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NACIONAL

 

Pereira, Colombia - Edición:13.176-756

Fecha: Jueves-14-12-2023

 

GARDEAZABAL PREMIO VIDA Y OBRA 2023

 


La Gobernación del Valle informó anoche que el escritor Gustavo Alvarez Gardeazabal fue declarado ganador fuera de concurso del premio especial al reconocimiento Vida y Obra 2023 que se entrega a los mayores de 65 años que hayan aportado a la cultura vallecaucana.

Junto con él recibirán el reconocimiento la maestra Lilyan Rosero, el gestor cultural Alberto Rodríguez de La Casa de la Cultura y la partera Rosmilda Ediltrudiz Quiñonez, guardiana de la cultura inmaterial.

El acto de reconocimiento se celebrará el 19 de diciembre a las 4pm en el Hotel Inter.

 

Secuestros en Colombia aumentaron 50% más que el año pasado
 



Con un aumento del 50% en los casos de secuestro en Colombia, según informes del Gaula de la Policía. El coronel Giovanni Cristancho, director de esta unidad especializada, detalla la complejidad de la situación, señalando que "diez casos corresponden a disidencias de las FARC, cuatro al ELN, y el restante a grupos de delincuencia común". Este incremento, a pesar de los esfuerzos de la Policía, evidencia un preocupante resurgimiento de este delito.

El coronel Cristancho destaca la labor policial, que llevó hasta el momento a la captura de 630 personas por secuestro, un 17% más que en el año precedente. Sin embargo, resalta que el 90% de los detenidos permanecen bajo medidas de aseguramiento, subrayando la complejidad judicial asociada a estos casos.

La retención de 21 personas en cautiverio, abarcando desde secuestros extorsivos hasta ajustes de cuentas, agrega una capa adicional de urgencia al problema. Aunque la disidencia de Iván Mordisco anunció la suspensión de secuestros con "fines económicos", persisten las inquietudes sobre la eficacia de estas medidas en medio de las negociaciones de paz.

El coronel también explicó que las disidencias de las FARC mantienen diez personas en cautiverio, distribuidas en distintas regiones del país. Paralelamente, el ELN retiene a cuatro víctimas en ubicaciones diversas. Este escenario, en pleno proceso de paz, presenta un desafío significativo para las autoridades, que ven restringida su capacidad de acción contra estos grupos.

El director del Gaula comparte, además, los resultados de una operación masiva contra la extorsión, desvelando la magnitud del problema. Se han presentado más de 9,000 denuncias de extorsión este año, pero el 77% de las víctimas se niega a pagar. La Policía capturó a 2,708 personas, un 12% más que el año pasado, subrayando la efectividad de las operaciones.

En una redada en cárceles, se logró intervenir en 18 establecimientos de reclusión, incautando 577 celulares, 709 simcards, 458 armas cortopunzantes y nueve kilogramos de estupefacientes, entre otros elementos relacionados con la extorsión. Estos datos reflejan el compromiso de las autoridades en abordar no solo el problema del secuestro sino también sus raíces, incluida la extorsión desde las cárceles.

 

Suspenden venta en Colombia de 8 modelos de teléfonos Motorola




La Superintendencia de Industria y Comercio en tres demandas de infracción de derechos a la propiedad industrial presentadas por la multinacional sueca Telefonaktiebolaget lm Ericsson contra Motorola Mobility Colombia s.a.s., MPS Mayorista de Colombia S.A.S. e Ingram Micro S.A.S., decretó medidas cautelares que prohíben la importación, promoción, venta y publicidad en Colombia de ocho referencias de teléfonos celulares de la marca Motorola.
 

Las medidas de protección decretadas por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales cobijan las series Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40
 

 

 

(Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1).

En su demanda Ericsson alegó ser una empresa que ha incursionado y desempeñado un papel destacado en el avance de las telecomunicaciones a nivel mundial, además de ser pionera en el desarrollo de la red celular moderna, incluyendo los estándares 4G, 5G y el emergente 6G, lo que le ha permitido la obtención de múltiples derechos de propiedad industrial en relación con estos nuevos desarrollos, entre ellos patentes esenciales a estándares de telecomunicaciones, conocidas en el mundo tecnológico como SEPs.

En el 2014 Lenovo (Asia Pacific) Limited adquirió a Motorola Mobility Holdings y desde ese momento es la compañía encargada de suscribir con Ericsson un acuerdo de licencia global para el uso en sus teléfonos de última generación de las patentes esenciales a estándares de telecomunicaciones.

En su demanda Ericsson argumenta que Lenovoes una licenciataria reticente, toda vez que se ha rehusado iniciar negociaciones encaminadas a suscribir una licencia de uso, pese a que la compañía y sus subsidiarias están haciendo uso de la tecnología patentada por la multinacional sueca.

Para la Superindustria “si Motorola Colombia anuncia que sus equipos celulares cuentan con conectividad a redes 5G, sus dispositivos deben cumplir con ciertos estándares técnicos establecidos internacionalmente, de lo contrario estaría presentando información engañosa a los consumidores.

Todos estos elementos conducen al Despacho a colegir la existencia de la infracción alegada, al menos con los elementos probatorios allegados con la petición cautelar”.

La Delegatura para Asuntos Jurisdicciones, con el objetivo de precaver posibles perjuicios contra Telefonaktiebolaget lm Ericsson, Motorola Mobility Colombia s.a.s., MPS Mayorista de Colombia S.A.S. e Ingram Micro S.A.S.., ordenó a Ericsson el pago de una caución por $ 2.700 millones de pesos, como lo establece el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso.

 

1.430.000 hectáreas de tierra se han entregado a población vulnerable en el país




Familias campesinas, indígenas y afro del territorio nacional han recibido hasta la fecha 1.430.000 hectáreas de tierra, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que fortalece la reforma agraria y contribuye al cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz del 2016 con las FARC.

Así lo dio a conocer el director de la ANT, Gerardo Vega, quien manifestó que el Consejo Directivo de la entidad acaba de aprobar la formalización de 65.000 hectáreas más en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Meta, Vichada y Tolima.

“Se ha aprobado la formalización de 65.000 hectáreas más para comunidades indígenas. Son 65.000 hectáreas más para completar 1.430.000 hectáreas de tierra formalizadas a nivel nacional. Aspiramos a que en el resto del año logremos formalizar más tierras, cerca de 300.000 hectáreas más", indicó.

 

La seguridad jurídica de la tierra les permite a las familias rurales acceder a proyectos productivos, créditos del Banco Agrario y programas de mejoramiento de vivienda.

Este miércoles, la ANT entregará 56.000 hectáreas de tierra para familias campesinas e indígenas del departamento de Nariño, particularmente en la zona rural de Pasto.

Además, esta semana la Agencia entregó en Cáceres (Antioquia) 153 títulos de propiedad que representan 875 hectáreas de tierra a familias campesinas dedicadas a la agricultura y la minería artesanal.

 

También se aprobó el acuerdo de ley que reglamenta la ocupación y aprovechamiento campesino sostenible de predios baldíos ubicados en Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959.


Esta ley beneficiará a 514.000 familias campesinas que viven en áreas protegidas y les brindará garantías de permanencia pues contarán con una resolución heredable otorgada por la ANT.


Las reservas forestales establecidas por la citada norma se han convertido en un referente del ordenamiento y gestión ambiental del territorio, generando procesos relacionados con el ordenamiento,

 

 

 

zonificación y expedición de normas.

 

Estado Mayor Central renuncia al secuestro con fines económicos

 

La Mesa de Diálogos de Paz, integrada por las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y del Estado Mayor Central de las FARC-EP, en el marco de la política de Estado de Paz Total, realizó el Segundo Ciclo de sesiones desde los días 2 al 11 de diciembre de 2023, en donde la facción disidente liderada por Iván Mordisco, confirmó su compromiso de abstenerse de realizar secuestros con objetivos económicos en el territorio.

En el transcurso de las conversaciones de paz las partes reiteraros su compromiso de la búsqueda de la paz con justicia social y ambiental y la disposición de dirimir diferencias mediante el diálogo respetuoso y constructivo.
 


En un comunicado conjunto se anunció que ambas partes agradecieron la facilitación y apoyo técnico del componente internacional conformado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias, así como, la participación de los representantes de los países garantes: Noruega, Suiza, Venezuela e Irlanda.

Considerando las recomendaciones que surgieron de las consultas realizadas. En especial destacaron la importancia de implementar los Acuerdos suscritos que significan alivio para la población y transformaciones territoriales y cumplir los compromisos pactados para el buen funcionamiento de la Mesa de Diálogos de Paz.

En las sesiones realizadas se priorizaron los siguientes puntos:

1. La Mesa de Diálogos de Paz registra la decisión del Estado Mayor Central de las FARC-EP de abandonar la práctica de retención con fines económicos.

2. El gobierno nacional elevará ante los entes competentes las denuncias sobre alianzas de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios estatales con estructuras ilegales; con el fin de que sean investigados y, cuando corresponda, judicializarlos y sancionarlos.

3. Con el ánimo de promover alivios en seguridad humana, las delegaciones y comisiones de la Mesa de Diálogos de Paz escucharán a comunidades, en los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Putumayo y Caquetá, priorizando sus áreas más críticas.

4. Ante la crítica situación humanitaria de los pueblos indígenas en el Cauca y otras regiones del país, la Mesa destaca la urgencia de construir rutas de solución.

5. Instalación de la instancia nacional del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) de conformidad con el decreto 1684/2023. De la misma manera, se acordó el cronograma para la instalación de las instancias regionales en Arauca, Popayán, Bucaramanga, Villavicencio y Mocoa; y de las instancias locales del mismo MVMV.

6. La delegación del Gobierno agilizará las gestiones para la evaluación de la situación de integrantes del Estado Mayor Central que se encuentran privados de la libertad y se realizarán visitas conjuntas para impulsar la atención a situaciones urgentes: jurídicas, de salud, hacinamiento, seguridad, alimentación, entre otras.

7. El próximo ciclo de conversaciones se realizará entre el 9 y el 18 de enero de 2024 en la ciudad de Bogotá y considerará, entre otros temas, la Implementación del Acuerdo IV: Lineamientos del Acuerdo Especial para la Transformación de Territorios y Superación de la Dependencia de Economías consideradas ilícitas, incluye lo relativo al Micay y los criterios participativos. La evaluación de la situación socioambiental de la Amazonía, en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Putumayo. Evaluación del Acuerdo de Respeto a la Población Civil y de Implementación del Cese al Fuego y del informe del Grupo de Contingencias y del MVMV.

El documento de compromiso fue firmado en representación de la Mesa de Diálogos de Paz integrada por las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y del Estado Mayor Central de las FARC-EP, por Camilo Gonzáles Posso (Coordinador de la delegación del Gobierno Nacional de la República de Colombia) y por Leopoldo Durán (Jefe de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC EP).

 

 

  

 

 

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