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Capturan a ‘Yayo’, empresario señalado de envíar cocaína a la EE.UU
La policía antinarcóticos capturó a Eduardo Sierra, alias 'Yayo', quien ser
hacía pasar por un empresario del Caribe señalado de enviar cocaína desde la
Alta Guajira a Estados Unidos.
En un operativo realizado la Policía antinarcóticos, en la ciudad de
Bucaramanga, se dio la captura de Eduardo Sierra junto a otros cinco de sus
colaboradores, quienes eran los encargados del acopio y transporte y tendrían
vínculos con el 'Clan Amaya'.
En la Guajira hay un hermetismo en distinto circulo sociales cuando se menciona
el caso de clan Amaya. Miembros de una familia originaria de Dibulla, en el
norte del departamento, cayeron a principio del mes de abril del año 2023, y
fueron solicitados con fines de extradición por EEUU.
Los detenidos coordinaban la recepción de la droga desde el interior del país a
la despachaban hacia el Caribe. Esta red de narcotráfico operaria desde el año
2020. Y existen evidencias que la estructura ilegal adquiría clorhidrato de
cocaína en Valle del Cauca y en la región del Catatumbo; las transportaba a la
Alta Guajira para acopiarlas en rancherías. Lego coordinaban el traslado de los
elementos por vía marítima para enviarlas a estados unidos y Europa.
Indagan funcionarios de Gobernación de
Arauca por compra de gasolina
Enredos en la ejecución de presupuesto para la compra de combustible pusieron en
la mira de la Procuraduría a funcionarios de la
Gobernación de Arauca a los que se les abrió investigación por estos hechos.
Las indagaciones del Ministerio Público relacionan que la orden de ejecución del
gasto de gasolina fue $ 194.296.094 y que muchos de los recibos y soportes
anexados por la gobernación no coinciden con esta cifra.
Por ejemplo, entre los municipios
que advirtieron que no recibieron orden de compra de combustible se encuentran
Saravena, Tame, Arauquita y Cravo Norte.
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En otros casos como el de la vereda Feliciano aparece como si la gobernación le
hubiera entregado 480 galones el 1 de diciembre de 2022 pero no presenta actas
de entrega.
Otro de los hechos que compromete a la entidad departamental son los gastos de
combustible que presentó la Secretaría de Gobierno por valor de $ 100.448.700
cuando en realidad se evidencia que se gastó $1 6.824.200.
En resumen, en la documentación recopilada y que tuvo soportes de la auditoría
de la Contraloría Departamental, no se encontraron registros detallados que
indiquen la cantidad suministrada de combustible a cada comunidad o institución,
las cantidades, las fechas, el valor de dichos suministros ni otros soportes que
respalden la ejecución del proyecto.
Ante estas presuntas irregularidades la Procuraduría Regional de Instrucción de
Arauca determinó abrir indagación previa contra funcionarios por determinar de
la Gobernación de Arauca.
Encuentran a extranjero muerto en hotel
de El Poblado, Medellín
Las autoridades de Medellín informaron sobre el hallazgo de otro ciudadano
extranjero sin vida en un hotel del barrio El Poblado. La persona fallecida fue
identificada como Joe Girosart, de 36 años y procedente de Gran Bretaña. El
cuerpo de Girosart fue encontrado en el hospedaje The Black Sheep Hostel,
ubicado en la transversal 5A # 45-135 en el barrio Patio Bonito.
Este incidente marca el décimo octavo caso de muerte de un extranjero en lo que
va del año en la ciudad, lo que ha generado preocupaciones sobre las condiciones
de seguridad para los visitantes no migrantes en Medellín.
Según las primeras investigaciones, Girosart fue encontrado en su cama, sin
signos de violencia aparente y cubierto con una manta. La presencia de
medicamentos en su habitación sugiere la posibilidad de que la causa de su
muerte haya sido natural. Sin embargo, las autoridades continúan con la
inspección técnica del cadáver para confirmar este aspecto.
Este caso se suma a una serie de tragedias que han afectado a ciudadanos
extranjeros en la ciudad este año.
Recientemente, Peter Paul Juankus, de 38 años y originario de
Chicago, fue reportado como desaparecido desde el 5 de abril, lo que ha
aumentado las preocupaciones sobre la seguridad de los extranjeros en la región.
Las cifras proporcionadas por la
Fiscalía indican que, hasta la fecha,
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ocho ciudadanos estadounidenses han perdido la vida en Medellín bajo diferentes
circunstancias en 2024. Además, se registran casos de fallecimientos de
ciudadanos de nacionalidades alemana, chilena, peruana, neerlandesa y lituana,
lo que subraya la diversidad de personas afectadas por esta preocupante
tendencia.
Aunque la mayoría de las muertes se atribuyen a causas naturales o están en
proceso de ser investigadas por Medicina Legal, un caso de homicidio de un
ciudadano colombo americano ha generado particular inquietud. Las autoridades
aseguran que este suceso se enmarca en un contexto de riña y problemas de
intolerancia, destacando la necesidad de abordar las tensiones sociales que
pueden desembocar en tragedias.
Ante estos acontecimientos, las autoridades locales reforzaron las medidas de
seguridad y han expresado su compromiso de garantizar un entorno seguro para
todos los residentes y visitantes en Medellín, especialmente para la comunidad
extranjera que contribuye significativamente al dinamismo cultural y económico
de la ciudad.
Seis años de cárcel a miembro de ‘La
Inmaculada’ por amenazar a juez
La Fiscalía General de la Nación demostró que Sebastián Caicedo Castillo,
integrante del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’, dirigió amenazas de muerte
simbólicas en contra de una juez penal municipal, que cumplía transitoriamente
funciones de conocimiento en Tuluá (Valle del Cauca).
En una audiencia virtual del 25 de octubre de 2022, este hombre simuló con las
manos disparar un arma de fuego. Posteriormente, en otra conexión del 20 de
junio de 2023, hizo la señal de la cruz con los dedos. Los gestos los realizó
frente a la cámara, justo en el momento en el que la servidora judicial
intervenía.
Un equipo de fiscales de la Seccional Valle del Cauca y del Grupo de Amenazas de
la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos
estableció que estas actuaciones generaron temor, y obligaron a la víctima y a
su familia incrementar las medidas personales de seguridad.
Ante la contundencia de las pruebas en su contra, Caicedo Castillo aceptó su
responsabilidad en el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y
servidores públicos. En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a
seis años y seis meses de prisión.
Actualmente, esta persona permanece privada de la libertad en centro carcelario,
en cumplimiento de una condena en su contra por el delito de extorsión agravada.
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