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Levantan órdenes de captura de tres cabecillas del
Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación anunció la suspensión de las órdenes de captura
contra tres cabecillas del Clan del Golfo, así como contra un miembro de las
disidencias de las Farc. Esta decisión, tomada bajo la dirección de la fiscal
general Luz Adriana Camargo, responde a una solicitud del Gobierno Nacional para
promover los diálogos de paz con estos grupos armados.
Los líderes del Clan del Golfo que se beneficiarán de esta medida son Orozman
Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Posada Casarrubia, alias
Joaquín; y Luis Armando Pérez, conocido como el jefe pseudopolítico del
'Ejército Gaitanista de Colombia'. La medida permitirá a estos individuos
participar en los diálogos de paz sin estar sujetos a órdenes de captura
vigentes.
Asimismo, se ha suspendido la orden de captura contra Carlos Eduardo García
Téllez, alias Andrey, un líder de las disidencias de las Farc. García Téllez,
quien había sido señalado en el atentado contra el expresidente Iván Duque,
también se beneficiará de esta resolución como parte de los esfuerzos por
facilitar su inclusión en el proceso de paz.
"Suspender todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan dictado o se
llegaren a expedir en contra del miembro representante designado, el señor
Carlos Eduardo García Téllez (...) por el estricto término que el Gobierno
Nacional requiera".
En su resolución, la Fiscalía aclaró que “dicha suspensión no tendrá efectos en
situaciones de flagrancia respecto de conductas delictivas que constituyan
graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la
extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.” Esto significa
que, aunque las órdenes de captura han sido levantadas para facilitar el
diálogo, los individuos involucrados no quedan exentos de responsabilidad por
crímenes graves.
La medida se enmarca dentro del contexto de los esfuerzos del Gobierno para
establecer un diálogo con el Clan del Golfo, con el fin de avanzar en un proceso
de paz. La fiscal Camargo subrayó que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional indica que no se puede condicionar la potestad que tiene el
Presidente de la República para decidir con quiénes adelantar diálogos de paz.
La decisión de la Fiscalía, por lo tanto, apoya la estrategia del Ejecutivo en
su objetivo de promover una resolución pacífica del conflicto.
Es relevante mencionar que la medida no incluye a alias Chiquito Malo, el máximo
cabecilla del Clan del Golfo, cuyo estatus legal permanece inalterado. La
decisión de levantar las órdenes de captura de los tres cabecillas refleja un
compromiso del Gobierno con el proceso de paz, pero también mantiene un firme
control sobre las actividades del grupo criminal.
Alertan posible reclutamiento de niños en Norte de
Santander y Cesar
Debido a la pretensión del Frente 33, disidente de las Farc, de expandirse desde
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la subregión Catatumbo hasta la zona
alta de La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), sus habitantes
están corriendo riesgos, uno de ellos es que puedan presentarse casos de
reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), razones por las que
la Defensoría del Pueblo acaba de emitir la Alerta Temprana de Inminencia (ATI).
La ATI, igualmente, fue emitida por la entidad porque los bloques Gentil Duarte
y Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, también de las disidencias de las
Farc, podrían afectar con su accionar criminal los derechos a la vida,
integridad, libertad y seguridad de las personas que también habitan en la parte
superior de los dos municipios: en el corregimiento Planes, de La Esperanza, y
los corregimientos Trinidad y Fundación, de San Alberto.
Consciente de lo que está acaeciendo, la Defensoría requiere que las entidades
del nivel nacional y departamental apoyen a las dos administraciones
municipales, con carácter urgente, para que sea fortalecida su capacidad de
respuesta.
De acuerdo con la entidad, es urgente mitigar, prevenir y salvaguardar los
derechos fundamentales de la población civil, que una vez más padece los efectos
del conflicto armado. Es preciso impulsar acciones reales de prevención,
protección y atención integral, a fin de que no sean materializadas las
conductas vulneradoras de derechos por delitos como homicidios, extorsiones,
secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal,
confinamientos, desapariciones, hurtos y uso, utilización y reclutamiento
forzado de NNA.
Al respecto, la Defensoría tiene información sobre dos jóvenes que hacían parte
de un grupo alzado en armas, uno de ellos huyó y en la actualidad es buscado por
la estructura ilegal. Además de la difícil situación que atraviesan los
municipios de La Esperanza y San Alberto en la zona alta, en la parte plana hay
presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo),
organización al margen de la ley que fortalece con armas a su Bloque Aristides
Meza Páez y Frente Edgar Madrid Benjumea, cuya ala militar está en el sur del
departamento de Bolívar.
Firmante de paz fue secuestrado y
asesinado en el Valle del Cauca
El pasado fin de semana, Uber Noguera España, un firmante del acuerdo de paz y
militante del partido Comunes, fue víctima de un violento secuestro y asesinato
en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.
Los hechos ocurrieron en el corregimiento de El Queremal, donde Noguera fue
interceptado por hombres armados que lo secuestraron y posteriormente
asesinaron. La noticia fue confirmada por el partido Comunes mediante
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un comunicado oficial, que también
denunció la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades.
Uber Noguera España se encontraba en proceso de reincorporación tras el acuerdo
de paz y se desempeñaba como representante legal de la Asociación Viviendista 26
de marzo. Según el partido Comunes, fue secuestrado en su vivienda en El
Queremal por al menos tres hombres armados, quienes además amarraron a varios
familiares de la víctima.
El comunicado del partido destaca que Noguera fue encontrado herido en la orilla
del río Digua, pero, a pesar de los esfuerzos de su familia y la comunidad para
buscar ayuda, la respuesta de las autoridades fue insuficiente. "La omisión
estatal también es responsable de la pérdida de la vida de nuestro camarada. El
accionar negligente de la fuerza pública debe ser investigado exhaustivamente",
señaló el partido en su declaración.
El representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, amplió esta denuncia en redes
sociales, resaltando la gravedad de la situación y exigiendo una investigación
exhaustiva sobre el accionar de las fuerzas del orden. La Policía del Valle del
Cauca indicó que el área donde ocurrió el crimen es conocida por la presencia de
disidencias del frente Jaime Martínez de las Farc, lo que habría dificultado la
intervención inmediata.
Con la muerte de Noguera, el número de firmantes del acuerdo de paz asesinados
en 2024 asciende a 20, lo que subraya la persistente amenaza a la vida y
seguridad de quienes se comprometieron a dejar las armas y construir una paz
duradera en Colombia. El partido Comunes ha hecho un llamado al gobierno
nacional para reforzar la protección de los excombatientes y para que se tomen
medidas más efectivas contra las disidencias armadas que continúan perpetrando
estos actos violentos.
Por asesinato de líder sindical, 17 años de cárcel
a alias 'Macaco'
Durante la mañana de este martes se dio a conocer una nueva condena proferida
contra el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco' por
emitir la orden de asesinato contra el líder sindical del Caquetá, Jhon Freedy
Marín Toro, ocurrido el 18 de abril de 2002.
A 17 de años fue condenado Jiménez, tras admitir voluntariamente su culpabilidad
en el asesinato del líder, durante su tiempo a cargo del Bloque Central Bolívar
de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según señalaron las pruebas recolectadas por un fiscal de la Dirección
Especializada contra la violación de Derechos Humanos, la orden fue emitida
debido a las denuncias que habría realizado Marín sobre presuntas
irregularidades financieras en la administración del hospital municipal de
Curillo, Caquetá.
Además, durante la diligencia judicial fue posible establecer que 'Macaco'
habría emitido dicha orden, suponiendo que el líder sindical apoyaba a grupos
guerrilleros de la región.
Por otra parte, el juez indicó que el sentenciado deberá pagar una multa de 100
salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), por perjuicios y daños
morales y será inhabilitado por 20 años para el ejercicio de derechos y
funciones públicas.
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