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EPS Sanitas mostró pérdidas de 400 mil millones: Supersalud
En rueda de prensa, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, presentó los
resultados tras la intervención de tres EPS y aseguró que en Sanitas se ha
encontrado un incremento de gastos operativos injustificados y lo que representó
una pérdida de 400 mil millones de pesos.
En ese sentido, fue evidente como la entidad prestadora de servicios de salud
destinó $104.226 millones en operación de los centros médicos y centros de
salud. ”Cuando la EPS recibe recursos que son públicos de la salud y que
normalmente son gestionado para la administración propia, deben gestionarse y
producir sus propios gastos administrativos”, señaló Leal.
Entre tanto, el superintendente explicó que Sanitas pagó 64 contratos de
arrendamiento por el valor de $4.666 millones mensuales, es decir, $56 millones
anuales y además, mejoras en infraestructura que no hace parte de la EPS pero
que si corresponde a centros de salud que brindan servicios, quienes deberían
gestionar los recursos que le son pagados para dicho propósito.
Adicionalmente, en el balance se evidencia que no hay una descripción de la
población afiliada especialmente, en sus condiciones sociales, económicas,
calidad de vida, patologías, factores de riesgo y riesgo materializado. Esto
quiere decir que si no se identifican correctamente los problemas de salud de la
población, entonces no se puede desarrollar un plan efectivo para mejorar.
Es por eso que la tasa de mortalidad y morbilidad materna se encontró en una
tasa de 65, aun cuando la meta es de 35. Esto significa que el número de muertes
y complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto es más alto de la
normativa.
Por otra parte, se halló que hay debilidad en el reporte de RIPS (Registro
Individual de Prestación de Servicios), pues las investigaciones determinaron
que no hubo retroalimentación de sus auditorías a pesar que se contrató para
ello.
Durante la interventoría, también se pudo determinar que el 76% de los contratos
de la EPS se estaba haciendo bajo la modalidad de nominada ‘evento’, que es una
de las más costosas y además, va en contravía del propio manual designado por la
entidad, que hablaba que este tipo de contratos solo se realizarían en
poblaciones inferiores a 10 mil habitantes pero se encontró que se desarrollaron
en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, generando un aumento en el costo
médico.
Finalmente, el superintendente señaló que el contrato establecido con la empresa
Sociedad Andrés Murcia Vargas Abogados Asociados no tenía ningún tipo de
justificación ni representaban beneficios para la EPS en mención.
José Mauricio Lara: nuevo presidente del Tribunal
Superior Militar
Ante el director general de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal
Militar, doctor José Reyes Rodríguez Casas, altos mandos
militares y policiales, magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, y
fiscales delegados, el teniente coronel José Mauricio Lara, de la Fuerza Aérea
Colombiana, recibió el cargo de presidente de este Tribunal, de las manos del
coronel Jorge Nelson López Galeano quien estuvo al mando en el periodo
2023-2024.
“Espero satisfacer de manera exitosa este nuevo reto de representar a la segunda
instancia ante los diferentes órganos de cierre e instituciones del Estado, para
dar a conocer la labor que con ahínco, amor y responsabilidad realizamos cada
día, siendo el derrotero que ha dejado el señor Coronel Jorge Nelson López
Galiano, quien durante un año representó con pundonor este digno cargo, al igual
que sus antecesores”, así lo afirmó el coronel Lara luego de agradecer a Dios y
a su familia por lo que él denominó como sueño cumplido.
Por su parte, el coronel López luego de entregar su mando, se refirió a lo que
fue su labor como presidente y agradeció el apoyo incondicional del que fue su
equipo de trabajo, “el ser institucional es precisamente mi oratoria para
impulsar y promover todo tipo de acciones bajo el
amparo de lo que significa la legitimidad, el Estado social de derecho y la
dignificación de los derechos humanos, garantía que al interior de nuestro
sistema judicial especializado se traduce en el conocimiento real que vinculan
soldado y policía con la misión constitucional”.
Tras tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior Militar y
Policial, el coronel Lara procedió a tomar el juramento del coronel Gustavo
Alberto Suárez Dávila, quien será el vicepresidente del Tribunal Superior
Militar y Policial.
Los coroneles Lara y Suárez estarán en estos cargos durante el periodo
2024-2025.
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Alertas máximas de reforma pensional: Impacto
fiscal, entrada en vigor y recursos
A medida que se acercan los últimos debates del proyecto de reforma pensional,
que vio luz verde en el Senado el pasado 23 de abril, y deberá ser aprobado en
la Cámara de Representantes antes del 19 de junio, surgen alarmas sobre su
articulado entre los mercados financieros.
A medida que se conoce su articulado, desde el sector privado se hacen reparos a
puntos álgidos que, a juicio de expertos, generan más preocupaciones que
soluciones reales para la población.
Entre los puntos que han sido cuestionados y que deben aclararse en los próximos
debates en la Cámara, están que no se ha clarificado cuál será el impacto fiscal
de la reforma, cómo será su financiamiento, la entrada en vigor para convertirse
en ley, y el efecto que puede generar entre los trabajadores el umbral de los
2,3 salarios mínimos.
Precisamente, varios de estos cuestionamientos fueron hechos por el Comité
Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) a comienzos de este año, pero que, a razón de
los analistas, esos interrogantes no han sido despejados.
Punto crítico
Según la CARF, la falta de claridad sobre el impacto fiscal ha sido un punto
crítico. Aunque se solicitó repetidamente al gobierno que presentara
estimaciones del impacto fiscal de las prestaciones en cada uno de sus pilares,
hasta la fecha no se ha realizado un análisis objetivo que evalúe el impacto
fiscal de la versión final del texto aprobada en el Senado.
Varios sectores, incluidos académicos, grupos de investigación, asociaciones y
organismos de control, han expresado preocupaciones sobre las implicaciones
económicas y financieras de la reforma y han propuesto ajustes al articulado,
pero estas sugerencias no fueron incluidas en la última ponencia para su debate
definitivo en la Cámara de Representantes.
Costo del pilar
En el análisis de las finanzas con la reforma, la CARF dice que, frente al Pilar
Solidario, este tendrá un costo de 0,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en
2025, es decir, $4,3 billones. Cabe resaltar que los recursos del Pilar
Solidario deberán ser asignados por el Presupuesto General de la Nación todos
los años en el Congreso de la República.
Estos recursos deberán tener en cuenta los techos de gasto fijados por el Marco
Fiscal de Mediano Plazo y ser consistentes con la Regla Fiscal. Este pilar no
corresponde a un derecho pensional, responde a un programa social y deberá estar
sujeto a los recursos disponibles para el mismo.
En cuanto al Pilar Semicontributivo, el CARF estima que este tendría un costo
del 0,1 % del PIB en 2025, que aumentaría a 0,3 % del PIB en 2029, y después
subiría lentamente, hasta 0,5 % del PIB en 2070.
Este gasto se explica por la
devolución de los saldos de los cotizantes y al rendimiento real de las
cotizaciones a Colpensiones que se otorga a aquellas personas que cotizaron
entre 300 y 1.000 semanas, y que no se encuentran en condición de pobreza ni
vulnerabilidad. Los beneficiarios de este pilar tampoco accederían a una pensión
dado que recibirían montos mensuales menores a 1 salario mínimo.
Frente al Pilar Contributivo, en el que efectivamente están los pensionados, se
estima que, las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y
devoluciones aumentarían del 3 % del PIB en 2035 al 5,5 % del PIB en 2070. Esto
se explica porque Colpensiones pasaría a responder por los primeros 3 salarios
mínimos de todas las pensiones.
Mayor deuda
Andrés Monroy, gerente de Impuestos y Servicios legales de Crowe Colombia, firma
de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal y fiscal para el
sector empresarial, explica “cualquier incremento en el umbral significará una
mayor deuda pensional del Estado a futuro, pero también cualquier disminución
implicará un menor valor de pensión a futuro, especialmente de los más jóvenes,
así como un desincentivo al ahorro y a la función complementaria que ahora
asumirían los fondos privados. Se requiere un análisis juicioso para lograr el
equilibrio adecuado”.
Por otra parte, ya fue presentado el
texto por la ponente de la iniciativa, Martha Alfonso, de la Alianza Verde, y
que mantiene varios aspectos de lo que se aprobó en Senado y en la Comisión
Séptima como el umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones y la
entrada en vigencia de la reforma en julio del 2025.
Según Alfonso, el texto tiene un alto nivel de consenso debido a que “los
principales debates que se dan para esta ponencia final están asociados
principalmente para la conformación del comité directivo del fondo de ahorro y
pilar contributivo que administrará el Banco de la República”.
Por otro lado, también para esta semana se tiene previsto que el Gobierno
responda a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación al
proyecto de reforma pensional.
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En el texto del ministerio público, se plantean cuatro ejes claves relacionados
con futuras designaciones por parte del Gobierno, el impacto fiscal, la entrada
en vigencia del nuevo sistema y la viabilidad de Colpensiones para ser gerente.
Observaciones
La primera observación está relacionada con 45 temas estructurales del sistema,
los cuales quedarían a determinación del Gobierno y pueden "generar altas
judicializaciones, vulneración a los derechos de los afiliados que soliciten el
reconocimiento de una prestación económica y que se vean afectados por demoras
en la reglamentación", entre otros temores.
Algunos de estos son los beneficiarios de la subcuenta del pilar solidario o el
ingreso al mismo. También sobresalen el financiamiento del pilar
semicontributivo o la redención del bono a las AFP.
En otro orden, el texto también plantea insuficiencias en cuanto a la capacidad
de Colpensiones para ser gerente del nuevo esquema pensional, conclusión que
plantean luego de que la entidad no respondiera algunas solicitudes de
información o lo hiciera de forma deficiente.
Asimismo, insistieron en el impacto fiscal de este proyecto. “No se ha informado
por parte del Ministerio de Hacienda, si este proyecto es sostenible
fiscalmente. Este tema es de gran importancia porque de aprobarse la reforma sin
el estudio de impacto fiscal, podría aumentar el pasivo pensional y generar
fallos de inconstitucionalidad”, dijo la entidad en el documento.
Las recomendaciones de ANIF y Fedesarrollo.
Los directores de la ANIF, Fedesarrollo y profesores de reconocidas
universidades, le enviaron una carta al Congreso de la República proponiendo
cambios en la reforma pensional.
El primero es bajar el umbral de 2,3 salarios mínimos a 1,5 salarios mínimos.
“Esta medida profundizaría aún más la reducción de los subsidios regresivos
presentes en el sistema actual, promoviendo así la equidad y la sostenibilidad,
protegiendo al mismo tiempo el ahorro pensional y nacional”, dice la misiva.
Otro punto tiene que ver con que la ley entre en vigencia en 2026, “considerando
que la transición hacia un nuevo sistema requiere tiempo, esfuerzos de
divulgación y la adecuación de los sistemas de información de Colpensiones”.
Señalan los centros de pensamiento que “se fortalezca el régimen de contratación
de Colpensiones. “Es fundamental que la Junta Directiva de Colpensiones cuente
con integrantes técnicos e independientes. Además, la selección de sus
funcionarios, incluyendo su presidente, debe regirse por perfiles definidos,
requisitos claros de formación y experiencia, así como por un proceso de
selección transparente y competitivo”, señala la carta.
Rescatan a niña desaparecida de Santa
Marta en un operativo en Bogotá
En la noche del 5 de junio, una menor de 13 años, reportada como desaparecida
hace cuatro meses en Santa Marta, fue encontrada en un operativo de seguridad en
la localidad de Los Mártires, Bogotá. La acción conjunta de la Secretaría de
Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá, Migración Colombia y la Alcaldía
Local de Los Mártires permitió localizar a la niña durante una megatoma en el
sector de La Favorita, al revisar los “pagadiarios”.
La menor fue detectada ingresando a uno de estos establecimientos y, al ser
interrogada, dio respuestas inconsistentes, lo que llevó a la intervención
inmediata de las autoridades. Proporcionó el número de contacto de su abuela a
la Policía de Infancia y Adolescencia, quien confirmó que la niña había
desaparecido en Santa Marta.
La menor fue trasladada a un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) para recibir atención médica y protección, siguiendo los
protocolos establecidos para estos casos. Las autoridades están investigando si
la niña fue víctima de explotación sexual o utilizada para la venta de drogas.
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, indicó que se están
reforzando los operativos en pagadiarios y otros lugares para identificar
posibles sectores donde menores puedan estar siendo sometidos por redes
delincuenciales. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten a la
línea de emergencias 123 cualquier presencia de niños, niñas y adolescentes en
situaciones de riesgo.
Durante el mismo operativo, se incautaron dos motocicletas con sistemas de
identificación alterados, constituyendo el delito de falsedad marcaria. Las
autoridades continúan trabajando para desmantelar estas redes y proteger a los
menores de edad de situaciones de explotación y abuso. |
