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El Senador Iván Cepeda habló sobre
la petición de dos partidos políticos para que el presidente se
practique exámenes médicos
Después de que se conocieran las intenciones de dos partidos
políticos para solicitar ante el senado que obligue al presidente a
realizarse un examen médico y certificar su idoneidad física y
mental para mantenerse en el cargo más importante del país, el
senador Iván Cepeda indicó que los partidos de oposición están
acudiendo a “trivialidades” para manchar la imagen de Gustavo Petro.
Además, Cepeda comentó que ese es un recurso que tiene la oposición,
aunque se aparte de los problemas reales de Colombia: “Por supuesto
esa es una opción, el ser ligeros en el debate público. Ese es el
camino que han tomado unas personas en la oposición política, que yo
considero es una pérdida de tiempo”.
El congresista también invitó a la oposición del Gobierno a
presentar argumentos que colaboren con el progreso del país.
“Quisiéramos escuchar opiniones más inteligentes, serias,
consistentes, pero bueno, también hay lugar a la trivialidad y a la
ligereza”.
Congreso exigirá cuentas al
Gobierno sobre adjudicación de tierras
El Gobierno nacional será conminado por el Congreso para que informe
a ciencia cierta cuál es su gestión para la
formalización de tierras, después de que en días pasados la
Procuraduría General asegurara que no corresponden a la realidad las
cifras que ha entregado de 1'184.630 hectáreas, sino que son 269.321
hectáreas. Por esta situación, el senador conservador Marcos Daniel
Pineda solicitó en la Comisión Quinta un debate de control político,
que está pendiente de que le asignen la fecha.
El senador Pineda confirmó sobre este
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debate en la Comisión Quinta que “soy el citante, estoy a la espera
de que le pongan fecha”.
Para este debate serán citados la ministra de Agricultura y
Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina. También será
invitada la procuradora general, Margarita Cabello, entre otros.
La reforma agraria es uno de los principales propósitos que tiene el
presidente Gustavo Petro, y en este sentido se comprometió a avanzar
en lo que contempla el Acuerdo de Paz del 2016, que es la
adjudicación de tres millones de hectáreas a campesinos pobres.
En su discurso en la instalación de la segunda legislatura del
Congreso, el pasado 20 de julio, el presidente entregó cifras en la
materia. “Titular no es cambiar la posesión de la tierra. Ojo.
Podemos equivocarnos y yo no quiero engañar a nadie: titular es
reconocer la posesión que tenga alguien hoy sobre tierras. En ese
tema –que tiene que ver con el punto uno del Acuerdo de Paz de las
FARC con el Estado colombiano– se habló de titular siete millones de
hectáreas… Pues bien, de esos siete millones de hectáreas, nosotros,
este gobierno, ha titulado un millón de hectáreas. 756.000 hectáreas
han sido para los indígenas y 175.000 hectáreas para campesinos”,
dijo Petro.
“Nos dijeron que todo había sido
coordinado por Santos”: Uribe habla de Odebrecht
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que hace algunos años recibió
información sobre la supuesta relación entre la multinacional
Odebrecht y la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.
“Cuando todo vale para la paz, la paz queda sin valor”. Con esta
frase, en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el
expresidente Álvaro Uribe señaló a Juan Manuel Santos de presuntos
nexos con Odebrecht. El jefe del Centro Democrático aseguró que
Santos tendría conocimiento sobre los pagos de la empresa brasileña
a campañas políticas y a funcionarios colombianos.
“Hace unos años, y lo hemos hecho público, el expresidente Pastrana
y yo recibimos una información de un colombiano Carlos Plata y de
una persona vinculada a la DEA y a la CIA sobre la investigación que
autoridades internacionales hicieron de pagos a Odebrecht, la
información que nos dieron la publicamos, salió exacta, con
destinatarios, beneficiarios, cuantías de pesos y centavos. Además,
nos dijeron que todo había sido coordinado por Juan Manuel Santos”,
dijo.
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Corte pone la lupa a
constitucionalidad de Ley de Paz Total
Con el antecedente de que la Procuraduría General de la Nación
indicó en un concepto que la llamada Ley de Paz Total es
inconstitucional, la Corte Constitucional realizará una audiencia en
la que se analizarán tres de las demandas en contra de la Ley 2272
de 2022.
El auto 1851 de 2023, con ponencia de los magistrados Natalia Ángel
y Antonio José Lizarazo, convoca la audiencia pública con el
propósito de que los demandantes, las autoridades que participaron
en la elaboración de la norma, las organizaciones y personas
expertas en la materia respondan a la Corte preguntas sobre aspectos
técnicos relevantes para la solución de las demandas presentadas.
La Ley de Paz Total fue impulsada por el Gobierno con el fin de que
sirva de piso jurídico para la negociación judicial que espera
realizar con grupos armados multicrimen para su sometimiento a la
justicia; así como una negociación de tipo político con las
guerrillas con la expectativa de firmar acuerdos de paz.
En la audiencia se abordarán cuatro ejes de discusión. El primero
tiene como objetivo analizar el contexto sobre los agentes
responsables de graves y masivas violaciones a los derechos humanos,
crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia; en segundo
lugar, las negociaciones con estos grupos armados en el pasado.
En tercer lugar, la reincidencia y su impacto en las dinámicas de
violencia del país; y en cuarto lugar, las implicaciones del
incumplimiento por parte de algunas personas de los anteriores
acuerdos de paz y negociaciones.
En el segundo eje se busca profundizar en aspectos relacionados con
la constitucionalidad de la facultad de adelantar conversaciones o
acercamientos con “estructuras armadas organizadas de crimen de alto
impacto” y la de suspender las órdenes de captura en su contra. El
tercer eje se refiere al análisis de constitucionalidad de la
facultad presidencial de designar como voceros a integrantes de
organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad y las
consecuencias que pueden derivarse de dicha designación.
La diligencia contó con tres grupos de intervinientes: demandantes,
autoridades –el Gobierno nacional, el fiscal general de la Nación,
el Ministerio Público– y organizaciones y personas expertas en
asuntos de paz y negociación con grupos armados ilegales.
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