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Fuerza Púrpura rechaza atención de exFarc en el
Hospital Militar
La Mesa de Trabajo "Fuerza Púrpura", compuesta por 68 Federaciones, Asociaciones
y Fundaciones que representan a la Reserva, Veteranos, Víctimas y Pensionados de
la Fuerza Pública, manifestó su rechazo a la atención de exguerrilleros de las
FARC en el Hospital Militar Central (HOMIL).
Esta postura fue presentada durante una reunión celebrada el 16 de agosto en las
instalaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM.
(ACORE). En el encuentro participaron delegados de Fuerza Púrpura, así como
representantes de VETERPAZ, el Consejo de Veteranos, la Red Nacional de
Veedurías de Salud, y el Club Héroes de Honor. También estuvieron presentes la
Viceministra de Veteranos y del GSED, Ana Catalina Cano Londoño, el Mayor
General Carlos Rincón Arango, Director del HOMIL, y funcionarios del Ministerio
de Defensa.
El motivo principal de la reunión fue abordar las inquietudes surgidas en
relación con el Convenio No. 056 de 2024, firmado entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Salud y Protección Social, y Fondopaz. Este convenio
contempla la prestación de servicios por parte del HOMIL para la elaboración de
prótesis ortopédicas a excombatientes de las FARC.
Los representantes de las organizaciones de Reservistas, Veteranos y Víctimas
expusieron su desacuerdo con la atención de exguerrilleros en las instalaciones
del Hospital Militar, señalando que esta medida representa "una revictimización
de nuestros héroes heridos en acción". Además, consideraron que es "una ofensa
para el personal militar activo, retirado y sus familias".
Asimismo, expresaron su preocupación por "el riesgo para la seguridad de los
usuarios y de las instalaciones", así como por los "riesgos psicosociales para
nuestras víctimas y posibilidades de reactivación de síntomas de trastornos por
estrés postraumático". Los voceros también advirtieron sobre "las posibilidades
de escenarios de violencia o confrontación" que esta situación podría generar.
En respuesta a estas preocupaciones, la Viceministra Cano Londoño aseguró que
"el Ministerio de Defensa considerará las exposiciones de los Reservistas,
Veteranos y Víctimas en las determinaciones sobre la implementación operativa
del Convenio 056 y en el Acuerdo de Servicios que se ha de generar para el
cumplimiento del mismo".
Finalmente, Fuerza Púrpura reafirmó su compromiso con la defensa de los
intereses de la Reserva, Veteranos, Víctimas y Pensionados de la Fuerza Pública,
y aseguró que mantendrá informados a sus representados sobre la evolución de
este "trascendental tema".
493 menores de edad han sido
desvinculados de grupos armados por FF.MM.
La viceministra de Defensa, Daniela Gómez, informó, al término de un debate de
control político en la plenaria del Senado de la
República, que 493 niños, niñas y adolescentes han sido rescatados de los grupos
armados ilegales durante los últimos dos años.
“Hemos logrado reducir a mínimos
históricos
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la cantidad
de niños muertos en medio de combates y acciones militares.
Además, hemos llevado a cabo acciones de presión militar sobre los grupos
armados, lo que ha permitido la desvinculación de 493 menores durante el periodo
de este Gobierno", destacó la Viceministra.
La funcionaria señaló que, a la fecha, el Ministerio de Defensa Nacional está
desarrollando la estrategia Generación Futuro 2.0, en articulación con el ICBF y
otras instituciones del Estado, siguiendo los lineamientos de la Corte
Constitucional emitidos en diciembre de 2023, que buscan prevenir el
reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes mediante el uso del tiempo
libre y el fortalecimiento de entornos protectores.
“Hemos implementado rutas seguras para los colegios, actividades para niños,
niñas y adolescentes, dotación y promoción de escuelas culturales y deportivas,
entre muchas otras. Estas actividades han beneficiado a un total de 63.000 niños
a nivel nacional, con especial énfasis en Cauca, Antioquia, Meta y Chocó,
departamentos donde se presenta el mayor número de reclutamientos", puntualizó
la Viceministra.
Durante este miércoles fue radicado ante el Congreso un proyecto de ley que
busca continuar protegiendo a los menores de edad frente al reclutamiento de
grupos armados ilegales, estableciendo que a quienes se encarguen de inducir a
niñas, niños y adolescentes a enlistarse les sea aplicada la máxima sanción en
el sistema penal, la cual es de 480 a 600 meses de prisión y una multa de 2.666
a 7.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En riesgo norte del Cauca por disputas entre
grupos armados: Defensoría
El Frente Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las
disidencias de las Farc, al estar ejerciendo el control territorial en el norte
del departamento del Cauca, suplanta funciones propias del Estado, como la
‘administración de justicia’, el monopolio de la violencia, la tributación,
entre otras conductas delictivas, lo cual tiene en grave vulneración los
derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de las comunidades.
Por tales razones, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de
Inminencia (ATI) 019 de 2024, en la que advierte el riesgo en el que están los
habitantes de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló. También, porque la
zona donde están ubicados los cinco municipios son un corredor de movilidad
estratégico —de material de guerra, sustancias ilícitas, además de otros— entre
Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila para grupos armados ilegales.
Además, los combates con otras organizaciones armadas, así como ataques directos
contra las comunidades, especialmente indígenas y campesinas, en cascos urbanos
y zonas rurales las tienen en latente riesgo. Las conductas vulneratorias de
derechos afectan su vida social, económica, espiritual, educativa y comunitaria.
A ello se suma el ingreso al norte del Cauca del Frente 57 Yair Bermúdez, otra
facción disidente de
las Farc, que tendría como fin disputarle al Dagoberto Ramos
zonas donde ejerce el
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control territorial y social.
La ATI, que confirma la materialización de escenarios de riesgo previamente
advertidos por la Defensoría en siete Alertas locales y dos nacionales, da
cuenta de cómo el norte del Cauca es una zona donde se concentra el
reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
El fenómeno se extiende a Toribío, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao,
Suárez, Buenos Aires, Caldono, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada.
Teniendo en cuenta que el Frente Dagoberto Ramos tendría comunicación con otras
estructuras del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas que delinquen en
Cauca, la ATI advierte que podría usar drones cargados con artefactos explosivos
improvisados, método de guerra que ha sido empleado en otras zonas del
departamento, como Argelia, El Tambo, Popayán y Suárez.
Sobre la base del escenario advertido, la Defensoría del Pueblo, como garante de
los derechos humanos en el territorio colombiano, exhorta a la institucionalidad
gubernamental competente a cumplir con las 20 recomendaciones formuladas en la
Alerta Temprana de Inminencia 019 del año en curso. Es pertinente que impulse
acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral para
evitar que sean materializados los riesgos descritos.
Es obligación del Estado atender la situación, con el propósito esencial de que
sean contenidos, a partir de un trabajo conjunto entre los entes del orden
nacional, departamental y locales y las fuerzas de seguridad estatales, los
hechos que ponen en riesgo a las comunidades del norte del departamento del
Cauca.
Panfleto advierte ‘limpieza social’ en
corregimientos de Valledupar
Los habitantes de varios corregimientos del sur de Valledupar viven momentos de
tensión tras la aparición de un panfleto que advierte sobre una supuesta
‘limpieza social’.
El documento, pegado a un poste, amenaza de muerte a 19 personas y les otorga un
plazo de una semana para que "cambien su estilo de vida". Los corregimientos
afectados incluyen Valencia de Jesús, Mariangola y Aguas Blancas, todos bajo la
jurisdicción de Valledupar.
Las amenazas son atribuidas a un grupo autodenominado ‘Clan de las Sombras’. En
el panfleto, también se impone un toque de queda, prohibiendo la presencia de
personas en las calles después de las 10:30 de la noche. El escrito advierte
además a las autoridades locales de los pueblos involucrados que se abstengan de
intervenir, bajo la amenaza de sufrir represalias.
Esta no es la primera vez que se presentan amenazas de esta naturaleza en la
región. Apenas el pasado 8 de agosto, circuló otro panfleto atribuido a las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que se declaraba como
objetivos militares a 27 líderes sociales y comunitarios de varios
corregimientos y veredas, entre ellos Aguas Blancas, Valencia, Villa Germania y
Caracolí.
El secretario de Gobierno de Valledupar, Jorge Luis Pérez, ha expresado su
preocupación por la creciente presencia de grupos criminales en las zonas
rurales del municipio. "El nuevo panfleto que circuló esta semana promueve la
limpieza social. La investigación está en manos de la policía de inteligencia y
organismos judiciales", declaró, reiterando la necesidad de mayor apoyo del
Gobierno Nacional en cuanto a investigación criminal, inteligencia y tecnología
para monitorear la región.
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