6-El Imparcial

JUDICIAL

autoridades locales de los pueblos involucrados que se abstengan de intervenir, bajo la amenaza de sufrir represalias.

Esta no es la primera vez que se presentan amenazas de esta naturaleza en la región. Apenas el pasado 8 de agosto, circuló otro panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que se declaraba como objetivos militares a 27 líderes sociales y comunitarios de varios corregimientos y veredas, entre ellos Aguas Blancas, Valencia, Villa Germania y Caracolí.

El secretario de Gobierno de Valledupar, Jorge Luis Pérez, ha expresado su preocupación por la creciente presencia de grupos criminales en las zonas rurales del municipio. "El nuevo panfleto que circuló esta semana promueve la limpieza social. La investigación está en manos de la policía de inteligencia y organismos judiciales", declaró, reiterando la necesidad de mayor apoyo del Gobierno Nacional en cuanto a investigación criminal, inteligencia y tecnología para monitorear la región.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo a la vulneración de los derechos que la comunidad en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló viven por disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales de disidencias FARC en el norte del departamento del Cauca.

Por su parte el Ejercito Nacional conoce que la alerta emitida por la Defensoría del pueblo “está relacionada con los enfrentamientos que se vienen dando entre las disidencias Dagoberto Ramos y el Frente 57, también de las exFARC, principalmente en Toribio y Corinto, donde se están matando entre ellos y afectando a la población”.

Según la Fuerza Pública, las disidencias que están en combate se disputarían el territorio por una de las actividades ilícitas que más les genera aumento en las finanzas de sus tropas: el narcotráfico. Es por eso que los dos frentes de las disidencias estarían ejerciendo su poder para permanecer en el territorio, entre ellas la estructura de Dagoberto Ramos que también es integrada por las tropas de uno de los cabecillas más buscados en Colombia, alias Mordisco y el otro frente estaría siendo la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez.

La entidad que defiende los derechos humanos solicitó al Gobierno impulsar acciones que apoyen la disuasión, prevención, protección y atención integral a las comunidades que han sido marginadas en medio del conflicto armado en Colombia. Se buscaría evitar la materialización de los riesgos advertidos que genera la presencia
 

de los grupos al margen de la ley en ese territorio.

Para la Defensoría el Frente Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC, suplanta la función y presencia del Estado al “ejercer el control territorial en el norte del departamento del Cauca”, así mismo menciona que actúa como ‘administrador de justicia’ buscando monopolizar la violencia, la tributación, entre otras conductas delictivas que representan para la entidad, una vulneración los derechos a la vida y libertad de la sociedad civil.

Durante el reciente puente festivo, la Policía de Risaralda llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en la captura de 10 personas y la recuperación de una motocicleta robada. Estos operativos, diseñados para fortalecer la seguridad pública, se desplegaron en diversos municipios del departamento y se destacaron por su alcance y eficacia.

El coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante de la Policía de Risaralda, informó que de los 10 detenidos, nueve fueron arrestados en flagrancia, evidenciando un fin de semana con alta actividad delictiva. Los operativos incluyeron intervenciones en Santa Rosa de Cabal, donde se recuperó una motocicleta robada como parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen y preservar la tranquilidad durante el festivo.

Entre las acciones más destacadas de los operativos se encuentra la incautación de 23 armas cortopunzantes en los municipios de Apía, Balboa y La Celia. Esta medida refleja el compromiso de la policía con el orden público y la seguridad de los ciudadanos, respondiendo de manera efectiva a los desafíos que surgieron durante el puente.

Además de las intervenciones contra el delito, se realizaron 45 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Estos comparendos subrayan el esfuerzo continuo de las autoridades por mantener el orden y la civilidad entre los ciudadanos, contribuyendo a un ambiente festivo en general tranquilo.

En términos de movilidad, el puente festivo vio la movilización de 126,297 vehículos por las principales vías del departamento. Las autoridades impusieron 18 comparendos relacionados con infracciones de tránsito, siendo la falta de licencia de conducción la infracción más común. Además, se inmovilizaron 4 vehículos y se realizaron 346 pruebas de tamizaje para detectar embriaguez, de las cuales 2 resultaron positivas.