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POLÍTICA

 

Pereira, Colombia - Edición: 12.997-577

Fecha: Jueves 03 de Noviembre de 2022

 

 

Suspenden al senador César Pachón por doble militancia

 

 

 

 

Igualmente, en la conciliación queda abierta la puerta para que el Gobierno pueda realizar una negociación de tipo político con las disidencias de las Farc e incluso con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’.

Ello a pesar de la oposición de varios parlamentarios, como Humberto de la Calle, quien considera que como estas organizaciones traicionaron el Acuerdo de Paz, lo único que les queda es el sometimiento a la justicia. El día de ayer se reunieron tres voceros ponentes de la Cámara de Representantes e igual número del Senado de la República con el ministro del Interior, Alfonso Prada, así como con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

En la reunión los parlamentarios explicaron al Gobierno cómo quedó la conciliación del proyecto por las diferencias que se presentaron en el articulado aprobado la semana anterior en las plenarias del Senado y de la Cámara.

 

Debate en el Senado por los altos costos de la energía




En el marco de un debate de control político sobre servicios públicos, en la Comisión Sexta del Senado, se evidenció que si bien las denuncias sobre los altos costos del servicio de energía eléctrica se concentran en los departamentos de la Costa Caribe, el problema afecta a varias regiones del país.

El presidente de esta célula legislativa, senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, se refirió al “abuso en el cobro de los servicios públicos”, en muchas regiones del país; mientras que su colega, Carlos Eduardo Guevara, del Partido MIRA, expresó que es “un imperativo, para el Gobierno y el Congreso, ponerle freno al alto costo de energía en el país”.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Sandra Yaneth Jaimes Cruz, vicepresidenta de la Comisión, anotó que “más del 60% de la población es víctima de las empresas de prestación de servicios públicos. La gente muchas veces deja de comprar alimentos para poder pagar los servicios públicos”, precisó.

En el mismo sentido, el senador Pedro Hernando Flórez Porras, del Pacto Histórico, denunció que en el departamento del Atlántico, las empresas Air-e y Afinia-Grupo EPM habrían negociado en total secreto unas condiciones de operación con el gobierno anterior, según él, “en detrimento de los usuarios”, y reclamó “que se levante la cláusula de confidencialidad para conocer, de primera mano, cómo fue la negociación entre el gobierno anterior y las empresas Air-e y Afinia”.

 

Hay que defender a los usuarios, más que a las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios”, ratificó contundente.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal del senador César Pachón, por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, al ser acusado de doble militancia. Un auto de la Sección Quinta del Consejo de Estado anunció la sanción contra el congresista, quien habría cometido la falta disciplinaria durante las elecciones legislativas.

“Suspender provisionalmente los efectos del formulario E-26SEN y la resolución E-3332 del 19 de julio de 2022 proferidos por el Consejo Nacional Electoral, en lo que hacen a la elección del demandado como senador de la República”, decía el documento. Al parecer, en plena campaña el actual senador dio su apoyo a Pedro José Suárez Vacca, quien en ese entonces era candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.
Por su parte, en redes sociales el congresista escribió un mensaje que al parecer era alusivo a la suspensión: "El problema no son los “manguitos” sino los que los dejaron llegar. Ampliaremos".

 

 

Inhabilitan por 10 años a exgobernador de Bolívar, Carlos Gossaín





En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, (2012 – 2015), por permitir el pago de más de $16 mil millones a dos IPS por conceptos relacionados con atención de pacientes de hemofilia, sin que existiera relación contractual con ellas.

El ente de control señaló que el monto que autorizó pagar el exmandatario local obedeció a la prestación de servicios de salud por medio de las IPS Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral, con lo que omitió el cumplimiento de la normativa que regula la obligatoriedad de contratar Empresas Sociales del Estado, ESE, para la atención de pacientes.

 

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 evidenció que el disciplinable no ejerció la debida función de vigilancia y control frente a las funciones delegadas y avaló el pago de $16.019.388.888 por concepto de procedimientos médicos que no cumplían los parámetros señalados por el Consejo de Estado, requeridos parta la prestación de los servicios de salud.

El Ministerio Público encontró acreditada la comisión de la falta de Gossaín Rognini y la calificó de forma definitiva como gravísima cometida a título de culpa gravísima.

La destitución e inhabilidad por 10 años cobija a la secretaria de salud titular, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; a la encargada, Bertha María Pérez López; por 12 años a la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud, Nacha Newball Jiménez; y sanción de suspensión por cuatro meses a Luis Eduardo Ortiz Herrera, profesional especializado de la precitada Gobernación.

 

Contra la decisión, procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de ​Servidores de Elección Popular.
 

 

Servicio social para la paz se salvaría en prórroga a Ley 418





Las plenarias del Senado y la Cámara votarían hoy la conciliación del proyecto gubernamental para prorrogar la Ley 418 de 1997, herramienta que requiere el presidente Gustavo Petro para adelantar conversaciones con los grupos armados ilegales en el marco de su política de paz. El texto conciliado, entre otros aspectos, acoge lo aprobado en Cámara sobre el servicio social para la paz, que sería alternativo al servicio militar obligatorio, el cual se había hundido en Senado.

 

  

 

 

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