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Costa Rica: caen dos colombianos
por transportar toneladas de coca
Guardacostas de Costa Rica
interceptaron en aguas del océano Pacífico una embarcación semisumergible con
unas dos toneladas de cocaína que eran transportadas por dos ciudadanos
colombianos.
Aeronaves de patrullaje de Estados Unidos localizaron la embarcación en la noche
y dieron aviso a las autoridades costarricenses para que el Grupo de
Intervenciones Especiales de Guardacostas interceptara el semisumergible a unos
148 kilómetros de la costa del Pacífico sur del país centroamericano.
A bordo decomisaron "aproximadamente dos toneladas de cocaína", señaló el
ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, en un vídeo difundido a la prensa.
"Dos ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano son los detenidos en esta
operación antinarcóticos", quienes se encontraban en la embarcación, agregó el
titular de la cartera de seguridad.
Los aprehendidos trataron de hundir la nave cuando fueron interceptados, sin
éxito. Las autoridades de Costa Rica habían sido avisadas por el gobierno de
Colombia sobre las sospechas en el cargamento.
Es la primera intervención de un semisumergible en Costa Rica en 2024. La última
vez fue en agosto de 2023.
En lo que va de 2024, Costa Rica ha decomisado 6,1 toneladas de cocaína. En 2023
se decomisaron 21,3 toneladas de esta droga, según datos del Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD).
Imputan por Corrupción al Exgobernador de
Santander, Mauricio Aguilar
La Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá ha avalado la imputación contra Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador
de Santander, por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de
contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. La imputación fue
formalizada por el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien
informó que, a pesar de las acusaciones, no se solicitará medida de
aseguramiento contra Aguilar.
La Fiscalía detalló que en 2021, Aguilar firmó un contrato con el canal regional
TRO por
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aproximadamente
5.848 millones de pesos, un acuerdo que, según la investigación, estuvo plagado
de irregularidades. El fiscal encargado del caso alegó que el convenio entre la
Gobernación de Santander y el Canal TRO careció de una adecuada planeación y
presentó múltiples anomalías. Según la Fiscalía, Aguilar otorgó el contrato de
manera directa, eludiendo el proceso de licitación pública que garantiza la
transparencia en la contratación estatal.
El contrato tenía como objetivo promover la imagen institucional "Siempre
Santander" a través de los medios de comunicación y entornos digitales del
departamento. No obstante, la Fiscalía sostiene que el exgobernador usó este
convenio para beneficiar a ciertos empresarios y amigos cercanos, quienes
habrían apoyado su campaña electoral de 2019.
Además de la imputación por corrupción, Aguilar enfrenta un juicio disciplinario
ante la Procuraduría General de la Nación relacionado con un contrato para una
plataforma tecnológica durante la pandemia de COVID-19. Este contrato, que
superó los 1.000 millones de pesos, tenía como propósito proporcionar
información y asistencia a la población a través de un centro telefónico. Sin
embargo, la investigación sugiere que el servicio no se prestó conforme a lo
prometido, y que la administración pagó por un servicio que no fue completamente
ejecutado. La Procuraduría cuestiona la gestión de Aguilar, señalando que delegó
en el entonces director de la Gestión del Riesgo, César Augusto García Durán, y
en el supervisor del contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila, responsabilidades
cruciales sin el debido seguimiento.
Este cúmulo de acusaciones refleja un patrón preocupante de mala gestión y
corrupción en el manejo de recursos públicos, poniendo en tela de juicio la
integridad de quienes ocupan cargos de poder en el país. La sociedad colombiana
sigue atentamente el desarrollo de estos casos, que subrayan la importancia de
la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Captura en Cali a falsa enfermera responsable de
fleteos en varios departamentos
En un operativo en el barrio San
Nicolás de Cali, las autoridades capturaron a una joven de 22 años que se hacía
pasar por enfermera para cometer robos en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila,
Nariño, Tolima y Valle del Cauca.
La mujer, quien tenía detención domiciliaria en Ibagué y había sido arrestada
previamente en Ecuador, utilizaba su falsa identidad para ganarse la confianza
de sus víctimas en entidades bancarias y centros comerciales.
Posteriormente, junto a su cómplice, alias “Gatillo”, quien también fue detenido
en un centro comercial del sur de Cali, seguía a las víctimas y las despojaba de
sus pertenencias utilizando armas de fuego.
Se estima que estos sujetos están
implicados en hasta 60 casos de hurto a nivel nacional, con un promedio de tres
casos diarios y
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cuantías que superan los 90 millones de pesos por cada uno. Las
autoridades también están investigando su posible participación en un robo a una
residencia en el oeste de Cali.
A la cárcel clan familiar señalado de producir
cocaína en Caquetá
Cinco personas que presuntamente
integraban una organización ilegal encargada de producir cocaína en Florencia
(Caquetá), fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal
adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Los señalados son
Carlos Julio Cerquera Reyes, Aura Lidia Carlos Scalante, Emmerson Andrés Álzate
Duque, Camila Cerquera Claros y Carla Vanessa Cerquera Claros, quienes fueron
capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en varios
inmuebles del municipio.
Durante el operativo, adelantado con el apoyo del grupo antinarcóticos de
Policía Nacional, fueron incautados cuatro kilogramos de cocaína. “El material
probatorio recolectado evidencia que estas personas se habrían coordinado para
dinamizar la producción y comercio de las sustancias ilegales. Para este fin
contarían con sus propios cultivos y un laboratorio en zona rural de Florencia
para el procesamiento de narcóticos”.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía determinaron que los
estupefacientes iban camuflados en electrodomésticos y encomiendas que eran
enviados a través de una empresa de mensajería en Caquetá con destino a Bogotá.
Uno de los presuntos integrantes, Emmerson Álzate Duque, quien sería trabajador
de dicha empresa, aprovecharía sus labores para recoger los estupefacientes y
esconderlos en las encomiendas con el fin de evadir los controles de las
autoridades.
Finalmente, en los lugares de destino distribuían a otras bandas ilegales las
sustancias que eran comercializadas al menudeo. También, Álzate Duque sería el
químico de la estructura, y en su poder estaba el definir las sustancias
controladas que debían ser adquiridas para el procesamiento de estupefacientes.
Información de la Fiscalía señalaría que Carlos Julio Cerquera Reyes sería el
líder de la red, además de ser quien velaba por las finanzas de la estructura,
supervisaba el cultivo, la producción, y transporte de los alijos. Por otro
lado, Carlos Scalante y las hermanas Cerquera Claros estarían encargadas de
recibir los cargamentos en la capital del país, así como de entregarlos a sus
compradores habituales.
La Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo a su posible grado de
responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes agravado, los cuales no fueron aceptados por los
imputados. Por pedido del ente acusador, todos los presuntos integrantes fueron
puestos en medida de aseguramiento en centro carcelario.
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