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Procuraduría investiga al rector de la Universidad
Distrital por presunto conflicto de intereses
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra
Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, rector de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, por presuntos conflictos de interés relacionados con
nombramientos en la institución educativa. El caso ha despertado preocupaciones
sobre posibles irregularidades en la gestión de la universidad, especialmente en
lo que respecta al cumplimiento del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades en la contratación de servidores públicos.
El origen de la investigación se remonta al pasado mes de marzo, cuando la
concejala María Victoria Vargas citó un debate de control político en el que se
acusó a Tarazona de infringir los artículos 408 y 411 del Código Penal, que
regulan el tráfico de influencias y las incompatibilidades en la contratación
pública. La polémica se centra en el nombramiento de Javier Parra Peña como
decano de la Facultad de Tecnología el 16 de enero de 2023. Parra Peña, según se
ha revelado, fue socio comercial de Tarazona en la empresa Grupo Kaizen Pbt, una
sociedad dedicada a la prestación de servicios informáticos que ambos fundaron
en 1996.
A pesar de que la matrícula mercantil de la empresa fue cancelada en noviembre
de 2023, diez meses después del nombramiento de Parra Peña, las dudas persisten
sobre si esta acción fue tomada para eludir un posible conflicto de intereses.
Además, se cuestiona si la cancelación se efectuó de manera oportuna en relación
con las decisiones salariales en la universidad. Según información publicada por
medios nacionales, Parra Peña, además de su rol como decano, formó parte de un
comité evaluador responsable de asignar puntos salariales, incluyendo los
honorarios de Luz Andrea Rodríguez Rojas, esposa del rector Tarazona y doctora
en informática.
La Procuraduría busca esclarecer si Tarazona incurrió en un conflicto de
intereses al mantener vínculos comerciales con Parra Peña mientras éste ocupaba
un cargo clave en la universidad. La investigación también incluye la revisión
de un nombramiento adicional: en abril de 2022, Carlos Tuta Pinzón fue
contratado como Tesorero General del centro educativo bajo la modalidad de
prestación de servicios, aparentemente sin desvincularse de la sociedad
comercial en la que ambos, Tarazona y Parra, eran accionistas.
El Ministerio Público ha ordenado la recopilación de pruebas para determinar si
las acciones del rector constituyen una falta disciplinaria. De confirmarse las
irregularidades, el caso podría tener graves repercusiones no solo para la
administración de la Universidad Distrital, sino también para la reputación del
sistema educativo público en Bogotá.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el
cumplimiento de las normativas en las instituciones públicas, especialmente en
aquellas que juegan un papel crucial en la formación de las futuras
generaciones. La Procuraduría continuará investigando para esclarecer los hechos
y determinar las responsabilidades correspondientes.
Liberan mosquitos portadores de
Wolbachia para combatir dengue en Cali
En un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud Distrital y las ESE
Ladera, avanzan las liberaciones de mosquitos portadores
de Wolbachia en las comunas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de Cali, con el propósito de
proteger a más de 750.000 personas en el norte de la ciudad, marcando un hito
importante en la lucha contra enfermedades transmitidas por insectos como el
dengue, el zika y el chikungunya.
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El
Programa Wolbachia del World Mosquito Program, a través de la campaña 'Más
Wolbachia, ¡Menos Dengue!', ha desarrollado un sólido trabajo comunitario,
colaborando con grupos de líderes comunitarios, entidades comunales y aliados
estratégicos institucionales para garantizar la aceptación y conocimiento del
proyecto construyéndose sobre una base sólida de participación comunitaria y
alianzas con entidades claves en el territorio.
Al respecto el subsecretario de Salud Distrital (e), Carlos E. Pinzón mencionó
que “es importante recordarle a todos los habitantes de Cali y en especial a los
vecinos de las ocho comunas beneficiadas que esta es una estrategia probada en
otros
países y que tiene todo el respaldo en su efectividad. Cali es
una ciudad endémica y por ende es fundamental que desde la institucionalidad y
desde la ciudadanía implementemos todas las estrategias para protegernos del
dengue, zika y chicungunya.
Por su parte Jaime Andrés Ramírez, coordinador de la Fase IV del World Mosquito
Program en Cali dijo que “con las liberaciones de mosquitos portadores de
Wolbachia, ratificamos un compromiso muy importante en el trabajo conjunto con
autoridades locales y la comunidad para disminuir la transmisión de dengue en
Cali”.
“Estoy emocionado de ver cómo, con entusiasmo y dedicación, podemos lograr
proteger a muchas personas y nuestras acciones tendrán un impacto directo en la
salud y el bienestar de los caleños. “¡Juntos, vamos a construir una ciudad más
saludable y a establecer un ejemplo en la prevención del dengue con la campaña
‘Más Wolbachia, ¡Menos Dengue’!”, manifestó.
Cómo funciona el programa Wolbachia?
El programa Wolbachia utiliza una técnica innovadora que involucra la liberación
de mosquitos Aedes aegypti portadores de la bacteria Wolbachia, la cual reduce
su capacidad de transmisión de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
Esta estrategia ha sido implementada con éxito en varias ciudades alrededor del
mundo y ahora se suma a los esfuerzos de Cali a través de la IV Fase, para
mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes.
Implementación del acuerdo de paz
avanzando a paso lento: Defensoría
El ‘VI Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’,
presentado por el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, da cuenta de un
panorama preocupante sobre las obligaciones del Estado. En materia de
cumplimiento, aún falta por hacer.
Se requiere el robustecimiento de la arquitectura institucional, con una cabeza
autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública; así mismo,
es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los
indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI); igualmente, registrar
periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el
Plan Nacional de Desarrollo.
En lo que tiene que ver con tierras, subsiste la falta de claridad en las
cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre un
mismo punto y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar
su adjudicación. De 21.132 predios ingresados, solamente el 37.84% ha sido
adjudicado. De más de 1500 predios ofertados por la Federación Colombiana de
Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26.
Adicionalmente, la ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta
mayores avances. En la ruta individual, 2730 solicitudes inscritas en diferentes
vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de
microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores, quienes
esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad
del trámite.
Al primero de enero del 2024 fue reportado el 12,40% del área geográfica del
país con información actualizada con catastro multipropósito. En términos
reales, el avance durante la vigencia 2022-2024 es de tan solo el 3%. En lo que
refiere al Plan de
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Zonificación, presenta un avance del 6.35%, siendo el más bajo en
comparación con los otros 15 planes.
En materia de
PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), el avance durante el
periodo analizado (con corte al 31 de abril del 2024) es del 1% en comparación
con lo reportado por la Defensoría en su informe anterior, en el que se indica
un porcentaje de avance del 44% (15.545 iniciativas de las 33.007 pactadas en
los patrones establecidos).
La violencia persiste
Otro aspecto que preocupa a la Defensoría está relacionado con la violencia,
lamentablemente persisten los escenarios de riesgo para el ejercicio de su labor
de lideresas, líderes y personas defensoras de derechos humanos: hay un registro
de 57 casos de homicidios entre enero y abril del 2024.
Balanta Mina señaló que si no hay seguridad en los territorios rurales del país,
no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos por
economías lícitas, ni restitución de tierras, ni retorno de la población
desplazada.
La seguridad territorial es un tema en el que la Defensoría del Pueblo ha
insistido y seguirá insistiendo. Con las Alertas Tempranas emitidas ha advertido
de qué manera los grupos armados no estatales están copando zonas rurales y
ejerciendo el control en los territorios.
Para que el campesino, el indígena, el afrodescendiente o cualquier colombiano
pueda explotar la tierra entregada o retornada o desarrollar un proyecto
productivo lícito, es necesario que las condiciones de seguridad se lo permitan,
y en ese sentido las entidades gubernamentales deben garantizarlas.
La articulación
interinstitucional como aspecto clave
La Defensoría insiste, a través del
Informe, en la necesaria articulación interinstitucional. Las entidades
encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz deben ir más allá de las
buenas intenciones, en sus agendas deben estar las acciones y actividades que
apunten a cumplir los compromisos establecidos. Es propicio ponerse de acuerdo
para garantizar un desarrollo rural que le permita condiciones de vida dignas al
campesinado.
La reforma agraria, por ejemplo, debe vincular a todos los actores, porque no se
trata solamente de entregar tierra a quien no la posee, implica el ordenamiento
social de la propiedad, la formalización, la decisión de procesos
administrativos represados, la aplicación de la Sentencia SU-288 para la
recuperación de baldíos, el respeto de derechos adquiridos de buena fe.
Adicionalmente, la participación de la producción agrícola, el acceso al uso
adecuado del agua, la atención de la población en zonas protegidas, entre otros.
Para que todo sea posible, se requiere un trabajo conjunto.
El documento añade que el uso de recursos públicos también debe estar en
sintonía con el trabajo articulado. Los programas que incentivan o fortalecen
las economías lícitas deben corresponder a políticas públicas y no a decisiones
coyunturales. No son medidas ‘asistencialistas’ las que se deben implementar,
son políticas públicas orientadas a garantizar proyectos productivos
sostenibles, tierras aptas para producir y explotar y seguridad jurídica en los
derechos adquiridos.
Son indispensables indicadores del cumplimiento de metas
Para permitir que la sociedad y las comunidades nacional e internacional
dimensionen el nivel de compromiso y avance en el cumplimiento de las metas, se
requieren cifras claras y verificables. Ello genera confianza y permite el
control social. Se requiere, por lo tanto, la actualización urgente de
indicadores y el compromiso de seguir alimentándolos oportunamente.
El tiempo de ajuste institucional a mitad de camino del Gobierno supone grandes
esfuerzos que deben verse reflejados en indicadores y anuncios importantes en
materia de entrega de tierras, compra y formalización. Aspectos como el catastro
multipropósito exigen medidas urgentes, ya que a la fecha las cifras de avance
distan de lo esperado y prometido.
No obstante, el seguimiento de la Defensoría, sustentado en sus seis informes,
ha permitido evidenciar el esfuerzo de la Agencia para la Renovación del
Territorio con las alcaldías de los municipios PDET, el plan de mejora de la
Unidad de Restitución de Tierras y la gestión del fondo de esa entidad para
garantizar retornos en condiciones dignas y facilitar el cumplimiento de las
órdenes judiciales y la atención a los reincorporados. A ello se suma el avance
del Gobierno Nacional en la consolidación de la Jurisdicción Agraria.
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