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Por extorsión y desplazamiento, en riesgo
población de Mesetas, Meta
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para la protección de la
comunidad de Mesetas y Uribe, en el departamento del Meta, por el inminente
peligro al que se enfrenta por ‘órdenes impartidas’ de disidencias de las FARC
que lidera alias 'Calarcá'.
Los comerciantes de centro poblado de La Juria y la vereda Brisas del Guayabero
están siendo víctimas de amenazas, extorsiones, desplazamientos y asesinatos
selectivos. La consolidación y expansión territorial de las disidencias del
Estado Mayor Central (EMC) los obliga a estar en un ambiente de riesgo y
zozobra.
Por tanto, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Julio Luis Balanta, instó a
las autoridades a adelantar los mecanismos oportunos que impidan la escalada de
violencia.
“Para proteger la vida e integridad del grupo poblacional en peligro, es
oportuna la activación del sistema de prevención rápida. Las entidades
combinadas deben implementar acciones desde la perspectiva de los derechos
humanos, derecho internacional humanitario y seguridad humana”, indicó Balanta.
Así mismo, señaló que deben ser evitados los peligros para los comerciantes y la
población en general.
Antioquia: ocupan bienes usados por presuntos
abusadores de niños
El trabajo articulado entre fiscales de las delegadas para la Seguridad
Territorial y para las Finanzas Criminales de la Fiscalía
General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional y la colaboración
internacional de la Embajada de Estados Unidos y la Agencia investigativa HSI,
permitió la ocupación con fines de extinción de dominio de nueve bienes que
habrían sido usados para la explotación sexual de menores de edad.
“En la Fiscalía nos unimos las direcciones seccionales y la delegada para
Finanzas Criminales e identificamos los casos de algunos adultos que
presuntamente explotaban sexualmente a menores de edad. Por
ello, los perseguimos hasta lograr la ocupación cautelar de los bienes que eran
usados para realizar las posibles prácticas delictivas” aseguró la delegada de
la Fiscalía para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo.
Se trata de residencias y otros inmuebles alquilados a través de aplicaciones
para estadías cortas. Labores investigativas evidenciaron que en dichos lugares
se cometerían delitos que atentaban contra la integridad y libertad sexual de
niñas, niños y adolescentes.
Los bienes afectados con las medidas cautelares de suspensión de poder
dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión estarían relacionados con
casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ocurridos
en Medellín y los municipios de Bello y La Estrella (Antioquia).
El valor de los predios se calcula
en 10.500 millones de pesos y sobre estos fueron impuestas medidas cautelares
por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de
Dominio. Lo anterior se da en el marco de las
investigaciones penales adelantadas por fiscales de la Dirección Seccional de
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Medellín en casos donde se evidenciaron delitos como la demanda de
explotación sexual comercial de menores de 18 años, proxenetismo con personas
menores de 18 años, acceso carnal violento y suministro a menor.
La investigación penal
Estas acciones se dan como resultado de las investigaciones que fiscales de la
Seccional Medellín adelantaron contra dos ciudadanos estadounidenses, uno chino
y siete colombianos. Los capturados enfrentan procesos por delitos que afectan
la integridad sexual de menores de edad.
En desarrollo de estas investigaciones, la Fiscalía ha logrado cuatro sentencias
condenatorias de entre 14 a 19 años de prisión. Los demás procesos judiciales se
encuentran en etapa de juicio o a la espera de aprobación de preacuerdos por
parte de los jueces de conocimiento de Medellín.
La investigación evidenció que en varios de los bienes ocupados se hospedaron
extranjeros como Brando Seth Wood y el ciudadano estadounidense Richard Vincent
Opalinski, quien registra 65 ingresos a Colombia.
La intención sería contactarse con menores de edad que habían conocido a través
de redes sociales para sostener encuentros sexuales. La Fiscalía evidenció que
uno de los procesados, de nacionalidad estadounidense, obligaba a las jóvenes a
consumir sustancias como 2CB y metanfetaminas, que él mismo fabricaba.
Conductas similares habrían sido desplegadas por el también norteamericano
Dominick A. Divicenzo, quien fue sentenciado a 15 años de prisión tras suscribir
un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó los cargos en su contra.
En desarrollo de la investigación fueron identificadas Luz Auxilio Patiño Mira,
de 66 años, quien está siendo investigada por presuntamente concertar citas con
fines sexuales en su residencia, ubicada en el barrio Prado Centro de Medellín.
A los encuentros asistían comerciantes, abogados y otros profesionales quienes
sostenían relaciones íntimas con estudiantes de colegio, cuyas edades oscilaban
entre 15 y 17 años.
En este caso se estableció que
algunos de los hombres pagaban altas cantidades de dinero cuando se trataba de
menores que conservaban su virginidad. Por estos hechos, Patiño Mira fue
sentenciada a 171 meses de prisión.
Otro caso que llamó la atención de las autoridades es el de un hombre que
instrumentalizan a su hijastra, y a otras menores, para realizar vídeos con
contenido para adultos en su propia vivienda. El proceso actualmente se
encuentra en etapa de juicio.
“La Fiscalía está haciendo la tarea, pero necesitamos de la ayuda de la
comunidad para que juntos identifiquemos a esas personas y a esos predios en
donde extranjeros y locales ingresan con menores y los abusan sexualmente. Vamos
a seguir la ruta de sus bienes para aplicarles la extinción del derecho de
dominio”, precisó la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo.
‘Cartel de la Toga’: condenan a 4 años de prisión a abogado Luis Lyons
La Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de 4 años y 7 meses de prisión contra
el abogado Luis Ignacio Lyons España por su responsabilidad en el pago de coimas
para influir en un proceso judicial que se adelantaba en contra del
excongresista Musa Besaile, por presuntos nexos con paramilitares.
La investigación en torno al 'cartel
de la toga' se inició hace varios años, destapando un entramado de cohecho y
tráfico de influencias. Lyons fue acusado de recibir
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y ofrecer sobornos para favorecer a ciertos clientes en procesos
judiciales. La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que
demostraron su implicación en estos actos ilícitos, lo que llevó a la condena.
Lyons España, en su calidad de defensor del excongresista Musa Besailese,
concertó con otras personas para la entrega de 2.000 millones de pesos a un
magistrado con el objetivo de que el proceso penal sufriera dilaciones que
terminaran con un fallo favorable. Por estos hechos fue condenado por el delito
de cohecho por dar u ofrecer, además fue inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por 88 meses.
Durante el juicio, se evidenció que Lyons no actuó solo, sino que formó parte de
un grupo más amplio que operaba en complicidad con varios jueces y otros
abogados. Las pruebas incluyeron testimonios de colaboradores y documentos que
confirmaron la existencia de pagos indebidos a funcionarios judiciales a cambio
de decisiones favorables.
Los investigadores de policía judicial lograron recolectar una serie de
elementos de prueba con los cuales demostraron que al abogado Lyons España le
correspondió un monto por 150 millones de pesos, por haber servido de
intermediario en este caso de corrupción.
El juzgado también sentenció a Lyons España con una inhabilidad 88 meses para
ejercer funciones públicas e imponer el pago de una multa de 77 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
A cárcel alias 'Boyaco', disidente capturado en vehículo de la UNP
Diego Armando Vargas Betancur, conocido como alias 'Boyaco', fue enviado a la
cárcel por un juez de Villavicencio después de ser capturado en una caravana de
la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia. Este disidente de las FARC
enfrenta cargos por concierto para delinquir con fines terroristas, homicidio
agravado y falsedad personal.
La captura de 'Boyaco' ocurrió durante un operativo en Antioquia, donde se
movilizaba con otros miembros de las disidencias. A pesar de tener una orden de
captura vigente, el hombre se desplazaba utilizando un vehículo de la UNP. En el
procedimiento, las autoridades le incautaron seis millones de pesos en efectivo,
dos celulares, un radio y un GPS, elementos que fueron clave para legalizar su
captura.
Durante la audiencia de legalización, la defensa de Vargas Betancur intentó
argumentar que la orden de captura estaba a nombre de Ómar Delgado Novoa, otro
alias del detenido. Sin embargo, la jueza de control de garantías validó el
procedimiento, y la Fiscalía General de la Nación procedió a imputar cargos
adicionales a 'Boyaco'.
Alias 'Boyaco' es reconocido como cabecilla del frente John Linares del bloque
comandante Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC en el
departamento de Guaviare. Se le atribuyen múltiples crímenes, incluyendo el
asesinato de Floriberto Mora Agudelo el 21 de febrero de 2022 en San José del
Guaviare, y se le considera responsable de al menos siete asesinatos y actos
terroristas desde 2017.
El detenido, quien se identificó inicialmente como Henry Leonardo Carrillo,
nombre que pertenece a una persona fallecida, fue trasladado a un centro
penitenciario en Villavicencio en las horas de la tarde del martes 30 de agosto.
A pesar de no aceptar los cargos imputados, el material probatorio presentado
fue suficiente para que se ordenara su detención.
Esta captura es un golpe significativo para las autoridades, quienes han
intensificado los esfuerzos para desmantelar las estructuras disidentes de las
FARC. Con 'Boyaco' bajo custodia, se espera avanzar en la lucha contra los
grupos ilegales que continúan operando en el país.
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