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Francia Márquez ya
tiene su viceministra de las Mujeres: quién es Diana Marcela Gómez
Con la creación del Viceministerio de las Mujeres, como parte del
Ministerio de Igualdad liderado por la vicepresidenta y ministra de
la Igualdad, Francia Márquez Mina, se materializó el jueves 14 de
septiembre del 2023 la posesión de la antropóloga Diana Marcela
Gómez Correal como viceministra de las Mujeres, siendo un hecho
histórico para el país, según la nueva funcionaria.
Diana Marcela Gómez Correal es una académica con un currículum en el
que exhibe un doctorado de la Universidad de Carolina del Norte y la
experiencia en docencia, siendo profesora en instituciones de
renombre como la Universidad de Los Andes, en el Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, y la Pontificia
Universidad Javeriana. Además, ha asesorado la creación de políticas
públicas en la Alcaldía de Bogotá.
Su trayectoria académica se centra en temas cruciales como la paz,
la justicia transicional, los derechos de las víctimas, la memoria
histórica y los estudios de género y feministas. Su trabajo la llevó
a ser reconocida por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y a recibir el Martin Diskin
Dissertation Award de LASA y Oxfam en 2016.
La nueva viceministra se mostró entusiasmada por esta designación y
expresó su compromiso de escuchar las demandas de las mujeres y de
trabajar incansablemente desde el Estado.
“Sabemos que es un enorme reto avanzar en una política pública
interseccional, pero lo asumimos como la profundización de un camino
que se viene adelantando desde el Gobierno colombiano en sus
diversas escalas”, afirmó.
La vicepresidenta Francia Márquez Mina subrayó la importancia de
este Viceministerio en la lucha contra la inequidad y la desigualdad
en Colombia. “Las violencias contra las mujeres se viven en todos
los escenarios de la sociedad, y tenemos que trabajar con todas, en
medio de la diversidad, de las diferencias y de las visiones
ideológicas contrarias”, enfatizó. También hizo un llamado a
trabajar con los hombres para desmantelar las violencias
patriarcales, racistas y clasistas presentes en la sociedad
colombiana.
Eje Cafetero:
centroderecha no cederá en elecciones
El eje Cafetero ha sido un bastión de la centroderecha en el país,
en donde en Quindío, Caldas y Risaralda por lo general se han
elegido gobernadores y alcaldes en sus respectivas capitales de este
sector político. En los comicios del próximo mes no cambiaría esta
tendencia, según lo que muestran las encuestas.
Antes de mirar cómo están los
favoritismos a gobernación en los tres departamentos y sus
capitales, vale recordar cómo le fue allí a Gustavo Petro en las
elecciones presidenciales del 2022, cuando se dio la mejor actuación
en las urnas en la historia
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de la izquierda en Colombia, que apoyó
este nombre, junto con una parte de los alternativos.
En esa ocasión en la primera vuelta en Caldas, Rodolfo Hernández
sacó 147.287 votos, Federico Gutiérrez 136.910 votos y Gustavo Petro
131.908 sufragios.
En Quindío, Petro obtuvo 84.365 votos; Federico Gutiérrez 82.165
sufragios; y Sergio Fajardo 13.819 votos.
Y en Risaralda, Petro 164.204 votos; Hernández 147.122 votos; y
Federico Gutiérrez 112.665.
Mientras que, en segunda vuelta en Caldas, Rodolfo Hernández obtuvo
267.988 y Gustavo Petro 187.346.
En Quindío en segunda vuelta en esa oportunidad se dio un fenómeno,
pues ante la posibilidad del triunfo de Petro, modificó el respaldo
que le dio en la primera vuelta.
Entonces en ese balotaje los quindianos prefirieron a Hernández con
151.653 votos, mientras que Petro sacó 113.537 sufragios.
En tanto que en Risaralda pasó lo mismo que en Quindío, pues se le
volteó el voto a Petro frente a lo que ocurrió en la primera vuelta.
Por lo tanto, los risaraldenses en el balotaje se decidieron por
Hernández con 238.963 votos, mientras que Petro sumó 216.227
sufragios.
El Eje Cafetero también ha sido un bastión del uribismo, por tanto,
del Partido Centro Democrático, en donde ganaron en las respectivas
elecciones Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos (en su primer gobierno
que se presentó con el respaldo de esta corriente política), Óscar
Iván Zuluaga e Iván Duque.
U. públicas respaldan
proyecto de reforma de educación
Rectores de cuatro universidades públicas en el país respaldaron el
proyecto de reforma a la educación presentado por el Gobierno ante
el Congreso este martes.
Este pronunciamiento se conoce días después que desde las casas de
educación superior privadas expresaran “peros” a esta iniciativa,
una de las más importantes y polémicas del Ejecutivo este segundo
semestre.
A través de un comunicado, los rectores de la Universidad Nacional
de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y
Universidad Industrial de Santander aseguraron que han venido
sumando esfuerzos, con la intención de fortalecer el sistema de
educación superior pública.
De la misma manera, aseguraron que han enfocado sus esfuerzos para
defender el carácter de derecho fundamental, progresivo y de
servicio público de la educación. “Reconocemos el esfuerzo del
Gobierno nacional al presentar un proyecto de Ley Estatutaria que
refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación en todos
los niveles, recogido en el bloque de constitucionalidad y el
precedente jurisprudencial desarrollado por la Corte
Constitucional”, se lee en el comunicado.
Destacaron que “pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama
el trámite de una ley estatutaria, creemos firmemente que ella es
necesaria y oportuna en tanto reconoce principios constitucionales
como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en
Colombia”.
Igualmente, consideran necesario el inicio de las discusiones de
este proyecto en el Congreso, a fin de dar forma a una propuesta
que, a su juicio, beneficia al
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sector.
“En este escenario las universidades y demás
actores del sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de
una educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad,
financiamiento adecuado, enfoque territorial, equidad; promoviendo que, además,
estos elementos se articulen con otras iniciativas gubernamentales como el
proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, en donde estamos construyendo
importantes insumos desde nuestras comunidades”, destacaron los rectores en el
documento.
Hicieron hincapié en que el propósito que tienen como universidades públicas es
garantizar el desarrollo y la construcción de la nación “desde nuestras
funciones misionales de docencia, investigación y extensión”. “Por esta razón,
respaldamos la apuesta del Gobierno nacional de garantizar el derecho a la
educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de acceso
y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema
educativo es mixto”.
¿Qué pasará con
funcionarios de la Procuraduría si le quitan facultades a ese ente?
El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo un acto
legislativo en el que insiste que la Procuraduría no tenga funciones
sancionatorias contra funcionarios que sean elegidos por voto
popular.
Según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien lidera
esta iniciativa, el Gobierno radicará en marzo de 2024 un proyecto
que tiene la finalidad de quitarle dientes a la Procuraduría, debido
a que no es juez.
“El proyecto de acto legislativo propone que la Procuraduría, tal
como ya lo ha establecido la jurisprudencia internacional y la
constitucional, al no ser juez, no puede suspender ni destituir
funcionarios de elección popular”, expresó el ministro.
Y agregó que “ese proyecto de reforma lo que intenta es que mediante
un retoque a esos artículos de la Constitución, suprimir toda
función de la Procuraduría que tenga relación con suspender,
destituir e inhabilitar a estos funcionarios”.
Ante esto, aclaró que se busca que “una autoridad administrativa no
pueda impedir a quien ganó las elecciones que ejerza el cargo”.
El ministro explicó cómo sería el futuro de los funcionarios
judiciales que tienen funciones sancionatorias en el ente de control
luego del acto legislativo.
Según expresó Osuna, “como el proyecto de acto legislativo suprime
las facultades de la Procuraduría para intervenir en los procesos
penales en el sistema penal acusatorio, van a quedar una serie de
funcionarios de la Procuraduría (a quienes), por supuesto, se les
van a garantizar su estabilidad laboral y sus salarios, pero que se
trasladan al poder judicial, ya sea como jueces o como fiscales”.
El jefe de la cartera de justicia agregó que el proyecto le da
facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para que
tenga potestad de decidir sobre estos traslados, cómo operaran y en
qué sedes se distribuirán estos funcionarios del Ministerio Público.
Cabe recordar que esta discusión ha generado fuertes discusiones
entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello.
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