Piden a canciller explicar estrategia ante litigio con Nicaragua

constitucional que busca la eliminación del servicio militar obligatorio de forma gradual. Ello contrasta con que el pasado lunes la misma corporación hundió el servicio social para la paz en el proyecto de prórroga de la Ley 418, que se presentó como una alternativa para quienes no quieran empuñar armas a nombre del Estado.

La iniciativa de reforma constitucional, presentada por el representante Daniel Carvalho y el senador Humberto de la Calle, fue aprobada por 58 votos a favor y solo cuatro en contra, para lo cual volvió a operar la coalición de gobierno, que tiene las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara.

Lo que busca —el proyecto de ley 012 de 2022— es disminuir gradualmente la obligatoriedad del servicio militar hasta llegar a un momento en el que cese esa obligatoriedad que es, como ustedes saben, un precepto que se desprende del artículo 2016 de la Constitución”, señaló el senador De La Calle Lombana.

Agregó que “el servicio militar obligatorio, en la práctica, solo cobija a los jóvenes de los estratos más pobres. Voy a dar solo una cifra: a los estratos 6, 5 y 4 solo corresponde el 2% de los conscriptos. Esta es una estructura extraordinariamente inequitativa”.

Cambiaría esquema de recursos a IES

La Comisión de la Reforma a la Ley 30 de 1992 fue instalada con el propósito de redactar una versión del articulado del proyecto de ley para modificar el esquema de transferencia de recursos a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, definido actualmente por los Artículos 86 y 87 de dicha norma.

"La Educación Superior tiene un déficit estructural y queremos reformar la Ley 30 de 1992, que cumple 30 años y es la que define la bolsa de recursos para este nivel educativo", dijo el ministro de Educación, Alejandro Gaviria tras referirse al significado de este trabajo y cómo se está ejecutando.

Recientemente, el Ministerio instaló la Comisión en donde participan delegados del Congreso, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, del Sistema Universitario Estatal, la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas, profesores, trabajadores, y diversas organizaciones de estudiantes de las IES públicas.

Respecto al trabajo de la Comisión, la viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara Figueroa explicó que "constituye la primera fase de una eventual reforma integral a la Ley 30 de 1992, se revisarán en detalle los elementos que requieren ser reformados y los mecanismos e instrumentos jurídicos más apropiados para llevarlo a cabo".

Después de que el Gobierno anunciara el cambio del equipo de abogados que defiende a Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda que queda por resolver, de las tres que radicó Nicaragua, que tiene que ver con la pretensión de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, ayer la senadora Yenny Rozo, del Centro Democrático, presentó una proposición para que sea citado el canciller Álvaro Leyva con el fin de que explique si habrá cambios en la estrategia por parte de los nuevos agentes.
La parlamentaria Rozo dijo a Semana que “nos cambiaron los agentes que nos defendían ante Nicaragua y solo quedan 41 días para que se pueda armar de nuevo ese proceso y para que los nuevos abogados lo conozcan y nos defiendan”.

Queda pendiente por establecer la fecha para realizar este debate de control político, en el cual el canciller no solamente debe explicar cómo avanza el litigio con Nicaragua, sino las razones por las cuales el Gobierno tomó la decisión de cambiar el equipo de agentes que llevaba años al frente de la defensa de Colombia en este caso, integrado por el abogado y exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, quien oficiaba como agente, y el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, quien fungía como coagente.

Tanto Arrieta como Cepeda presentaron la renuncia a sus funciones una vez que se instaló el nuevo Gobierno, esto con el fin de dejarlo en libertad de que decidiera ratificarlos o designar un nuevo equipo, y sucedió esto último.

No obstante, el Gobierno mantuvo el grupo de abogados internacionales que acompañaban a Cepeda y Arrieta en esta labor ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quienes son Michael Reisman y Rodman Bundy (Estados Unidos); Jean-Marc Thouvenin (Francia); Laurence Boisson (Francia-Suiza) y Sir Michael Wood (Reino Unido).

El nuevo equipo que designó el Gobierno en el caso del litigio iniciado por Nicaragua contra Colombia en 2013, ante la Corte Internacional de Justicia, está integrado por Eduardo Valencia-Ospina, como agente, de quien dijo la Cancillería que “es uno de los juristas en Colombia más versados en el derecho internacional y en asuntos de la Corte Internacional de Justicia.

En segundo debate, la plenaria del Senado aprobó ayer el proyecto de reforma