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Fiscalía cita al general (r) Ricardo Díaz por
denuncias de corrupción
A declarar fue citado por la Fiscalía General de la Nación el exviceministro de
Defensa, el general (r) Ricardo Díaz, por los presuntos actos de corrupción en
el ministerio en el cual trabajaba y que dio a conocer a la opinión pública el
domingo.
Ante esta situación, el jefe investigador abrió una noticia criminal a efectos
de corroborar, mediante los actos de investigación correspondientes, la
información divulgada, y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes
serían sus autores y partícipes.
El general Díaz deberá presentarse ante la Fiscalía para que concrete los hechos
de los que tuvo conocimiento y aporte las pruebas que respalden lo denunciado.
Díaz, que fue relevado de su puesto en mayo, aseguró en una entrevista a la
Revista Semana que recibió presiones para la compra de estos aparatos, de
fabricación italiana, en una trama que involucra a la primera dama, Verónica
Alcocer, así como a los hermanos de Armando Benedetti, exembajador colombiano en
Venezuela.
Tras conocer la oferta de compra, realizada por el coronel Eduardo Mejía, que le
ofreció hasta 700 millones de pesos por la transacción, Díaz informó a su
superior en una reunión, el ministro de Defensa Iván Velásquez, quien le
comunicó que resolvería el asunto.
De acuerdo con Díaz, en el negocio había presuntos intereses de personas muy
cercanos al Gobierno de Gustavo Petro, donde incluso le ofrecieron una
millonaria suma de dinero para interceder en el contrato.
Según el general, los hechos ocurrieron la primera semana de septiembre de 2022.
Hasta el momento, nadie del Gobierno se ha pronunciado al respecto de las
afirmaciones del general Díaz.
Pareja robaba a extranjeros en el aeropuerto El Dorado: se hacían pasar por
policías
Dos delincuentes que se hacían pasar
por policías para robar a turistas y pasajeros, fueron
capturados el fin de semana por las autoridades en aeropuerto El Dorado, de
Bogotá.
Los presuntos ladrones se vestían con
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uniformes similares para suplantar a
verdaderos agentes y abordaban a sus víctimas a las afueras del terminal
aéreo. Los delincuentes escogían a pasajeros nacionales o extranjeros y se
identificaban como integrantes de la Policía Nacional. Según las autoridades,
los ladrones preferían abordar a pasajeros que pedían transporte público por
aplicaciones.
Gracias a las denuncias de la ciudadanía se logró identificar que estas personas
se harían pasar por policías para engañar a los viajeros y así hurtar elementos
de valor.
Las autoridades identificaron su modus operandi: los delincuentes, quienes
portaban arma de fuego, luego de visualizar a la próxima víctima suplantaban a
la autoridad, la abordaban y señalaban de haber cometido algún delito, por lo
que lograban intimidar y aprovechaban para hurtar las pertenencias de valor del
viajero.
Al momento de emprender la huida para evadir los controles de la Policía, los
delincuentes alteraban las placas del vehículo.
La mujer que le dijo “simio” a la vicepresidenta pagará 17 meses de cárcel
Fabiola Rubiano, la mujer que lanzó comentarios racistas contra la
vicepresidenta Francia Márquez, diciéndole “simio”, fue condenada. La Fiscalía
logró demostrar su responsabilidad en los delitos de actos de discriminación y
hostigamiento. Una juez concluyó que, tras el material probatorio y el acuerdo
de aceptación de cargos, es viable la condena.
La mujer tendrá que pagar 17 meses de cárcel por los delitos que fueron
imputados por la Fiscalía y que la misma Fabiola aceptó cometer. Sin embargo, a
partir de la aceptación de cargos y los hechos que fueron expuestos en el curso
del proceso, la señora Fabiola podrá pagar esa pena en libertad y con un periodo
de prueba, luego de pagar las pólizas correspondientes.
Para la juez, Fabiola Rubiano no solo atacó con sus comentarios racistas a la
vicepresidenta Francia Márquez, sino a toda una población, de ahí que los
delitos que le
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fueron imputados se enmarcan en el propio daño causado y, por
tanto, la condena se ajusta a los lineamientos legales.
La Fiscalía también explicó, con el escrito de acusación, que los
actos de discriminación y hostigamiento quedaron en evidencia en la voz y la
imagen de la misma responsable, es decir, la señora Fabiola Rubiano que, tras
revisar los videos, viralizados en redes sociales, no tuvo otro camino que la
aceptación de cargos.
La juez que
condenó a Fabiola Rubiano, explicó que los hechos fueron probados por la
Fiscalía, no solo a través de los videos que publicaron diferentes medios de
comunicación, sino en la aceptación de cargos que anticiparon esta condena.
Operación Apolo enfocada a combatir el
hurto a vehículos
Durante la investigación de la "Operación Apolo," se logró identificar una
empresa criminal organizada originaria del Departamento del Valle del Cauca, con
antecedentes de receptación y hurto de automotores en esta región, enfocando sus
acciones en las ciudades de Pereira, Dosquebradas, Armenia, Cali, Cartago.
El proceso de análisis de interceptaciones de comunicaciones y acciones
judiciales, reveló que esta organización era una empresa criminal altamente
estructurada. Sus miembros desempeñaban roles específicos, como coordinadores,
transportistas, haladores y receptadores. Estos individuos seguían de cerca a
las víctimas, utilizando controles mágicos o universales para escanear los
sistemas de seguridad de los vehículos. Una vez encontraban la oportunidad
adecuada, desbloqueaban y hurtaban los automóviles mediante la modalidad de
halado, operando principalmente durante las horas nocturnas y madrugadas.
Debido a la rapidez y planificación con la que actúan, los vehículos robados a
menudo estaban fuera del área metropolitana, antes de que las víctimas se dieran
cuenta del hurto. Los delincuentes posteriormente modifican y regraban los
números de identificación de los vehículos, también cambian las placas por las
de otros automóviles similares. Estos vehículos adulterados eran comercializados
en el Suroeste del país, específicamente en las regiones del Cauca, Valle del
Cauca y Huila.
De esta manera fueron presentadas ante la autoridad competente cinco personas
capturadas mediante orden judicial, quienes tienen edades entre los 20 y 46
años, los cuales deberán responder por los delitos de hurto calificado y
agravado y concierto para delinquir.
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