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Colombia incautó 400 toneladas de droga en 45 días
de ofensiva internacional
Una megaoperación internacional contra el narcotráfico, en la que participaron
62 países, permitió el decomiso de 400 toneladas de drogas en mes y medio de
caza militar, informó este miércoles la Armada colombiana.
La decimotercera versión de la campaña naval Orión, en la que intervinieron
agencias de seguridad de África, América, Asia, Europa y, por primera vez,
Oceanía, dejó "históricas cifras de incautación de narcóticos", según un boletín
oficial.
"Fueron incautadas 196 toneladas de cocaína, más 164 toneladas de marihuana, 41
toneladas de hachís y 80.000 pastillas de metanfetaminas" en coordinación con
países como Alemania, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, España o México,
precisó la Armada.
Además, se interceptaron 112 embarcaciones, 211 vehículos, nueve semisumergibles
-dos de ellos por primera vez en Guyana-, y cinco aeronaves.
La Operación Orión, que se desarrolla por fases cortas desde 2018, decomisó el
año pasado 195 toneladas de cocaína y 176 de marihuana.
"Estos resultados de Orión impactan directamente en la salud pública mundial" y
golpearon la economía del narco en 18,7 billones de dólares, según la Armada.
El país aumentó casi un 13% los cultivos de hoja de coca en 2022 hasta alcanzar
el récord de 230.000 hectáreas, según el último informe disponible de la ONU.
Colombia redujo este año su meta de erradicación de sembradíos de coca de 20.000
hectáreas a 10.000.
Gustavo Petro ha planteado un cambio de enfoque en la lucha antidrogas que
Colombia libra con la financiación de Estados Unidos, principal mercado de la
cocaína suramericana.
El mandatario ha ordenado a la fuerza pública que se concentre en incautar
grandes cargamentos de droga, en lugar de perseguir a pequeños cultivadores y
consumidores.
Situación humanitaria en Colombia sigue
deteriorándose: CICR
De acuerdo con un informe realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
en lo corrido del año se ha incrementado la presencia, uso y abandono de
artefactos
explosivos como el caso de las minas
antipersonal, los restos explosivos de guerra, los artefactos lanzados y los de
detonación controlada. Esta situación ha tenido efectos devastadores sobre la
población civil tanto en zonas rurales como urbanas.
El número de víctimas directas revela la gravedad del fenómeno. Entre enero y
mayo de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 194
víctimas de distintos tipos de artefactos explosivos. Esto representa un
incremento del 35 % respecto al mismo periodo del año anterior.
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El análisis de las cifras evidencia una serie de elementos que
llaman la atención, entre ellos que el 69 % de las víctimas corresponde a
civiles, el porcentaje más alto que se ha registrado en los últimos seis años.
Otro aspecto relevante es el aumento de la contaminación por armas. De los 43
municipios en los que se presentaron accidentes con artefactos explosivos en lo
corrido del año, 15 no habían reportado víctimas en 2023.
Esto significa que el fenómeno se
sigue extendiendo a nuevas zonas del país, pues es una problemática de carácter
acumulativo.
Según cifras oficiales entre enero y mayo de este año 31.832 personas se han
confinado. Lo que supone un aumento del 101 % en comparación con los mismos
meses de 2023. A nivel territorial destaca la situación de Chocó, si bien este
departamento ha ocupado en los últimos años el primer lugar de afectación, en
2024 ha tenido un notorio deterioro, al pasar de cinco eventos de confinamiento
registrados en los primeros cinco meses del año pasado a 13 eventos en lo
trascurrido de este año.
En cuanto al desplazamiento masivo, 26.753 personas se han desplazado en lo que
va de 2024. Esto representa un aumento del 49 % en la población desplazada con
relación al mismo periodo del año anterior. Desde la perspectiva territorial,
Nariño sigue siendo el departamento más afectado. En relación con el año pasado
este departamento no registró mayor variabilidad en los eventos reportados, pero
en otras zonas del país la situación ha sido distinta. Bolívar, por ejemplo,
pasó de un evento reportado en los primeros cinco meses de 2023 a 9 en lo que va
de este año.
De acuerdo con la entidad, entre enero y mayo, 24.437 personas fueron incluidas
en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento individual. El estudio de
los datos muestra que Buenaventura sigue siendo la principal ciudad expulsora
con 2.645 personas desplazadas, mientras que Bogotá es la principal ciudad
receptora de población desplazada de manera individual.
A esta compleja situación humanitaria se suma la persistencia del fenómeno de la
desaparición. Entre enero y mayo de 2024 el CICR documentó 78 casos de
desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia que
ocurrieron en esos mismos meses. Los hechos se reportaron en 9 departamentos,
registrándose el 65 % de ellos en Arauca y Cauca.
Indagan posibles anomalías en contrato para
impresión de cédulas de extranjería
Por presuntas irregularidades en el contrato firmado para la impresión de
cédulas de extranjería, trabajo en el que se comprometieron recursos por un
total de 6.600 millones de pesos, la Procuraduría abrió investigación
disciplinaria contra el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García
Manosalva, y el ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René
Chaves Fernández (2023).
En el mismo auto se abrió
investigación contra el jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia,
Carlos Julio Ávila Coronel, y el secretario general de esa misma entidad,
Rigoberto Niño Corredor.
El órgano de control investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta
Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la
totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las
cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la
personalización y entrega del documento final a Migración Colombia.
Igualmente, es objeto de la investigación disciplinaria una posible vulneración
a la libre concurrencia de oferentes, pues el contrato se adjudicó de manera
directa, lo que pudo vulnerar los intereses
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de posibles competidores del mercado.
Para el órgano de control, con su aparente actuación los investigados pudieron
infringir los principios de la contratación estatal y la función administrativa.
Entre otras pruebas requeridas, la Procuraduría solicitó copia del contrato
firmado, así como un informe ejecutivo del estado actual de los mismos,
detallando las actividades realizadas hasta el momento y los pagos o aportes
realizados.
Peaje Papiros tendrá tarifa diferencial a partir
de agosto
Desde agosto, los residentes de Puerto Colombia y los usuarios de transporte
público que transitan por la Vía al Mar deberán ajustarse a una nueva realidad
en el Peaje Papiros.
El Ministerio de Transporte anunció la reintroducción del cobro, con una tarifa
especial de 1.500 pesos para automóviles, camperos, camionetas y buses que
cubren la ruta hacia Barranquilla y sus alrededores. Esta medida, establecida
mediante la Resolución 20243040030055, busca regular el tránsito en esta
importante vía costera.
La decisión de implementar esta tarifa diferencial surge tras meses de debate y
negociaciones entre las autoridades locales, la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) y representantes comunitarios. Según la resolución firmada
por el Ministro de Transporte, William Camargo, se mantendrá la suspensión del
cobro durante el mes de julio para permitir ajustes y preparativos necesarios.
Steven Pérez, vocero del Comité No al Peaje, expresó la frustración de la
comunidad ante esta medida, argumentando que la ANI no ha atendido las demandas
de desmontar completamente el peaje. "Con este decreto conformamos lo que desde
el día uno sabíamos y es que la ANI nunca tuvo voluntad de llegar a una solución
para el desmonte del peaje papiros o para el no pago a las tarifas C1 y C2 que
tanto afecta a los habitantes de Puerto Colombia, pero además también están
haciendo caso omiso a las propuestas que hemos hechos", señaló Pérez.
La tarifa diferencial de 1.500 pesos afectará principalmente a los residentes
locales y a los usuarios frecuentes de la vía, como los estudiantes y empleados
de los colegios en la zona de 'Y de los Chinos'. Además, se espera que los buses
que conectan Puerto Colombia con Barranquilla se ajusten a este nuevo costo, lo
cual ha generado preocupaciones entre los usuarios habituales de esta ruta.
El diputado Camilo Torres, involucrado en las negociaciones, destacó la
importancia de la acción popular interpuesta por la Procuraduría Provincial, que
busca mantener suspendido el cobro del peaje hasta que se resuelva
judicialmente.
“Lo que se busca es que un juzgado dicte una medida cautelar que suspende el
cobro hasta tanto no haya un fallo vinculante, y ya será entonces la justicia la
que diga que va a pasar con la caseta de cobro. Esto es algo a lo que la ANI le
tiene miedo porque podría sentar un precedente y Papiros podría ser, si así lo
decide la justicia, la primera caseta de cobro o peaje que se desmonte en el
país por una orden judicial”, comentó Torres.
El Ministerio de Transporte también aseguró que las tarifas diferenciales serán
revisadas anualmente según los términos del Contrato de Concesión No. 004 de
2014, lo cual garantiza una actualización acorde con las necesidades del Fondo
de Seguridad Vial (FOSEVI).
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