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Argentina cobrará a manifestantes
por operativo de seguridad
Los manifestantes que participaron de la primera marcha en contra
del gobierno de Javier Milei el miércoles en Buenos Aires deberán
pagar los gastos en que incurrieron las fuerzas de seguridad para
resguardar su protesta, aseveró el viernes el vocero presidencial,
Manuel Adorni.
El monto del operativo en el que participaron cuatro fuerzas de
seguridad -Policía Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires,
Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería- fue estimado en 60
millones de pesos, unos 72.700 dólares al tipo de cambio oficial.
Esa "será la factura que se le pase a los movimientos sociales", a
los que intimará "para que se hagan cargo de este gasto que no le
corresponde a la ciudadanía", declaró Adorni.
Miles de personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires en la
primera protesta en la que se aplicó el "Protocolo de orden
público", también llamado "antipiquete", que tiene como objetivo
impedir los cortes de calles.
"Las calles no se toman... si se toman las calles va a haber
consecuencias", había dicho en rueda de prensa la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich. "Vamos a ordenar el país para que la
gente pueda vivir en paz".
La ministra ya había advertido que "todos los costos vinculados a
los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las
organizaciones o individuos responsables" así como que se les
quitará el "plan social" (asistencia social) a aquellos que corten
la calle.
Las manifestaciones de las organizaciones sociales y otros grupos
políticos son muy frecuentes en el centro de Buenos Aires, incluso
con acampes en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la presidencia,
y en la Avenida 9 de Julio, la principal arteria de la capital.
Récord de cruces y detenciones de
migrantes debilita a gobierno Biden
La llegada de miles de migrantes procedentes de México cada día
coloca bajo presión a
los estados y a la policía federal de fronteras de Estados Unidos,
una crisis que expone a la administración del demócrata Joe Biden a
fuertes ataques de sus adversarios republicanos.
En las últimas semanas, la policía fronteriza dio cuenta de unos
10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que en los meses
previos.
Más de 2,4 millones de migrantes fueron interceptados por vía
terrestre entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, un flujo
también superior respecto a años anteriores.
Desde el martes último las vías del ferrocarril en los puentes Eagle
Pass y El Paso, en Texas, están cerradas debido a un "resurgimiento"
de ingresos ilegales de migrantes en trenes de carga.
En Eagle Pass, los cruces de vehículos han sido nuevamente
suspendidos desde principios de mes, igual que en un punto de cruce
en Arizona y otro en California.
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La policía fronteriza asegura que está teniendo que redistribuir su
personal para concentrarlo en la interceptación y el registro de
migrantes.
Tras acusar al presidente Biden de "inacción deliberada" frente a la
situación, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó el
lunes una controvertida ley que penaliza los ingresos clandestinos
en su estado.
Este declarado partidario de Donald Trump firmó simbólicamente esta
ley en Brownsville, frente a un tramo del muro fronterizo, un
proyecto emblemático del expresidente republicano.
La ley crea un "delito penal de ingresar ilegalmente a Texas desde
un país extranjero", punible con entre seis meses y 20 años de
prisión en caso de reincidencia.
El texto, que podría entrar en vigor en marzo, otorga a las
autoridades estatales el poder de arrestar a inmigrantes y
deportarlos a México, prerrogativas que en principio recaen en las
autoridades federales.
Al día siguiente, varias organizaciones de derechos humanos,
incluida la influyente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU),
presentaron una demanda para impugnar por inconstitucional.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, a pesar de ser demócrata,
también acusó a la administración Biden de "negarse a hacer su
trabajo", responsabilizándose en particular del cierre de un paso
fronterizo en su estado. Hobbs anunció el 15 de diciembre el envío
de fuerzas de la Guardia Nacional a la frontera.
Las razones de esta reciente afluencia no son tan claras.
La policía fronteriza culpa a la "desinformación destilada por los traficantes
de personas hacia gente vulnerable".
Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que
acordó con Washington una mayor contención de los migrantes que cruzan su
territorio para llegar a los Estados Unidos.
López Obrador indicó también que la delegación estadounidense de alto nivel
anunciada por el presidente Joe Biden viajará el próximo miércoles para una
reunión bilateral sobre la "situación extraordinaria" de la migración entre
México y Estados Unidos.
"Vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que se mantenga el flujo (de
migrantes) pero ordenado", dijo el mandatario en una rueda de prensa.
A una pregunta expresa, López Obrador dijo que "básicamente" se trata de
reforzar las medidas de contención de migrantes en el sur del país.
"El acuerdo es que sigamos
trabajando juntos y ya tenemos nosotros una propuesta para ir reforzando
nuestros planes, de lo que venimos haciendo".
Perú niega desacato a Corte IDH por excarcelación
de Fujimori
Perú negó este viernes que haya desacatado a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cuando excarceló al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) alegando
razones humanitarias, pese al pedido del tribunal para que se abstuviera de
liberarlo.
"No ha existido desacato alguno por parte del Estado", señaló la cancillería en
un comunicado en respuesta al pronunciamiento
de la Corte IDH sobre el caso del expresidente peruano de 85
años.
El gobierno peruano indicó también que entregará a la Corte un informe con la
argumentación de su posición dentro
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del plazo requerido por el tribunal interamericano, que vence el
4 de marzo de 2024.
La Corte IDH, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José,
había pedido a Perú el pasado 6 de diciembre que no excarcelara a Fujimori hasta
que los magistrados analizaron el indulto que le había concedido la justicia
peruana, ante su avanzada edad y quebrantos de salud.
El tribunal consideró que el Perú había caído en desacato al no atender sus
recomendaciones, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió la
legalidad de la medida que le restituye a Fujimori el indulto otorgado en 2017.
"Las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas
y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos
internacionales de los que el Perú es parte", indicó.
Al mismo tiempo, el gobierno peruano remarcó su respeto de "los tratados y
decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos".
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad en
2009. Estuvo preso un total de 16 años.
Aquejado de un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras
dolencias, Fujimori dejó la prisión el mismo día que la Corte IDH pidió posponer
su excarcelación.
Al señalar el desacato de Perú, la Corte IDH anunció una "supervisión reforzada"
del proceso contra Fujimori por violaciones de derechos humanos.
El exmandatario fue condenado por dos matanzas de civiles perpetradas por un
escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta de
Sendero Luminoso a principios de los noventa.
Cae red que traficaba cocaína colombiana en
Portugal y España
Nueve personas acusadas de pertenecer a una red que traficaba cocaína
proveniente de Colombia a través de Portugal y España fueron detenidas, en una
operación que permitió confiscar 2 toneladas de esa droga, anunció el viernes la
Guardia Civil española.
La operación, coordinada por Europol en colaboración con la agencia antidrogas
de Estados Unidos (DEA), tuvo lugar el lunes en varias localidades de Galicia,
región del noroeste de España, así como en Monçao, localidad del norte de
Portugal situada en la frontera española.
Las autoridades arrestaron a nueve personas de nacionalidad española, presuntos
miembros del "clan de los Piturros", un grupo criminal "históricamente ligado al
narcotráfico en Galicia (...) desde la década de los 80", indicó el comunicado
de la Guardia Civil.
La investigación, que comenzó en febrero, permitió incautar "más de dos
toneladas de cocaína" escondidas en barcos o en inmuebles situados en la costa
portuguesa, precisó el comunicado.
Según la Guardia Civil, la red estaba relacionada "directamente con los
principales distribuidores colombianos de cocaína".
También tenía nexos con una mafia albanesa, a la que iba destinada parte de la
droga confiscada.
Galicia es una de las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa.
El 12 de diciembre, la policía española anunció la incautación de 7,5 toneladas
de cocaína, provenientes de Colombia vía Ecuador, traficadas por mafias
albanesas en Vigo, el principal puerto gallego.
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