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Alcalde Galán pide colaboración al Gobierno para
clausurar bares clandestinos en Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha hecho un llamado urgente al
Ministerio del Trabajo y al Gobierno Nacional para que intensifiquen los
operativos en contra de bares que operan ilegalmente bajo la fachada de
sindicatos en la ciudad. Esta problemática ha afectado gravemente a diversas
localidades, donde estos establecimientos evaden controles y facilitan
actividades ilícitas como el consumo de drogas y la venta de licor a menores.
Un reciente informe de la Policía Metropolitana de Bogotá reveló que, durante
2023, se detectaron 108 bares clandestinos que operan bajo esta modalidad, de
los cuales 96 siguen activos. Galán señaló que estos sitios "no pueden ser zonas
de despeje en Bogotá" y enfatizó la necesidad de ejercer un control más riguroso
para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El llamado del alcalde Galán sigue las denuncias realizadas previamente por el
concejal Julián Uscátegui, quien también solicitó colaboración entre las
autoridades locales y nacionales para frenar el avance de estos establecimientos
ilegales. Uscátegui subrayó la importancia de "trazar una hoja de ruta" que
permita el cierre de estos lugares y mejore la calidad de vida de los habitantes
de las zonas afectadas.
Entre las localidades más impactadas por la operación de estos bares
clandestinos se encuentran Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y
Teusaquillo. Los residentes de estas áreas han expresado sus quejas por
problemas como el ruido, el consumo de sustancias ilícitas y la prostitución.
Un vacío legal y un "ping-pong" de responsabilidades
El uso indebido de la figura sindical ha facilitado que estos bares funcionen
sin las restricciones aplicadas a los establecimientos comerciales. Aunque la
ley prohíbe las actividades comerciales en las sedes de los sindicatos, la falta
de inspección y control ha permitido que estos lugares operen sin problemas.
Además, las quejas de los ciudadanos han sido objeto de un "ping-pong" de
responsabilidades entre diferentes entidades del gobierno.
La concejala Diana Diago ha liderado una campaña junto a la comunidad de
Chapinero para tomar acciones concretas contra estos establecimientos, pero ha
señalado que no existe una normativa distrital vigente que proteja a las
comunidades de los impactos negativos de los bares ilegales.
El Ministerio de Trabajo en la mira
El Ministerio de Trabajo tiene la autoridad para sancionar a los sindicatos que
violen la ley, con multas que oscilan entre 1 y 50 veces el salario mínimo
mensual. Si los sindicatos persisten en estas violaciones, el Ministerio puede
disolverlos y cancelar su registro. Sin embargo, los procesos de control y
vigilancia han sido insuficientes hasta ahora.
Con la intervención del alcalde Galán y el respaldo de otros líderes locales, se
espera que el Ministerio de Trabajo asuma un rol más activo para combatir esta
problemática que afecta la tranquilidad y seguridad de los bogotanos.
Estas son las medidas de Ecopetrol para garantizar
suministro de gas
Ante las constantes alertas de una posible crisis energética, Ecopetrol anunció
medidas para garantizar el suministro de gas a más de 36
millones de colombianos.
A través de un comunicado, la petrolera señaló para asegurar este suministro
dependerá de ajustes regulatorios, aprobaciones, trámites y el desarrollo de
infraestructura, que están en manos de otros actores de la industria.
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Ecopetrol afirmó que uno de las medidas es "la flexibilización de la regulación,
que le permita a Ecopetrol poner a disposición del mercado la totalidad de su
gas disponible para la venta en firme, en cualquier momento y mediante bloques
menores a un año. Esto, como complemento a los esfuerzos y cambios regulatorios
ya adelantados por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG durante 2024"
En ese sentido, también agregó que "la demanda nacional creó una expectativa en
el año 2023, cuando Canacol Energy anunció un potencial de producción para los
años 2025 y 2026 de 231 GBTUD. Sin embargo, en el 2024 este productor ha
reducido la producción esperada a 158 GBTUD, lo que estaría generando un déficit
de 73 GBTUD. Por lo tanto, es imperioso que se recuperen estos volúmenes de
producción, pues se hacen indispensables para balancear las necesidades de gas a
nivel nacional".
Otra medida que anunció fue importación a través de la plataforma de SPEC LNG
seguirá siendo la mejor opción de respaldo de garantía de suministro y por eso
se requiere que, sobre una capacidad de 50 GBTUD de la misma, se desarrolle
rápidamente la comercialidad de estos volúmenes, para que sea posible asegurar
la capacidad, la firmeza y eficiencia del mercado con dicha importación.
Ecopetrol celebra que se haya aprobado a SPEC LNG la expansión de 30 GBTUD
adicionales para poner a disposición del mercado en el 2025.
La petrolera afirmó que adicionalmente "es necesario asegurar la viabilidad
financiera para el desarrollo de la capacidad de transporte de gas, que permita
los mayores flujos desde la costa caribe hasta el interior del país, en
especial, es muy importante que el proyecto de bidireccionalidad del sistema
Barranquilla – Ballena entre en operación en el primer trimestre de 2026"
Por último, es fundamental acelerar la entrada de los proyectos de generación a
partir de fuentes renovables, de tal forma que alivien la presión que el sector
eléctrico está imponiendo al sector de gas natural, y que permitan sustituir
gradualmente el uso de combustibles líquidos en la producción de electricidad.
Es urgente implementar medidas que posibiliten superar las dificultades, en los
ámbitos social y ambiental, que hoy enfrentan los proyectos de energía
renovable.
Presentarán tutela para
recuperar $70 mil millones de Centros Poblados
Desde Manizales, la procuradora Margarita Cabello Blanco confirmó que la
Procuraduría General de la Nación presentará en los próximos días una tutela
para intentar recuperar los $70 mil millones de pesos perdidos en el escándalo
de Centros Poblados. Este anuncio surge luego de que el Consejo de Estado
rechazara la acción popular interpuesta por la entidad para tal fin.
Estos recursos fueron entregados como anticipo en un contrato fallido que
pretendía llevar internet a las escuelas rurales de las zonas más apartadas del
país. La tutela, según explicó Cabello, busca reactivar la acción popular que
fue negada en abril por el Consejo de Estado.
"Estamos listos para presentar una acción de tutela que permita que la acción
popular continúe su recorrido y se tomen las medidas necesarias para recuperar
estos recursos", afirmó la procuradora durante su intervención. La Procuraduría
ha sido la única entidad que ha tomado acciones concretas contra los implicados,
imponiendo sanciones a funcionarios del Ministerio de las TIC relacionados con
la fallida licitación. “Nosotros sí actuamos”, enfatizó Cabello.
En medio de la polémica, la procuradora también se refirió a la exministra de
las TIC, Karen Abudinen, señalando que no se encontraron pruebas que la
vincularan directamente al proceso de adjudicación del contrato. Según la
investigación, la responsabilidad de la licitación recaía en la Secretaría
General del Ministerio, y fue la propia Abudinen quien ordenó detener el proceso
al detectar irregularidades en las pólizas y quien inició la investigación que
sacó a la luz el escándalo.
El caso de Centros Poblados ha sido un referente en los temas de corrupción en
el país, afectando tanto la gestión pública como los esfuerzos por cerrar la
brecha digital en las áreas rurales. Pese a la decisión del Consejo de Estado de
archivar la acción popular,
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Cabello expresó su confianza en que la tutela será el mecanismo
que permita que el proceso continúe y se logre
el reintegro total de los recursos públicos mal utilizados.
Además de la tutela, la Procuraduría sigue avanzando en varias investigaciones
relacionadas con este contrato, lo que ha permitido recuperar una parte de los
dineros desviados. No obstante, según la procuradora, es fundamental persistir
en los esfuerzos para garantizar la devolución completa del anticipo entregado a
Centros Poblados.
Tras denuncias, el INPEC
tomó medidas en la cárcel de Puerto Triunfo
El Director del Instituto Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez dió a
conocer las medidas adoptadas frente a la veeduría e intervención efectuada por
la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería
municipal entre otros organismos de control a la Cárcel y Penitenciaría de Media
Seguridad de Puerto Triunfo frente al hacinamiento, alimentación, prevención y
tratamiento de sustancias psicoactivas, cambio a las fases de tratamiento,
situación jurídica y problemática del agua .
A corto Plazo el INPEC adoptó las siguientes medidas:
1. Limitar temporalmente el traslado de personas privadas de la libertad – PPL-
con el fin de disminuir el hacinamiento.
2. Realizar tamizajes trimestrales a toda la PPL con enfoque de riesgo
nutricional.
3. Seguimiento continuo presencial y virtual a la comunidad terapéutica (45) PPL
mejorando su calidad de vida en pro de la transformación positiva.
4. Aumentar la cobertura de visitas virtuales en un 30% para la PPL que no tiene
arraigo en la cárcel.
5. Asignación del 20% de presupuesto adicional con el fin de mitigar el
desabastecimiento del expendio.
6. Legalización contractual industria fabricación cartones huevos beneficia (20)
PPL.
7. Realizar el examen médico y valoración odontológica de ingreso y egreso al
100% de las altas como las bajas.
8. Remisión a programa de salud mental de acuerdo con resultados de tamizaje.
9. Capacitación y formación al personal Cuerpo de Custodia y Vigilancia y
administrativos, sobre la prevención y atención del consumo Sustancias
Psicoactivas, para tener un abordaje constante en los patios sesiones
individuales y colectivas.
A Mediano plazo
1. Contratación de docentes para preparar (100) PPL, en las evaluaciones de
bachillerato ICFES.
2. Aumento en 20% del plan ocupacional ERON con el fin de aumentar la cobertura
en bonificación para (20) PPL.
Largo Plazo
1. Gestión con el consorcio de alimentación para suscribir contrato a
suministrar el pan que consumen PPL.
2. Entrar en operación el taller de confecciones con (10) máquinas a modo de
aprendizaje beneficiando a (30) PPL.
3. Se prioriza al ERON para la asignación de elementos de seguridad electrónica
para la vigencia 2025.
El anunció se efectuó en el marco de la mesa y control al Sistema Penitenciario
convocado por el Procurador Delegado para los Derechos Humanos Javier Sarmiento
que contó con la participación del Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa Camilo Umaña, la Defensora del Pueblo Regional Antioquia Yucelly
Rincón Torrado, Director de la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios
Ludwig Valero y el comandante Departamento de Policía Antioquia Coronel Carlos
Andrés Martínez entre otras entidades del orden nacional, departamental y
municipal que fueron convocados.
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