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Conservadores y la U cierran filas
contra reforma a la salud
Pese a que el viernes pasado, de manera sorpresiva, se radicó la
ponencia del proyecto de reforma a la salud presentado por el
Gobierno, con la firma de dos congresistas de la U y el partido
Conservador, el panorama para la iniciativa en la Comisión Séptima
de la Cámara y en el Congreso en general sigue estando muy
complicado.
De un lado, porque en las presidencias de ambas colectividades se
desautorizó la suscripción de la ponencia por parte de los
representantes Camilo Ávila, de la U, y Gerardo Yepes, del partido
Conservador. Y, de otro, porque las cúpulas de esos dos partidos se
encuentran muy molestas con la maniobra de la Casa de Nariño.
Según trascendió el fin de semana, no se descarta que una vez pase
el receso legislativo por Semana Santa, en sendas reuniones de
bancada que se realizarán con el fin de analizar las implicaciones
de lo ocurrido, se adopte una posición drástica, ya que el Ejecutivo
intentó romper la unidad de esos partidos –que pertenecen a su
coalición– en cuanto a no respaldar la ponencia del proyecto
impulsado por la ministra Carolina Corcho.
Como se sabe, desde la misma noche del viernes el Directorio
Nacional Conservador, por intermedio de su secretario general,
Adolfo Pineda García, advirtió que la firma del representante Yepes
en la ponencia no representaba la posición de la colectividad. Pero
lo más importante del pronunciamiento es que para el martes 11 de
abril está convocada la bancada parlamentaria, tanto de Senado como
de Cámara, para revisar el tema de la reforma.
Según trascendió el fin de semana, hay varias voces en el
conservatismo que señalan que la maniobra gubernamental es muy grave
y, por lo tanto, se impondría tomar una medida drástica y
ejemplarizante para evitar que tanto en lo que resta del debate de
esta reforma, como en los otros proyectos claves del Ejecutivo, se
trate de acudir a la misma táctica desde la Casa de Nariño.
Iván Cepeda
presentará queja contra la Procuradora
El senador por el Polo Democrático Iván Cepeda ha anunciado este
domingo que ha presentado una queja
disciplinaria contra la procuradora, Margarita Cabello, por presunta
intervención política.
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La Procuraduría General de Colombia solicitó este fin de semana que se declarase
inexistente la ley 'Paz Total' aprobada por el Gobierno del presidente Gustavo
Petro para facilitar la negociación con grupos armados, ya que estaría
incumpliendo la ley al tratar una norma de seguridad ciudadana y sistema
judicial sin haber sido consultado con el órgano encargado, el Consejo Superior
de Política Criminal.
Cepeda también presentó este viernes una denuncia ante la Comisión de
investigaciones y acusaciones del Congreso contra el fiscal general, Francisco
Barbosa, por delitos de calumnia, prevaricato, abuso de autoridad, intervención
en política y abuso de función pública.
"Entre los hechos se destacan los constantes ataques a la paz, los
falsos señalamientos relacionados con la política de drogas del
gobierno nacional y el presunto uso del cargo con fines políticos y
electorales, en un intento por desequilibrar al Gobierno del
presidente Gustavo Petro", señaló Cepeda.
Barbosa, durante un evento celebrado en la capital dominicana de
Santo Domingo y ante la presencia de fiscales y procuradores
iberoamericanos, manifestó que el Gobierno colombiano había lanzado
en el Congreso propuestas para legalizar el narcotráfico.
Alcalde de Cali, en la mira
de Contraloría y Procuraduría
Muy complejo el fin de semana para el alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, que terminó no solo en la mira de sendas investigaciones de
la Contraloría y la Procuraduría, sino con sus cuentas bancarias y
bienes embargados.
De un lado, el sábado la Contraloría General anunció medidas en
torno a las denuncias sobre anomalías en la Empresa de Servicios de
Cali (EMCALI) y otros contratos.
El ente de control fiscal abrió proceso de responsabilidad fiscal
por presunto
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incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la
Imprenta Departamental del Valle del Cauca (Impretic´s) y la Unión Temporal
Windetec. La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción
de la Contraloría encontró irregularidades en un convenio interadministrativo
suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia
de la Policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las
cámaras. En este caso se encontró un presunto detrimento patrimonial por un
monto de $1.854 millones.
Por este caso quedaron vinculados como presuntos responsables fiscales el
alcalde Ospina, el secretario de Seguridad y Justicia, el supervisor del
contrato, el gerente general de Impretic´s y los miembros de la Unión Temporal.
Se ordenó, en consecuencia, el embargo de cuentas bancarias y bienes inmuebles
de los vinculados y adicionalmente se compulsaron copias a la Procuraduría y la
Fiscalía.
ELN debe aclarar si tiene
voluntad de paz: Gobierno
El ELN debe aclarar si tiene real voluntad de paz o
está utilizando el proceso de paz como un mecanismo para
fortalecerse. Ese fue el interrogante que quedó sobre la mesa tras
la reunión anoche, en la Casa de Nariño, entre el presidente Gustavo
Petro, la Iglesia y los delegados de los países garantes y
acompañantes. Dicha reunión fue citada de urgencia por el Gobierno
tras el asesinato el miércoles de nueve militares en el Catatumbo
por parte de esa guerrilla, con la que se adelanta una negociación
de paz.
El alto comisionado, Danilo Rueda, indicó que la asistencia de los
delegados de los países garantes y acompañantes, así como de la
Iglesia católica, evidencia el respaldo a “la construcción de esta
mesa de diálogo, que hoy tiene un traspié y una situación de
crisis”.
“Hemos compartido con el presidente y con todos los que forman parte
de esta mesa de diálogo el mensaje múltiple de las comunidades en
distintos territorios en donde el ELN opera. Un mensaje de
solidaridad con los soldados que han caído, pero también un mensaje
perentorio para que el ELN actúe en consecuencia con sus propósitos
e ideales políticos. Nada justifica, con cese o sin cese, este tipo
de situaciones que generan desesperanza en la sociedad colombiana,
pero que en particular afectan a los pobladores de todos estos
territorios que están hastiados de la violencia”, precisó el alto
comisionado.
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