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Gobierno anuncia "nueva etapa" en diálogos con el ELN para 2025
El lunes, las delegaciones finalizaron una serie de herméticas reuniones en
Caracas, capital de Venezuela, luego de que las negociaciones estuvieran
suspendidas durante meses por desacuerdos y un ataque mortal contra una base
militar en septiembre, que produjo un recrudecimiento de los enfrentamientos
armados.
La "nueva etapa" del proceso tendrá entre sus objetivos la evaluación del
cumplimiento de los acuerdos pactados desde 2022 en ciclos de conversaciones en
Cuba, Venezuela y México, aseguró el delegación del gobierno en un comunicado.
Las partes aún no definen dónde se llevarán a cabo los próximos diálogos, en los
cuales también se planteará "definir la continuidad del cese al fuego",
suspendido desde agosto tras la decisión del ELN de no renovar la tregua que
regía desde 2023.
Gustavo Petro empezó a dialogar con el Eln a finales de 2022 pero ese proceso de
paz sufre constantes crisis por ataques de los rebeldes y diferencias en la
mesa.
La guerrilla hizo pública su molestia cuando el gobierno decidió emprender
negociaciones de paz con "Los Comuneros del Sur", una facción sublevada que
opera en el departamento de Nariño (suroeste).
"Hay sectores en el gobierno que creen de que despedazando grupos y fraccionando
grupos, esa es la paz total y resulta que eso se llama reciclar violencias",
aseguró el lunes Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla en entrevistas.
Beltrán acusó al gobierno de avanzar en dos negociaciones paralelas, "una por
encima de la mesa y otra por debajo", y consideró que el gobierno incumplió
acuerdos al cometer "actos de guerra" contra el ELN, por lo que exigió
"correctivos para que eso no vuelva a ocurrir".
El viernes, cinco soldados murieron en un ataque con explosivos de la guerrilla
en una zona rural del noroeste de Colombia, una semana después de que la policía
abatiera a siete rebeldes en el norte del país.
Gobierno renegociará cláusulas de
arbitraje en acuerdos internacionales
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que renegociará las
cláusulas
referentes a arbitramentos
contenidas en los acuerdos y tratados firmados por Colombia.
Según la cartera, lo anunciado en días pasados por el presidente Gustavo Petro
Urrego tiene como propósito lograr los equilibrios entre el Estado y las
multinacionales, pues en acuerdos y tratados firmados por el país hay cláusulas
que generan desequilibrios jurídicos.
“El ajuste planteado se limita únicamente al alcance de las cláusulas de
arbitraje internacional”, aclaró el ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Luis Carlos Reyes Hernández.
Al aclarar que se trata de una renegociación que versará
puntualmente sobre cláusulas de arbitramento contenidas en los acuerdos
internacionales del país, el ministro reiteró que no solo Colombia ha sido
objeto de fallos adversos.
Varios países desarrollados y en
desarrollo han sido condenados por el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo cual ha llevado a
cuestionamientos en el orden internacional, originados por la ambigüedad de esas
cláusulas y la incertidumbre que genera su interpretación, la cual queda en
manos de los tribunales de inversión del CIADI.
El Ministerio señaló que otra crítica recurrente tiene que ver con que los
inversionistas extranjeros pueden demandar directamente al Estado receptor de la
inversión, sin necesidad de agotar instancias internas, deslegitimando la labor
jurisdiccional de cortes locales.
Esto fue lo que ocurrió en el reciente caso del litigio con la compañía española
Telefónica, pues, según la cartera, el CIADI desconoció que en 2017, el país
había ganado un arbitraje a la compañía por ese mismo caso ante la Cámara de
Comercio de Bogotá.
Por esto, y por las múltiples críticas que han surgido en varios países, es que
en foros como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (UNCITRAL) y en la Organización para la Cooperación y el
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Económico (OCDE) se discute sobre la necesidad de una reforma a este sistema de
solución de controversias.
Es por eso que se hace necesario que países como Colombia exploren nuevas
fórmulas en las que se defina el juez competente para dirimir este tipo de
controversias, entre las cuales no se descarta que sean resueltas por los
tribunales nacionales.
Más de 30 congresistas investigados por Ungrd,
'Las Marionetas' y campaña del Pacto
Cerca de una treintena de congresistas son investigados por la Corte Suprema en
tres casos: los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el llamado 'Las Marionetas', así como a la
totalidad de los integrantes de la lista de la coalición del Pacto Histórico al
Senado en las elecciones del 2022, por presuntas irregularidades en la
financiación.
Es común en todas las legislaturas que la Corte Suprema abra indagación a
congresistas, pues, como se dice popularmente en Colombia, no se le ‘niega una
investigación’ a ningún funcionario y servidor público de elección popular,
aunque en muchos casos se determina que las denuncias carecen de fundamentos, y
en los que sí lo tienen, el alto tribunal abre investigación formal, que en
algunas situaciones termina en condena.
Pero no es tan común que en dos o tres casos en particular terminen
‘empapelados’ en la Corte un número tan alto de congresistas, como ocurre en la
actualidad con las investigaciones por las irregularidades en contratación en la
Ungrd y el entramado que amañó contratos públicos en varios departamentos del
centro del país, conocido en medios como Las Marionetas.
Y la indagación a los 20 senadores de la lista del Pacto Histórico por las
eventuales irregularidades en la financiación de la misma en los comicios del
2022, caso que se desprende de la investigación que llevan a cabo el Consejo
Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al
presidente Petro y su campaña porque habría superado en más de $5 mil millones
el techo de gastos establecido.
La Ungrd
Recientemente la Corte abrió investigación formal a los expresidentes del Senado
y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, en el marco de los
expedientes que inició porque presuntamente nueve congresistas se habrían
beneficiado con dinero en efectivo y contratos en la corrupción que se presentó
en la Ungrd, en donde los entonces director Olmedo López y subdirector Sneyder
Pinilla hicieron manejos irregulares para beneficio propio, como lo aceptaron a
la Fiscalía, y también según ellos para sacar plata destinada a parlamentarios
para que favorecieran las reformas, supuestamente esto ordenado por altos
funcionarios del Gobierno.
La Sala de Instrucción de la Corte determinó que los congresistas Name y Calle,
investigados por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por
apropiación a favor de terceros, sean citados a indagatoria y se impartieron
órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.
Esta misma Sala dio apertura hace tres semanas a investigación formal a cinco
congresistas y un excongresista, que serán citados a diligencia de indagatoria
por el presunto delito de cohecho impropio.
La decisión cobija a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así
como a los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen
Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.
Para esta decisión, se tuvieron en consideración más de cincuenta pruebas
documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas
testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los
investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
(CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito
público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se
materializarían en contratos de la Ungrd.
En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito los aforados habrían
acordado dádivas correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en
Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Los parlamentarios investigados sostienen que faltan a la verdad Pinilla y
López, y que no recibieron dinero ni contratos de la Ungrd.
‘Las Marionetas’
Con este nombre se conoce el entramado de
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corrupción que según la Fiscalía
armaron congresistas, alcaldes y contratistas para redireccionar contratación
pública en varios departamentos.
El primer condenado por estos hechos fue el exsenador Mario Castaño, quien según
las investigaciones era el líder de la red de corrupción. Tras aceptar cargos
fue condenado por la Corte a 15 años de prisión. El 18 de noviembre de 2023 se
conoció que falleció en la cárcel La Picota, aparentemente por un ataque
cardíaco.
En tanto que a mediados de diciembre del 2023 fue capturado el senador Ciro
Ramírez, del Centro Democrático.
Además, otros parlamentarios están en la compulsa de copias que la Fiscalía
envió el año anterior a la Corte Suprema, en donde pone de presente la
ocurrencia de los presuntos hechos de corrupción: Juan Merheg, Carlos Jiménez,
Juan Lemos, Carlos Motoa y Miguel Ángel Barreto, quienes negaron enfáticamente
que estuvieran relacionados con estos casos.
Igualmente, la Corte se ha abstenido
hasta el momento de abrir indagación a los citados parlamentarios.
La Fiscalía informó que por este escándalo han sido imputadas 42 personas, entre
ellas ocho alcaldes. Ante la contundencia de las pruebas recaudadas por el
equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y los
grupos de policía judicial, 34 de los implicados aceptaron su responsabilidad
por allanamiento de cargos o mediante preacuerdos.
Hasta el momento se han obtenido cinco condenas y 29 más están a punto de
emitirse por parte de la Judicatura, previa aprobación de los preacuerdos y las
aceptaciones de cargos.
Lista del Pacto Histórico
Se conoció en abril anterior que los 20 congresistas del Pacto Histórico, la
coalición que oficia como partido de gobierno, son objeto de indagación en la
Corte Suprema de Justicia, por la Sala de Instrucción, por las supuestas
irregularidades en la financiación de las campañas de cada uno de ellos en los
comicios de marzo del 2022.
La investigación busca establecer si a estas campañas ingresaron recursos de la
polémica Daily Cop, firma señalada de estafar a miles de personas con
inversiones en criptomonedas, pues Ómar Hernández, cerebro de la misma, declaró
al Consejo Nacional Electoral que facilitaron un avión para los desplazamientos
del candidato Petro y otros integrantes de la campaña.
El abogado Víctor Muñoz, representante de víctimas de Daily Cop, dijo en abril
pasado a medios que se registró una reunión con Ricardo Roa, entonces gerente de
la campaña presidencial de Petro y hoy gerente de Ecopetrol, en la cual
supuestamente se acordó que esta firma compraría por $3 mil millones un avión a
la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) para los desplazamientos del
candidato y de otros integrantes de la campaña.
La Corte Suprema suspende labores en la segunda semana de diciembre por vacancia
judicial. Retorna en enero, cuando retomará las investigaciones, entre otros a
los congresistas
Greisy Roqueme es elegida como alcaldesa
de Aguchica, Cesar
Con el 65,91% de la votación a su favor, Greisy Tatiana Roqueme Ropero fue
elegida como alcaldesa del municipio de Aguachica, César, en las elecciones
atípicas que se llevaron a cabo durante este domingo tras la muerte prematura de
Víctor Roqueme Quiñonez el pasado 21 de agosto.
Roqueme hace parte de la Coalición 'Unidos por un legado', de la cual hacen
parte los partidos Conservador, Cambio Radical y la U.
Una jornada tranquila
Con total normalidad se desarrolló la elección atípica de alcalde en el
municipio de Aguachica, Cesar, donde un total de 77.815 ciudadanos fueron
habilitados para ejercer su derecho al voto.
“La jornada para elegir alcalde en Aguachica se desarrolló con normalidad y los
habitantes del municipio acudieron en completa calma a las urnas. La
Registraduría Nacional le sigue cumpliendo al país con el desarrollo de procesos
electorales con plenas garantías para todos”, aseguró el registrador nacional
del Estado Civil, Hernán Penagos.
Igualmente, el Registrador Nacional agradeció a las autoridades municipales,
organismos de control, miembros de la Fuerza Pública que acompañaron la elección
tanto en el área urbana como rural, así como a los servidores de la entidad que
apoyaron el desarrollo de este proceso democrático.
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