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Tribunal de Cundinamarca respalda a concejales de
Bogotá en la controversia por la ALO Norte
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha exonerado a cinco de los ocho
concejales de Bogotá que enfrentaban una demanda de pérdida de investidura tras
votar a favor de la reactivación del proyecto de la Avenida Longitudinal de
Occidente en su tramo norte (ALO Norte). Este proyecto, que ha sido motivo de
polémica durante más de seis décadas, fue resucitado en el marco del Plan de
Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán, modificando las disposiciones
anteriores del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establecido por la
exalcaldesa Claudia López.
La demanda, interpuesta por un ciudadano identificado como José Romilio Muñoz,
acusaba a los concejales de haber hecho una destinación indebida de recursos
públicos al permitir que la ALO Norte atravesara terrenos que habían sido
reservados para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en Suba,
un proyecto que formaba parte del POT de López. La Ciudadela iba a ocupar los
predios sobrantes tras la reducción de los carriles de la ALO de 11 a 6. Sin
embargo, el Plan de Desarrollo de la administración Galán modificó esta
disposición, reviviendo el proyecto original de la ALO Norte y extendiendo su
trazado hasta la calle 153.
Los concejales demandados, entre los que se encuentran Daniel Briceño, Juan
David Quintero, Marco Acosta, Clara Sandoval y Juan Manuel Díaz, defendieron su
voto argumentando que la decisión no interfería con la construcción de la
Ciudadela, y que ambos proyectos podían coexistir sin afectar la infraestructura
social planeada para la zona. El alcalde Galán también ha insistido en que la
Ciudadela no será sacrificada, y que tanto esta como la ALO Norte se realizarán
como parte del desarrollo de la ciudad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras revisar la demanda, dictaminó
que los concejales habían actuado dentro de sus facultades al votar por el Plan
de Desarrollo. Según los fallos, no se demostró que hubiera habido una
desviación indebida de recursos ni una violación de los principios del POT. De
los ocho concejales demandados, cinco ya han recibido decisiones favorables por
parte del Tribunal. En sus casos, la corte argumentó que los concejales estaban
cumpliendo con su rol, establecido en el artículo 91 del Acuerdo 741 de 2019,
que les faculta para participar en la votación de los proyectos presentados por
la administración distrital.
Por otro lado, los concejales Sandra Forero, Cristina Calderón y Julián
Uscategui, quienes también fueron demandados, aún están a la espera de una
decisión por parte del Tribunal. Sin embargo, ya han comparecido en las
audiencias correspondientes y confían en que los fallos a su favor sean
similares a los de sus colegas. Los tres concejales han defendido su
participación en el proceso, señalando que su voto no alteró ni afectó el Plan
de Ordenamiento Territorial y que la aprobación de la ALO Norte responde a las
necesidades de movilidad de la ciudad.
La polémica en torno a la ALO Norte ha estado marcada por la división entre
diferentes sectores políticos de la capital. Mientras algunos consideran que la
vía es fundamental para mejorar la conectividad de Bogotá, otros sostienen que
su construcción podría afectar proyectos sociales clave, como la Ciudadela del
Cuidado. A pesar de las controversias, el fallo del Tribunal de Cundinamarca ha
despejado, al menos en parte, el camino para la continuación del proyecto vial,
aunque aún quedan decisiones pendientes que podrían influir en su futuro.
Con la resolución de la demanda, el alcalde Galán y su administración podrán
continuar impulsando el desarrollo de la ALO Norte, que promete ser una de las
arterias viales más importantes de la capital. A medida que avanza el proceso,
se espera que se logren acuerdos que permitan la coexistencia de la
infraestructura vial con los proyectos sociales, garantizando tanto la movilidad
como el bienestar de los habitantes de Bogotá.
Más de mil confinados por combates entre
disidencias y ELN en Cauca
Más de 1.300 personas permanecen confinadas en sus hogares en la vereda
Ricaurte, municipio de Páez, Cauca, debido a los combates
entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La
situación afecta especialmente a la comunidad indígena y ha generado la
suspensión de las actividades escolare. Las autoridades locales y comunitarias
emiten alertas sobre la crisis humanitaria en la región.
De acuerdo con el secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, los
enfrentamientos afectaron directamente a una institución educativa. “Este
combate afectó a una institución educativa, tuvieron que refugiarse sobre los
salones para evitar que fueran afectados por algún proyectil. Por esta razón,
están suspendidas las clases”, afirmó el funcionario.
Las confrontaciones, que se concentran en el corregimiento de Ricaurte, tienen
su origen en la lucha por el control de rutas estratégicas para el tráfico de
drogas y armas. El Ejército Nacional, en un intento por controlar la situación,
ha desplegado tropas del Comando Específico del Cauca.
Sin embargo, los enfrentamientos continúan, lo que pone en riesgo constante a la
población civil.
Las tropas del Comando Específico del Cauca han sido desplegadas en la zona para
tratar de restablecer el orden, según confirmó el general Federico Mejía,
comandante de esa unidad. "Nos encontramos en el desarrollo de una operación en
el corregimiento de Ricaurte, donde se han presentado confrontaciones armadas
ilegales entre estructuras del ELN y el Bloque Occidental Jacobo Arenas",
explicó el oficial, quien añadió que en la región se han encontrado artefactos
explosivos que incrementan los riesgos para la comunidad.
Organizaciones indígenas como la
Asociación de Autoridades Ancestrales
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Territoriales Nasa y
el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunciaron la delicada situación
que atraviesan los habitantes de Ricaurte y exigido
medidas inmediatas. En un comunicado, las autoridades indígenas expresaron su
preocupación: “Las confrontaciones iniciaron dejando en medio del fuego cruzado
a estudiantes y población en general, generando un alto riesgo para los mismos".
Además, insistieron en la necesidad de que los grupos armados respeten los
derechos de la población civil, tal como lo establece el Derecho Internacional
Humanitario (DIH).
La crisis humanitaria ha generado también preocupación por un posible
desabastecimiento de alimentos y medicinas en la zona. Según informes
preliminares, las familias confinadas no han podido desplazarse a otras áreas
para garantizar su seguridad o aprovisionarse de recursos básicos. Por ello, el
CRIC solicitó al Gobierno Nacional medidas urgentes para mitigar los efectos de
los combates y salvaguardar la vida de las personas afectadas. "Exigimos al
Gobierno las garantías necesarias y urgentes para la atención de la crisis
humanitaria", subraya el comunicado de la organización indígena.
Por su parte, la Alcaldía de Páez emitió un comunicado en el que rechaza los
hechos de violencia y exhorta a la comunidad a adoptar todas las medidas de
protección. “Lamentamos dicha situación e invitamos a tomar todas las medidas de
autoprotección individuales, familiares y colectivas”, señaló la administración
municipal.
Se presume que el conflicto entre estos grupos armados, se disputa por el
control de rutas estratégicas en esta región del Cauca, persiste y mantiene a la
población bajo condiciones difíciles, sin que se vislumbren soluciones
inmediatas. Mientras tanto, la comunidad indígena y las autoridades continúan
esperando la intervención efectiva del Estado para resolver esta crisis.
Confirman que Sirius (Uchuva 2) es el mayor descubrimiento de gas
El gerente general de activos exploratorios de Petrobras, Rogerio Soares, en
medio de una cumbre petrolera en Cartagena, confirmó que “el pozo Sirius
(Uchuva-2), es el mayor descubrimiento de gas en aguas profundas de Colombia”.
Este pozo, propiedad de Ecopetrol y Petrobras, estaba siendo evaluado, pese a la
demanda de un juez de Santa Marta para suspender su exploración, y se esperaba
un resultado de su capacidad antes de finalizar el año.
De acuerdo con Soares, “Sirius resultó ser el mayor descubrimiento de gas en
aguas profundas de Colombia. El país cuenta con los recursos y la
infraestructura para continuar siendo autosostenible energéticamente”.
Este anuncio le baja la temperatura sobre la verdadera situación del país con
las reservas de este combustible, que según los expertos solo dan para unos seis
años.
Gran potencial
Con este potencial, los planes iniciales de Petrobras y Ecopetrol son comenzar
la etapa de producción entre 2029 y 2030 con cuatro pozos productores. La
producción que se espera es de 13,3 millones de metros cúbicos día de gas
natural durante un periodo de 10 años.
Esta producción de Sirius equivaldría a 470 millones de pies cúbicos día,
aproximadamente la mitad del gas natural que se consume actualmente en toda
Colombia.
Además, para esta fase de producción será necesario un gasoducto submarino de
117 kilómetros de longitud para transportar el gas natural desde el fondo del
mar hasta tierra firme, al igual que unanueva unidad de tratamiento de gas en
Ballenas (La Guajira).
Para el desarrollo de Sirius también se estima una fase complementaria a partir
de 2031 que incluiría uno o dos pozos productores y una producción de 15
millones de metros cúbicos día de gas natural desde el primer momento.
Hasta el momento, tanto Ecopetrol y Petrobras han invertido US $820 millones
para las actividades exploratorias en Sirius y hacia adelante tienen previsto
invertir US $1.200 millones adicionales.
Además, para la etapa de producción de gas natural se esperan invertir US $2.900
millones. Es decir, que la evaluación de este descubrimiento de gas natural en
el mar Caribe representa inversiones de US $5.000 millones.
Seguridad energética
El gerente general de activos exploratorios de Petrobras también destacó que los
proyectos de gas natural en costa afuera tienen un potencial que puede brindarle
a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo
hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa.
“Sirius representa el mayor
descubrimiento realizado en el offshore de Colombia y tiene el potencial de
duplicar las reservas probadas del país”, reiteró Rogerio Soares.
Pozo Uchuva Colombia confirmó el descubrimiento de gas más importante desde los
años 90 con el proyecto Sirius (antes Uchuva) de Ecopetrol y Petrobras que logró
probar la existencia de 6 terapies cúbicos de gas natural.
“Petrobras y Ecopetrol son responsables del principal descubrimiento offshore de
Colombia, que es Sirius. Estamos cumpliendo con la sostenibilidad energética que
necesita el país. Este proyecto puede garantizar la seguridad energética por
décadas. Sirius (antes Uchuva) tiene reservas por 6 terapies cúbicos, un tamaño
que solo se compara con el campo Chuchupa que le ha dado gas natural a Colombia
en los últimos 45 años”, aseguró Soares.
Para 20 años
Al ritmo de consumo actual (0.3 terapies por año) este campo podría alimentar
por sí solo el consumo del país durante unos 20 años. De acuerdo con el
directivo de Petrobras, el tamaño de este yacimiento es comparable con el del
campo Chuchupa cuyas reservas iniciales estaban entre 5 y 5.6 terapies cúbicos
de gas.
Chuchupa entró en producción en 1979 y actualmente se encuentra cerca del final
de su ciclo de producción, aunque sigue entregando gas natural al país.
Y es que la idea de Ecopetrol y Petrobras, de acuerdo a lo explicado en la
cumbre de Cartagena, es que este proyecto esté en producción en el año 2029, sin
embargo, antes de eso tendrán que enfrentar
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toda clase de desafíos operativos, legales y sociales.
Entre los problemas judiciales está un fallo de tutela, emitido el pasado 13 de
septiembre, por el Juzgado Cuarto Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta
que ordenó a Ecopetrol, Ministerio de Minas y Energía y Petrobras a que se
suspenda inmediatamente la exploración del pozo Uchuva 2, hasta que se realice
una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga y que el pozo se debía
llamar Sirius.
Precisamente, a comienzos de esta semana, el exministro de Minas, Amylkar
Acosta, había advertido en un análisis sobre el sector, que “de acuerdo con el
más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el
potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor del
7,3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un
11,6% para el 2025 y el 9,3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024
– 2026 del 19,8%”.
Demanda de gas
Señala que “entre tanto, la demanda de gas natural aumentó el 3,9% entre 2022 y
2023, por debajo del incremento del 4,6% entre 2021 y 2022. Lo cual se explica
por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la
desaceleración del crecimiento de la economía”.
Sobre el potencial de gas, Acosta sostiene que “este sombrío panorama debería
llevar al Gobierno a recapacitar y a repensar sobre la inconveniencia para el
país de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos (…). Colombia posee un
enorme potencial de gas natural, tanto en onshore como en offshore, que puede
superar perfectamente los 70 TPC. La provincia gasífera costa afuera del Bloque
Tayrona es muy promisoria y los proyectos exploratorios en los campos de Uchuva
y Gorgon en La Guajira son sumamente prometedores. Allí Ecopetrol, de la mano de
Petrobras avanza en la perforación de pozos con miras a dimensionar el tamaño
del yacimiento. Y este tiene la ventaja de su proximidad a las facilidades que
ofrece para su desarrollo y transporte de las dos plataformas de Chuchupa”.
El cambio de nombre
Teniendo en cuenta el fallo judicial sobre el nombre del pozo, Ecopetrol y
Petrobras acordaron solicitar a la ANH el uso del nombre Sirius para hacer
referencia al proyecto (antes Uchuva) y de Gua-Off-0 para el activo Tayrona.
La orden judicial recalcó que la consulta previa a las entidades locales es un
derecho fundamental; por lo cual, el juez le ordenó al Ministerio de Interior a
que en máximo un mes se realice consulta previa con el cabildo indígena de
Taganga.
En el documento se mencionó que la autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
en coordinación con el Ministerio de Ambiente, deben realizar estudios para
identificar el impacto ambiental y sociocultural del proyecto. Además, ordenó a
la Presidencia de la República a que implemente una coordinación institucional
en un plazo que no supere seis meses para la garantía de la protección de
comunidades ancestrales.
Anuncian plan de choque para afrontar la sequía en el Amazonas
Luego de un extenso recorrido por el afluente, la visita a las comunidades
indígenas y la realización del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el
director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
Carlos Carrillo Arenas, anunció un plan de choque para atender la emergencia
causada por la sequía.
Las primeras medidas incluyen la entrega de motobombas y mangueras para
garantizar el suministro de agua en los territorios indígenas, hoy aislados por
los bajos niveles del afluente.
“Nuestra atención inmediata comienza con la entrega de motobombas y mangueras, y
esperamos la estructuración del Plan de Acción Específico (PAE) para entregar
tanques, plantas potabilizadoras portátiles y motobombas a presión para 11
comunidades indígenas aisladas. Además, iniciaremos un contrato de exploración
técnica de fuentes subterráneas”, dijo el director general de la UNGRD, Carlos
Carrillo.
El funcionario y su equipo técnico realizaron un reconocimiento del estado del
río, recorriendo los puntos críticos, uno de ellos ubicado en el municipio de
Puerto Nariño, donde se inspeccionó el río Loretoyaco, un brazo del Amazonas. La
sequía ha interrumpido su conexión con el lago de Tarapoto, afectando a los
delfines rosados y al abastecimiento de agua para cerca de 10 comunidades
indígenas, con una población de 3.000 personas.
“Este es un momento para demostrar que el sistema funciona y decirle al país que
el Amazonas no está solo y que vamos a fortalecer las acciones para atender al
departamento. Hoy las comunidades están aisladas, sufriendo desabastecimiento de
agua y una creciente inseguridad alimentaria, lo cual nos preocupa de manera
alarmante”, agregó Carrillo.
En este espacio, se comprometió a brindar asistencia técnica al departamento
para la elaboración del Plan de Acción Específico (PAE), la Evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades (EDAN), el Registro Único de Damnificados (RUD) y la
posible entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia, tanto alimentaria como
no alimentaria.
“Vamos a modificar la resolución que estandariza los kits de Asistencia
Humanitaria de Emergencia Alimentaria, porque en el Amazonas hay una
particularidad, los granos y las legumbres que se entregan normalmente se
pierden, vamos a reemplazar estos productos por otros que se adapten al Plan de
Alimentación Escolar del territorio”, concluyó el director.
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