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EDITORIAL
¡Qué no se sigan robando la
alimentación escolar de los niños!
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se ha venido
implementando en los últimos años en Colombia se ha convertido en un
apoyo de madres cabeza de familia de bajos recursos que se ven en la
obligación de trabajar y no cuentan con los recursos suficientes ni
tiempo para brindarle a sus hijos una alimentación de óptima calidad
y el hecho que en los colegios les suplan esta necesidad a sus hijos
es una gran ayuda.
Lamentablemente en un país como Colombia, es tanta la corrupción que
ni siquiera la alimentación de niños de escasos recursos se salva y
han sido muchos los casos de corrupción que han ocurrido a lo largo
y ancho del país en prácticamente todos los departamentos, al
tratarse de recursos que son enviados a las regiones en donde por
una mala administración se roban estos recursos.
Uno de los hechos más preocupantes es que de acuerdo a las
publicaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo y la
Contraloría General de la Nación, los actos de mayor corrupción se
han venido presentando en los departamentos de la costa colombiana
como Córdoba, Santa Marta, Bolívar, Magdalena y Sucre.
La última noticia es que siete alcaldías del departamento de Sucre
están siendo investigadas por irregularidades en las contrataciones
correspondientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Se
hallaron irregularidades en municipios como Chalán, Toscano de
Coveñas, Los Palmitos, Morroa, Tolú, Colosó y Corozal.
Los alcaldes de estos municipios anteriormente señalados se
encuentran en líos judiciales con las contrataciones de alimento
escolar, PAE, un hecho que bajo ninguna circunstancia debe ocurrir y
que desde ya debe de empezarse a corregir.
No obstante, este tipo de denuncias ya han venido ocurriendo desde
hace mucho tiempo en Colombia, incluso desde que salió este programa
de alimentación escolar y a pesar de que todas estas denuncias han
sido evidentes, lo único cierto es que no se ha hecho absolutamente
nada para evitarlo.
Hasta el momento no se ha logrado transformar el sistema de
distribución de estos recursos del PAE, sin lugar a dudas la
corrupción seguirá siendo el pan de cada día.
Finalmente para reflexionar desde que no cambiemos la forma de
pensar, los ladrones de cuello blanco seguirán hurtando la
alimentación de nuestros niños.
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Y
seguimos sufriendo por el Impuesto Predial
Por:
Rubén Darío Varela
Incrementos en la facturación del predial hasta en un 500% es
la triste realidad a la que hoy en día se ven enfrentadas muchas
familias colombianas de escasos recursos que no entienden este
incremento tan desproporcionado, un fenómeno que se ha venido
presentando principalmente en departamentos como Atlántico,
Antioquia, Cundinamarca y Cauca, entre otros.
Esta situación ha propiciado la indignación de cientos de
personas que se han manifestado en las calles para solicitar una
respuesta oportuna ante estos incrementos, como sucedió en Popayán
en la última semana en la que con factura en mano los habitantes de
esta ciudad evidenciaron su inconformismo.
Es realmente triste que todas estas personas de Popayán y de
otros departamentos de Colombia solo hayan obtenido como respuesta
de parte de las respectivas alcaldías que frente a este incremento
las autoridades municipales no pueden hacer nada, ya que esta
novedad en la facturación obedece a una actualización catastral que
en el último mes fue ordenada por el IGAC (Instituto Geográfico
Agustín Codazzi).
La pregunta del millón es: ¿Quién responde entonces a estos
usuarios por esta facturación? Es insólito que una familia que paga
$300.000 por el predial, ahora se vean en la obligación de pagar
hasta $1.500.000, y los entes municipales, es decir, las alcaldías
no estén dispuestas ayudar con ajustes económicos para estas
familias.
La situación que se está presentando y que no es nueva en
Colombia, requiere de una pronta solución teniendo en cuenta que
estas alzas están afectando en gran manera a estas familias. Para
arreglar esta situación se hace necesario que se lleve a cabo una
revisión en el modelo de estratificación en el país.
Esta revisión debe de llevarse a cabo de manera urgente,
teniendo en cuenta la cantidad de inconsistencias que están
afectando a los colombianos de bajos recursos que hace unos diez
años eran estrato 1 y que de un momento a otro empiezan a figurar en
estrato 2 o 3.
Ampliaciones de calles, construcción de nuevos conjuntos
cerrados, entre otras razones hacen que aumente el impuesto predial
y aunque es verdad que estas viviendas se valorizan, la situación
preocupante es que los cobros de facturación del predial son
realmente desproporcionados para los ingresos de estas familias.
Esta situación se sigue agudizando cada vez más porque estos
incrementos no solo se han venido dando con la facturación del
predial, sino también con la empresa de energía que también ha
tenido un incremento hasta del 500%. Esta situación se hace cada vez
más crítica especialmente en la costa caribe.
Personas que viven en la costa
caribe colombiana en viviendas humildes con pocos electrodomésticos
les están cobrando unas altas sumas de dinero por la factura de
energía solo por el constante uso de los ventiladores que son usados
de manera permanente por las altas temperaturas que se presentan en
estas zonas del país.
El alcalde de Barranquilla. Jaime Pumarejo ya se manifestó
ante esta situación y se comprometió a realizar un ajuste tarifario
con el Gobierno entrante, ojalá y esta iniciativa sea toda una luz
de esperanza para estos colombianos de la costa de bajos recursos
que incluso se ven obligados a disminuir su alimentación para
cancelar los servicios públicos que son muy costosos.
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Crónica de Gardeazábal # 483
NEGROS CONTRA INDIOS, LA NUEVA GUERRA
Por:
Gustavo Alvarez Gardeazábal
Audio:
https://www.spreaker.com/episode/51036820
Aunque en Bogotá ni cuenta se hayan dado, aunque en Barranquilla
crean que es otra guevonada de cachacos, aunque en Popayán sea una
algazara más, en el norte del Cauca sigue creciendo
desproporcionadamente la tensión entre indios y negros.
A lo largo de la semana las escaramuzas se dieron en el sector de
Alto del Palo en Caloto, pero ellas no son las únicas que han venido
presentándose y que seguirán en todas las fincas y carreteras donde
los trabajadores negros de los ingenios azucareros ven amenazado su
futuro por las invasiones programadas y azuzadas de indios caucanos,
algunos paeces, otros guambianos contra los latifundios cañicultores
En otras palabras, los negros se cansaron de ver invadir las tierras
de otros donde les dan trabajo y les han garantizado una vivienda
digna y un porvenir cerca de salud y educación.
Ellos no pelean por el derecho de
propiedad de la tierra, que es de los blancos . Pelean por el
sustento que esas tierras, cultivadas en su gran mayoría de caña de
azúcar les han dado por generaciones y alrededor de las cuales han
ido construyendo y progresando sus viviendas , sus hogares y sus
pueblos.
Los indios, convencidos que ellos llegaron primero que los blancos
españoles que colonizaron las feraces tierras del valle geográfico
del rio Cauca, reclaman que lo que les quitaron los ibéricos hace
más de 400 años les sea devuelto para así poder pagar una deuda
histórica
Pero en el fondo, la disputa no es tanto por una tierra en donde no
tienen como financiar sus cultivos y condenarán a disminuir o
empobrecerle la producción, sino por el régimen de privilegios que
el sancocho de la Constitución del 91 les entregó a todos los
pueblos indígenas y que les permite ser una nación dentro de la otra
que es Colombia, con leyes y justicias diferentes.
Los negros ,que llegaron traídos por los españoles, a reemplazar a
los indios luego que persiguieron ,mataron y trataron de
aniquilarlos, no pelean por la madre tierra, pelean como negros por
el trabajo y el sustento que les dan esas tierras,o las minas de oro
aledañas a la cordillera occidental, donde se han asentado
mayoritariamente
A ellos no les importa quien sea el propietario o quien las explote.
Quieren trabajar. Evitar un enfrentamiento mayor es obligación de
los gobernantes.
Impedir que los bandos en conflicto
consigan apoyo de los terratenientes o de los dueños del comercio de
la coca o la minería ilegal, o de las agrupaciones alzadas en armas
que controlan territorios y negocios, se hace imperante para quienes
desde el canciller Leiva hasta el padre De Roux pregonan la paz.
Colombia no resiste otra guerra fratricida más.
Agosto 26 del 2022
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