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Caso Vitalogic: condenan a Rodolfo Hernández a 5
años de casa por cárcel
Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, fue
condenado a 5 años y 3 meses de prisión domiciliaria por el delito de interés
indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo de corrupción
conocido como Vitalogic.
Este fallo se suma a las investigaciones que lo vinculan con la asignación
irregular de un millonario contrato para el manejo de basuras en Bucaramanga, en
beneficio de su hijo.
La condena impuesta se fundamenta en pruebas contundentes presentadas por la
Fiscalía, que demuestran su intervención para favorecer a la empresa Vitalogic
RSU en la adjudicación del contrato de consultoría 096 de 2016, destinado a
implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario El Carrasco.
Uno de los elementos centrales en esta sentencia es la participación activa de
Hernández en la designación de personas clave para manipular el proceso
licitatorio a favor de Vitalogic. Esto incluye la presunta repartición de
comisiones y beneficios económicos que involucraban a su hijo, Luis Carlos
Hernández, con la expectativa de un pago millonario.
El fallo del juez destaca la gravedad de los actos cometidos por Hernández
durante su gestión como alcalde, señalando que su conducta constituye un claro
caso de interés indebido en la celebración de contratos, una práctica que socava
la integridad de las instituciones públicas y el manejo transparente de los
recursos ciudadanos.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria se basa en consideraciones como
la edad avanzada de Hernández y su delicado estado de salud, diagnosticado
recientemente con cáncer terminal. A pesar de la condena, Hernández ha
manifestado su intención de apelar la sentencia, confiando en su defensa y
buscando demostrar su inocencia en instancias superiores.
Destituyen a Natalia Martínez, exdirectora del
Instituto Para Sordos
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años a la
exdirectora general del Instituto Nacional para Sordos (INSOR),
Natalia Martínez Pardo (2019-2022), por omitir la aplicación del
porcentaje de participación mínima de la mujer en la designación de los cargos
correspondientes a otros niveles decisorios,
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durante las vigencias 2019 y
2020.
El ente de control evidenció que ninguna mujer fue nombrada en alguno de los dos
cargos de subdirector general con los que contaba el Insor para el 2019, y que
en el 2020 fue designada una mujer en uno de ellos, para el periodo parcial
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, y no para toda la
vigencia como lo exige la ley.
A juicio del Ministerio Público, la disciplinada omitió adelantar “las acciones
pertinentes para promover la igualdad de género” y enfatizó en que el interés
del legislador con la Ley de Cuotas “es que la mujer supere la baja
participación en los niveles de decisión del Estado, además, de erradicar las
prácticas discriminatorias en estos escenarios”.
En el fallo de primera instancia, la Procuraduría citó que la Constitución
Política establece que la participación adecuada de la mujer se hará efectiva
aplicando la regla que define que “mínimo el 30 % de los cargos de otros niveles
decisorios (…) serán desempeñados por mujeres”.
La falta de Martínez Pardo fue calificada como falta gravísima cometida a título
de culpa gravísima.
La Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3 manifestó que contra esta decisión
procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de
Juzgamiento.
Mayordomo de Dr. Velásquez, aceptó ser
responsable del asesinato
Luego de la confirmación de la muerte del productor Daniel Alexander Velásquez
Franco, conocido como Dr. Velásquez y de su esposa, Sofía Riascos Valdéz, en una
casa ubicada en Envigado, Antioquía, el pasado sábado por parte de la Policía
Nacional, este martes el abogado de las víctimas indicó que el presunto asesino
sería el mayordomo conocido como 'El Tío'.
El hallazgo tuvo lugar en la madrugada del 8 de junio, cuando las autoridades
recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de un
hombre sin signos vitales y con un impacto de bala en la cabeza. Al llegar al
sitio, se confirmó la identidad del hombre, quien estaba relacionado con las
carreras artísticas de importantes exponentes de la industria urbana, como
Blessd y J Balvin.
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En un comunicado publicado el pasado
lunes, la familia dio a conocer que el principal sospechoso se encontraba bajo
la custodia de la Fiscalía General de la Nación, mientras se continuaba el
desarrollo de la investigación.
El informe policial, entregado durante el fin de semana, señala que el
mayordomo, Julián Alberto Quintero Agudelo, de la casa del productor, conocido
como 'el tío', en aparente estado de embriaguez, entregó las primeras pistas a
las autoridades, indicando que había estado compartiendo el Dr. Velásquez y su
esposa antes de salir a comprar licor. Al regresar, se encontró con la escena de
la pareja asesinada.
El abogado, Daniel Gómez, dijo que Quintero Agudelo, reconoció haber sido el
autor del doble homicidio, que ha conmocionado a varios artistas del país.
“La Fiscalía tiene en su poder el arma que al parecer fue utilizada para segar
la vida de nuestros familiares y amigos. Se logró establecer la identidad de
quien de manera libre decidió aceptar su responsabilidad en los hechos.
Ciudadano que está siendo judicializado ante la norma colombiana para ser
presentado ante un juez de control de garantías”, dijo Gómez.
Condenan a Cielo
González, exgobernadora del Huila, por tres delitos
Por decisión mayoritaria, la Sala de Primera Instancia emitió sentido de fallo
condenatorio contra la exgobernadora del Huila, Cielo González, por los delitos
de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en
documento público y peculado por apropiación.
El proceso está relacionado con las irregularidades en el contrato de concesión
para la explotación del aguardiente Doble anís que habrían terminado por
favorecer, sin ninguna razón jurídica, a la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia (FLA).
De acuerdo con la investigación, en 2011 se celebraron contratos que
determinaban la distribución, producción y comercialización del licor. Cuando
González asume como gobernadora, declinó el proceso de licitación y los otorgó
de manera directa.
Según la Fiscalía, la mandataria omitió la verificación por parte de la
Secretaria de Hacienda y presentó documentos falsos con el propósito de
legalizar dicha celebración.
Además, se habría cometido un peculado de 200 millones de pesos aproximadamente,
ya que con la celebración de los contratos se generaron algunos compromisos para
que una parte de las utilidades fueran reinvertidas en publicidad, sin embargo
las reinversiones nunca se realizaron.
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