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Biden autoriza el uso de misiles
ATACMS en el interior de Rusia
La
administración de Joe Biden ha dado luz verde al uso de misiles de
largo alcance ATACMS por parte de Ucrania en territorio ruso, una
medida que marca un punto de inflexión en el conflicto que se
extiende desde 2022. Esta decisión llega en un momento crítico, no
solo para Ucrania, sino también para el escenario geopolítico
global, cuando faltan apenas dos meses para que Donald Trump asuma
nuevamente la presidencia de Estados Unidos, según los resultados
proyectados.
Un nuevo alcance estratégico
Los
misiles ATACMS, con un alcance que varía entre 72 y 300 kilómetros
dependiendo de su versión, han sido autorizados exclusivamente para
operaciones defensivas en la región de Kursk, territorio ruso
ocupado por Ucrania desde agosto de 2024. La administración
estadounidense justificó esta medida como una respuesta directa al
despliegue de tropas norcoreanas y armamento proveniente de
Pyongyang, enviados para apoyar a Rusia en su intento de recuperar
el control de esta región estratégica.
Kursk representa la primera ocupación extranjera de territorio ruso
desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, Ucrania mantiene el
control de unos 800 kilómetros cuadrados en esta área, a pesar de la
movilización rusa y de los refuerzos enviados por Corea del Norte.
La inclusión de misiles ATACMS ofrece a Ucrania una capacidad
crucial para atacar concentraciones de tropas y logística enemiga,
alejando la infraestructura militar rusa de la línea del frente.
El impacto político detrás de la decisión
La medida adoptada por Biden tiene profundas implicaciones
políticas, tanto a nivel interno como externo. Dentro de Estados
Unidos, esta decisión refuerza la postura de quienes ven en Ucrania
un aliado esencial para contrarrestar la influencia de Rusia y sus
socios, como Corea del Norte. Además, busca debilitar las posibles
negociaciones de paz que Trump ha prometido liderar tras asumir el
poder.
Donald Trump ha planteado un alto al fuego que, según expertos,
podría favorecer significativamente a Rusia. Sin embargo, si Ucrania
retiene el control de Kursk hasta enero, cualquier acuerdo tendría
que reconocer esta ocupación, desafiando las narrativas de Moscú
sobre los territorios en disputa.
En Europa, las repercusiones también son notables. Alemania, que ha
evitado hasta ahora suministrar misiles de largo alcance Taurus a
Ucrania, podría cambiar su postura tras las elecciones federales de
febrero. El candidato demócrata-cristiano Friedrich Merz, favorito
en las encuestas, ha prometido una política más firme contra Rusia,
que incluiría la entrega de armamento avanzado a Kiev si no se logra
un alto al fuego inmediato.
Una advertencia para Asia
El uso de los ATACMS también envía un mensaje claro a los aliados de
Estados Unidos en Asia, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, en un
contexto de crecientes tensiones con China y Corea del Norte. Este
despliegue podría motivar a Corea del Sur a intensificar su apoyo
militar a Ucrania, debilitando así a su rival del norte, que ha
proporcionado miles de soldados y equipos a Rusia.
La decisión también podría provocar reacciones de Pyongyang, que ha
estrechado lazos con Moscú en busca de colaboración tecnológica y
militar. No obstante, Seúl y sus aliados asiáticos ven en esta
medida una oportunidad para recalibrar el equilibrio de poder en la
región.
¿Un cambio de rumbo en la guerra?
Aunque limitada inicialmente al frente de Kursk, la autorización
para usar misiles ATACMS podría expandirse a otras zonas en las
próximas semanas, dependiendo de la evolución del conflicto. Este
cambio estratégico llega en un momento en que Ucrania busca
consolidar sus posiciones antes de posibles negociaciones, mientras
Rusia enfrenta crecientes desafíos logísticos y militares.
El
panorama se complica aún más tras el reciente ataque masivo ruso
contra Ucrania, que incluyó más de 120 misiles y drones iraníes,
dañando significativamente la infraestructura energética del país.
En paralelo, la comunidad internacional observa con cautela cómo se
intensifica el conflicto, con Francia y Reino Unido considerando
permitir el uso de sus propios misiles de largo alcance en
operaciones dentro de Rusia.
La
autorización de Biden para que Ucrania utilice los ATACMS representa
un desafío directo a las líneas rojas impuestas por Moscú, abriendo
nuevas posibilidades estratégicas en el conflicto. Sin embargo,
también incrementa el riesgo de escalada,
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especialmente a
medida que Rusia busca contrarrestar la pérdida de Kursk y reforzar sus
posiciones internas.
A medida que el
conflicto avanza hacia un nuevo capítulo, el mundo se enfrenta a preguntas
cruciales sobre la capacidad de las potencias globales para evitar un
enfrentamiento directo y, finalmente, encontrar un camino hacia la paz en un
contexto cada vez más polarizado.
Ecuador declara emergencia nacional por incendios
y mitiga apagones
El Gobierno de
Ecuador declaró una emergencia nacional por 60 días para enfrentar los
devastadores incendios forestales que afectan al país. La Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó el lunes la medida, respaldada por la
ministra de Ambiente, Inés Manzano, quien detalló que actualmente se registran
17 incendios activos y 5 controlados, con las provincias de Azuay y Loja como
las más afectadas.
Ante la gravedad de
la situación, se desplegaron dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)
desde Quito, una para cada provincia. Además, la colaboración internacional ha
sido esencial: Perú y la Embajada de Italia aportaron helicópteros para apoyar
las operaciones, sumando un total de ocho aeronaves equipadas con sistemas bambi
bucket para transportar agua. Estas han realizado más de 240 descargas en Azuay,
con un total de 142.700 litros de agua, y 26 en Loja, alcanzando 59.100 litros.
El impacto de los
incendios es alarmante. En Azuay, cantones como Cuenca, Sigsig, Nabón y Santa
Isabel han perdido 1.705 hectáreas de cobertura vegetal desde el 1 de noviembre.
Entre las áreas más afectadas está el Parque Nacional Cajas, un ecosistema
protegido de gran relevancia, cuya devastación representa una amenaza
significativa para la biodiversidad local.
Mientras tanto, el país también enfrenta una crisis energética derivada de la
falta de lluvias, que ha reducido la generación hidroeléctrica. Desde el 23 de
septiembre, los apagones han sido recurrentes, alcanzando hasta 14 horas diarias
en algunas zonas. Esta situación ha generado disrupciones en la vida cotidiana,
especialmente en ciudades como Quito, donde las interrupciones han afectado la
productividad laboral y las actividades educativas.
No obstante, el Gobierno anunció una reducción en la duración de los cortes, que
ahora serán de ocho horas diarias. Esto ha sido posible gracias a la compra de
420 megavatios de energía de Colombia y a la recuperación parcial de la
hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que actualmente genera 1.000 megavatios. La
ministra Inés Manzano agradeció la cooperación colombiana, destacando que este
suministro fue reanudado tras superar una sequía que también afectó a ese país.
Aunque se espera que la crisis energética continúe hasta diciembre, el panorama
podría mejorar con la llegada de las lluvias, la operación de la hidroeléctrica
Toachi-Pilatón y el uso de generadores termoeléctricos. Además, el Gobierno
evalúa acuerdos con empresas privadas colombianas para garantizar un suministro
estable a largo plazo.
Ecuador enfrenta una doble emergencia que refleja los retos del cambio climático
y la necesidad de mejorar su resiliencia energética. Con el apoyo nacional e
internacional, el país busca superar estas crisis mientras protege sus recursos
naturales y estabiliza las condiciones de vida de su población.
Trump planea estado de emergencia para
deportaciones masivas
Donald Trump,
recientemente electo presidente de Estados Unidos, planea declarar el estado de
emergencia nacional y utilizar al ejército para llevar a cabo una masiva
deportación de migrantes. Según su anuncio, esta será “la mayor operación de
deportación en la historia de Estados Unidos”, con la intención de cumplir una
de sus principales promesas de campaña.
Trump, de 78 años, ha descrito la llegada de migrantes sin visa como una
“invasión” que, según él, “infecta” al país. En respuesta, ha delineado un
agresivo plan que incluye invocar la ley de enemigos extranjeros de
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1798, cerrar la
frontera con México, reanudar la construcción del muro fronterizo y contratar
10.000 agentes adicionales. También propone eliminar beneficios federales para
migrantes, prohibir las ciudades santuario y limitar vías legales de ingreso,
como el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El magnate ha recibido apoyo público de figuras conservadoras como Tom Fitton,
director de Judicial Watch, quien en la red social Truth Social afirmó que la
próxima administración de Trump está preparada para luchar contra la “invasión”.
Trump respondió al comentario confirmando los planes con un “¡Es verdad!”.
Desde las elecciones
presidenciales del 5 de noviembre, Trump ha avanzado en la preparación de estas
políticas. Nombró a Tom Homan como “zar de la frontera”, un antiguo director del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conocido por su postura de
línea dura en materia migratoria. Asimismo, designó a Kristi Noem al frente del
Departamento de Seguridad Interior y a Mike Waltz como asesor de Seguridad
Nacional.
Sin embargo, estas medidas no están exentas de desafíos. Durante su primer
mandato, Trump intentó eliminar el programa DACA, que protege a los migrantes
que llegaron de niños al país, pero los tribunales bloquearon su intento. Esto
sugiere que sus nuevas iniciativas podrían enfrentarse a obstáculos legales
similares.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado
su preocupación por los más de 11 millones de migrantes en situación irregular
en Estados Unidos. Además, economistas advierten sobre el impacto económico de
una deportación masiva. Según un estudio de American Immigration Council, el
costo de implementar esta medida sería de 88.000 millones de dólares al año,
acumulando casi un billón de dólares en una década. Este gasto tendría
consecuencias en una economía ya afectada por la escasez de mano de obra.
El contexto
migratorio en Estados Unidos no es nuevo. Un informe del Instituto de Políticas
Migratorias (MPI) señala que la administración de Joe Biden realizó más
expulsiones de migrantes que el primer mandato de Trump, con 4,4 millones de
repatriaciones desde el inicio de su gobierno. Sin embargo, Trump busca superar
ampliamente estas cifras con su plan, que también contempla reactivar programas
como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en
territorio mexicano.
A medida que se acerca su investidura el 20 de enero, el plan migratorio de
Trump está generando un intenso debate en torno a los derechos humanos, la
economía y el impacto legal de sus propuestas.
Claudia Sheinbaum propone en el G20 destinar el 1%
del gasto militar a reforestación mundial
Durante su
intervención en la Cumbre del G20, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
propuso que los países miembros asignen el 1% de su gasto militar anual a un
ambicioso programa global de reforestación. Según Sheinbaum, esta medida
liberaría aproximadamente 24.000 millones de dólares al año, permitiendo apoyar
a seis millones de sembradores para restaurar 15 millones de hectáreas de
bosques.
La mandataria destacó que esta iniciativa no solo ayudaría a mitigar los efectos
del calentamiento global, sino también a combatir el hambre y la pobreza al
generar empleo en comunidades vulnerables. “La propuesta es dejar de sembrar
guerras, sembremos paz y sembremos vida”, afirmó Sheinbaum en su discurso,
enfatizando la necesidad de priorizar la cooperación y el desarrollo sostenible
sobre el conflicto armado.
En una reflexión más amplia, la presidenta mexicana instó a los líderes globales
a reconsiderar las prioridades internacionales. “Reduciríamos la migración y el
hambre si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio”, declaró,
cuestionando la discrepancia entre los avances tecnológicos y la incapacidad de
atender problemas básicos de la humanidad.
El proyecto, aunque todavía sin detalles operativos, se alinea con los objetivos
globales de desarrollo sostenible y refuerza la postura de Sheinbaum como
defensora de políticas ambientalistas. Su propuesta también busca posicionar a
México como un líder en iniciativas que combinen justicia social y acción
climática en el ámbito internacional.
La propuesta fue presentada durante la primera sesión de trabajo del G20,
dedicada a abordar la lucha contra la pobreza y el hambre, en un contexto en el
que el cambio climático sigue siendo una de las mayores amenazas globales.
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