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Militares sin máxima responsabilidad tendrás penas
mínimas
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una resolución que establece
las penas para los militares que no sean considerados máximos responsables de
crímenes relacionados con el conflicto armado en Colombia. Esta decisión impone
sanciones que van desde 15 días hasta 2 años en forma de obras reparadoras
(TOAR) hacia las víctimas, y estableciendo criterios específicos para la
determinación de la duración de la pena en cada caso.
La resolución de la JEP establece criterios específicos que determinarán la
duración de la pena para los militares involucrados en casos relacionados con el
conflicto armado en Colombia. La gravedad de las conductas cometidas, el nivel
de participación o rol desempeñado por el uniformado en los delitos, el número
de hechos delictivos atribuidos, el número de unidades involucradas,
características individuales del participante y de las víctimas, así como la
situación jurídica en la justicia ordinaria, son algunos de los factores que
influirán en la categorización de los comparecientes.
El documento establece tres categorías principales en los crímenes cometidos:
- Con un bajo grado de responsabilidad, en los cuales la pena oscila entre 15
días y 4 meses de obras reparadoras.
- Con un alto grado de responsabilidad, que tendrán una sanción va de 4 meses a
1 año.
- Con un alto grado de responsabilidad, cumplirán penas que van desde 6 meses
hasta 2 años (23 meses y 29 días).
La JEP también considerará criterios de gradualidad para determinar la pena
exacta en cada caso. Esto significa que, si un militar mostró un alto grado de
compromiso con el Sistema Integral para la Paz, realiza actos con contenido
reparador, reconoce tempranamente su responsabilidad y cumple con decisiones
judiciales previas, es posible que reciba una pena menor dentro de los
parámetros definidos en su categoría.
Clan del Golfo deja dos militares y un
policía muertos en menos de 24 horas
En menos de 24 horas el clan del Golfo asesinó a un policía y dos militares en
los municipios de Planeta Rica y Tierralta
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(Córdoba), a pocas
horas de las elecciones regionales.
El más reciente hecho se presentó en Tierralta, sobre las 6:30 de la mañana del
viernes 27 de octubre, cuando una tropa de la Brigada XI del Ejército fue
asediada con ráfagas de fusil y conducida a un campo minado.
“En desarrollo de operaciones militares de estabilidad y protegiendo la vida de
los habitantes de la vereda Crucito, del municipio de Tierralta, Córdoba, una
unidad militar fue atacada con ráfagas de fusil y víctima de la activación de un
campo minado”, indicó el Ejército.
De acuerdo con la institución armada, las tropas atacadas cumplían funciones del
plan democracia en la zona, previo a las elecciones regionales del domingo 29 de
octubre.
“En el sector donde se presentó esta acción terrorista, que viola los derechos
humanos e infringe las normas del derecho internacional humanitario delinquen
las subestructuras Javier Yepes Cantero y Juan de Dios Úsuga, del GAO Clan del
Golfo”, agregó la brigada XI del Ejército.
Cayó alias Coki, responsable de lanzar un
artefacto explosivo contra un motel en el barrio Venecia, en Bogotá
La colaboración ciudadana fue clave para que el Gaula de la Policía Nacional
lograra dar un golpe contra la peligrosa organización delictiva conocida como
Los Satanás, que opera en varias localidades de Bogotá.
Entre los capturados se encuentra un criminal conocido como ‘Coki’, a quien se
le atribuyen una serie de extorsiones a comerciantes y se le señala como el
responsable de lanzar un artefacto explosivo contra un motel en el barrio
Venecia, sur de la ciudad, el pasado 16 de octubre.
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Los integrantes de Satanás vienen haciendo de las suyas en Bogotá
desde hace tiempo. Estos sujetos se dedican a extorsionar a comerciantes,
bicitaxistas y personas del transporte informal, exigiendo pagos semanales que
oscilan entre $1.000.000 y $2.000.000.
La modalidad de extorsión empleada por este grupo delictivo
involucraba la intimidación de sus víctimas a través de panfletos amenazantes,
en los cuales exigen sumas de dinero a cambio de permitir que las actividades
comerciales continuaran sin incidentes. La negativa de pago ponía en riesgo la
integridad de los comerciantes y sus empleados.
El operativo de la Policía Nacional culminó con la detención de
cinco hombres en flagrancia, en dos diligencias de registro y allanamiento,
entre ellos alias Coki. Se incautó dinero en efectivo, mil dosis de
estupefacientes, dos teléfonos celulares, un proveedor, un arma traumática, una
granada incendiaria, una granada de fragmentación y 22 panfletos con mensajes
amenazantes relacionados con el grupo de delincuencia común organizada
‘Satanás’, con los cuales aterrorizaban a sus víctimas.
$50 millones de recompensa por homicidas de
abogado y su hijo
La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece hasta $50 millones de recompensa para
la persona que brinde información que permita localizar a los responsables del
doble homicidio en la calle 183 con carrera 9.
La institución garantiza absoluta reserva para las personas que suministren
información sobre los responsables. Quienes tengan información pueden
comunicarse a la línea contra el crimen 3057675409 o 3143587212 o al correo
electrónico mebog.sijin-patric@policia.gov.co.
Cabe recordar que la víctima fue identificada como Carlos Ernesto Gaviria
abogado y quien conducía el vehículo en el que él y su hijo de 14 años fueron
asesinados. De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en la localidad
de Usaquén, mientras el hombre conducía fue baleado por delincuentes en moto.
Inicialmente se hablaba que el cadáver del niño no tenía heridas de impacto de
fuego. Sin embargo, la Policía de Bogotá confirmó que una de las balas si
alcanzó al menor en la parte izquierda del tórax.
“La verdad en estos momentos se acaba de realizar la inspección técnica que
acaba de haber por parte de nuestro CTI donde se verifica y efectivamente uno de
los impactos que fue prácticamente al padre del joven también lo impacta y le
quita la vida de esta manera”, indicó el coronel Javier Gallego.
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