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Fiscalía citó a Álvaro Uribe Vélez para que
entregue su versión sobre la masacre de El Aro
El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, fue citado por un delegado
de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia para que
rinda declaración libre tras las acusaciones del ex jefe paramilitar Salvatore
Mancuso, que lo acusó de tener conocimiento de la masacre de El Aro, cometida
por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 22 de octubre de 1997.
El ex jefe de Estado también deberá dar su testimonio por el asesinato del
defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, que fue perpetrado el
27 de febrero de 1998. Según confirmó el ente investigador, la diligencia
judicial se hará por solicitud del exmandatario, que a través de sus redes
sociales pidió formalmente ser escuchado en este proceso, luego de los
señalamientos de Mancuso.
La versión libre fue programada para el lunes 27 de noviembre y se desarrollará
de acuerdo con los parámetros que están definidos en la Ley 600 del 2000, que
comprende al anterior sistema penal. “Con relación a estos casos, la Fiscalía ha
realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante
material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos”,
manifestó la entidad.
¿Qué dijo Salvatore Mancuso de Álvaro Uribe?
En la audiencia reservada efectuada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
el ex cabecilla de las autodefensas habló de la masacre de El Aro y el crimen de
Valle y, manifestó que Uribe Vélez “siempre tuvo conocimiento” de las
operaciones de la estructura paramilitar que llevaron a esta masacre, en la que
fueron asesinadas 17 personas, todas ellas campesinas, mientras que cientos más
huyeron de la zona.
En esa época Uribe era gobernador de Antioquia y Moreno, secretario del gabinete
del entonces mandatario regional, que ejerció en el cargo entre 1995 y 1997.
Según el exjefe “para”, desde la gobernación existía “preocupación enorme” por
el traslado de secuestrados hacia esa zona, por parte de la guerrilla de las
FARC, motivo que derivó a la planificación de esta ofensiva.
El ataque fue planeado, de acuerdo con Mancuso, con el general (r) Alfonso
Manosalva, excomandante de la IV Brigada, que murió antes de la masacre, por lo
que la operación continuó fue un general de apellido “Ospina”, que por el
registro del sucesor del fallecido oficial, podría tratarse del general (r)
Carlos Ospina Ovalle; aunque no mencionó su nombre.
Cae miembro del Clan del Golfo vinculado
con narcotráfico en el Darién
Las Fuerzas Armadas de Colombia confirmaron la detención de tres supuestos
miembros del Clan del Golfo, incluido José Enrique Casama,
alias 'El Indio', directamente vinculado al narcotráfico a través de la región
del Darién. De acuerdo
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con las autoridades colombianas, 'El
Indio' sería el encargado de gestionar las finanzas del Clan del Golfo y está
involucrado en actividades criminales como el cobro de extorsiones a
comerciantes.
"Se estableció que también coordinaba las rutas del narcotráfico para el
transporte de drogas hacia Centro y Norte América a través del Pacífico, así
como la entrada de insumos químicos para el procesamiento de cocaína",
informaron las Fuerzas Armadas en un comunicado.
'El Indio' es un hombre de 38 años y otros doce de experiencia en el Clan del
Golfo. Desarrollaba sus actividades criminales en las subregiones de Alto Darién
y El Atrato, en el noroeste de Colombia.
Las autoridades de Colombia han celebrado que la detención de 'El Indio'
representa un "golpe significativo" a la estructura criminal del Clan del Golfo.
Además de la captura de los tres supuestos criminales, el Ejército ha incautado
20 kilos de pasta base de coca.
Condenan a un exagente del DAS por la tortura
contra la periodista Claudia Duque
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a doce años y medio de
cárcel a Ronald Harbey Rivera Rodríguez, tras declararlo uno de los responsables
de la tortura que la periodista Claudia Julieta Duque Orrego sufrió entre 2001 y
2004, por parte de varios agentes del DAS, a causa de su labor.
Al confirmar que la tortura padecida por Claudia es un delito de lesa humanidad,
el Tribunal encontró que Rivera, en su calidad de entonces agente del DAS, es
penalmente responsable como coautor. En concreto, los hechos endilgados al
exfuncionario se remontan a marzo de 2003 y continuaron hasta diciembre de 2004.
Rivera Rodríguez era parte del Grupo de Inteligencia G3, desde donde se organizó
toda clase de intimidaciones agresivas en contra de Claudia Julieta, quien
entonces investigaba el crimen contra el humorista y también periodista Jaime
Garzón. Como resultado, fue perfilada, perseguida y psicológicamente torturada.
El Tribunal adujo que la información aportada por Rivera al Grupo de Asuntos
Especiales y al Grupo de Inteligencia G3 provocó la persecución de Claudia
Julieta Duque, quien resultó señalada falsamente por ser auspiciadora del
terrorismo. El hostigamiento fue tan grande que tuvo que exiliarse dos veces.
El Tribunal concluyó que Ronald Harbey Rivera Rodríguez, habiendo integrado
varias unidades del DAS, aportó la información necesaria para que Claudia
Julieta fuese torturada. Sus tareas no fueron solo de escritorio, sino que
"incluían seguimiento a fuentes, es decir, trabajo de campo".
"Puestas, así las cosas, la sala encuentra que estos hechos convergen en la
responsabilidad penal de Ronal Harbey: él integró la organización criminal
existente en la Dirección General del DAS, pues desde su llegada en marzo de
2003 prestó su experticia para hacer seguimiento ilegítimo y obtener información
de ONG y entes opositores al Gobierno", anotó el Tribunal.
La sentencia concluyó, al encontrar culpable a Rivera Rodríguez, que "en el 2004
suministró, mediante el GAES, datos relevantes del Colectivo a la Subdirección
de Operaciones y, además, en noviembre de ese año, en el GEI-3 hizo seguimientos
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y analizó la información relacionada con Claudia Julieta".
‘Jimmy Leal’, cabecilla de la Segunda Marquetalia capturado por extorsionar a
comerciantes
Tras la captura de Jimmy Leal en septiembre por ataques a comerciantes que no
accedían a extorsiones, ahora la Fiscalía General volvió a presentarlo ante un
juez de control de garantías, señalado el homicidio de tres hombres y el
secuestro de dos personas.
Wilmer David Celeita Morales, conocido como ‘Jimmy Leal’, es señalado como uno
de los líderes de la disidencia de las FARC, autodenominada Segunda Marquetalia.
En este caso, se le imputaron cargos por su presunta participación en homicidios
colectivos y otros delitos ocurridos en el departamento de Caquetá.
El pasado 29 de abril, ‘Jimmy Leal’ habría formado parte del grupo armado que
ingresó a una finca en el corregimiento El Danubio, en Florencia. Las pruebas
indican que disparó indiscriminadamente contra los ocupantes de la propiedad, lo
que generó la muerte de tres hombres y dejó gravemente herida a una mujer.
Durante el ataque, se presume que este hombre secuestró a dos personas, quienes
fueron liberadas tres días después.
Ante estos hechos, la Fiscalía imputó al investigado los delitos de homicidio
agravado, concierto para delinquir, hurto calificado, secuestro extorsivo, y
fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
A pesar de que el acusado no aceptó los cargos, recibió una nueva medida de
aseguramiento en un centro carcelario. Su captura y judicialización a finales de
septiembre pasado están relacionadas con su presunta responsabilidad en diversas
acciones criminales registradas en Florencia, La Montañita, El Doncello y Puerto
Rico (Caquetá), así como en Algeciras (Huila). Desde entonces, ‘Jimmy Leal’
permanece privado de la libertad.
Alias Jimmy Leal fue imputado en octubre pasado por el ente acusador por su
presunta responsabilidad en una serie de ataques dirigidos contra el comercio,
el transporte de carga y pasajeros, el sector ganadero y la población civil, con
el propósito de presionar el pago de extorsiones.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General, el pasado 12 de
septiembre, este mismo hombre habría ordenado la quema de un vehículo
perteneciente a una empresa de transporte intermunicipal de Caquetá, cuyos
propietarios se habrían negado a cumplir con las exigencias económicas impuestas
por el grupo ilegal.
El arresto de Celeita Morales se llevó a cabo mediante una operación conjunta
con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la vereda Norcasia, ubicada en
Florencia, Caquetá. Durante el operativo, se incautaron teléfonos celulares de
alta gama, armas de fuego y recibos que supuestamente corresponden al cobro de
extorsiones, algunos de los cuales ascienden a la suma de 2.000 millones de
pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales
formuló cargos en su contra por los delitos de terrorismo, concierto para
delinquir agravado en su calidad de cabecilla, fabricación, tráfico y porte de
armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como extorsión. Celeita
Morales no aceptó los cargos presentados en su contra.
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