna de máquinas y el edificio de control de la Central Hidroeléctrica El
Guavio, además de la entrega de suministros.
Esto ha imposibilitado el cambio de turno de nueve
operarios de la Central, violando su Derecho a la Libre Locomoción y afectando
la normal operación de la central hidroeléctrica más grande del país, un hecho
que afecta la seguridad eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El bloqueo, que completa doce días, radica en la insatisfacción de los
manifestantes
frente al estado de las vías en el tramo comprendido entre
Mámbita-San Pedro de Jagua y Puente Guavio-Santa María, una labor que legalmente
está a cargo de las Gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca.
Por lo anterior, Enel Colombia ha contactado en diversas oportunidades a las
autoridades competentes para coordinar las mesas de diálogo que solicita la
comunidad y asegurar el restablecimiento del orden público. No obstante, a la
fecha no ha sido posible lograr una solución a esta situación.
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De acuerdo con la empresa son nueve los colaboradores
que permanecen retenidos contra su voluntad y manifiestan que respetan el
Derecho a la Protesta Social, pero rechaza aquellos actos que ponen en riesgo el
bienestar y la seguridad de las personas, y la del sistema eléctrico colombiano.
Además, la Compañía reitera su compromiso con apalancar el desarrollo del
territorio, por lo cual permanentemente ha apoyado de forma voluntaria y
proactiva, el mantenimiento y habilitación de las vías con horas hombre,
maquinaria, materiales y combustible.
Formulan cargos a exdirector de La Picota por salidas de Mattos
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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exdirector del
Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de
Bogotá, Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara (2022), y tres dragoneantes del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por las presuntas
irregularidades en el cumplimiento de la orden de remisión médica emitida a
Carlos José Mattos Barrero, en la que habría omitido solicitar y coordinar el
apoyo de la fuerza pública para el traslado del interno.
La Entidad señaló que, al parecer, por la actuación del exdirector la remisión
de la persona privada de la libertad no se realizó con la debida vigilancia y
seguridad que se requería, situación que provocó que no regresara de inmediato a
las instalaciones del complejo carcelario ‘La Picota’, en la capital.
Según el Ministerio Público, Valencia de Guevara posiblemente faltó a su deber
de cumplir con diligencia e imparcialidad el servicio encomendado al no
contemplar las medidas de seguridad necesarias para el traslado de Mattos e
incumplió la orden que le habían sido impartida, con lo que pudo impactar de
manera directa el ejercicio de la labor que le fue encomendada.
De igual manera, el órgano de control señaló que “con su proceder omisivo se
permitió un trato preferencial al señor Mattos Barrero”, lo que produjo que el
detenido cuestionara la autoridad penitenciaria, sin tener presente el trato
igualitario que se le debe dar a todos los internos.
Provisionalmente la falta endilgada al disciplinable fue calificada como grave a
título de culpa gravísima, y la de los dragoneantes como gravísima a título de
dolo. El proceso pasó a los delegados de juzgamiento, reparto, quienes
determinarán si la falta imputada fue cometida. En esta etapa los servidores
podrán presentar argumentos de defensa y pruebas para desvirtuar los cargos.
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