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NACIONAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.021-601

Fecha: Jueves 29-12-2022

 

Entre enero y noviembre hubo 25.272 muertes violentas en el país

 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su más reciente informe, indicó que en los primeros 11 meses de este año se presentó un incremento de muertes violentas.

Dice el informe de Medicina Legal que en el periodo enero-noviembre se reportaron 25.272 muertes violentas, dos mil casos más que los registrados el mes anterior. De este total, 21.942 correspondieron a hombres y 3.323 a mujeres. Esto representa un aumento de 1.632 decesos violentos frente al mismo periodo de 2021, cuando la cifra total fue de 23.640, de ellos 20.683 hombres y 2.951 mujeres.

De esa cifra, 12.045 corresponden a homicidios, 7.432 fueron muertes en accidentes de tránsito, hay 3.211 muertes violentas por otro tipo de accidentes y 2.584 suicidios.

 

Promedio de edades

 

Por edades hay 579 casos de homicidio cuyas víctimas fueron menores: 40 niños de 0 a 4 años; 19 de 5 a 9 años; 56 niños entre los 10 y 14 años; y 464 entre 15 y 17 años. Respecto a los jóvenes entre los 18 y 30 años, hay un registro de 5.244 homicidios; en adultos entre los 30 y 59 años se presentaron 5.700; abuelos entre 60 y más de 80 años, 522 homicidios.

De los 12.910 casos de homicidios, la Fiscalía indica que 6.080 se cometieron en zonas rurales. El 55,62% fue en la modalidad de sicariato; el 14,57% de los casos fueron en medio de riñas; el 4,52% fue producto de atracos; y el 1,82% por violencia intrafamiliar. Hay un 15,50% de casos en los que está por establecerse la modalidad del homicidio.

 

Gobierno priorizará construcción de vías terciarias sobre las 4G y 5G

 

Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Transporte, el jefe de esa cartera, Guillermo Reyes, afirmó que la prioridad del Gobierno nacional durante los próximos cuatro años serán las vías terciarias, ahora llamadas “caminos comunitarios para la paz total”, en lugar de las carreteras 4G y 5G.

 

El ministro sostuvo que “la infraestructura de transporte está vinculada con el objetivo del gobierno de alcanzar la justicia económica y

 

 

 

ambiental, pasando de una economía extractivista a una economía productiva, que busca transformar la infraestructura nacional, pues durante los últimos años se trabajó mucho en carreteras 4G y 5G, pero la intención ahora es desarrollar y potenciar los modos aéreo, fluvial y férreo, que fueron abandonados por los gobiernos anteriores”.

 



Lo dicho por el jefe de la cartera va en línea con lo que afirmó el presidente Gustavo Petro el pasado 7 de diciembre.

“Alguien dirá, o lo leía en la prensa, que US$6.000 millones, lo que costaría comprar tres millones de hectáreas para entregárselas a los pobladores rurales colombianos, como se acordó en los acuerdos de paz, es mucha plata para entregársela a los campesinos. Pero sí se van y se tiran un poco de plata en unas 4G de autopistas que solo sirven para importar productos de los puertos para matar la producción nacional en las grandes ciudades de Colombia. Allí sí no es costoso, no es costoso porque quienes van por esas autopistas son las tractomulas, cargadas de las mercancías de los dueños del gran capital en Colombia”, sostuvo el mandatario.

 

A prisión patrullera acusada de integrar red de prostitución

 

 

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Berta Ramírez Torres y a la patrullera de la Policía Nacional, Daniela Echeverry Gómez, por su presunta participación en una red de trata de personas, con fines de explotación sexual comercial que delinquía en Cartagena (Bolívar).

La evidencia obtenida a través de agentes encubiertos, líneas interceptadas, declaraciones de víctimas, registros de cámaras del sector y otras actividades investigativas, dan cuenta de que estas personas, al parecer, captaban jóvenes en condición de vulnerabilidad y las inducían a ofrecer servicios sexuales en el sector de la Torre del Reloj y otros sitios del Centro Histórico de la ciudad.

En ese sentido, se estableció que Ramírez Torres sería la principal articuladora de la
 

 

 

organización ilegal. El material probatorio indica que esta ciudadana utilizaba como fachada la venta de paquetes turísticos y  masajes y, mediante esta modalidad, entregaba a turistas nacionales y extranjeros un catálogo de mujeres que eran contactadas por ella para que cumplieran los servicios sexuales solicitados, obteniendo a cambio una comisión que ascendía a 200.000 pesos por cada víctima.

 

Como parte de las acciones desplegadas por la Fiscalía fueron recuperadas tres víctimas, una de ellas era la hija de Berta, quien habría sido explotada sexual y comercializada junto con dos jóvenes de nacionalidad Venezolana.

Por otra parte, se logró establecer que la patrullera Daniela Echeverry Gómez habría captado a integrantes de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual y los dineros obtenidos, producto de la actividad ilegal, eran repartidos con Bertha Ramírez Torres.

 

Colombianos pagarán más en bares y restaurantes desde enero

 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que a partir del 1 de enero del 2023, todos los establecimientos de comidas y bebidas del país que estén en el Régimen Simple de Tributación (RST) deberán volver a cobrar el impuesto al consumo.

Esta medida quedó aprobada en la Ley de Financiamiento sancionada en el 2021 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.

Así lo dio a conocer Adriana Solano Cantor, subdirectora del Registro Único Tributario (RUT): "en esta ocasión desde la DIAN queremos recordarles a todos los empresarios que se dedican al expendio de comida y bebidas de restaurantes y bares, y que se encuentran inscritos en el régimen simple de tributación que a partir del primero de enero vuelven a tener la obligación del impuesto nacional al consumo".

Cabe resaltar que la actualización del documento se puede hacer por medio de los canales digitales y presenciales de la DIAN en el territorio nacional.

Según el Gobierno nacional, este beneficio tributario fue creado con el fin de incentivar la reactivación de la economía y facilitar acciones para los empresarios. Quienes no cumplan con la norma se verán expuestos a sanciones penales.

 

 

  

 

 

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