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Netanyahu disuelve gabinete de
guerra creado tras ataques de Hamás
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado la
disolución del gabinete de guerra, creado tras los ataques
ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica
(Hamás) tras las recientes dimisiones de uno de sus integrantes y
uno de sus observadores, Benny Gantz y Gadi Eisenkot,
respectivamente y en medio de los llamamientos por parte del
ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir,
para ser integrado en el mismo.
"El gabinete de guerra no existe", ha dicho Netanyahu, quien ha
afirmado que "era un acuerdo de coalición con Gantz, a petición
suya", según ha recogido el diario 'Israel Hayom'. "Una vez que
Gantz se fue, dejó de existir ese foro", ha afirmado, antes de
agregar que seguirá consultando temas sensibles con algunos grupos
políticos.
Gantz anunció que abandonaba el gabinete de guerra --integrado por
tres miembros y tres observadores-- ante lo que considera como una
falta de estrategia clara para poner fin a la ofensiva militar en
Gaza, al tiempo que responsabilizó a Netanyahu de "impedir que se
logre una auténtica victoria" en la Franja.
Poco después, Eisenkot anunció que seguía los pasos de Gantz y
abandonaba su cargo como observador en el gabinete de guerra
argumentando que "se evitó desde hace mucho que el gabinete adoptara
decisiones determinantes necesarias para materializar los objetivos
de la guerra y mejorar la posición estratégica de Israel".
En las últimas semanas se han profundizado las diferencias no solo
en el gabinete de guerra, sino también en el propio seno del
gobierno de coalición encabezado por Netanyahu, a cuenta de la forma
en que se están gestionando la ofensiva contra Gaza y los posibles
acuerdos con Hamás para la liberación de los rehenes que siguen
retenidos en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron
unos 1.200 muertos.
Cumbre de Paz en Suiza pide
a Ucrania negociar con Rusia
Decenas de países reunidos en una Cumbre de Paz en Suiza reiteraron
su apoyo a la independencia y la soberanía territorial de Ucrania,
al tiempo que señalaron que Kiev debe dialogar con Moscú para poner
fin a la guerra.
Pero nada más terminar la cumbre, el presidente ucraniano, Volodimir
Zelenski, afirmó que Rusia y sus dirigentes “no están listos para
una paz justa, después de que su
homólogo ruso, Vladimir Putin,
exigiese la rendición de facto de Ucrania para iniciar las
negociaciones”.
Rusia puede negociar la paz “mañana si se retira de nuestro
territorio”, insistió Zelenski, en una rueda de prensa al término de
la cumbre.
Más de dos años después de la invasión rusa de Ucrania, los
dirigentes y altos cargos de más de 90 países se reunieron en un
lujoso complejo hotelero en la ciudad suiza de Burgenstock, para
intentar poner fin al mayor conflicto en Europa desde la Segunda
Guerra Mundial.
La cita, en la que Rusia no estuvo presente, se cerró con una
declaración respaldada por cerca de 80 de los 92 países
participantes. Brasil, India y Arabia Saudita no figuraban entre
ellos.
El documento reafirmó “los principios de soberanía, independencia e
integridad territorial de todos los Estados, incluida Ucrania”,
llamó a realizar un canje de prisioneros y pidió el regreso a casa
de los niños deportados a Rusia.
También pide “la implicación y el diálogo entre todas las partes”
del conflicto para poner fin a las hostilidades.
La cuestión de “cómo y cuándo se puede incluir a Rusia” en el
proceso de paz sigue pendiente, reconoció Viola Amherd, presidenta
suiza y anfitriona de la cumbre.
China decidió no participar en la cumbre ante la ausencia de Rusia.
Sin embargo, Zelenski afirmó que Ucrania no era enemiga de China,
respondiendo a una pregunta sobre sus relaciones con Pekín.
Realidades del terreno
“Sabemos que la paz en Ucrania no se conseguirá de un plumazo. (...)
Esta (cumbre) no fue una negociación de paz, porque Putin no se toma
en serio poner fin a la guerra”, subrayó Ursula von der Leyen,
presidenta de la Comisión Europea.
El presidente chileno, Gabriel Boric, declaró que la cumbre no se
trataba de la OTAN, de convicciones políticas de izquierdas o
derechas ni de debates entre el Norte y Sur global.
“Se trata del respeto del derecho internacional y de los derechos
humanos como principios fundamentales de nuestra convivencia. Y esto
es aplicable en Ucrania, en Gaza y en cualquier otro conflicto del
mundo”, afirmó.
“Aspiramos a que Rusia y Ucrania entablen pronto un diálogo,
respetando la integridad territorial de Ucrania”, añadió.
Zelenski, que indicó que habría una segunda cumbre por la paz,
quiere unir a la comunidad internacional en torno a una propuesta de
paz que podría ser presentada en Moscú.
La reunión se celebró en un momento delicado para Ucrania en el
campo de batalla, donde las fuerzas rusas son más numerosas y están
mejor equipadas.
No obstante, “no es porque nos estemos debilitando por lo que
empezamos a hablar de paz”, afirmó el presidente ucraniano.
Putin planteó el viernes unas condiciones que Kiev considera
inaceptables para iniciar las negociaciones, que equivaldrían a una
rendición y abandonar
territorios reconocidos como parte de Ucrania por la comunidad
internacional.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, |
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insistió el
domingo que no se trataba de un “ultimátum”, sino de una
“iniciativa de paz que toma en cuenta las realidades del terreno”.
“La dinámica actual de la situación en el frente nos muestra claramente que
sigue empeorando para los ucranianos”, dijo.
El Ministerio de Defensa ruso reivindicó el domingo la captura de Zahirne, otro
pueblo situado en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.
Niños y seguridad alimentaria
Los participantes de la cumbre se dividieron el domingo en tres grupos de
trabajo: seguridad nuclear, asuntos humanitarios, seguridad alimentaria y
libertad de navegación en el mar Negro.
La declaración final exige la liberación “mediante intercambio completo” de las
prisiones de guerra y también de “todos los niños ucranianos deportados y
desplazados ilegalmente” por Rusia.
El texto también pedía que todos los civiles ucranianos detenidos ilegalmente
fueran reenviados a Ucrania.
En las conversaciones sobre seguridad alimentaria se examina la caída de la
producción y las exportaciones agrícolas, que tuvieron un efecto dominó en todo
el mundo, ya que Ucrania era uno de los graneros del planeta antes de la guerra.
El comunicado subraya que “la seguridad alimentaria no debe instrumentalizarse
en ningún caso” y que debe garantizarse la libertad de navegación en el mar
Negro y el mar de Azov.
Las discusiones abordan también la destrucción de tierras fértiles durante la
guerra y los riesgos permanentes que
plantean las minas y los artefactos
explosivos sin detonar.
Israel anunció una pausa humanitaria en una zona
del sur de Gaza
La franja de Gaza vivió un día de relativa calma, después de que el ejército
israelí anunciase una pausa en sus operaciones en una zona del sur de Gaza para
permitir la entrada de más ayuda humanitaria en el territorio palestino.
Tras ocho meses de intensos e incesantes bombardeos, Gaza vivió una jornada
“casi tranquila en comparación con los días anteriores”, declaró el portavoz de
la Defensa Civil, Mohamed Basal.
No obstante, informó de algunos bombardeos contra varios
barrios de Ciudad de Gaza, en el norte, y de disparos de artillería en Rafah, en
el extremo sur del territorio palestino, donde el ejército israelí inició una
ofensiva terrestre a principios de mayo.
El centro y el norte de Gaza estaban en calma, pero que hubo disparos y un
bombardeo en Rafah.
Sin embargo, el ejército israelí señaló que, pese a la pausa táctica, “no hay
ningún cese de las hostilidades en el sur de Gaza y las operaciones en Rafah
continúan”.
La pausa diaria se anunció al día siguiente de la muerte de 11 soldados
israelíes, ocho de ellos en la explosión de una bomba en la Franja de Gaza,
sumida en una cruenta guerra desencadenada por el sangriento ataque del
movimiento palestino Hamás el 7 de octubre en Israel.
“El alto tendrá lugar de las 08H00 a las 19H00 (05H00 a 16H00
GMT) todos los días y hasta nuevo aviso, en la zona que va desde Kerem Shalom,
un paso fronterizo en el sur de Israel, a la carretera de
Salahedin, en Gaza, y hacia el norte del territorio palestino”, precisó el
ejército.
Se tomó esa decisión para permitir un “aumento del volumen de la ayuda
humanitaria que ingresa en Gaza”, tras discusiones con la ONU y otras
organizaciones, indicó en un comunicado.
Medidas concretas
La ONU dijo que “celebra esta medida, pero pidió que esto lleve a nuevas medidas
concretas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria”, indicó Jens Laerke,
el portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA).
La organización internacional advirtió en repetidas ocasiones que la ayuda llega
difícilmente a la población, que sufre la escasez de agua, comida y medicamentos
debido a los combates y las restricciones israelíes.
La Franja de Gaza, asediada por Israel, está sumida en una grave crisis
humanitaria, donde el 75 % de sus 2,4 millones de habitantes han tenido que
desplazarse por la guerra y la población está amenazada de hambruna, según la
ONU.
“La persona que tomó la decisión de instaurar una pausa mientras nuestros
soldados caen en combate es malvada y estúpida”, denunció el ministro israelí de
Seguridad Nacional, de extrema derecha, Itamar Ben Gvir.
El ejército israelí anunció el sábado la muerte de ocho de sus soldados en Gaza
cuando el vehículo blindado en el que viajaban “fue alcanzado por la explosión
de una bomba” en Rafah, de dos militares en el norte de Gaza y de otro que
sucumbió a sus heridas.
“Tenemos el corazón roto por estas terribles pérdidas”, reaccionó el primer
ministro, Benjamín Netanyahu.
Pero, afirmó, “debemos ceñirnos a los objetivos de la guerra: destruir las
capacidades militares y gubernamentales de Hamás, recuperar a todos nuestros
rehenes, garantizar que Gaza deje de constituir una amenaza para Israel”.
Pocas esperanzas de tregua
La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre, cuando milicianos del
movimiento islamista mataron a 1.194 personas, en su mayoría civiles, y
secuestraron a otras 251 en el sur de Israel, según un balance de AFP basado en
datos oficiales israelíes.
El ejército israelí estima que 116 personas siguen secuestradas en Gaza, aunque
41 de ellas estarían muertas.
En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ha dejado al menos 37.337 muertos en
Gaza, también civiles en su mayoría, según el Ministerio de Salud del territorio
palestino, gobernado por Hamás desde 2007.
Mientras los musulmanes de todo el mundo celebraban el primer día del Eid al
Adha, la mayor fiesta del Islam, los palestinos de Gaza no estaban para
festejos.
“Eid al Adha es totalmente diferente”
este año, confesó Um Mohammad al Katri, en el campo de refugiados de Jabaliya,
cerca de Gaza.
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“Hemos perdido a mucha gente, hay mucha destrucción. Estoy en duelo, perdí a mi
hijo”, declaró.
El desafío del orden público en la era del
kirchnerismo contra Milei
“La patria no se vende, la patria se defiende”, gritaban miles de manifestantes
del Polo Obrero a las afueras del Congreso de Argentina, en donde este miércoles
se votó la “Ley Base”, un compendio normativo de 232 artículos que les permite a
Javier Milei y su gabinete libertario empezar las transformaciones legal,
social, económica, política y administrativa del paquidérmico estado argentino.
Los choques entre los manifestantes y la fuerza pública, que dejaron más de 30
heridos y 20 detenidos, según la prensa internacional, recordaron aquellas
marchas del 2001 contra el “corralito” de Antonio de la Rúa o, incluso, han
revivido las protestas en Cutral Có y Plaza Huincul (provincia de Neuquén) y en
General Mosconi y Tartagal (Salta), en 1996 y 1997, años en los que nació el
movimiento social argentino moderno que se oponía desde entonces al
neoliberalismo.
Es Argentina. Un país donde algunos dicen que se marcha más de lo que se trabaja
y que ha vivido, década tras década, en medio de una tensa relación entre un
gigantesco movimiento social y los gobiernos liberales y conservadores (en
posiciones políticas, no de partidos), como fue el caso de Mauricio Macri en
2015, un presidente al que le bloquearon las calles cada día durante sus cuatro
años en la Casa Rosada.
Ya, por eso, la ministra de Seguridad y excandidata presidencial, Patricia
Bullrich, junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pitovello,
formalizaron en enero un protocolo “antipiquetes”, que les da poderes especiales
a las fuerzas de seguridad de Argentina para desbloquear las vías y detener a
todo aquel que atente contra el orden público.
Bullrich –quien fue también ministra de seguridad de Macri– ha sabido que tiene
que equilibrar las fuerzas frente a los piqueteros, los sindicatos, la Cámpora,
el Movimiento Evita; sí, todas las fuerzas del peronismo y el justicialismo –son
distintos y a la vez lo mismo– que se oponen al proyecto libertario.
El orden público
Con los choques entre fuerza pública y manifestantes, el miércoles, se puso a
prueba este protocolo de seguridad. Un sector, asociado con los marchantes y el
kirchnerismo, ha denunciado que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. En
respuesta, Bullrich ha dicho que se actuó “con profesionalidad, con prudencia,
pero sin dudar de cuando hay que ir a atacar y no dejar que se tomen el
Congreso”. Para la ministra, quien suele decir que “el que la hace, la paga”, la
justicia debe tratar las acciones violentas de los manifestantes como actos de
sedición.
La situación de esta semana en Argentina es un capítulo más sobre la dificultad
que se tiene en América Latina para definir el orden público y como se recupera.
Esto, en especial, en un país donde la protesta social no sólo es un derecho,
sino un negocio del que comen y viven miles de personas, no dispuestas a ceder
frente a un gobierno que busca eliminar muchas –no todas– las ayudas sociales.
Atípico, Argentina es un país distinto en muchas cosas y una de ellas es que se
ha inventado, desde 1996, el desocupado como sujeto político. El que mejor
explica esto es el historiador argentino Juan Carlos Torres, quien lo define
como: “algo que hasta ahora era incompatible con la teoría clásica del trabajo y
de la acción sociales, que es la idea del desocupado como un sujeto político que
se organiza por fuera del trabajo, en el barrio, y a partir de la desocupación y
la pobreza”.
Un informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el instituto de
los jesuitas, titulado “Vendiendo paz social”, dice que en el país ha habido un
cruce, peligroso, entre la acción social y la política. Muchos de estos
movimientos sociales, que estuvieron el miércoles frente al Congreso argentino,
instrumentalizan a las bases sociales con prebendas.
Por años, desde que Néstor Kirchner llegó al poder en 2003, los movimientos
sociales en Argentina –o gran de parte de ellos– se han beneficiado del programa
Potenciar Trabajo, que consiste en prestaciones o subsidios condicionados a
cambio de que el beneficiario realice un trabajo. Muchos grupos, como el
Movimiento Evita, las Madres de la Plaza de Mayo y Polo Obrero, administran este
programa y como contraprestación obligan a que las comunidades pobres salgan a
marchar a las calles para recibir la mesada mensual. El desocupado, presionado
por su situación de vulnerabilidad y pobreza, convertido en un sujeto político
pago.
Ahora bien, para el analista argentino Carlos Pagni, todo esto representa un
problema que va más allá de cómo se organiza los subsidios y transferencias
condicionadas y no condicionadas, como muchos lo ven. “Hay un núcleo político e
ideológico en todo esto que es la promesa de Milei de ordenar la calle, de
garantizar un orden, de permitir la circulación. Es un debate muy antiguo en la
centroderecha”, escribe en “La Nación” de Argentina.
Se habla mucho de orden y protesta social, pero ambos términos, en una América
Latina convulsa y dividida, merecen una definición más clara, precisa y sobre
todo actual. El gobierno de Milei ha dado algunas puntadas sobre el asunto con
el protocolo “antipiquetes”, que, como se ha dicho, da facultades especiales a
las fuerzas de seguridad para recuperar el orden público.
La ministra Bullrich sostiene, además, que el gobierno está en la capacidad de
identificar facialmente a los manifestantes responsables de daños al patrimonio
público y al que bloquee la calle puede quitarle la plata de un plan social.
Estas dos formas, aunque efectivas para el control de la protesta, exigen un
control legal y constitucional. ¿El reconocimiento facial viola la Ley de
Inteligencia?, se pregunta el kirchnerismo. Pero el gobierno va más allá. ¿El
que corta la calle y recibe una contravención de orden penal o administrativa es
sujeto a su vez del retiro de las ayudas sociales?
Nada esto se ha aplicado todavía en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, ni en
América Latina. Como en muchos frentes, el gobierno de Milei busca darle un giro
al sentido del orden público con unas nuevas normas y, ante todo, una narrativa
en la que predomina las ideas de “el que la hace, la paga” y la “Argentina
productiva –sin bloqueos– vs. la patria subsidiada”.
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