|
Líderes del G7 acordaron crédito de
50.000 millones de dólares para Ucrania
En un encuentro clave celebrado en Italia, los líderes de las siete
democracias más ricas del mundo acordaron otorgar un crédito de
50.000 millones de dólares a Ucrania. Este pacto histórico fue
alcanzado durante la cumbre anual del G7, que este año tuvo lugar en
el lujoso resort Borgo Egnazia, en el sur de Italia. Los activos
rusos bloqueados por Occidente tras la invasión de Ucrania en
febrero de 2022 serán utilizados como garantía para financiar este
crédito.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el presidente de
Francia, Emmanuel Macron; y los primeros ministros de Canadá, Justin
Trudeau; Reino Unido, Rishi Sunak; Japón, Fumio Kishida; y Alemania,
Olaf Scholz, fueron recibidos por la primera ministra italiana,
Giorgia Meloni, anfitriona del evento. Durante las conversaciones,
se alcanzó un "acuerdo político al más alto nivel" para destinar
50.000 millones de dólares a Ucrania este año, según un alto
funcionario de la administración estadounidense que prefirió
mantenerse en el anonimato.
El plan prevé utilizar los intereses generados por aproximadamente
300.000 millones de euros (325.000 millones de dólares) en activos
rusos congelados. Aunque el acuerdo es un avance significativo, aún
existen dudas sobre el destino de estos activos en caso de un
hipotético acuerdo con Rusia y sobre quién asumiría el riesgo en
caso de impago.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó a Italia para
participar en varias reuniones con los líderes del G7. Antes de su
llegada, Zelenski anunció en las redes sociales que Ucrania firmará
acuerdos de seguridad con Estados Unidos y Japón durante la cumbre,
y expresó su expectativa de obtener "decisiones importantes".
El apoyo a Ucrania, devastada por la guerra desde la invasión rusa,
es uno de los temas principales en la agenda de la cumbre, junto con
la situación en Gaza. Los líderes del G7 también respaldaron una
propuesta de tregua de Biden, que incluye la liberación de los
rehenes capturados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre en
Israel.
El Senado argentino aprueba
la "Ley Bases" de Milei en medio de protestas
En una sesión maratónica, el Senado argentino aprobó el pasado
miércoles 12 de junio la controvertida "Ley Bases", el ambicioso
proyecto de reformas impulsado por el gobierno del presidente Javier
Milei.
Esta legislación, destinada a transformar el modelo económico y
social de Argentina, ha suscitado intensas protestas y disturbios en
las calles de Buenos Aires.
Tras once horas de debate ininterrumpido, la "Ley Bases y Puntos de
Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida popularmente
como "Ley Ómnibus", fue aprobada con 36 votos en contra y 37 a
favor. El desempate fue decidido por el voto de calidad de la
presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República,
Victoria Villarruel. "Por esos argentinos que sufren, que esperan,
que no quieren ver a sus hijos irse del país (...), mi voto es
afirmativo", declaró Villarruel, destacando la importancia del
proyecto para el futuro del país.
Esta aprobación marca el primer respaldo significativo del
Legislativo al gobierno de Milei, quien asumió el poder hace seis
meses con su partido, La Libertad Avanza, siendo minoritario en
ambas cámaras.
La "Ley Bases" propone una serie de reformas estructurales para
modernizar y |
|
dinamizar la
economía argentina, reduciendo significativamente el rol del Estado. Entre sus
puntos clave, la ley declara la emergencia pública por un año en áreas
administrativas, económicas, financieras y energéticas, otorgando poderes
especiales al Ejecutivo en estas materias.
Asimismo, la ley contempla la privatización de servicios públicos, aunque
servicios esenciales como Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión
Argentina (RTA) quedan excluidos de esta medida. Además, se incluyen
desregulaciones del Estado, reformas en el empleo público y modificaciones en
las normativas de despido laboral.
El proyecto inicial, que contaba con 664 artículos y abarcaba temas diversos
como seguridad, justicia, ambiente y salud pública, fue reducido a 238 artículos
tras su paso por la Cámara de Diputados.
La jornada de debate en el Senado estuvo acompañada por masivas protestas en las
calles. Miles de manifestantes, incluidos miembros de organizaciones sociales,
políticas y sindicales, así como integrantes de la Confederación General del
Trabajo (CGT), se congregaron frente al Senado para expresar su oposición a la
ley.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó un despliegue masivo de
fuerzas policiales para controlar la situación, lo que resultó en violentos
enfrentamientos. Los agentes emplearon escuadrones antidisturbios, camiones
hidrantes y gas pimienta para dispersar a los manifestantes.
"Es un día muy violento, en 40 años de democracia nunca había visto una
represión así", declaró la diputada opositora Cecilia Moreau, confirmando que
varios colegas resultaron afectados por los gases lacrimógenos.
Aunque la aprobación de la ley en el Senado es un paso crucial, aún quedan por
debatir y aprobar punto por punto los títulos que componen el proyecto. De ser
modificado, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su discusión
y sanción definitiva.
Maduro nombra nuevo ministro
penitenciario en medio de protestas en cárceles
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha nombrado a Julio García Zerpa
como el nuevo ministro de
Servicios Penitenciarios, en un esfuerzo por abordar las tensiones crecientes en
las cárceles del país. Este cambio de liderazgo se produce en medio de una
huelga de hambre iniciada el domingo pasado, que ya se ha extendido a 16 de los
80 centros penitenciarios de Venezuela.
El anuncio de Maduro fue realizado a través de un mensaje en la red social X,
donde destacó la experiencia de García Zerpa, abogado y diputado del Parlamento,
para implementar un sistema penitenciario "adaptado a los nuevos tiempos,
seguro, estable y con respeto a los Derechos Humanos". Además, el presidente
agradeció a la ministra saliente, la vicealmirante Celsa Bautista, por su labor
desde febrero de 2023.
La destitución de Bautista y el nombramiento de García Zerpa están estrechamente
relacionados con las protestas carcelarias en curso. La huelga de hambre fue
organizada para exigir mejoras en las condiciones de los reclusos y el respeto a
sus derechos judiciales. Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),
los presos demandan una "actualización oportuna de sus cómputos, otorgamiento de
medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y el cese de los planes
de abordaje" del Ministerio, que consideran ineficaces.
Entre las principales quejas de los reclusos se encuentran el
retraso procesal, malos tratos por parte de los funcionarios, insuficiencia
alimentaria y un hacinamiento estimado en un 200%. La población carcelaria de
Venezuela asciende a aproximadamente 54,000 prisioneros, según cifras oficiales.
La ministra saliente, Celsa Bautista, había anunciado el lunes un "abordaje
jurídico" en el Internado Judicial Rodeo III, uno de los centros en huelga,
aunque no mencionó directamente la huelga de hambre.
|
|
Los familiares de los reclusos han expresado desesperación y frustración por las
condiciones en las que viven sus seres queridos. Una madre, que prefirió
permanecer en el anonimato, relató que su hijo fue trasladado desde
Tocuyito (Carabobo) hasta una prisión en Mérida, a unos 500 kilómetros de los
tribunales que llevan su caso. "A mi hijo le ha tocado comer carne verde
(descompuesta). ¿Por qué nos mandaron esos muchachos tan lejos? Uno no les puede
llevar ni un jabón, ni un pedazo de pan", dijo, señalando que lleva ocho meses
sin poder ver a su hijo, quien también está en huelga de hambre.
Julio García Zerpa asume el cargo en un momento de gran desafío, con la urgente
necesidad de atender las demandas de los reclusos y mejorar las condiciones
carcelarias.
Joe Biden acepta el veredicto contra su
hijo Hunter Biden
Un jurado popular en el estado de Delaware ha encontrado culpable a Hunter Biden,
hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de tres delitos relacionados
con la posesión ilícita de un arma de fuego. Hunter fue condenado por mentir en
un formulario oficial al negar sus problemas de adicción cuando adquirió un
revólver en 2018. Además, fue encontrado culpable de poseer el arma durante 11
días sin munición. Este veredicto podría llevar a Biden a una pena máxima de 25
años de cárcel, aunque los expertos consideran improbable que reciba tal castigo
debido a su estatus de delincuente primario.
El presidente Joe Biden ha declarado que respetará la decisión judicial y no
intervendrá para perdonar a su hijo, subrayando su compromiso con la
independencia del sistema judicial estadounidense. "Aceptaré el resultado de
este juicio", expresó el presidente en un comunicado oficial, en un claro
contraste con las actitudes del ex presidente Donald Trump, quien ha sugerido
que se autoperdonaría en caso de ser condenado en los juicios federales que
enfrenta.
El proceso judicial contra Hunter Biden ha revelado detalles desgarradores sobre
su batalla con la adicción al crack, una droga notoriamente destructiva.
Testimonios familiares, incluyendo el de Hallie Biden, viuda de su hermano Beau
Biden y quien tuvo una relación con Hunter, describieron la profundidad de su
adicción. Hallie confesó que Hunter la introdujo en el consumo de crack,
añadiendo más controversia a la ya escandalosa situación. Zoe Keaton, una
stripper con la que Hunter también tuvo una relación, y una de las hijas de
Hunter, ofrecieron testimonios que pintaron un cuadro devastador del acusado.
La familia Biden ha estado presente durante el juicio, con la primera dama Jill
Biden y una de las hermanas de Hunter asistiendo regularmente. Sin embargo,
algunos expertos legales consideran que esta presencia pudo haber perjudicado la
imagen de Hunter ante el jurado, que estaba compuesto mayormente por personas de
clase obrera. La fiscalía presentó a Hunter como un individuo privilegiado,
beneficiado económicamente por las conexiones políticas de su padre y capaz de
gastar en un mes lo que un estadounidense promedio gana en un año. La vestimenta
costosa de Jill Biden y su presencia constante podrían haber reforzado esta
percepción.
El caso de Hunter Biden ha sido objeto de controversia, con algunos sugiriendo
motivaciones políticas detrás de su procesamiento. En Estados Unidos, donde un
tercio de la población posee armas de fuego, muchas de las cuales no están
registradas adecuadamente, este tipo de delitos rara vez se persiguen
penalmente. Además, Hunter solo mantuvo el revólver en su posesión durante 11
días.
Hunter Biden ha anunciado que apelará la sentencia, lo que podría reducir su
posible condena. No obstante, el estigma de ser el primer hijo de un presidente
estadounidense condenado por un delito penal persistirá. Además de este caso,
Hunter enfrenta otro juicio en California por evasión fiscal, donde se le acusa
de eludir al menos 1,4 millones de dólares. Si es hallado culpable, también
podría enfrentar una sentencia de prisión por este delito.
El veredicto contra Hunter Biden representa no solo un golpe personal para la
familia presidencial, sino también un desafío político y mediático para Joe
Biden, quien busca subrayar su respeto por el Estado de derecho en un clima
político profundamente polarizado.
|
