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COLUMNISTA |
Pereira, Colombia - Edición: 13.268-848 Fecha: Martes 28-05-2024 |
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CHARLAS CON UN MAESTRO SAMMASATI
Por: Gongpa Rabsel Rinpoché
Anitya:
En el corazón de la filosofía
budhista reside un concepto fundamental: la anicca, también conocida como
impermanencia o transitoriedad. Este término, que proviene del sánscrito "anitya",
compuesto por "an" (no) y "nitya" (permanente), nos recuerda que todo lo que
existe en el universo, tanto material como inmaterial, está en constante cambio
y transformación. Su pronunciación aproximada, en español es anisha.
¡ESTRAGOS
ECONÓMICOS Y EL GOLPE FINAL!
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rumba de desaciertos, derroche y decisiones contracíclicas, es apenas natural que la economía colombiana esté viviendo las consecuencias.Un fuerte guayabo, la resaca o la cruda como le dicen en otras latitudes o el mismo hangover de los gringos. Un malestar generalizado en todo el cuerpo. Empecemos por el principio. Colombia tiene la tasa de tributación a la renta (35%) más alta de todos los países del OCDE. La gran mayoría de los países del planeta tienen entre un 20 y un 25%. Con esto quiero significar que el Estado Colombiano, no tiene más de donde tomar recursos. ¡No hay quien los pague! Las equivocadas decisiones contra el petróleo el gas y la minería en general, principales generadores de recursos para el Estado, vía impuestos y regalías, se han visto en una clara y fuerte disminución de ingresos para el Gobierno de Gustavo Petro. Eso es indiscutible. Pero allí no está lo más grave de toda esta resaca que invade todas las esferas gubernamentales. La animadversión de Petro contra todo el sector empresarial, reflejada por ejemplo en la inasistencia a todos sus asambleas y congresos, es todavía una causa más fuerte. El desmantelamiento de las FFAA, ha facilitado la invasión de la delincuencia en campos y ciudades. Hay pues un pesado ambiente de desmotivación empresarial que además se ha materializado en la dura caída de la inversión extranjera, pero también de la local. La caída de la economía es la consecuencia de toda esta torre de Babel, en que se ha convertido el gobierno de Gustavo Petro. Y qué tal la amenaza de una nueva explosión social, que no sería otra cosa que un ataque terrorista orquestado desde el palacio de Nariño y sin la intervención de las FF.AA. ¿Qué tal la amenaza ultima de no pagar la deuda externa? La deuda colombiana ha perdido categoría por las aseguradoras. O sea, serán más caros los intereses. Todas estas cosas han llevado a más de 4.500 empresas colombianas a meterse en la “ ley de reestructuración administrativa y financiera “, que supone una cesación de pagos y de procesos legales de cobro. Y un largo plazo para el pago de todas esas deudas. Y eso es un grave perjuicio para toda la economía. Las carteras de las empresas colombianas, que son parte de sus activos corrientes, no valen hoy mucho, porque en esta crisis, todos pueden cesar sus pagos y meterse al amparo de esa ley. Es gravísimo. Colombia tiene 1.7 millones de empresas según Confecámaras, y apenas el 0.4% del tejido empresarial está acogiéndose a esta figura. Pero esa plaga no tiene vacuna y se va a expandir con velocidad astronómica. Ya el Ministro Bonilla de Hacienda, está muy apurado por una autorización de un nuevo endeudamiento externo por US$16.000 millones, para empezar a tapar todos estos huecos fiscales. Y van a comprar de nuevo a los congresistas para su aprobación, pues el gobierno ya está sintiendo la crisis en sus propias carnes. El barco Petro, como el Titanic, hace agua y va a naufragar. De eso no hay duda, pero el Jefe de Estado en su chifladura cree firmemente que la solución es quedarse en el poder por un tiempo más. “¡La Revolución requiere más tiempo, para hacer las reformas sociales!” “Porque no me han dejado gobernar!” Petro sabe que en las urnas ningún candidato suyo tiene hoy la más mínima opción de ganar. Y su reelección está claramente prohibida. Entonces intenta con sus asesores españoles y sus abogados, encontrar un camino, que sin pasar por las urnas ni por la Constitución colombiana, le permita quedarse. |
Y ese camino no existe.
Palabra que sí
Por: Edgar Cabezas
Para el faltón no hay ley, y esa es la premisa con la que los delegados del gobierno de turno en Colombia llevan en la mente cada vez que tienen que ir a negociar un pliego de peticiones con las comunidades, cuando estas lo exigen en algún lugar del territorio a través de la protesta violenta, porque si es pacífica, ni acuden. La orden es “vayan y establezcan una mesa de concertación, firmen lo que corresponda a las exigencias de los peticionarios y asegúrense que el paro y el correspondiente bloqueo a las vías se levante”. Después se le da olvido al pliego de negociación otorgándole el estatus de deuda histórica.
Ese comportamiento de incumplir por parte de los gobernantes del Estado con los acuerdos firmados con las comunidades a través de la implementación de las políticas públicas, que satisfagan las necesidades de las comunidades, dando solución a las causas que originan la perturbación del orden público es la condición que mantiene el conflicto armado y la violencia política a lo largo y ancho del territorio nacional.
El estamento político colombiano es un sector burocratizado de la sociedad que junto con la clase empresarial colombiana parasitan las rentas del Estado. A los burócratas solo les interesa la quincena; a los empresarios el aumento de la tasa de rentabilidad y el monopolio del mercado. El pueblo que trabaje con resignación para mantener el estatus quo de señores y siervos, de lo contrario, represión con las fuerzas militares y de policía y perfilamiento de los lideres sociales para su posterior judicialización o eliminación según el caso.
El presidente Gustavo Petro
considera que es pertinente abolir esta perversa costumbre y ha dado la orden a
los funcionarios del gobierno del cambio de cumplirle a las comunidades todos
los asuntos que con ellas se negocien y acuerden, o que se negociaron y
acordaron en gobiernos anteriores, porque él como presidente y suprema autoridad
parte del principio de buena fe, que es la necesidad de garantizar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos unilateralmente por los gobiernos.
Este principio responde, a su vez, a la obligación moral de respetar la palabra
dada.
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