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17 años de prisión para Luis Bohórquez, exalcalde
de Bucaramanga
La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de conocimiento condenó a
más de 17 años de prisión al exalcalde de Bucaramanga, Santander, Luis Francisco
Bohórquez Pedraza, por las irregularidades detectadas en contratos relacionados
con obras públicas.
"El exmandatario Bohórquez Pedraza fue sentenciado a 17 años y 9 meses de
prisión por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la
celebración de contratos. Asimismo, deberá pagar una multa de 592 millones de
pesos", señaló el Ministerio Público.
Un fiscal de la Seccional Santander demostró que, desde la Secretaría de
Infraestructura de la ciudad, fueron tramitados, celebrados, ejecutados y
liquidados de manera irregular 11 contratos de obra, cuyos objetos contractuales
estaban relacionaban con la modernización, mantenimiento, expansión de alumbrado
público, mantenimiento de postes y poda de árboles por un monto aproximado de
17.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, personas cercanas al exalcalde e integrantes de
la iglesia Manantial de Amor constituyeron varias sociedades con el único
propósito de quedarse con los mencionados contratos. En medio de este entramado
criminal se generaron pérdidas por 2.319 millones de pesos.
Los otros involucrados, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos,
fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de
contratos, de la siguiente manera:
Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura, a 21 años de prisión y
multa de 2.709 millones de pesos.
Gloria Azucena Durán Valderrama, supervisora de contratos y jefe de la Oficina
de Alumbrado Público, a 17 años y 7 meses de prisión, y multa de 1.015 millones
de pesos.
Leonardo Luna Escalante, asesor y familiar del exalcalde, a 8 años de prisión y
al pago de 381 millones de pesos.
Óscar Mauricio Benavides Toloza, contratista, a 12 años de prisión y multa de
190 millones de pesos.
Uriel Ávila Méndez, contratista, a 11 años de prisión y al pago de 1.012
millones de pesos.
Las condenas son de primera instancia y en su contra proceden los recursos de
ley.
ANDI y Fedesarrollo reiteran que nueva reforma tributaria es inviable
LA LEY de financiamiento sigue su curso en la Cámara de Representantes y en una
reciente jornada de discusiones esa célula congresional adelantó
una audiencia pública en la cual varios de los gremios, expertos y congresistas
expusieron sus puntos de vista en relación con esta iniciativa presentada por el
Gobierno nacional. Inicialmente, el representante Christian Garcés, del Centro
Democrático, explicó que “el Gobierno nacional pretende sacar esta ley
afanosamente y a como dé lugar y los congresistas tienen la responsabilidad de
hacer el suficiente estudio de esta ley de financiamiento, se habla de que en
los próximos días ya la Cámara de Representantes tendría ponencia, pero se
requiere un suficiente estudio formal en debate de las comisiones conjuntas de
Cámara y Senado.
Uno de los gremios que más reparos hizo a la iniciativa, fue el presidente de la
ANDI, Bruce Mac Master al señalar que “la pregunta que nos hacemos es ¿si
Colombia puede o no puede tener esta ley de financiamiento, si nosotros podemos
o no, dada la estabilidad financiera y macroeconómica de nuestro país asumir un
presupuesto general con el monto que ha sido decretado por el gobierno de 523
billones de pesos, y si la economía puede asumir la ley de financiamiento como
la que se ha planteado? En los últimos tres años hemos tenido un aumento de
cerca del 41% en términos de la capacidad de gasto que ha hecho el Gobierno
nacional”.
Posteriormente, agregó que “las finanzas públicas están en una situación muy
delicada, el ministro de Hacienda hace milagros con los recursos que tiene hoy
en día dadas las necesidades que le están siendo planteadas de gasto o de
inversión. Pero hay que entender que todos los recursos que tiene o que recibe
eventualmente el Gobierno nacional, son recursos que se le quitan al resto de la
economía. En los últimos cuatro años el Estado gasta 3 de cada 10 pesos que
produce la nación. Pero ha crecido significativamente el gasto gubernamental,
las compañías y los hogares no pueden pagar más impuestos porque el impuesto al
carbono lo van a tener que pagar los hogares por el aumento a la inflación, el
precio del transporte y el costo de los alimentos”.
Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía habló sobre el
particular que “consideramos a esta reforma inconveniente e inoportuna, en el
contexto de una economía que continúa muy débil y en donde estamos viendo los
efectos de las últimas dos reformas tributarias del 2021 y del 2022 que fueron
muy duras con el aparato productivo del país y con los hogares colombianos.
Aumentar la tributación en esta coyuntura puede echar al traste esa débil
recuperación de la economía”.
El Gobierno nacional advierte.
Luego, Mejía añadió que “nos preocupa la idea de modificación de gasto a través
de la regla fiscal que equivaldría alrededor de 5,5 billones de pesos anuales
que equivale al 0,3% del PIB hasta el 2030 y luego se reduce a la mitad hasta el
2035,
pero todo fuera del espacio que
permite la regla fiscal. Pero esta medida genera una pérdida de credibilidad
frente al cumplimiento de la regla fiscal como hoja de ruta para el manejo
responsable de las finanzas. Preocupa el impuesto al patrimonio que aumenta la
tarifa marginal para el tramo más alto que ahora pasa al 2%, pero lo más grave
es que esta ley genera un impuesto al patrimonio a las empresas. El impuesto al
carbono y al carbón afectaría el aparato productivo de algunas empresas sin dar
la oportunidad de una transición energética efectiva”.
No obstante, y pese al inconformismo generalizado, el ministro de Hacienda,
Ricardo Bonilla señaló que “la ley de financiamiento se basa en tres aspectos
fundamentales. Generar unos estímulos tributarios para reactivar la
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economía y fortalecer el
crecimiento, sin ser una reforma. Implementar la corrección de errores
históricos en el Estatuto Tributario y el uso eficiente de recursos. Así como
establecer una Transición de la Regla Fiscal para 2025-2026”. El proyecto,
tendrá presentación de informe de ponencia el próximo 25 de noviembre en la
Cámara de Representantes, y a partir de ahí la célula congresional arrancará el
debate de la iniciativa.
Altibajos en la cirugía al proyecto de jurisdicción agraria y rural
En el Congreso de la República continúan las discusiones para presentar la
ponencia del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria que
se discute con mensaje de urgencia
en la Comisiones Primeras Conjuntas de la Cámara y Senado. En consecuencia, el
Congreso avanza en dos aspectos importantes, el pasado 18 de noviembre se
realizó una audiencia pública en la cual los congresistas tuvieron la
oportunidad de escuchar a los gremios y a la academia para conocer sus puntos de
vista frente al proyecto de acto legislativo.
En ese sentido, se señaló por parte de los intervinientes que aún existen
desacuerdos sobre la implementación de la Jurisdicción de Paz sin tener en
cuentas las recomendaciones de la Corte Suprema para que se ajuste la ley al
acuerdo de paz, y que no se legalice la expropiación de tierras ni las
invasiones de predios baldíos.
Al respecto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, Jorge
Bedoya explicó que “siempre hemos acompañado la creación de la Jurisdicción
Agraria, pero esta ley tiene que ser estable y equilibrada y para esto hemos
presentado al Congreso, 27 propuestas para 20 artículos de los 80 que contiene
el texto de esta iniciativa. En temas relacionados con la resolución de
conflictos agrarios rurales, hay varios artículos de la iniciativa que van en
contra del acuerdo de paz”.
Posteriormente, agregó el funcionario gremial que “mantenemos reparos
particularmente, el artículo 12 en algunos de sus parágrafos le quita las
competencias a los jueces de la República, que echa por la borda las garantías
de acceso a la justicia y deja sin fundamento jurídico a la Jurisdicción
Agraria.
El proyecto debe reflejar el
principio de permanencia y los temas de celeridad que vienen en el texto. Se
debe tener en cuenta las recomendaciones de la Sala de Casación de la Corte
Suprema que pide ajustar la ley agraria al acuerdo de paz tal y como quedó
establecido en 2016. En el proyecto que ha presentado el Gobierno nacional sin
ningún tipo de concertación como dijo que lo haría el ministro del Interior, los
artículos 7, 8, 10, 11 y 12, solo por mencionar algunos de ellos,
desafortunadamente no se ajustan al acuerdo final. Específicamente el parágrafo
1 y 2 del artículo 12, le quita las competencias a los jueces de la República,
pese a que se crea una Jurisdicción Especial, se modifican las funciones a los
jueces y derogan el decreto 902 de 2017 que establecía las condiciones para la
creación de esta jurisdicción. Le hemos pedido al Congreso que no eche por la
borda los avances en la garantía del derecho y del acceso a la justicia. El
proyecto debe reflejar el equilibrio entre las partes, y obliga a discutir el
principio de permanencia y los temas de celeridad que propone esta iniciativa”.
El presidente de la SAC, agregó que “el pasado 15 de noviembre la sala de
casación penal de la Corte Suprema de Justicia, hizo una serie de
recomendaciones para que se logre un proyecto de ley que se ciña a los mandatos
del acuerdo final, a las normas sustanciales y procesales vigentes, para que de
esta manera en un debate que debe ser reposado y generando los espacios técnicos
se genere una ley que funcione para que no se quede en una discusión de política
pública. El mensaje de urgencia del Gobierno, es un error porque se busca
acelerar una discusión que debe ser técnica. Hacemos un llamado al Congreso
porque del afán no queda, sino el cansancio”.
Reunión de ponentes
La siguiente sesión para discutir el proyecto de ley estaba programada para el
pasado 20 de noviembre, sin embargo, la sesión se levantó y los congresistas
sostuvieron una reunión a puerta cerrada en la cual se discutieron algunos
cambios que se van a proponer al articulado. Al respecto, se conoció que uno de
los artículos sobre los cuales no se ha logrado un acuerdo es el 12, los
parágrafos 1 y 2. Este punto habla sobre la tenencia de terrenos baldíos y la
tenencia de estas propiedades.
El senador Alejandro Chacón, ponente del proyecto explicó a este Diario que “en
la reunión se discutieron ajustes al articulado como las competencias de los
jueces, preocupaciones con los principios. Pero en el artículo 12 aún faltan
ajustes por la tenencia de los terrenos, las invasiones injustificadas y las
discusiones sobre tenencia imprescriptibles y la resolución de estos conflictos
por vía judicial o administrativa”.
Consecutivamente, el congresista añadió que “uno de los aspectos que se estudia
es que, si el conflicto se resuelve por vía administrativa, tenga un control
previo jurisdiccional inmediato. A pesar de ser este un aspecto que el Gobierno
rechazaba, porque el Congreso le dejó control previo inmediato y además con la
posibilidad que la parte pueda solicitar una medida previa de suspender la
acción administrativa en caso de considerarlo necesario. Aunque el acuerdo no es
de completo agrado del Gobierno nacional se ha logrado un consenso generalizado
en más del 95% del proyecto. El Senado ha sostenido una serie de reuniones entre
ponentes, a finales de octubre el Gobierno dio mensaje de urgencia sobre el
proyecto, pero se ha trabajado sobre los artículos más complejos como el de
competencia, ejemplo, el Consejo de Estado decía que solo la revisión era la
resolución del proceso, pero el Congreso determinó que el proceso debe pasar por
un tribunal y luego a la revisión del Consejo de Estado. Sobre ese tipo de
aspectos logramos un acuerdo”.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, compartió a este Medio, que la
discusión giró en torno a 25 artículos de propuesta. Pero siguen las
preocupaciones por el artículo 12. Sin embargo, habría un acuerdo parcial sobre
la ponencia del proyecto sin dejar de lado algunos ajustes. “La revisión del
proyecto de la ley de Jurisdicción Agraria con autores y ponentes, fue una
reunión en la que reiteramos nuestra preocupación por cuestiones como la
permanencia agraria, la
inseguridad jurídica y el alcance de
la Agencia Nacional de Tierras. Consideramos necesario volver al espíritu del
Acuerdo de Paz, las disposiciones de la Corte y las iniciativas que ya fueron
aprobadas”.
De igual manera, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático explicó que
“estamos tratando de ver si podemos llegar a un acuerdo que sería lo ideal para
el país. Porque es necesario encontrar una norma que le responda a los
campesinos, pero que no ponga en riesgo la producción agraria en medio de
concesiones excesivas a los jueces agrarios. Lo primero que se debe entender es
que no puede haber extinción de dominio, sino por razones de ilegalidad
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y no sobre asuntos ambientales o función social, tampoco debe haber expropiación
sin las causales de indemnización y valor comercial de la tierra”.
“Política de drogas del Gobierno corre
el riesgo de quedarse en intenciones”
Cuando ha pasado más de un año de que el Gobierno presentara su política
antidrogas 2023-2033, denominada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”,
se conoce un nuevo informe evaluando su desarrollo, que presentó la Fundación
Ideas para la Paz (FIP), en donde analiza qué ha ocurrido en incautación de
cocaína, erradicación de cultivos ilícitos y sustitución. Llega a la conclusión
que podría quedarse en buenas intenciones por falta de un proyecto planificado.
La FIP consigna varios obstáculos para lograr avances concretos como “la
multiplicidad de anuncios que posicionan a la política en la agenda pública y
comprometen al Gobierno, sin un proyecto planificado que permita su
cumplimiento”, así como “una política ambiciosa y bien estructurada, pero sin
claridad sobre las metas de este Gobierno”.
Agrega que otros de los obstáculos para el desarrollo y cumplimiento de la
política antidrogas es la falta de claridad sobre la disponibilidad de fuentes
presupuestales fijas año a año, además el deterioro de la seguridad en un
contexto en el que crece la influencia territorial de los grupos armados y
consolidan su control territorial y social.
Incautaciones
El informe recoge que “los mensajes y anuncios del Gobierno sugieren que la
incautación de cocaína es la prioridad de la política de drogas en su componente
de afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del
narcotráfico, a pesar de que no existe evidencia sobre el impacto de las
incautaciones en la oferta de cocaína a nivel nacional o internacional”.
En ese sentido, el Gobierno resalta que ha incautado más cocaína que las
anteriores administraciones. Sin embargo, la FIP pone de presente que “si
tenemos en cuenta que los precios de la coca y la pasta básica de cocaína en los
territorios de Colombia han estado en sus niveles más bajos durante este
Gobierno, no parece que las incautaciones estén ejerciendo ninguna presión al
mercado ilegal de la cocaína”.
Añade que en “términos numéricos, las cifras de incautación de cocaína han
aumentado, así como la destrucción de laboratorios para la producción y la
incautación de otros subproductos de la coca y de insumos químicos para su
transformación. Sin embargo, la proporción de las incautaciones de cocaína en
relación con el potencial de producción de cocaína realmente ha disminuido”.
Al respecto explica este centro de pensamiento que en el año 2023 se produjeron
2.664 toneladas de cocaína y se incautaron 746; es decir, se incautó el 28% de
la cocaína que se produjo. Una reducción de casi diez puntos porcentuales
comparado con la proporción en 2022.
El reciente informe Simci de Naciones Unidas alertó sobre el crecimiento del 53%
de la potencial producción de cocaína, como resultado del paso gradual que se ha
dado en los últimos años de una economía familiar campesina a una con
características agroindustriales, lo que ha aumentado notoriamente la
producción.
Cultivos ilícitos
El último informe oficial del Simci de monitoreo sobre cultivos de coca, reportó
que en 2023 se cultivaron 253.000 hectáreas, un 10% más frente al 2022.
La FIP indica sobre esta cifra que “el leve aumento en los cultivos de coca le
puede dar un respiro al Gobierno porque se puede entender como un crecimiento
menor si se compara con los años anteriores. Pero, en realidad, es una señal de
la gran ventana de oportunidad que es la crisis de la coca, que desde 2022 ha
desincentivando el crecimiento de los cultivos en el país”.
Agrega que la nueva política de drogas propone en su componente ‘Tránsito a
economías lícitas en zonas rurales y de manejo especial’, un modelo integral del
que “aún no se conoce su implementación. Se anunciaron siete Misiones
Territoriales de la Política de Drogas en 17 municipios, y se entiende que están
en etapa de planificación para convertirse en la plataforma que ayude a
implementar dicho modelo en territorios focalizados”.
Sin embargo, en octubre de 2024, el presidente Petro firmó una directiva para
impartir directrices de coordinación de la acción interinstitucional para la
sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de la política nacional de
drogas y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, en la que se anuncia que la
Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) celebrará nuevos
acuerdos en coordinación y con la inversión de otras entidades del Estado.
Por otra parte, este año empezó la renegociación del PNIS (Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), que plantea cerrar el Plan de
Atención Inmediata (PAI) en 2026.
No obstante, la FIP da cuenta que “al Gobierno le queda pendiente cumplir con
varias disposiciones de la Corte Constitucional como incluir las familias que
firmaron acuerdos colectivos y no fueron vinculadas al PNIS, y diseñar e
implementar una ruta de atención para comunidades étnicas”. También sigue
pendiente conectar el PNIS con la reforma rural integral.
Así mismo, este centro de pensamiento indica que la reducción tan significativa
de la erradicación manual forzosa, pues en 2023 se planteó la meta de 20.000
hectáreas, y la cumplió, mientras que para 2024 se comprometió con 10.000
hectáreas, deja en claro que el objetivo no es reducir los cultivos de uso
ilícito o, “no hacerlo a costa de las comunidades cultivadoras, sin un plan para
garantizar su vinculación a economías legales”.
Anota la FIP que el verdadero aporte de la nueva política está en dejar sentadas
las bases para que otros gobiernos continúen y consoliden procesos de
construcción de Estado que permitan la transformación de los territorios en el
largo plazo, y evidencien que esa es la vía para reducir los cultivos de uso
ilícito y el control territorial de actores armados y criminales.
Tasa de incautación
El informe Simci indica que en el 2023 la producción potencial de cocaína en
Colombia fue de 2.664 toneladas métricas; en tanto que la cocaína incautada ese
año según el Ministerio de Defensa Nacional fue 746.2 toneladas. Entonces la
tasa de incautación en ese periodo fue del 28,0%, la más baja desde el año 2012.
En el año 2022 la tasa de incautación de cocaína fue del 37,9%; en el 2021 del
47,8%; en el 2020 del 41,1%; en el 2019 del 37,6%; en el 2018 del 36,9%; en el
2017 del 31,5%, en el 2016 del 34,4%; en el 2015 del 39,2%.
En tanto que en el año 2014 la tasa de incautación de cocaína fue del 33,4%; en
el 2013 del 57,5% y en el 2012 del 59,2%.
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