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COLUMNISTA |
Pereira, Colombia - Edición: 13.193-773 Fecha: Martes 16-01-2024 |
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Para el pueblo
Por: Edgar Cabezas
En Colombia las multitudes
deben decidir sobre poner fin a la narrativa que considera al pueblo, como un
pueblo populista, un pueblo que
reúne todos sus anhelos y deseos en un líder, en un ser que representa la verdad
y la belleza; un amo y señor caminante que va imponiendo justicia, repartiendo
bienes y servicios y entregando el reino de la felicidad a los habitantes del
territorio, que van camino al cielo, sin preocupaciones, jugando, cantando y
nadando en ríos de miel. ¡Oh gloria al mesías que ha venido a darnos la paz.
El pueblo colombiano es un
pueblo que está rompiendo cadenas de esclavitud, colonización y opresión, es un
pueblo de ciudadanías libres de músicos poetas y locos no carnetizados,
herederos de los ideales de la resiliente resistencia de las naciones
originarias, de los cimarrones que armaron el palenque, la rumba y el guateque,
de los gitanos que heredaron la luna y el sol, de las mujeres que parieron y
amamantaron de ternura los días festivos y las aciagas horas. |
ciudadanías libres es amo y señor de su destino de libertad y de prisión. Aquí se están rompiendo las cadenas autoritarias del ego, y con los eslabones libres haciendo cadenas vitales de amor y cheveridad.
El 2024 tiene que ser un año de enfoque en las acciones que le demuestren al pueblo que sí se puede vivir en todos los territorios de Colombia en paz y con amor. Que sea el firme propósito del año nuevo persistir en la tarea de adelantar entre todos las obras que demandan los bienes comunes, donando horas de trabajo para iniciar el plan nacional forestal de restauración y regeneración de la selva húmeda tropical, sin el cual no se puede ordenar el territorio alrededor del agua y mitigar los impactos de la variable climática.
Mandatarios territoriales: cuatrienio de realidades y desafíos
Por: Guillermo Navarrete Hernández
De conformidad con la
Constitución Política de Colombia de 1991, dentro de la estructura del Estado,
existen dos tipos de descentralización: 1) La administrativa o territorial, que
se empezó a forjar en el gobierno de Belisario Betancourt con la elección
popular de acaldes y la expedición de normas orientadas a fortalecer las
finanzas territoriales, debido a las responsabilidades que asumirían. Los
municipios, los distritos, los departamentos y los territorios indígenas, son
sus formas más conocidas, a las que se suman unos tipos de asociatividad
permitidas, especialmente por la Ley 1454 de 2011, también conocida como la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial [LOOT]; 2) la descentralización por
servicios, representada por los establecimientos públicos, empresas industriales
y comerciales del Estado, empresas de Economía Mixta, Empresas Sociales del
Estado, las Superintendencias con y sin personería jurídica y las Unidades
Administrativas Especiales, con y sin personería jurídica.
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estratégica en la que se contemplan programas,
proyectos, objetivos, metas de producto y de resultado – o de bienestar-, y una
parte financiera, que determina la posibilidad de financiamiento del mismo, en
una matriz que se denomina plan plurianual de inversiones. En el argot popular,
la carta de navegación de los cuatro años de los mandatarios locales.
depende tanto de los
recursos y competencias propios, sino de la concurrencia del gobierno nacional
para acceder a la financiación de inversiones públicas que permitan alcanzar
verdaderas transformaciones y de instancias que como el aparato judicial y de
organismos de seguridad, entre otras, deben encauzar sus esfuerzos a reducir los
umbrales de impunidad, de los que según El Tiempo (2015), nueve de cada diez
homicidios terminan por no esclarecerse; situación que es una constante en los
últimos 20 años (Semana, 2022). Algo similar ocurre con los delitos asociados
con la corrupción; conforme lo informa la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República (2023), el 93,99% no tienen condena alguna en contra
de los responsables, por cuyo motivo la reforma judicial, como otras tantas, es
sustancial para empezar a dar soluciones serias y de largo plazo a las
debilidades que acusa una de las funciones esenciales del Estado: el acceso
efectivo y transparente a la justicia, especialmente para los más vulnerables.
Otras realidades y retos son:
la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, sobre todo en municipios,
como el de mi tierra, se encuentran en etapa de diagnóstico y formulación, para
que se encaucen en un instrumentos de inclusión integral y que los usos de suelo
tengan la vocación para los que la naturaleza determinó y que los cambios que
sobre estos se introduzcan sean factores efectivos de mejoramiento de calidad de
vida; el catastro multipropósito debe desarrollarse no tan sólo como un
mecanismo de incrementar bases gravables para el cobro de impuestos, sino de
todos aquellos factores asociados al mismo, como la seguridad jurídica, su
cabida, linderos y utilidad se orienten hacía la equidad sobre la propiedad de
la tierra.
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