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Mejorar condiciones en cárceles pide C.
Constitucional a Minjusticia
La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en el
sistema penitenciario y carcelario le ordenó a las entidades pertinentes que
implementen medidas efectivas para mejorar la atención a la población privada de
libertad en las cárceles y penitenciarias del país.
En el auto 1745 de 2024 se presentaron diversos hallazgos que respaldan la
urgencia y necesidad de implementar medidas relacionadas con los mínimos
constitucionalmente garantizados en cuanto a infraestructura, alimentación,
salud, acceso a la administración pública y a la justicia, servicios públicos y
resocialización.
En el ámbito de la infraestructura, la Sala Especial encontró que aún quedan
obras por completar para aumentar la capacidad carcelaria y penitenciaria. En
consecuencia, se ordenó al Ministerio de Justicia que en los próximos seis meses
tome medidas administrativas para asegurar la finalización de la construcción
del ERON en Pílamo, Risaralda, y el proyecto carcelario Sabanas de San Ángel en
Fundación, Magdalena.
También se deben concluir las obras en el EPMSC Girón, Santander y en el EPMSC
de Ipiales, Nariño; en el EPMSC Espinal, Tolima, se debe finalizar la vía de
conexión al establecimiento y obras relacionadas con el manejo de aguas
superficiales.
En el EPAMS CAS-ERE - JP Itagüí, Antioquía, se debe terminar la construcción de
edificaciones de control de integración, rancho, depósito y tránsito de residuos
sólidos, así como el cerramiento de seguridad del ERON. En el EPMSC Barranquilla
se debe completar la construcción de la edificación de control de acceso, cuatro
garitas y un sector de cerramiento perimetral.
En cuanto a la alimentación, la Sala Especial expuso que ha recibido múltiples
solicitudes de personas privadas de la libertad, juzgados de ejecución de penas
y medidas de seguridad, organizaciones de derechos humanos, organismos de
control y la Defensoría del Pueblo. En estas peticiones se han expuesto las
malas condiciones en las que se brinda el servicio de alimentación en varios
centros penitenciarios del país, como el Pedregal en Medellín, la Picota, la
Modelo y el Buen Pastor en Bogotá D.C, entre otros.
Según la información proporcionada, los reclusos reciben alimentos en mal
estado, en cantidades insuficientes y fuera de los horarios acordados. Incluso
se ha reportado la entrega de proteínas animales no aptas para el consumo
humano.
Por lo tanto, la Sala le ordenó al Ministerio de Justicia, como responsable del
sector administrativo de Justicia y del Derecho, garantizar un adecuado servicio
de alimentación en los centros penitenciarios. Esto incluye evaluar la
prestación del servicio por parte de los contratistas y tomar medidas
administrativas y fiscales contra aquellos que incumplan los contratos con la
USPEC.
En cuanto a la salud, la Sala reconoció que el derecho a la salud se ha visto
vulnerado debido a la grave crisis del sistema. Esta situación se evidenció
directamente durante las inspecciones judiciales llevadas a cabo en junio de
2023 y mayo de 2024 en la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad para
Mujeres de Bogotá - Buen Pastor y en el Complejo Penitenciario y Carcelario de
Bogotá - La Picota. En dichas inspecciones se encontró que aún existen
obstáculos en los establecimientos a cargo del INPEC que dificultan que los
reclusos accedan de manera completa a servicios de salud, como la falta de
medicamentos, diagnósticos incompletos, dificultades para programar citas
médicas, falta de remisión a especialistas, escasez de vehículos y personal para
traslados y asistencia médica.
La Sala también destacó la grave situación de salud en la Cárcel y Penitenciaría
de Media Seguridad de Puerto Triunfo, Antioquia. Según un informe del Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Santuario, Antioquia,
realizado el 4 de julio de 2024, de las 1.529 personas privadas de la libertad,
119 padecen tuberculosis, 48 tienen desnutrición severa, 68 desnutrición
moderada y 239 desnutrición leve. Esta situación se repite en este
establecimiento, donde para septiembre de 2023 había 200 internos con
desnutrición severa.
Por lo tanto, se ordenó contratar urgentemente un equipo médico para realizar
chequeos periódicos en algunos establecimientos y diseñar e implementar de
inmediato un plan de atención y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Puerto Triunfo.
La Sala encontró que el problema de desnutrición está relacionado directamente
con la alimentación y el consumo de sustancias psicoactivas, al punto de que se
han nombrado "compañeros voluntarios" para supervisar que los reclusos consuman
los alimentos y no los intercambien por drogas.
La Sala reconoció que persiste la vulneración masiva y generalizada de los
derechos de las personas privadas de la libertad en los establecimientos de
reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. A pesar de las medidas
propuestas y ejecutadas por los actores del Sistema, la situación es tan grave
que estas resultan insuficientes para impactar
positivamente la vida de los privados de la libertad.
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Por lo tanto, la Sala, además de disponer la adopción de medidas urgentes en
diferentes centros penitenciarios y carcelarios, ordenó al Ministerio de
Justicia que defina la política pública destinada a ser implementada en el ECI
Penitenciario y Carcelario, según lo establecido en la Sentencia T-762 de 2015.
La Sala consideró paradójico que, después de casi 10 años desde la reiteración
del ECI Penitenciario y Carcelario, dicha política pública aún no se haya
implementado.
La Sala destacó la importancia de que la política pública del ECI Penitenciario
y Carcelario incluya la asignación de los recursos financieros necesarios para
cumplir con las diversas órdenes emitidas en el marco del seguimiento al ECI. En
este sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe participar en la
formulación y ejecución de esta política pública, en colaboración con otras
entidades del Estado.
Alertan a los bogotanos ante segundo
pico de enfermedades respiratorias
La Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a la ciudadanía para reforzar
las medidas de autocuidado y prevención de enfermedades respiratorias en esta
temporada de lluvias, en el que será el segundo pico respiratorio del año en la
ciudad.
Los cambios de temperatura y el incremento de las lluvias generan condiciones
sociales y ambientales que pueden favorecer el aumento de la transmisión de
infecciones respiratorias agudas en Bogotá. Durante esta época, es común que las
personas padezcan resfriados, gripes, e incluso, que puedan desarrollar
enfermedades más complejas como la neumonía, especialmente en ciertos grupos de
riesgo como los adultos mayores, niños menores de 5 años, y personas con
enfermedades crónicas.
Por lo tanto, con el objetivo de prevenir las principales complicaciones dadas
por las infecciones respiratorias, la Secretaría de Salud invita a todas las
personas a completar los esquemas regulares de vacunación, haciendo especial
énfasis, en la vacunación contra la influenza, siendo especialmente este grupo
de virus, uno de los principales agentes etiológicos de la formas graves de
infección reportadas en la ciudad.
Bogotá cuenta actualmente con más de 300 mil dosis de vacuna contra la influenza
para personas mayores de 60 años, gestantes –a partir de la semana 14 de
embarazo–, población con comorbilidades, niños y niñas de 6 a 23 meses,
familiares de pacientes con cáncer y talento humano en salud. El virus de la
influenza es la principal causa de las infecciones respiratorias agudas, que
afectan principalmente la nariz, garganta, bronquios y, finalmente, los
pulmones, en las formas más graves.
Algunos de los síntomas más comunes en personas con influenza son fiebre alta,
dolores musculares, dolor de cabeza y garganta, malestar general, tos seca y
rinitis. Es importante tener en cuenta que la influenza se transmite rápidamente
de persona a persona a través de las gotas expulsadas al toser o estornudar. La
ciudadanía debe conocer los síntomas y estar atento a los signos de alarma que
requieren asistencia médica.
En la ciudad, para la semana del 13 al 19 de octubre, se han notificado un total
acumulado de 1.593.179 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA) en la
población
general, en todos los servicios de
salud, lo cual corresponde a un 4,5% respecto al total de consultas por todas
las causas. Tan solo esta semana se notificaron 29.991 atenciones por IRA, 3%
menos que la semana anterior (del 6 al 12 de octubre, con 30.937 atenciones).
Sin embargo, se prevee un nuevo incremento de los casos en este último periodo
del año.
Con relación a la circulación viral en la ciudad, se mantiene el perfil
observado a lo largo del año, siendo predominantes el rinovirus, el virus
sincitial respiratorio, metapneumovirus, adenovirus, parainfluenza y SARS CoV2.
Para el segundo semestre del año se ha evidenciado una mayor circulación de
influenza B.
Por ende, se recomienda a la ciudadanía, y en especial a los padres, madres,
cuidadores de menores de cinco años y a los personas mayores de 60, hacer
énfasis en las medidas de prevención para evitar complicaciones, así como
reforzar la vacunación, siendo esta, una herramienta esencial para prevenir
enfermedades y reducir la cadena de contagio, pero además reducir el riesgo de
complicaciones y muerte.
Avalancha destruyó casas y vehículos en San
Fernando, Santa Marta
La noche del 31 de octubre, una avalancha
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arrasó el barrio San Fernando de Santa Marta, destruyendo
viviendas y causando daños significativos en varios vehículos. Las autoridades
locales, encabezadas por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, desplegaron operativos
de emergencia para atender a los damnificados, realizar el censo de pérdidas y
mitigar nuevos riesgos ante las lluvias que persisten en la región.
“A esta hora, el barrio San Fernando enfrenta serias afectaciones tras una
avenida torrencial. Se reporta 1 persona con lesiones leves, 2 viviendas
destruidas y 4 vehículos dañados”, informó el alcalde Carlos Pinedo Cuello
alrededor de las 11:30 de la noche, cuando el desastre se encontraba en su punto
crítico.
Las fuertes precipitaciones comenzaron entrada la noche y, después de varias
horas, ya en horas de la mañana de este primero de noviembre, el agua y el lodo
invadieron calles y hogares, destruyendo por completo al menos siete viviendas y
dañando de manera significativa diez más.
“Desde temprano, se está evacuando y realizando censos para identificar a las
familias afectadas en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD). La maquinaria amarilla se encuentra realizando
trabajos en el lugar para facilitar la remoción de escombros y el personal de
salud está visitando casa por casa para atender a los afectados y evaluar
necesidades”, añadió el mandatario local.
Residentes del sector relataron la angustia vivida mientras el agua subía y
arrastraba con fuerza vehículos, motos y pertenencias.
Las autoridades de gestión del riesgo, junto con organismos de socorro como la
Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil, desplegaron operativos de rescate y
evaluación de daños. Álex Velásquez, director de la Oficina de Atención de
Riesgo y Desastres, confirmó que “siete viviendas resultaron derrumbadas, tres
con afectación estructural de pared y techo; así como diez con pérdida de
enseres”.
El alcalde Pinedo advirtió que la situación climática podría empeorar y pidió a
la ciudadanía extremar precauciones. “Las lluvias continuarán. Lo primordial es
mitigar el riesgo. Las líneas de emergencia están disponibles. Por favor, no
duden en hacer sus reportes ante cualquier contingencia y en seguir las
recomendaciones que desde la Alcaldía se han realizado”.
Con este despliegue de seguridad y prevención, Santa Marta enfrenta ahora el
reto de asistir a los damnificados, restaurar la normalidad en el barrio San
Fernando y mitigar el riesgo de nuevos incidentes en la ciudad caribeña.
Acción de Ecopetrol se desplomó un 47% denunció
Miguel Uribe
El senador Miguel Uribe denunció la crítica situación financiera de Ecopetrol,
resultado de decisiones erradas del gobierno del presidente Gustavo Petro que
están afectando gravemente la estabilidad de la empresa y el bienestar de todos
los colombianos.
“El gobierno de Gustavo Petro está empobreciendo a los colombianos y está
acabando con la empresa más importante del país, Ecopetrol. Desde junio de 2022,
el precio de la acción de Ecopetrol ha caído un 47%, pero lo más preocupante es
que si Ecopetrol se hubiera comportado como sus pares internacionales como Exxon,
Chevron, Shell y Petrobras, su acción estaría valorada en 3.061 pesos, es decir,
estaría ganando valor”, afirmó el senador Uribe.
El parlamentario indicó que este comportamiento evidencia que el problema no es
ni el contexto internacional ni los precios del petróleo, sino el mal manejo del
presidente Gustavo Petro sobre Ecopetrol. A pesar de esta realidad, el
presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, intenta justificar la pérdida de valor de
la empresa en factores externos, como los precios internacionales del petróleo y
la tasa de cambio.
Sin embargo, “mientras el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, investigado por
escándalos de corrupción y financiación ilegal en la campaña de Gustavo Petro,
intenta justificar la pérdida de valor en los precios internacionales del
petróleo y la tasa de cambio, la realidad es otra: todas las grandes petroleras
globales han mostrado un desempeño superior, y Ecopetrol se ha convertido en la
empresa más rezagada del sector”, subrayó el senador Uribe. Esta falta de
autonomía y la injerencia del gobierno en las decisiones estratégicas de la
empresa están minando su rendimiento y la confianza de los inversores.
Finalmente, la reciente rebaja del precio objetivo de la acción de Ecopetrol por
parte de JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, de 8.5 dólares
a 7.5 dólares, es un golpe más. “Según el informe, el deterioro en el valor de
la acción de Ecopetrol se da por factores como los bloqueos, la inseguridad
física y los problemas de orden público que este gobierno ha sido incapaz de
controlar, además de la paralización de proyectos estratégicos como Oslo, que
habrían impulsado la producción y reducido el impacto ambiental”, añadió el
senador Uribe.
Decisiones como no firmar nuevos contratos de exploración y debilitar la
independencia de la compañía reflejan un gobierno que ha perdido la visión a
largo plazo, afectando no solo a la empresa más importante de Colombia, sino
también a los intereses de todos los colombianos.
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