|
Remezón en la Policía: sale la general Sandra
Hernández
El Director General de la Policía Nacional anunció un cambio en la estructura de
mando de la institución, con la salida de la general Sandra Patricia Hernández
Garzón de su cargo como inspectora general.
Este ajuste, comunicado oficialmente eL martes, implica también el ascenso del
brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien asumirá la
responsabilidad como nuevo Inspector General de la Policía Nacional, dejando su
puesto anterior como Jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP).
Estos cambios obedecen a las directrices del Gobierno Nacional y responden a la
dinámica institucional que busca fortalecer y adaptar la estructura de la
Policía Nacional para hacer frente a los desafíos actuales y futuros en materia
de seguridad y paz ciudadana.
La general Sandra Hernández Garzón ha sido reconocida por su destacado servicio
a la patria y su labor al frente de la Inspección General de la Policía
Nacional, supervisando los estándares de ética, disciplina y eficiencia dentro
de la institución policial.
Estos ajustes no solo representan una reorganización administrativa, sino
también una oportunidad para consolidar y mejorar los procesos internos de la
Policía Nacional, garantizando un mejor servicio a la comunidad y un mayor
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se espera que en los próximos días se realicen más anuncios relacionados con
ajustes en la estructura y el liderazgo de la Policía Nacional, en consonancia
con la visión estratégica del Gobierno y las necesidades del país en materia de
seguridad y convivencia ciudadana.
Uno de los últimos cambios en el seno de la Policía Nacional se realizó en
octubre del año pasado.
Al respecto, se supo que coroneles fueron seleccionados para el ascenso a
brigadier general: el coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, actual director de
la Policía Fiscal y Aduanera; el coronel Herbert Luguiy Benavidez Valderrama,
quien ejerce como subdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá; el coronel
Óscar Andrés Lamprea Pinzón, director de Tránsito y Transporte, y el coronel
Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de
Cartagena. Estos oficiales demostraron su valía en sus respectivas funciones y
se destacaron como líderes en la institución.
La salida de la general Hernández se produce en un momento en el que la Policía
podría enfrentar un importante escándalo si se confirma que un general en
servicio activo de la institución está involucrado en graves actos de
corrupción, al parecer formando parte de la principal red de contrabando del
país dirigida por alias El Bendecido, quien fue detenido hace dos semanas.
Es importante recordar que en este contexto también fueron detenidos un mayor en
servicio activo de la policía y un coronel retirado, quienes aparentemente
estaban prestando servicios a la organización liderada por alias Pitufo o el
señor.
Más de 70 mil niños se encuentran sin alimentación
escolar
En las tareas de vigilancia que hace la Procuraduría al Programa de Alimentación
|
|
Escolar -PAE- se pudo evidenciar que después de dos meses de
iniciado el calendario escolar varios departamentos y municipios se rajan al no
haber echado a rodar la operación mientras que otros andan a media marcha.
Es el caso del municipio de Girardot (Cundinamarca) y la ciudad de Sincelejo en
donde, según informe enviado por la Unidad Alimentos para Aprender -UApA- aún se
encuentran en proceso contractual, afectando el derecho a la alimentación de
54.724 niños de 43 instituciones educativas.
En Antioquia, por ejemplo, las poblaciones de Abejorral, Amagá, Ciudad Bolívar,
Fredonia, Heliconia, Jericó, Puerto Berrío, San Pedro de Urabá, Titiribí, Urrao
y Venecia presentan tropiezos para avanzar en el PAE, situación que está
afectando a más de 20 mil beneficiarios.
Los hechos demandaron llamados de atención del ente de control que solicitó
información sobre el estado y/o avance del procedimiento contractual que
actualmente se está adelantando para la oportuna prestación del servicio de
alimentación escolar y las razones operativas, técnicas y jurídicas por las
cuales se están presentando retrasos en la operación del Programa.
La Procuraduría advirtió que intensificará acciones para que los derechos de los
niños, niñas y adolescentes no se vean vulnerados por incumplimientos en la
implementación del PAE.
25 medicamentos están desabastecidos:
SuperSalud
En medio de la crisis de desabastecimiento que afecta a la población colombiana,
la Superintendencia de Salud, a través de su Superintendente Luis Carlos Leal,
alerta sobre la falta de suministro de 25 fármacos clave y abre investigaciones
a gestores farmacéuticos, generando preocupación en el sistema de salud
nacional.
El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, reveló en una entrevista reciente
que "Son 25 medicamentos los que están desabastecidos, 2 en riesgo de
desabastecimiento, pero lo que perciben las personas es que son muchos más",
destacando así la magnitud del problema que afecta a los colombianos. La
Superintendencia Nacional de Salud señaló varias causas potenciales para esta
situación, incluyendo incumplimientos en pagos a laboratorios, conductas
irregulares entre EPS y gestores farmacéuticos, y deficiencias en la
caracterización de la población a atender por parte de las EPS.
SuperSalud no solo alertó sobre la escasez de medicamentos sino que también
informó sobre investigaciones en curso a tres grandes gestoras farmacéuticas por
presuntas irregularidades en la entrega de fármacos. El Superintendente Leal
hizo
|
|
hincapié en la necesidad de que las EPS cumplan con su
responsabilidad de entregar los medicamentos a todos los beneficiarios,
señalando que algunas se
escudan en falta de pagos para justificar el desabastecimiento,
lo cual es preocupante dada la disponibilidad del Gobierno Nacional para
realizar los giros correspondientes.
Ante esta crisis, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi)
también ha levantado su voz, haciendo un llamado al Gobierno nacional para
buscar soluciones inmediatas y evitar la escasez de cerca de 400 medicamentos en
el país. La presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, destacó la necesidad
de encontrar soluciones prácticas y rápidas en lugar de buscar culpables,
señalando problemas globales en el suministro de materias primas, retrasos en
trámites en el Invima y falta de pagos oportunos por servicios no incluidos en
el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
“Recursos No PBS girados con años de atraso a las Eps (2022, 2023). En el 2024 y
ya casi en abril no hay recursos aún. Cadena de suministro afectada, sistema
estresado. Más que culpables, busquemos soluciones”, afirmó en su cuenta de X.
En este contexto, se plantea la necesidad de una política farmacéutica más
efectiva por parte del Gobierno Nacional, que abarque tanto medicamentos
innovadores como aquellos de uso común para la población colombiana. Se destaca
la importancia de resolver los trámites represados en el Invima y garantizar los
pagos necesarios para mantener la cadena de suministro de medicamentos sin
interrupciones, en beneficio de los pacientes y el sistema de salud en general.
Piden acciones que garanticen derechos
de indígenas en Buenaventura
La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su función preventiva,
elevó un control de advertencia para que las autoridades de Buenaventura den
cumplimiento a la sentencia de tutela que ordenó garantizar los derechos
fundamentales a la vivienda digna y la ayuda humanitaria de la comunidad
indígena de Valledupar del Pueblo Wounaan Nonam.
A través de una comunicación, enviada a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del
Carmen Córdoba; y a la secretaria de Gobierno, María Liliana Vivas Paz, el
Ministerio Público solicitó adoptar acciones concretas que brinden las
condiciones de bienestar a los 18 núcleos familiares que conforman la comunidad.
En el mismo sentido, la Provincial de Instrucción de Buenaventura recordó que el
grupo mencionado se encuentra en condición de desplazamiento, que el fallo
inicial fue proferido desde agosto de 2023, y que se debe actuar de conformidad
con el incidente de desacato de enero de 2024.
Finalmente, la entidad requirió a las servidoras del distrito gestionar lo
pertinente al ejercicio de sus funciones y dio un plazo que no deberá superar
los cinco días para enviar la información sobre lo adelantado.
|
