Autonomía en Colombia

La autonomía regional en Colombia, más que un concepto administrativo, es una necesidad histórica y práctica. El país, dividido en seis grandes regiones y subdividido en 19 regiones socio-culturales, enfrenta un desafío constante: equilibrar la gestión local con los intereses nacionales sin socavar el desarrollo de las comunidades más pequeñas y menos representadas.

Los artículos 287 y 311 de la Constitución Nacional son un reconocimiento de la importancia de la autonomía municipal. Estos marcos legales establecen que los municipios pueden gobernarse, administrar sus recursos y participar en las rentas nacionales, buscando que las decisiones locales respondan a las necesidades reales de sus habitantes. Sin embargo, la práctica muestra un escenario diferente: la centralización del poder y la desigualdad en la representación siguen afectando la capacidad de los municipios y provincias de influir en el desarrollo regional.

Uno de los mayores retos de la autonomía regional es la elección de los gobernadores y la representación en las asambleas departamentales. Actualmente, las provincias más pobladas imponen sus intereses, lo que deja a las regiones más pequeñas y a menudo menos favorecidas en una posición de desventaja. Esto perpetúa un ciclo en el que las áreas rurales y de menor población ven sus prioridades relegadas frente a los intereses urbanos y económicos de las zonas metropolitanas.

La propuesta de que cada provincia cuente con al menos un diputado en la asamblea departamental es una solución que apunta hacia una mayor equidad en la participación política. Con la implementación de círculos provinciales de elección, se garantizaría que todas las regiones, sin importar su tamaño o población, tuvieran voz y voto en la toma de decisiones departamentales. Este cambio permitiría que los diputados no solo representen los intereses de las provincias más grandes, sino también los de aquellas que prestan servicios ecosistémicos cruciales y contribuyen al equilibrio ambiental del país.

La baja ejecución de los ingresos nacionales también está vinculada a la limitada representación de las regiones en la política participativa. Funcionarios que no conocen de primera mano las realidades de los municipios tienden a aplicar medidas restrictivas y a complicar la viabilización de proyectos locales, usando controles fiscales como escudo. Esta falta de sensibilidad regional provoca que los fondos y recursos no lleguen oportunamente, afectando el desarrollo social y económico de los territorios más vulnerables.

En resumen, fortalecer la autonomía regional implica reformar el sistema de representación y fomentar un modelo en el que las decisiones se tomen con un verdadero conocimiento de las necesidades locales. Solo así, Colombia podrá aspirar a un desarrollo equilibrado y justo que respete la diversidad de su territorio y brinde oportunidades a todas sus regiones.

Derechos Humanos y responsabilidad

Por: Guillermo Navarrete Hernandez

La responsabilidad es un vocablo que se suele utilizar para determinar el grado de cumplimiento de un individuo u organización acerca de los compromisos, deberes, obligaciones adquiridas y de garantizar la satisfacción de necesidades de personas que hacen parte de su entorno. Su origen puede ser explícito por relaciones contractuales o legales o implícito derivado de costumbres, valores o principios. Implica asumir las consecuencias de los actos que se cometan, pero también la capacidad de discernir sobre lo justo e injusto, de crear condiciones de bienestar o de dañar al tomar decisiones. Es, en la práctica, una restricción propia o impuesta por el entorno de la libertad.

Sócrates a partir de su máxima “es mejor sufrir una injusticia que cometerla”, abre la polémica acerca de sí es mejor infligirse menoscabo, lo que de por sí es una injusticia, o evitar el sufrimiento de otra persona. Este filósofo griego que aceptó su muerte antes que renegar de sus ideas, representa la coherencia frente a sus convicciones, tanto personales como de la solidez de las instituciones democráticas helenas. Paradoja que valdría la pena plantearle a políticos, dirigentes o personas en general que anteponen sus intereses personales sobre los de sus congéneres, en especial cuando con dicha actitud generan daño y sufrimiento.

Según Immanuel Kant, la responsabilidad, como imperativo ético, es una virtud que poseen los seres humanos para acometer conductas que puedan ser aceptadas por los demás integrantes de la sociedad. Posturas que se constituyen en la posibilidad que tienen las personas de aceptar las reglas morales o legales por injustas que parezcan.

Junto a la responsabilidad, está la culpa (de la que me ocuparé en otro escrito), sentimiento de dolor que padece el ser mismo al percibir que este es justo o merecido cuando comete una falta y que puede conducir al reconocimiento de esta y su resarcimiento, pero que también puede afectar negativamente el bienestar emocional de las personas. Responsabilidad y culpa han sido objeto de desarrollos normativos desde tiempos inmemoriales, precisamente para garantizar la libertad, la dignidad, la convivencia y la resolución de conflictos, aspectos centrales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, después de los atroces hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial y de los juicios de Núremberg en contra de los dirigentes Nazis, perpetradores de delitos contra la humanidad.

Deviene desde dicho ámbito, la responsabilidad estatal referida a la obligación de respetar, proteger y promocionar los derechos humanos, lo que implica la adopción de normas, políticas y medidas que garanticen su pleno goce, así como su cumplimiento en todos los órdenes. Por eso, los procesos de divulgación y formación en esta materia se convierten en determinantes, no solo para que los servidores y contratistas y la población en general, apropien su conocimiento y la

generación de conciencia sobre los deberes individuales y colectivos aplicados.

En términos de conflicto armado, la responsabilidad se extiende al respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario y por ende a evitar la comisión de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra tipificados por el Estatuto de Roma adoptado en el año el 1998 y que para Colombia entró en vigor a partir del 1° de noviembre de 1992.

NADA ES IMPOSIBLE
Crónica 1004

Gustavo Alvarez Gardeazábal

Audio:  https://youtu.be/-TMVEY4B-Wo

En este país, antaño consagrado al Corazón de Jesús, sucede hasta lo imposible. Y aunque son muchas las cosas que pasan, algunas se recuerdan al menos por las siguientes 24 horas, así no salgan en la redes sin depuración.

Que el canciller de Petro, el venerable Alvaro Leiva, haya resbalado a su edad provecta y termine destituido por no haber aprendido a distinguir entre buenos y malos al final de su productiva vida de negociador de las guerras, es imposible, pero sucedió.

Que en La Guajira llueva a cántaros donde siempre ha hecho falta el agua, era imposible cuando los robagallinas alfiles de Petro usaron los carrotanques para rellenarlos de billetes, pero está sucediendo.

Que los Gillinsky, habilísimos manejadores de dineros ajenos hayan resbalado por no distinguir con su Metrobank entre billetes fríos y billetes calientes, no se lo cree ni Vicky Dávila.

Que sean las autodefensas de la Sierra las que nos manden videos declarándose perseguidores de los ejércitos gaitanistas es tan imposible de creer como que la Policía y los medios pautados por el Estado, pero instruidos por los gringos, dejen de llamarlos dizque Clan del Golfo.

Que el volcán de lodo de Los Aburridos se salte la normatividad geológica que Makario y sus asesores decretan desde el púlpito vulcanológico y en vez de explotar con solo barro primero haya vomitado fuego, como lo muestra uno de los videos al instante, dizque es tan imposible como que el cerro de Monserrate sea un volcán apagado.

Mientras tanto el gobernante insiste en afrijolarnos otra reforma tributaria para acabar de joder más el bolsillo de los colombianos aunque, al mismo tiempo, expidan un decreto reduciendo en casi 40 billones el presupuesto actual.

Y como poco o nada interesa ya la crónica social, nadie ha revivido la investigación que hizo hace unos años La Tabares en El Tiempo contándonos que la esposa del nuevo Secretario de Estado de Trump está casado con Jeanette Dousdebés Giraldo, de pura sangre militar colombiana.

El Porce, noviembre 14 del 2024

 
Edgar Cabezas