|
Capturado extranjero por utilizar a habitantes de
calle en venta de drogas en Pereira
La Policía Metropolitana de Pereira detuvo a un ciudadano extranjero, conocido
como alias ‘Charco de Sangre’, en el sector de invasión La Platanera, en Cuba,
acusado de liderar una estructura dedicada a la distribución de drogas en los
barrios Leningrado y Santa Fe. Según informó la coronel Yurian Jeannette Romero,
comandante de la Policía Metropolitana, el capturado empleaba a personas en
condición de calle para vender estupefacientes, consolidando un esquema ilegal
de venta en la zona.
Durante el operativo, las autoridades encontraron en su poder 90 dosis de
bazuco, con un valor aproximado de 350 mil pesos. Según la investigación,
‘Charco de Sangre’ también amenazaba y agredía a consumidores para monopolizar
puntos de venta, consolidando así su control en el sector.
El individuo ya había sido capturado en flagrancia en febrero de este año por
lesiones personales. Ante los antecedentes, la Policía ha solicitado a Migración
Colombia que considere su deportación o expulsión del país, como medida para
proteger la seguridad de la comunidad en Pereira.
Fiscalía de Risaralda detalla esfuerzos en seguridad ante repunte de homicidios
En una rueda de prensa reciente en la Plaza de Bolívar, en el centro de Pereira,
las autoridades locales y de seguridad entregaron un balance de seguridad del
pasado puente festivo en el Área
Metropolitana Centro Occidente (AMCO). Este informe incluyó un panorama de los
operativos realizados y los resultados obtenidos en términos de capturas,
incautaciones y recuperación de vehículos, además de una reflexión sobre la
percepción de inseguridad en la región.
Resultados de operativos
La coronel Yurian Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira,
informó que el fin de semana estuvo marcado por una notable afluencia de
visitantes, lo que incrementó la demanda de acciones de seguridad. Gracias a la
colaboración de la ciudadanía, que se mantuvo alerta para informar sobre
cualquier incidente, y a las medidas preventivas de la Policía, se lograron
resultados significativos.
En términos de operativos, se recuperaron tres motocicletas robadas y se
incautaron cinco armas de fuego, junto con más de 600 gramos de sustancias
ilegales. Además, se aplicaron 181 comparendos por comportamientos contrarios a
la convivencia y se atendieron más de 3.283 llamadas de emergencia, de las
cuales cerca de la mitad resultaron en intervenciones directas. Como resultado
de estas acciones, 26 personas fueron capturadas por distintos delitos.
Desafíos en el sistema judicial
En relación con las capturas, el director seccional de Fiscalías en Risaralda,
César Augusto Bolaños, abordó la percepción de la ciudadanía sobre la falta de
efectividad del sistema judicial. Explicó que aunque algunas personas quedan en
libertad después de ser detenidas, esto no significa que el proceso no avance.
“La vinculación al proceso penal marca el inicio de varias etapas, y en muchos
casos, el resultado es significativo”, subrayó.
Bolaños destacó que en el último periodo se han desarticulado 29 estructuras
criminales en la región, logrando 181 capturas en casos de gran impacto. De
estas personas, el 100% ha sido cobijado con medida de aseguramiento intramural,
lo cual, según el director de Fiscalías, refleja el rigor con el que se realizan
las investigaciones y la disposición de los jueces de respaldar estos procesos
con prisión preventiva.
Violencia en Pereira y
Dosquebradas
A pesar de los avances en materia de seguridad, el fin de semana no estuvo
exento de hechos violentos en Pereira y Dosquebradas, con varios homicidios
reportados en ambos municipios. El viernes, cerca al barrio San Nicolás de
Pereira, una mujer fue asesinada y una persona que la
acompañaba resultó herida en un ataque con arma de fuego. El domingo, en el río
Otún, fue hallado el cadáver de un hombre, y en el mismo barrio San Nicolas,
otro joven fue asesinado antes de concluir el puente
festivo.
En Dosquebradas, el viernes se registraron
|
|
dos asesinatos más. En el barrio El
Japón, un joven fue hallado sin vida con varias heridas, y en el barrio Galaxia,
otro fue atacado a disparos mientras estaba en una cancha del sector.
Ante la seguidilla de homicidios, Bolaños explicó que, aunque existen datos y
avances en las investigaciones, no toda la información puede hacerse pública
para proteger el curso de los procesos judiciales y evitar alertar a los
delincuentes.
Estrategias de investigación y cooperación regional
Las autoridades de Risaralda también han intensificado los esfuerzos de
cooperación interdepartamental. En un reciente consejo de seguridad regional con
representantes de Tolima, Valle, Quindío, Caldas y Chocó, se establecieron
acciones para abordar el problema de los homicidios de manera integral. A través
de la georreferenciación de zonas críticas y horarios de actividad criminal, las
autoridades están identificando patrones y focalizando esfuerzos en áreas de
alta incidencia.
Además, la Fiscalía ha seleccionado a los mejores investigadores del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional para analizar los
homicidios desde un enfoque criminológico. Este enfoque permite entender el
fenómeno en su conjunto y no solo como casos individuales. Dentro de las
herramientas implementadas, destacan las vigilancias de personas, los
seguimientos con drones, las interceptaciones de comunicaciones y el uso de
agentes encubiertos, medidas que buscan desmantelar las redes criminales de
manera estructurada y sostenible.
Importancia de la cooperación
ciudadana
Finalmente, la Fiscalía y la Policía hicieron un llamado a la ciudadanía para
que colabore aportando información que permita avanzar en las investigaciones.
La Alcaldía de Pereira, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía, han
intensificado los operativos y allanamientos en las zonas afectadas. Estas
acciones buscan frenar la actividad de las estructuras criminales y mejorar la
percepción de seguridad en la ciudad.
Bolaños concluyó subrayando la importancia de la prudencia y precisión en las
acciones, así como el rol fundamental que juega la colaboración ciudadana para
lograr un ambiente más seguro. "Queremos actuar con precisión y con el apoyo de
la comunidad, que es clave para fortalecer la seguridad en Pereira".
JEP imputa a exlíderes de las FARC por
reclutamiento forzado de menores durante el conflicto
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a seis exmiembros del
antiguo secretariado de las FARC por el reclutamiento forzado de menores, un
capítulo oscuro en el conflicto armado colombiano. La Sala de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad les dio a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton
de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo un plazo de 30
días para que respondan a las acusaciones, ya sea reconociendo o rechazando los
cargos.
La investigación de la JEP, que hace parte del macrocaso 07, documenta que al
menos 18,677 menores de edad fueron reclutados por las FARC entre 1996 y 2016.
De estos niños y niñas, un 30% tenía menos de 15 años, edad que, según el
Derecho Internacional Humanitario, es considerada particularmente vulnerable.
Estos reclutamientos fueron sistemáticos y ocurrieron en casi todo el país, con
excepción de San Andrés y Providencia, lo que revela la magnitud de este crimen
en el conflicto colombiano.
Durante su permanencia en la guerrilla, muchos menores enfrentaron diversas
formas de violencia, incluidas agresiones de género y abuso sexual. El informe
de la JEP revela que el 24% de los menores reclutados experimentaron algún tipo
de violencia de género, siendo la gran mayoría mujeres (91%). Entre las niñas
reclutadas, al menos el 35% sufrió abuso sexual, mientras que un 7% de las
víctimas identificadas tenían una identidad de género diversa, lo que las hizo
aún más vulnerables a la violencia y al abuso dentro de la organización.
La JEP clasificó estos actos en cinco patrones específicos: el reclutamiento y
utilización de menores de 15 años, malos tratos y torturas, violencia
reproductiva, violencia sexual y violencia basada en prejuicios hacia menores
con diversidad de orientación sexual o identidad de género. Cada uno de estos
patrones refuerza la sistematicidad y gravedad de los abusos perpetrados contra
menores en el conflicto.
La decisión de la JEP de imputar a los exlíderes del secretariado se fundamentó
en el análisis de 77 informes de organizaciones de víctimas, junto con ocho
documentos de entidades estatales. Además, se contó con el testimonio de mil
sobrevivientes y familiares de menores desaparecidos. Con estos testimonios se
reconstruyó la historia de 805 menores reclutados, un proceso de investigación
que destaca la importancia de
|
|
la voz de las víctimas y su
contribución a la justicia transicional.
Un aspecto crítico de esta
imputación es que se reconoce que al menos un 28% de los menores reclutados
permanecen desaparecidos. Ante esta situación, la JEP, junto con la Unidad de
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), ha trabajado en la
recuperación de cuerpos, logrando la identificación y entrega de los restos de
ocho menores, de los cuales seis fueron víctimas de reclutamiento forzado.
Tras conocerse la imputación, los exintegrantes del secretariado de las FARC
anunciaron que revisarán y responderán a los cargos. En una declaración pública,
expresaron su disposición a reconocer los hechos de reclutamiento, aunque
lamentaron que estos actos ocurrieran durante el conflicto. Aseguraron que se
reunirán con su equipo de defensa para evaluar la respuesta ante la JEP.
Este proceso en la JEP permite que, si los imputados aceptan los cargos, se
celebre una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, en la cual las
víctimas podrán participar activamente. Este mecanismo de justicia restaurativa
no solo busca sancionar los crímenes cometidos, sino también avanzar en el
proceso de reparación a las víctimas y el esclarecimiento de la verdad sobre los
hechos de violencia en el conflicto.
La imputación por reclutamiento forzado marca un hito en la justicia
transicional colombiana, visibilizando el impacto del conflicto en los menores
de edad. La JEP ha dado un paso importante al documentar las violencias
sistemáticas que sufrieron niños y niñas en las filas de las FARC y al avanzar
en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas. Ahora, con el
proceso en curso, queda en manos del antiguo secretariado reconocer su
responsabilidad y dar inicio a un capítulo de rendición de cuentas en la
historia de Colombia.
El regreso de ‘Falcon’: Narco colombiano
que ayudó a capturar a ‘Otoniel’ vuelve al país en 2025
Juan José Valencia Zuluaga, conocido como alias "Falcon" o "Andrea", el llamado
"narco invisible", cumplirá su condena en Estados Unidos y regresará a Colombia
en julio de 2025. Este regreso se produce tras un acuerdo de colaboración con la
justicia estadounidense, mediante el cual Valencia entregó valiosa información
que facilitó la captura y condena de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel",
exjefe del clan del Golfo.
Valencia Zuluaga fue arrestado por la Policía Nacional en mayo de 2021 en
Rionegro, Antioquia, y extraditado a Estados Unidos en julio de 2022, donde fue
acusado de conspiración para distribuir cocaína en múltiples países, incluido
Estados Unidos. La Corte Distrital del Sur de Florida lo condenó en abril de
2023 a una pena de 14 años, aunque esta se redujo al 40% al aceptar su
culpabilidad y cooperar en las investigaciones que culminaron en la sentencia de
45 años de prisión contra "Otoniel".
Una colaboración clave para la justicia
La colaboración de "Falcon" no solo consistió en aceptar su participación en el
tráfico de drogas, sino en proporcionar información sobre las operaciones y
socios de "Otoniel". Estos datos fueron cruciales para que las autoridades
estadounidenses lograran evidencias suficientes para condenar al capo. Gracias a
esta cooperación, la justicia de Estados Unidos decidió aplicar la Regla 35, una
figura legal que permite reducir sentencias por colaboración. Así, la pena de
Valencia se redujo a cuatro años, por lo que su retorno a Colombia se espera
para julio de 2025.
Valencia Zuluaga, quien fue responsable de manejar grandes sumas de dinero para
el clan del Golfo, se convirtió en un testigo clave al revelar detalles sobre
los envíos de cocaína y las actividades de lavado de activos. Esto no solo ayudó
a sentenciar a "Otoniel", sino que también ha sido valioso para entender las
conexiones del narcotráfico entre Colombia y otros países.
Regreso a Colombia y procesos pendientes
A pesar de haber cumplido su pena en Estados Unidos, "Falcon" no tendrá un
regreso sencillo en Colombia. La extradición de Valencia se pactó bajo la
condición de que, una vez finalizada su condena en Norteamérica, regresaría al
país para enfrentar los procesos judiciales pendientes. En Colombia, debe
responder por los cargos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado
y tráfico de armas, entre otros. Estos casos se encuentran en la Fiscalía 26 de
Medellín, y se espera que una vez de vuelta, enfrente a la justicia colombiana
sin posibilidad de solicitar asilo o permiso de residencia en Estados Unidos.
Sin embargo, "Falcon" no podrá ser juzgado nuevamente en Colombia por delitos de
narcotráfico, dado que ya fue condenado por esos cargos en Estados Unidos. Este
aspecto limita los alcances de la justicia nacional sobre algunas de sus
actividades, pero no le exime de los otros procesos que le esperan en territorio
colombiano.
|
