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Banda de extorsionistas integradas por mujeres fue
desarticulada por Policía del Quindío
En el Quindío, el GAULA de la Policía desarticuló una banda delincuencial que
extorsionaba a campesinos, y estaba integrada por cinco mujeres que se hacían
llamar “las nenas”
En un procedimiento conjunto, el GAULA de la Policía Quindío en coordinación con
la Fiscalía y el GAULA Militar, lograron desarticular el grupo delincuencial
común organizado “Las Nenas”, señalado de los delitos de concierto para
delinquir y extorsión.
El teniente coronel Gustavo Adolfo Chaparro Guerrero, comandante encargado de la
Policía Quindío explicó que el campesino que denunció llevaba 18 meses,
recibiendo mensajes de texto a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp,
en los cuales se le exigía cuotas de entre 100 mil y 200 mil pesos bajo la
amenaza de ser denunciado por abusar sexualmente de una menor de edad, delito
que no había cometido.
El alto oficial agregó que la colaboración ciudadana resultó fundamental para el
desarrollo de esta importante acción operativa. Todo comenzó con la denuncia de
un hombre campesino, cuya única fuente de sustento era su trabajo agrícola.
La presión generada por los extorsionadores lo llevó a vender sus pertenencias,
como una bicicleta y un televisor, para cumplir con las mencionadas exigencias
económicas.
Tras una investigación, la Policía capturó a cuatro mujeres en Bogotá, Casanare
y Boyacá involucradas en este grupo delictivo cuyas edades oscilan entre 33 y 57
años.
Además, se le realizaron la imputación de cargos a otra mujer que se encuentra
detenida en centro carcelario con antecedentes de homicidio y por fabricación,
tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, así como la solicitud de activación
de una circular azul para un hombre de 37 años que habría salido del país con
destino a Estados Unidos.
Este operativo es un claro ejemplo del compromiso de las autoridades en la lucha
contra la extorsión.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquiera de estos
actos a través de la línea 165 y a colaborar con las autoridades.
La extorsión es uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad
ciudadana tanto en la zona urbana como rural en el departamento del Quindío que
en su mayoría se origina desde las cárceles de otras regiones del país.
Cárcel para el presunto asesino del Dr. Velásquez
y su novia Sofía Riascos
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la
posible responsabilidad de Julián Alberto Quintero Agudelo,
en el homicidio del productor musical Daniel Alejandro Velásquez Franco y su
pareja Astrid Sofía Riascos Valdez, ocurrido la noche del pasado 8 de junio, en
zona rural de Envigado, Antioquia.
El señalado agresor era el mayordomo del inmueble en el que residía el artista.
Al
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parecer, le disparó luego de
compartir y consumir licor, y generarse un intercambio de palabras desobligantes
por un asunto familiar. Posteriormente, se habría dirigido a la habitación en la
que descansaba la mujer y la habría atacado con arma de fuego.
Durante los actos urgentes practicados en el lugar del doble crimen, Quintero
Agudelo entregó en su momento dos pistolas, una de las cuales sería la utilizada
para causarles la muerte al productor musical y su compañera sentimental.
Tras surtirse varias actividades investigativas, personal del CTI capturó a esta
persona en Itagüí (Antioquia). Un fiscal de la Seccional Medellín, adscrito al
Grupo de Alertas Tempranas de URI, le imputó los delitos de homicidio y porte
ilegal de armas de fuego de defensa personal, ambas conductas agravadas. Los
cargos no fueron aceptados.
Por disposición del juez de control de garantías que dirigió las audiencias
concentradas, Julián Alberto Quintero Agudelo deberá cumplir medida de
aseguramiento en centro carcelario.
Disidencias FARC solicitan servicios de
transporte para secuestrar en Meta
Bajo la modalidad de falso servicio, criminales de la estructura Marco Aurelio
Buendía del autodenominado Estado Mayor Central, disidencias de las FARC al
mando de 'Iván Mordisco' contactaron a una empresa de transporte de servicio
público. De acuerdo a las primeras informaciones, los supuestos clientes
requerían llevar a una familia desde la vereda El Diamante, zona rural de
Acacías hacia Villavicencio.
De inmediato hacia el punto acordado salió una camioneta de servicio público. Al
llegar, varios hombres armados abordaron al conductor y tras intimidarlo y
despojarlo de su teléfono celular, lo aislaron y comenzaron a amenazarlo.
Posteriormente comenzaron a llamar y escribirle al gerente de la empresa
transportadora para exigirle una millonaria suma de dinero a cambio de no
atentar contra la vida de su empleado.
Con videos intimidatorios presionaban al empresario dándole un plazo corto de
tiempo, de no acceder al pago del dinero, amenazaron con incinerar la camioneta
con el conductor en su interior.
Las Fuerzas Militares, de manera interinstitucional con la Fiscalía, de
inmediato desplegaron todas sus capacidades operacionales, técnicas e
investigativas con el objetivo de localizar lo más pronto posible el lugar donde
se encontraban la víctima y sus secuestradores.
Horas más tarde se organiza un componente del GAULA Militar Meta, quienes
llegaron hasta un paraje en zona rural de Acacias. Allí tomaron por sorpresa a
los captores, y rescataron sano y salvo al humilde conductor.
En el hecho fueron capturados dos presuntos integrantes de la estructura Marco
Aurelio Buendía del autodenominado
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Estado Mayor Central de las
disidencias de las FARC. La víctima fue llevada hasta las instalaciones de la
Séptima Brigada del Ejército Nacional en donde en medio de lágrimas y alegría se
reencontró con su familia, amigos y compañeros de trabajo luego de este difícil
momento.
De acuerdo a información de las autoridades, las distintas estructuras del
autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, han
participado en la planeación y ejecución de diferentes acciones terroristas
mediante el empleo de artefactos explosivos improvisados presentados durante los
últimos días en los municipios de Acacías y Granada, Meta, como método de
intimidación para presionar el pago de cuotas extorsivas al gremio de
comerciantes, transportadores y ganaderos.
Las Fuerzas Militares anunciaron que fortalecerán los dispositivos de sus GAULA
Militares desplegados en el departamento del Meta con el objetivo de continuar
evitando la realización de acciones criminales en contra de la libertad
personal. Por esta razón disponen de la Línea Gratuita Nacional 147 en donde
durante las 24 horas del día, con absoluta reserva, podrán denunciar cualquier
acto delictivo como el secuestro y la extorsión.
Delegado de la ONU, preocupado “por el nivel de
violencia que vive la población colombiana”
El atentado sufrido recientemente por Sigifredo Márquez, padre de la
vicepresidenta Francia Márquez, es uno de tantos hechos de violencia que a
diario enfrentan los colombianos en diferentes partes del país.
Así lo hizo saber Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a través de un comunicado en el
que se refiere a la actual situación de seguridad en Colombia.
“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en
Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta;
dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias
personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez y Cajibío, en
Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los
combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa-, Nariño; el
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca,
Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”,
expuso.
Entre otras cosas, la ONU solicita al Estado colombiano tener mayor presencia en
las regiones, con el fin de contrarrestar la influencia que tienen allí grupos
armados y estructuras ilegales.
De Rivero añadió que “el Estado, en su conjunto, autoridades civiles y
militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los
derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad
humana, adoptada por el gobierno y que debe ser desarrollada en todos los
niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento
de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que
favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de
protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo
Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de
derechos”.
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