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JEP recupera 42 estructuras óseas de desaparecidos
en Samaná, Caldas
Durante la primera intervención, sin precedentes, a osario colectivo para
recuperar cuerpos de víctimas de desaparición forzada, en Samaná, Caldas, el
Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación
(UIA) de la JEP recuperó 171.806 estructuras óseas. De este total, 42, que
mostraron signos de eventos violentos, fueron remitidas al Instituto Nacional de
Medicina Legal para su identificación.
Los osarios colectivos son lugares difíciles para encontrar y recuperar a las
víctimas de desaparición forzada en Colombia. Durante una intervención forense
en el Cementerio San Agustín que duró 17 días, se descubrió que los cuerpos de
las víctimas no estaban organizados ni registrados adecuadamente. En varios
casos, estos restos estaban mezclados con los de personas identificadas que
nunca fueron reclamadas por sus familiares.
La diligencia se dio en el marco de la medida cautelar ordenada por la Sección
de Ausencia de Reconocimiento y Verdad (SARV), para proteger los cementerios de
Norcasia, Samaná y Victoria (Caldas) y, con ello, dar respuesta efectiva a los
familiares de víctimas de desaparición forzada en el Magdalena medio caldense.
Durante la jornada que se extendió desde el 17 de abril hasta el 3 de mayo, los
expertos forenses del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) que hace parte de
la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, intervinieron un área de
16.502 metros cuadrados, con 2.25 metros de alto, que comprendía el osario
colectivo en el Cementerio San Agustín de Samaná, también llamado osario común.
El análisis forense arrojó 171.806 estructuras óseas recuperadas (partes
aisladas de cuerpos sin identificar) que representarían 831 personas (por el
número de estructuras que conforman un cuerpo completo). No obstante, al
analizar cada estructura solo se pudieron identificar 113 bloques anatómicos, es
decir, 113 cuerpos completos de personas.
A partir de estos hallazgos, el equipo del GATEF identificó 42 estructuras que
presentan signos de eventos violentos asociados al conflicto armado, y que
fueron remitidas a Medicina Legal para su identificación. Se trata de 31
cráneos, además de un bloque anatómico (un individuo) y 10 estructuras óseas
aisladas que podría, o no, registrar nexo genético con el bloque anatómico o los
31 cráneos.
Esta entidad realizará el procedimiento medicolegal y de identificación forense
que involucra la extracción de perfil genético, migración al Banco de Perfiles
Genéticos de Personas Desaparecidas (BPGPD), y cruces/búsquedas con perfiles
genéticos de familiares de personas desaparecidas existentes en el BPGPD.
Políticas sostenibles contra la inseguridad alimentaria exige Defensoría
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, implementar políticas
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sostenibles para disminuir índices de inseguridad alimentaria es
obligación de las autoridades nacionales.
Esto de acuerdo a el ‘Informe mundial sobre las crisis Alimentarias’ (por sus
siglas en inglés: GRFC) incorpora por primera vez a Colombia en la lista de
países de América Latina que experimentaron altos niveles de inseguridad
alimentaria aguda durante el 2023.
Alrededor de 1,6 millones de personas, equivalente al 3% de la población
residente en el país, de acuerdo con el GRFC, experimentó graves niveles de
inseguridad alimentaria aguda localizada, de manera particular en zonas rurales
de los departamentos de La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo.
Esos niveles fueron atribuidos a bajos ingresos y a una alta vulnerabilidad
derivada de eventos climáticos adversos.
“Las autoridades nacionales deben incluir en sus políticas públicas medidas
efectivas que disminuyan los índices de inseguridad alimentaria, con el firme
propósito de garantizar el derecho a la alimentación”, llama el Defensor del
Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El 62% de la población migrante o refugiada, que asciende a 2,9 millones de
personas, resalta el Informe, padece inseguridad alimentaria aguda en el país.
Así mismo, es preocupante el aumento exponencial de la población flotante,
migrante o refugiada, debido a que Colombia constituye un tramo obligatorio en
la ruta hacia Centro y Norteamérica, pues el 73% de las personas en tránsito
experimentó inseguridad alimentaria aguda.
“Hay que adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los
derechos humanos de los migrantes y de la población en tránsito, velar para que
gocen, en igualdad de condiciones, de sus derechos económicos, sociales y
culturales”, es otro de los llamados del Defensor del Pueblo.
Precisamente, un reciente documento de la ‘Evaluación de seguridad alimentaria’,
del Programa Mundial de Alimentos, da cuenta de que las principales dificultades
estuvieron asociadas a factores económicos, siendo las más frecuentes la falta
de dinero para comprar alimentos (53%), el aumento en el costo de alimentos
(25%) y la reducción de ingresos (23%).
Al analizar la relación entre eventos asociados a afectaciones climáticas y
desastres de origen natural e inseguridad alimentaria, se encontró que el 28% de
los hogares impactados padece inseguridad alimentaria, mientras que para los
hogares no afectados, el porcentaje es del 22%, lo cual confirma que los choques
climáticos extremos hacen más proclives a los hogares a sufrir inseguridad
alimentaria.
“Como exigencia social, es necesaria la puesta en marcha de estrategias de
sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales,
para evitar que una parte de la población colombiana carezca de alimentación
digna”, remarcó Carlos Camargo Assis.
Delegados de FARC piden al Ejército
abandonar los Llanos del Yari, Caquetá
A través de un video difundido en redes sociales, se evidencia como un grupo de
hombres que se identificaron como representantes del Estado Mayor Central en la
mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, le solicitaron a una tropa del
Ejército que se retiraran de la zona en la que se encontraban patrullando.
Revuelo a causado una filmación en la que se observa una conversación entre
miembros del Ejército Nacional con presuntos delegados de |
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las disidencias de las FARC. Hombres vestidos de civil, quienes
se identificaron como José Tomás Ojeda y Robinsón Caicedo, enfrentaron a
soldados en la zona rural de El Triunfo, en el departamento de Caquetá.
En una parte del video, se escucha como uno de los hombres le dice a la tropa:
“Por fin nos están persiguiendo para hablar y no para darnos tiros y pues eso se
ve un proceso y un cese al fuego”. Seguido, asegura que: “porque esto de bajar
ya en el helicóptero sí eso sí ya no se puede decir que es un patrullaje, la
comunidad se está sintiendo violentada...”, haciendo referencia a la acción de
los soldados al llegar a la zona en la aeronave.
Luego, el hombre le advierte a la tropa que deben retirarse inmediatamente del
área pues es zona dominada por el grupo ilegal. “comuníquese con su comandante a
que reconozca a que cometieron un error y se retiren del área porque si no, pues
para nosotros ya hay línea”, afirmó.
Según miembros del Ejército, los hechos ocurrieron el 25 de abril cuando el
comando del BATOT2 proceden a inspeccionarla zona
con el propósito de encontrar información relacionada con alias
Gentil Duarte.
ELN anuncia que vuelve el secuestro extorsivo
Por medio de un anuncio, durante la jornada de ayer el grupo armado del ELN
confirmó que se suspende la medida unilateral de retención con fines económicos
que había implementado unos meses después de iniciar los diálogos de paz con el
Gobierno nacional.
Bajo ese entendido, esa organización ilegal advierte que el Fondo Multidonante
al cual se comprometió el Gobierno para evitar que se cometieron más secuestros
extorsivos, había quedado pactado en uno de los acuerdos alcanzados como parte
de los ciclos de conversaciones que se han adelantado entre el Gobierno y los
subversivos; sin embargo, el compromiso no se cumplió por parte del equipo
negociador de la Casa de Nariño.
Así las cosas, la organización insurgente sostiene que: “El fondo estará
operativo dentro de los tres meses siguientes a la firma de este acuerdo, pero
el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo”.
La medida se concretó durante el desarrollo del sexto ciclo de conversaciones de
2024, pero al no ponerse en marcha, el equipo negociador de esa guerrilla añadió
en la comunicación que “da por terminado su oferta de suspensión unilateral de
retenciones económicas”.
Al inicio de las negociaciones, el jefe del equipo negociador del Gobierno, y
actual alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, explicó que una vez el
Gobierno concretó una negociación de paz con la insurgencia del Eln, se
acondicionó el proceso de conversación a que finalizara el secuestro y se
procediera a la liberación de todos los retenidos, así como a concretar un
acuerdo de cese al fuego bilateral.
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