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Descubrimiento arqueológico en la Avenida Caracas revela miles piezas
históricas de Bogotá
En un sorprendente hallazgo, un equipo de arqueólogos ha concluido un extenso
trabajo de rescate en el proyecto Extensión Caracas Sur, en la zona de La
Ladrillera, en Usme, Bogotá. Tras casi tres años y medio de labor, se han
identificado más de 100.000 piezas arqueológicas, que actualmente están siendo
analizadas y clasificadas en laboratorio.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que el rescate incluye restos
óseos humanos y de fauna, así como material cerámico, lítico y metálico. Estos
hallazgos han proporcionado una ventana única al pasado de la región, con una
posible antigüedad prehispánica.
Las excavaciones comenzaron en febrero de 2021, tras un monitoreo de rutina que
reveló fragmentos óseos y cerámicos a tres metros de profundidad. Este
descubrimiento no se había detectado en la prospección inicial realizada durante
la pandemia de COVID-19 en marzo y abril de 2020. Al identificar el material
arqueológico, se suspendieron las obras en ese sector y se acordonó el área
siguiendo la metodología aprobada por el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH).
El equipo, compuesto por cuatro arqueólogos principales y más de veinte
ayudantes, realizó pozos de sondeo que confirmaron la presencia de material
arqueológico. Esto llevó a la ampliación de las áreas de corte y a la
implementación de métodos manuales de excavación, lo que causó algunos retrasos
en el avance de la construcción. A medida que se liberaban áreas, el consorcio
de construcción pudo continuar con las obras en otras secciones del proyecto.
El material rescatado fue trasladado a un laboratorio para su limpieza y
registro, con el fin de evitar su deterioro. Este proceso de análisis y
clasificación está previsto que dure más de un año, debido a la gran cantidad de
piezas encontradas. Solo al final de este proceso se podrá determinar con
precisión la época exacta de los artefactos. Parte del inventario encontrado
podría ser descartado tras la clasificación final.
Este proyecto de rescate arqueológico destaca la importancia de la colaboración
entre entidades como el IDU y el ICANH. Además, subraya cómo las obras de
infraestructura pueden desencadenar descubrimientos históricos significativos.
La extensión de la Avenida Caracas hacia el sur se ajustó para proteger el
patrimonio cultural encontrado en Usme, mostrando un equilibrio entre el
desarrollo urbano y la preservación del patrimonio histórico.
El descubrimiento ha generado un gran interés tanto en la comunidad científica
como en la ciudadanía, que espera conocer más detalles sobre la historia que
yace bajo las calles de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá ha mostrado su compromiso
con la preservación del patrimonio cultural y ha asegurado que se seguirán
tomando medidas para proteger estos valiosos hallazgos.
JEP niega libertad condicional a exparamilitar
Salvatore Mancuso
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) negó la libertad transitoria, condicionada y
anticipada solicitada por la defensa de Salvatore Mancuso Gómez, al igual que su
libertad en calidad de gestor
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de paz nombrado por el gobierno Nacional.
La sala determinó que, en vista de que la comparecencia de Mancuso ante el
tribunal de paz se encuentra en estudio por parte de la Corte Constitucional
debido a una “colisión positiva de competencia de jurisdicciones”, la
competencia de la JEP, por el factor personal, se encuentra cuestionada. En
otras palabras, se está revisando quién tiene la autoridad final para decidir
sobre el caso lo cual es crucial debido a la importancia de la paz y la justicia
en contextos postconflicto.
Así mismo, la sala argumentó que la solicitud de libertad de Mancuso como gestor
de paz fue negada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla;
dicha decisión fue apelada, no habiendo sido resuelto el recurso por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención al conflicto de competencias
que se surte en la Corte Constitucional.
Emiten alerta temprana para Casanare por disputa
entre grupos amados
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana para el sur del departamento
del Casanare, concretamente para las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué,
Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales, debido al riesgo que corren las
comunidades por cuenta de la disputa territorial entre grupos armados ilegales
que delinquen en el lugar.
Hay tres escenarios de riesgo relacionados entre sí, como lo son el proceso de
consolidación del control armado ilegal ejercido por las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), su accionar violento y la
injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su frente
José David Suárez, y de facciones disidentes de las Farc, particularmente de
sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC).
El grupo AGC, en su proceso de expansión, viene posesionándose
geoestratégicamente de manera violenta, incluso ha eliminado y replegado
pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían
el control local. Ello le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y
enemigos para hacerse al control y articulación del sur del Casanare en espacio
geográfico, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos
derivados de la dinámica económica del territorio.
"Los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión
social para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado
temor, intimidación y sometimiento. Igualmente, han reclutado población joven
de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades que
el Estado y la sociedad en su conjunto les han negado, señaló la entidad.
En el comunicado se estoma que organizaciones comunitarias y campesinas,
víctimas del conflicto armado podrían ser blanco de variadas formas de
violencia, lo que vulneraría sus derechos, además de que sería infringido el
derecho internacional humanitario (DIH), lo cual coartaría su libertad,
integridad y seguridad.
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La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas
Tempranas le pide a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para
la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) tramitar un total de 28
recomendaciones a entes nacionales, departamentales y locales, con el fin
primordial de que sean atendidas y protegidas las comunidades de los cascos
urbanos de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y de sus
corregimientos y veredas.
Al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares las
insta a realizar operativos de patrullaje y control, así
como labores de inteligencia que permitan detectar de manera
previa la presencia y accionar de integrantes de los grupos armados organizados.
Advierten consecuencias de prohibir la
exportación de carbón a Israel
La Procuraduría General de la Nación envió al Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, sus reparos frente al Proyecto de decreto “por el cual se establece
una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”.
A través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios,
el ente de control refirió por escrito sus reparos, luego de que el Gobierno
Nacional anunciara la suspensión las exportaciones de este mineral, hasta que no
cesen los ataques contra la población civil en Gaza.
La entidad señaló que la medida genera un impacto millonario en la economía
colombiana debido a la reducción de regalías. Teniendo en cuenta que las
exportaciones de carbón térmico a Israel representan 650 mil millones de pesos
cada año, de los cuales, 100 mil millones van directamente a los departamentos
de La Guajira y Cesar, no se refiere en el proyecto decreto, un análisis técnico
sobre la forma como se asumirá el costo de lo que dejará de percibir el Estado
colombiano por regalías generadas mientras dure el conflicto en la franja de
Gaza.
A su vez, indicó que la medida no es idónea. “Si bien, en Colombia el Estado
tiene facultad para intervenir en la economía, decisión supeditada a la garantía
de un bien común supremo, el proyecto no es una medida idónea para el
cumplimiento de dicho fin, ya que la idoneidad o adecuación de la medida, debe
propender por un objetivo constitucionalmente legítimo y el cual debe
evidenciarse como de imperiosa consecución”, argumentó en ente de control.
De igual forma, advirtió que no hay garantía de su efectividad. En el proyecto
de decreto se establece que la medida es necesaria porque no existe una
diferente para lograr su objetivo, sin embargo, no hay una demostración técnica
que conlleve a determinar que si no se exporta carbón a Israel por parte del
Estado colombiano, procederán a cumplir las decisiones de la Corte Internacional
de Justicia y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Asimismo, señala que al estar insuficientemente justificado, existe el riesgo de
presentarse una causal de nulidad por falsa motivación, ya que las razones
invocadas en su fundamentación son contrarias a la realidad, no son
proporcionales, ni razonables.
Finalmente, apuntó que se debería evaluar los riesgos de un eventual
incumplimiento de este acuerdo internacional aprobado por el Congreso en 2017 y
que entró en el año 2020.
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